A las 07:25 del sábado 15 de julio, el superintendente de Electricidad y Combustibles (SEC), Luis Ávila, ingresó al Centro de Operaciones de ENEL, en calle Santa Rosa, en el centro de Santiago. Cinco horas después de que comenzara a nevar, la capital chilena, cubierta de blanco, ofrecía un panorama no visto hace 46 años. Un primer cálculo de la Intendencia Regional estimaba en 200 mil los hogares sin luz. Acompañado de uno de los 20 fiscalizadores destinados por el organismo para la Región Metropolitana, el titular de la SEC buscaba saber qué falló para que se produjeran apagones masivos.

Nueve días antes de la nevada (el 5 de julio), la SEC ya les había pedido a ENEL y CGE (la segunda mayor distribuidora eléctrica de la Región Metropolitana) un plan de acción para anticiparse a situaciones climáticas excepcionales. El miércoles 12 de julio la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) declaró Alerta Temprana Preventiva para la Región Metropolitana por precipitaciones y heladas. Y el viernes 14 de julio, cuando la nevazón se hizo inminente, desde la SEC se envió un correo electrónico a las distribuidoras, instruyéndolas a que dispusieran medidas para mantener el suministro y evitar demoras en la reposición. La insistencia no era simple majadería.

Luis Ávila, superintendente de Electricidad y Combustibles

Hacía solo un mes que un temporal de lluvia y viento había provocado cortes masivos de hasta 72 horas en algunos sectores de la capital. Ello derivó en la formulación de cargos a ENEL y CGE  que podrían derivar en multas de hasta 10 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), unos $5.615 millones a cada una. En esa ocasión, se les pidió -también con antelación- adoptar medidas para enfrentar la contingencia, lo que no ocurrió. Pese a todas las advertencias y avisos, a primera hora del sábado 15 de julio las compañías eléctricas una vez más no respondían a la emergencia.

A medida que transcurrieron las horas la molestia de los millones de ciudadanos sin luz se fue convirtiendo en ira. Una causal importante de la indignación es que las utilidades que obtienen las compañías que suministran electricidad no se condicen con el servicio que prestan. El último balance de ENEL indica que esa compañía generó durante el primer semestre de este año utilidades por $57.937 millones; pagó $1.401 millones en multas y compensaciones a clientes y mantiene pendientes de resolución cinco sanciones por un total de $2.960,5 millones.

Frente a la grave situación que enfrentaron millones de habitantes de la capital a partir de la madrugada del 15 de julio, es necesario comparar esas utilidades con el presupuesto anual con que cuenta la SEC para fiscalizar el sector: $12.843,7 millones. Con ese monto se financian los 331 funcionarios de planta más 27 a honorarios (106 de ellos inspectores), y los 30 vehículos con los que se intenta fiscalizar en todo el país los mercados que regula: eléctrico, combustibles, aparatos eléctricos e instalaciones.

MENTIRAS A LA AUTORIDAD

A las 8:00 del sábado 15 de julio, ENEL informó que 202 mil de sus clientes estaban sin suministro y que disponía de 150 cuadrillas en terreno para atender la emergencia. Minutos después, a las 8:15, el gerente general de la firma controlada por el Estado Italiano, Andreas Gebhardt, recibió al jefe de la SEC en su despacho. Allí le indicó que recién en la tarde podría tener un informe más completo sobre la situación y sus  consecuencias. Necesitaban más tiempo para determinar con certeza el alcance de los daños en sus 2.066 kilómetros cuadrados de concesión.

En esa misma reunión, el ejecutivo de ENEL le informó a Luis Ávila que un tercio de las 150 cuadrillas disponibles estaba preparada para despejar árboles caídos y facilitar la llegada de los técnicos a sectores de difícil acceso. Pero cuando los 15 fiscalizadores de la SEC comenzaron a desplazarse por la ciudad, se encontraron con árboles, cables y postes caídos y de inmediato advirtieron que los equipos técnicos comprometidos por ENEL eran menos de los anunciados.

Andreas Gebhardt, gerente general de Enel Distribución

Si en las calles el panorama era desolador, en las oficinas de la SEC, un software conectado a los call centers  de todas las empresas eléctricas del país, seguía reportando apagones en diversos puntos de la Región Metropolitana. Y también la falta de respuesta de las eléctricas, especialmente de ENEL. A las 4:00 de ese sábado 15 se registró la primera avalancha de reclamos: 120.799, cifra que a las 8:00 ya se había duplicado, hasta alcanzar un peak de 393.179 a las 11:00.

