Las señales del SII y la Corte Suprema para bloquear las investigaciones de platas políticas

El Grupo Angelini es el conglomerado empresarial que proporcionó más financiamiento ilegal a la política, después de SQM. Las compañías que integran el holding matriz de Copec y Corpesca aportaron al menos $2.250 millones para intervenir en campañas electorales. La cifra se desprende de los antecedentes acumulados hasta ahora en las investigaciones del Ministerio Público, además de las rectificaciones tributarias que el propio grupo ha hecho. Pese a esa cuantiosa cifra, el Grupo Angelini solo se verá afectado judicialmente por la investigación por cohecho en la que aparece formalizada como persona jurídica su empresa Corpesca.

La Fiscalía pidió esa formalización en octubre pasado luego de que constatara los pagos ilegales que Corpesca le hizo al senador Jaime Orpis y a la ex diputada Marta Isasi para influir directamente en la tramitación de la nueva Ley de Pesca. Hasta el momento esos pagos alcanzan la suma de $260 millones (vea el reportaje de CIPER “La red de testaferros que movió más de $400 millones para el senador Orpis”). Una mínima proporción del total que el Grupo Angelini habría repartido por vías fuera de la ley a políticos de casi todo el espectro ($2.250 millones), y cuyos efectos y protagonistas no serán investigados por la justicia.

Fernando Barraza, director del SII.

El salvavidas se lo lanzó el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, quien decidió no continuar a través de querellas la persecución de ilícitos tributarios relacionados con el financiamiento político ilegal, sino solo con el cobro de los impuestos adeudados. De esta forma, Barraza ató las manos de los fiscales que investigan los aportes irregulares a campañas, quienes no podrán continuar sus pesquisas.

Con su resolución, Fernando Barraza no sólo sacó al Grupo Angelini de la línea de fuego. El director del SII también benefició a figuras de casi todo el espectro político, debido a que el holding repartió el dinero de forma transversal entre personas y sociedades vinculadas a figuras del PS, PPD, DC, PRI, RN, UDI y PRO (vea el reportaje de CIPER “Las pruebas que identifican a los políticos que recibieron $2.250 millones del Grupo Angelini”).

Así, el SII le cerró la puerta a investigar los casi $358 millones que el grupo puso a disposición de personas que cumplieron roles clave en el financiamiento de la pre-campaña presidencial de Michelle Bachelet. Lo mismo ocurre con personas relacionadas con los senadores Felipe Harboe (PPD) y Alberto Espina (RN); el diputado Gabriel Silber (DC); el recaudador de la campaña presidencial de Eduardo Frei, Pedro Yaconi; el ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami y el ex ministro Pablo Longueira (UDI).

Seis son las empresas del Grupo Angelini que aportaron recursos a políticos y que ahora han quedado fuera del alcance del Ministerio Público: Empresas Copec, Inversiones Siemel, Forestal Arauco, Celulosa Arauco, Abastible y Seguros Cruz del Sur (que hasta 2013 estuvo en manos del grupo).

EL DURO VOTO DE MILTON JUICA

La decisión del director del SII, Fernando Barraza, no afecta el curso de las investigaciones penales originadas en querellas y denuncias que el SII interpuso antes del golpe de timón, como las que se presentaron contra Penta y SQM. Ahora que todas esas investigaciones están entrando a su tramo final y su destino se decidirá en los tribunales superiores, nada garantiza que terminarán con sanciones.

Justo cuando el interés político se centra en la actitud que adoptarán los ministros de las cortes de Apelaciones y la Suprema, la Sala Penal del máximo tribunal ha emitido una potente señal de que, una vez que los procesos lleguen a esa instancia, podrían terminar sin provocar lesiones ni a políticos ni empresas.

Esa fue la lectura que se hizo en el mundo político y judicial cuando el pasado 28 de marzo se dio a conocer el fallo que dejó a firme el sobreseimiento del senador Patricio Walker (DC) en la investigación del financiamiento político ilegal prestado por empresas de la Federación de Industrias Pesqueras del Sur (Fipes).