Se ordenó entonces que dos fiscalizadores se dirigieran hacia los centros de llamados de ENEL y de CGE, la que también presentaba fallas en su operación. El objetivo: comprobar que ambas empresas estuvieran recibiendo las quejas de sus clientes y haciéndose cargo de la situación.

A las 20:00 de ese mismo sábado, cuando Ávila volvió al Centro de Operaciones de ENEL para informarse de los detalles del plan de recuperación, la situación era objetivamente grave. Con el correr de las horas había quedado en evidencia que esa compañía no había asignado recursos suficientes para hacer frente a la contingencia.

-Me reuní con el gerente general de ENEL (Gebhardt), quien dijo que ya tenían una evaluación y que habría que hacer muchas intervenciones, por lo cual, siendo prudente, terminarían el lunes. Me pareció que era un corte prolongado, pero relativamente aceptable. Le exigí que aumentaran el número de cuadrillas y que informaran adecuadamente de la evolución de los cortes. Los pronósticos de ENEL fueron del todo desajustados y ni siquiera cercanos a lo que ocurrió –afirmó a CIPER el superintendente Ávila.

El jueves 20 de julio, cuando el suministro eléctrico ya había regresado a casi la totalidad de los hogares de la Región Metropolitana, la SEC decidió formular cargos contra ENEL y CGE por cortes reiterados y prolongados de energía. La primera empresa recibió además un segundo cargo por entregar información incompleta o errónea: informó de hogares que estaban reconectados cuando aún permanecían a oscuras y tampoco entregó información sobre la cantidad de clientes que estaban sin suministro, pese a tener la obligación legal de hacerlo.

Ese mismo jueves 20, el principal ejecutivo de ENEL en Chile, Nicola Cotugno, habló por primera vez de la crisis que afectó a la compañía y reconoció que, “a pesar de todos los esfuerzos y recursos para enfrentar un evento tan extraordinario, no hemos tenido la capacidad de arreglar esto tan rápidamente”. En esa conferencia de prensa, anunció un plan de compensaciones que considera el pago de hasta $25 mil por noche a los clientes que siguieron sin luz después de las 20:00 del domingo 17.

Según consignó El Mercurio, el ejecutivo italiano también informó que ENEL había invertido US$360 millones en los últimos tres años en mantenimiento de redes, monto que aumentaría 30% en el corto plazo.

El diagnóstico de la SEC es distinto. Sus estudios indican que la industria no está reaccionando bien ante emergencias masivas:

-Si la empresa ha gastado mucho o poco, eso no es lo relevante para la fiscalización que debemos hacer, sino que lo importante es que se mantenga un suministro continuo y seguro –argumentó   Ávila a CIPER.

De allí que en estos momentos en la SEC se estén analizando cifras, modelos de tercerización y contratos de la firmas eléctricas. Una revisión que se impuso luego de que el sindicato de profesionales de ENEL Distribución atribuyera la crisis a los programas de reducción de costos y subcontratación de los servicios.

Cuando la ira de los ciudadanos, que incluyó esta vez a los habitantes de los sectores altos de la capital, aún no se acallaba, el jueves 20 de julio tuvo lugar en La Moneda una reunión que graficó la amplitud de la crisis: Cotugno y la plana ejecutiva de ENEL se reunieron con el ministro del Interior subrogante, Mahmud Aleuy. Al término de la cita, Aleuy envió un mensaje: frente a insinuaciones de que el costo de enfrentar los problemas climáticos se traspasen a un alza de tarifas, “el gobierno no lo va a aceptar”.

Las críticas al mal manejo de la emergencia por parte de las eléctricas, esta vez también emergieron desde los nuevos timoneles de los gremios empresariales: Alfredo Moreno, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y Bernardo Larraín Matte, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).

La crisis también golpeó a las acciones de ENEL Chile, que reúne las actividades de generación y distribución de la eléctrica italiana: entre el 13 y el 26 de julio experimentaron una pérdida de US$29,49 millones de capitalización bursátil, mientras que las que representan solo el negocio de distribución no registraron variación.

NO SABE, NO RESPONDE

A trece días del masivo apagón que sufrió la capital, los efectos de la crisis no amainan. A los dos cargos ya presentados por la SEC contra ENEL, se sumaría un tercero: no haber entregado información correcta a sus clientes durante los casi seis días que algunos de ellos estuvieron sin suministro.

Para ello se cuenta con registros oficiales de la crisis paso a paso. Allí están las denuncias de usuarios durante los tres primeros días de la emergencia, por la ausencia de respuesta de ENEL en el teléfono de emergencia, a lo que se sumó la imposibilidad de dejar constancia en el sitio web de la empresa, pues estaba caído. De hecho, dos fiscalizadores de la SEC fueron al call center de la distribuidora el domingo 16, donde comprobaron que no entraban llamadas ni de celulares ni de teléfonos fijos.

Una situación similar a la que se vivió durante la crisis provocada por los temporales de junio, cuando ENEL no procesó 5 mil llamados de sus clientes.

-Hay un reproche fuerte a la empresa por su incapacidad de vincular la captura de reclamos desde su call center con el mundo real. Las respuestas que se han entregado han sido más bien estándares -reclama el superintendente Ávila.

El jefe de la SEC contrasta la reacción de ENEL con la de EEPA, la empresa eléctrica de Puente Alto, propiedad de la familia Bächler, que el mismo 15 de julio ya había controlado la emergencia. Los registros muestran que esa compañía -que atiende a 57 mil clientes- recibió solo un reclamo por cortes de luz y que su preparación para la contingencia incluyó ocho cuadrillas. Esa  experiencia indica que tan solo bastaba prepararse para la tormenta.

FUERZA MAYOR

La débil respuesta de ENEL y sus intentos por minimizar los problemas, dieron paso a barricadas en Las Condes y La Reina. Los alcaldes de esas comunas, además de los de Peñalolén, Ñuñoa, Providencia, Maipú, Estación Central y San Miguel, entre otros, anunciaron una demanda colectiva contra la empresa. El miércoles 26 de julio el 26 Juzgado Civil de Santiago acogió a trámite la demanda de la Municipalidad de Lo Barnechea, en representación de 700 vecinos, contra ENEL Distribución Chile por la vulneración a sus derechos como consumidores. El escrito es patrocinado por el ex director del Sernac, Juan Antonio Peribonio, abogado que también representa a la Municipalidad de Las Condes.

También por infracciones a la Ley del Consumidor se querelló este jueves 27 la Municipalidad de Ñuñoa, tras reunir las firmas de 1.126 vecinos afectados por los cortes. A través de esta demanda, el municipio busca que ENEL indemnice con $300 mil a cada demandante por daño emergente. A ello se agrega la demanda que interpuso ante la SEC el alcalde de esa comuna, Andrés Zarhi, por “incumplimientos retirados” de ENEL.

Un punto importante concita la unanimidad de las demandas de autoridades y usuarios: la lluvia, el viento y/o la nieve no constituyen una causa de fuerza mayor. Un argumento que también hizo suyo el ministro de Energía, Andrés Rebolledo.

Desde que en los ‘80 se privatizó el servicio de suministro eléctrico, las empresas que se benefician de estos contratos están obligadas a mantenerlo de manera continua. El Estado les entrega la concesión de territorios, obligándolas a conectar a todo aquel que se los solicite a cambio de una tarifa regulada y ninguna competencia.

La Resolución Exenta N° 5.704 de octubre 2016 define a la fuerza mayor como un imprevisto al que no es posible resistir, como un terremoto o una guerra. Y las empresas siempre pueden invocar esta causal en caso de apagones. A la SEC le corresponde comprobar si procede o no. De hecho, ese argumento fue aceptado por el regulador respecto de los temporales del 24 y 25 de marzo de 2015 que azotaron la región de Atacama.

Para los apagones en la Región Metropolitana de junio pasado, ENEL invocó esta misma causal, pero la respuesta de la autoridad fue distinta: “Nosotros fuimos claros en que estos fenómenos no son per se fuerza mayor. Esto, sin perjuicio de que alguna interrupción pueda deberse a una causal de ese tipo”, explica Ávila.

Así también lo estimó la Corte Suprema. El 29 de marzo pasado el máximo tribunal ratificó la sanción que la SEC le aplicó a ENEL por los cortes de suministro de julio de 2015, luego de que un sistema frontal provocara interrupciones por hasta 72 horas en la Región Metropolitana. La compañía esgrimió causas de fuerza mayor, pero la Corte Suprema le dio la razón al regulador. Esta tendencia se ha ido repitiendo en diferentes fallos.