En ese sorpresivo fallo que favoreció al senador Walker, tres ministros de la Corte Suprema ratificaron la resolución de la Corte de Apelaciones de Coyhaique que sobreseyó al parlamentario y otros dos magistrados consideraron que el tribunal de alzada cometió un grueso error.

Uno de los tres votos que dejó a firme el sobreseimiento fue del ministro Lamberto Cisternas, quien tiene un vínculo familiar con uno de los involucrados en los pagos ilícitos del Grupo Angelini. Su hijo, el abogado Gonzalo Cisternas Sobarzo, es controlador del bufete Cisternas & Compañía Abogados, Asesorías y Consultorías, del que es socio el senador Alberto Espina (RN). El bufete del hijo del ministro Cisternas recibió $18,7 millones de Inversiones Siemel, empresa del Grupo Angelini. Ese pago está en la mira de la Fiscalía, no solo por el nexo entre el bufete y el senador Espina, sino porque Siemel rectificó ese desembolso ante el SII después de que se iniciaron las investigaciones por financiamiento político ilegal.

Lamberto Cisternas

Los otros dos ministros que fallaron en favor de Walker fueron Haroldo Brito (cuya pareja, Lya Cabello, fue designada recientemente como fiscal de la Corte Suprema por el Senado con 30 votos a favor y una abstención) y Carlos Künsemüller.

El voto de minoría que rechazó el sobreseimiento de Patricio Walker fue redactado por el ministro Milton Juica y lleva también la firma del magistrado Jorge Dahm. El escrito de Juica fue particularmente duro y calificó como “una falta grave” la actuación de los ministros de Coyhaique que libraron al senador Walker de la investigación penal.

A juicio de Juica y Dahm, el razonamiento de los magistrados aiseninos que fueron respaldados por la Sala Penal de la Corte Suprema, da pie a la “impunidad”, pues permite dejar al margen de la investigación a un sospechoso en una etapa muy temprana de la indagatoria, impidiendo que el Ministerio Público despliegue todas las facultades que por ley se le han entregado para perseguir los ilícitos penales:

“El necesario corolario de lo planteado por los recurridos (los ministros de Coyhaique que sobreseyeron al senador Walker) no es otro que la impunidad, y de ahí la extrema gravedad del error cometido, pues impide al Ministerio Público investigar los hechos como le ordena la Constitución y la ley bajo el expediente de aplicar una institución -el sobreseimiento- que resultaba a todas luces inaceptable, apresurada e inoportuna en el momento procesal en que se decreta, bajo justificaciones equivocadas y carentes de todo sustento fáctico y jurídico”, se lee en el voto de minoría (vea aquí la resolución de la Corte Suprema, con el voto de minoría a partir de la página 16).

El fallo que sobreseyó al senador Patricio Walker, y particularmente el voto de minoría redactado por Milton Juica, es observado con atención en los círculos del Poder Judicial. Así también ocurrió con el posterior movimiento del director del SII que cerró la puerta a la investigación penal del financiamiento ilegal de la política. Ambos episodios, aunque parecen aislados, se aprecian como eslabones de un movimiento amplio que, desde distintos frentes judiciales y políticos, buscaría aminorar los efectos de las investigaciones de los aportes ocultos a la política, al iniciarse una nueva campaña presidencial y parlamentaria.

La resolución de Fernando Barraza fue puesta bajo la lupa no solo en el Ministerio Público, que se vio bloqueado para profundizar las investigaciones, sino también en la Contraloría General de la República. Este último organismo emitió un duro pronunciamiento el pasado lunes 24 de abril, advirtiendo al SII que sus decisiones deben ajustarse al «principio de imparcialidad» y a criterios “objetivos que le otorguen legitimidad”.

Milton Juica

Las recientes declaraciones del fiscal nacional, Jorge Abbott, y el pronunciamiento del contralor Jorge Bermúdez, se alinean con los duros cuestionamientos dirigidos a Fernando Barraza en los últimos días. Las críticas apuntan a que, siendo Barraza un funcionario de confianza de las autoridades políticas, está sepultando la posibilidad de ampliar una investigación que podría afectar al corazón de La Moneda.

Las dudas sobre la objetividad técnica con que Barraza manejó el tema, se acrecentaron con la reciente intervención en TVN del ex director del SII, Michel Jorrat, quien ratificó en pantalla lo que CIPER ya había publicado en julio de 2015: fue presionado desde La Moneda, cuando el Ministerio del Interior era encabezado por Rodrigo Peñailillo (PPD), para que el SII no avanzara en la investigación a SQM, empresa que financió ilegalmente la pre-campaña de la Presidenta Bachelet (vea el reportaje de CIPER “El detalle de las presiones de Peñailillo sobre el SII para impedir la investigación a SQM”).

LA NUEVA HEBRA QUE LLEVA A LA MONEDA

La controversial decisión del director del SII se conoció cuando en la investigación de la Fiscalía habían emergido nuevos antecedentes que vinculan al Grupo Angelini con el financiamiento de la pre-campaña de Michelle Bachelet. En enero pasado la declaración de Claudio Santis complicó a La Moneda. El sociólogo, quien se desempeña en la Secretaría de Comunicaciones del gobierno (Secom), señaló ante los fiscales que parte de sus honorarios por el trabajo que realizó para la pre-campaña de la Presidenta, fueron pagados por Harolds & Johns Business and Law.Entre fines de 2011 e inicios de 2013, ese estudio jurídico recibió $140 millones provenientes de dos empresas del Grupo Angelini: Copec y Cruz del Sur.

La sociedad Harolds & Johns fue constituida en 2007 por Harold Correa y Alex Matute, dos estrechos colaboradores del principal responsable de la pre-campaña de Bachelet, el ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo. La declaración del sociólogo Santis indica que parte de su trabajo para el comando de campaña, como analista de medios, fue cancelado por Harolds & Johns, y que en la coordinación de sus pagos participaron tres figuras claves encargadas por esas fechas de preparar el retorno de Michelle Bachelet a Chile: Rodrigo Peñailillo, María Angélica “Jupi” Álvarez y Giorgio Martelli.

Claudio Santis declaró que fue Peñailillo quien inicialmente lo contactó para que hiciera análisis de la agenda informativa de noticieros televisivos y para que midiera el tratamiento a la figura de Bachelet:

“Al tiempo después me llama (Giorgio) Martelli, quien me dice que quería formalizar este trabajo que estuve realizando por un par de meses; él me manda un contrato de trabajo de fecha 1 de mayo de 2012, a honorarios, a mi correo electrónico, con fecha 30 de julio de 2012, para que lo revise; el monto de $400.000, que aparecía en ese contrato, yo lo había conversado antes con María Angélica Álvarez (…) La primera boleta de honorarios la llené en base a las indicaciones que me señaló por correo electrónico María Angélica Álvarez; la hice por $400.000, de fecha 7 de junio de 2012 y la emití para Harolds & Johns”, señaló Santis en su declaración.

Rodrigo Peñailillo

El testimonio vino a confirmar las sospechas que ya abrigaba la Fiscalía: de la empresa de Correa y Matute sí salieron recursos para financiar la pre-campaña de Bachelet. Ya había indicios. Peñailillo prestó asesorías a ese estudio jurídico entre junio de 2012 y enero de 2014, durante todo el periodo que abarcó la última campaña presidencial. Sus honorarios eran de $3 millones líquidos (recibió un total de $57 millones). Alex Matute dijo al Ministerio Público que no había informes que respaldaran el trabajo de Peñailillo. Lo mismo declaró el ex ministro en agosto de 2015: “No elaboraba informes. Participaba en reuniones con Alex y Harold en este estudio, que tiene varios años, y (en las) que obviamente discutíamos sobre el desarrollo de la empresa”.

El Ministerio Público también detectó traspasos de dineros entre Harolds & Johns y la sociedad Asesorías y Negocios (AyN), creada por Giorgio Martelli para canalizar pagos a los colaboradores de la pre-campaña. AyN recibió $12 millones de la sociedad de Correa y Matute en junio de 2012. En 2013 el préstamo fue a la inversa, esta vez por $10 millones.