Otro flanco de conflicto que quedó abierto es la relación de las eléctricas con las empresas de TV cable e Internet que usan sus redes. Debido a los cortes estas compañías tampoco pudieron llegar con el servicio a sus clientes. Por ello, en la tarde del miércoles 26 se reunieron el superintendente Luis Ávila y el subsecretario de Telecomunicaciones Rodrigo Ramírez para buscar fórmulas que permitan mejorar la coordinación entre las empresas eléctricas y de telecomunicaciones cuando se producen apagones o fenómenos climáticos extraordinarios.

LEY CORTA

Puede que sea una reacción acorde al período electoral que vive el país, pero todo indica que esta vez las facultades del regulador y las multas a las empresas eléctricas por sus fallas en el suministro serán modificadas. Mientras las demandas de los alcaldes siguen su curso en tribunales, el gobierno abrió un camino express para sancionar con mayor fuerza las fallas en el servicio. Para ello, se enviará al Congreso una ley corta. Actualmente el monto máximo con el que la SEC puede multar a una compañía por cada cargo es de 10 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), $5.615 millones. Una cifra que resulta irrisoria frente a los graves problemas que debió enfrentar la población.

-Ese monto no alcanza para disciplinarlos y ordenarlos. El objetivo de la ley corta es cambiar conductas, porque no puede ser que finalmente termine siendo rentable para una compañía eléctrica que entrega un servicio básico, fallar en la continuidad de sus suministros –afirmó Luis Ávila a CIPER.

La ley corta también definirá un aumento en las compensaciones por los cortes de luz. Hoy el monto de esa retribución en zona urbana rige a partir de la hora 20 sin suministro, y su cálculo considera el promedio de los últimas boletas multiplicado por dos y un precio del kilowatt equivalente al de racionamiento; es decir cuatro veces el valor normal del kilovatio. Una idea que se baraja es bajar el piso de las 20 horas.

Respecto de la bonificación que ofreció ENEL a los clientes afectados por el último apagón, Ávila dice que “es voluntaria y entendemos que el propósito es componer la relación con sus clientes”. Y advierte que esta semana le entregó al Servicio Nacional de Consumidor (Sernac) los 8.531 casos con que en principio se iniciará una demanda colectiva contra las distribuidoras.

En 2016 la SEC impuso a las eléctricas multas por $15.380,4 millones. En total, fueron 1.411 sanciones y el problema principal fue la falta de continuidad del suministro, seguido por reclamos de los clientes por diferencias en la facturación.

En Chile, las horas de interrupción del suministro eléctrico han ido bajando paulatinamente. En 2013, el país se quedaba en promedio 14 horas al año sin luz, cifra que se redujo a 13,52 horas el año pasado. Una de las mejores marcas de América Latina, pero la más mala de la OCDE.

Los peores registros corresponden a 2010, producto del terremoto del 27 de febrero que elevó a 48 horas la media sin luz, mientras que en 2011 el apagón del 24 septiembre hizo que la cifra fuera de 20 horas. Hasta principios de junio de este año, el promedio nacional estaba en 13,5 horas.

La indignación en la Región Metropolitana también tiene que ver con que sus habitantes disfrutan de una las tasas de cortes más bajos de Chile, debido a su condición de urbe principal y centro político y económico: 8,18 horas sin luz en 2016. Tras los temporales de junio y julio la cifra evidentemente aumentará.

Los registros también permiten medir el comportamiento de las empresas. En 2016, en promedio, ENEL mantuvo por 4,06 horas sin energía a sus clientes, los de CGE estuvieron desconectados 3,47 horas y los de EEPA, 1,45 horas.

Como las emergencias en Chile están lejos de amainar, el lunes 24 de julio la SEC le dio un plazo de tres días a ENEL y GCE para que entreguen sus planes de acción para enfrentar eventos climáticos. El comunicado de la SEC que informó de ese ultimátum fue duro:  “Tras los últimos eventos climáticos que se han desarrollado en la región, con familias que estuvieron hasta más de 100 horas sin energía, queda en evidencia que las empresas eléctricas no han cumplido con estas obligaciones, razón por la cual hemos iniciado los procesos administrativos correspondientes, los que podrían concluir en importantes multas para estas dos empresas, si es que se comprueban incumplimientos a la normativa vigente”.

Habrá que ver ahora qué pasa en el Congreso con el proyecto de ley corta que endurecerá sanciones. Pero también si esa normativa incluirá más facultades y presupuesto para el organismo regulador. Mientras, en la preparación de las demandas colectivas, muchos han recordado que la ley vigente considera la posibilidad de quitar la concesión a una empresa que no cumpla, siempre y cuando su desempeño sea en extremo deficiente. Una facultad privativa de La Moneda que nunca ha sido utilizada.