En mayo de 2015 la Fiscalía interrogó a Martelli por los pagos de Harolds & Johns a Claudio Santis y le exhibió un correo electrónico que Santis le envió con la boleta emitida en julio de 2012. Ese mail iba con copia a María Angélica Álvarez. Martelli señaló ante los fiscales:

“Esto corresponde a una boleta electrónica que Claudio Santis emitió a la empresa Harolds & Johns y Santis me la reenvió con copia a María Angélica Álvarez y yo ordené pagarla con transferencia electrónica de la cuenta corriente de AyN por el monto de $500.000”.

CIPER revisó declaraciones de Claudio Santis, Harold Correa, Alex Matute y Rodrigo Peñailillo, y del cruce de esa información se concluye que antes de la boleta que Santis emitió para Harolds & Johns y que Martelli pagó con dineros de AyN, el sociólogo extendió otra que sí debió pagar el estudio jurídico de Matute y Correa. De hecho, Alex Matute dijo a la Fiscalía estar molesto por haber perdido esos $400 mil. Según su versión, Santis no cumplió con los trabajos comprometidos.

Tras el pago que recibió de Harolds & Johns, Santis fue contratado por AyN entre el 31 de julio de 2012 y el 30 de marzo de 2013, periodo en que el profesional pasó a formar parte del comando oficial de Michelle Bachelet. Según declaró Santis, enviaba sus trabajos a asesores directos de Bachelet, como Rodrigo Peñailillo, Robinson Pérez, María Angélica Álvarez y la periodista Paula Walker.

El 16 de febrero pasado Alex Matute y Harold Correa declararon ante el Ministerio Público. Ambos dijeron que sí emitieron informes que justifican los pagos que recibieron de las empresas del Grupo Angelini, que esos informes y la contabilidad de su empresa fueron entregados al SII a inicios de 2016 y que esa indagatoria del organismo tributario continúa abierta, por lo que guardaron silencio ante los fiscales. Agregaron que enviaron cartas a Cruz del Sur y a Copec para que les levantaran el secreto profesional y así poder exhibir sus informes a la Fiscalía, pero que no habían tenido respuesta. Dijeron que lo mismo hicieron con el Colegio de Abogados, pero que tampoco les respondieron.

LOS $358 MILLONES QUE NO SE INVESTIGARÁN

Los $140 millones que Harolds & Johns recibió del Grupo Angelini fueron entregados contra seis facturas: cuatro a Cruz del Sur (emitidas entre diciembre de 2011 y septiembre de 2012) y las dos restantes a Empresas Copec (el 6 y el 25 de marzo de 2013). Esas seis facturas fueron rectificadas ante el SII, reconociendo las empresas que no existe respaldo que acredite que se trató de pagos por servicios efectivamente prestados.

GIorgio Martelli

El Grupo Angelini también destinó $218 millones a la sociedad creada por Giorgio Martelli: AyN. Así, suman $358 millones los aportes del holding que estaban en la mira de la Fiscalía bajo la sospecha de haber sido entregados ilegalmente a la pre-campaña presidencial, pero que ya no podrán ser investigados por la decisión del SII de no insistir en la vía penal para aclarar los hechos.

En todo caso, desde el inicio de la investigación de las platas políticas, el SII no ha dejado abierta ninguna puerta que permita al Ministerio Público investigar los aportes a campañas del Grupo Angelini. A pesar de que tempranamente se estableció que ese conglomerado financió casi la mitad del presupuesto de AyN, no hubo ni una sola acción del SII que incluyera esos pagos.

En la querella que el SII presentó el 22 de septiembre de 2015 contra Martelli –como representante legal de AyN– solo incluyó los pagos que esa sociedad recibió de SQM Salar y no hizo mención a los $218 millones que también había recibido de Copec, Forestal Arauco y Seguros Cruz del Sur (cuando aún pertenecía al Grupo Angelini), los que después fueron rectificados. De hecho, Impuestos Internos incluyó un párrafo en su querella para asegurarse de ponerle cerrojo a una posible expansión de la acción judicial: “La presente acción penal por delitos tributarios se dirige única y exclusivamente en contra de las personas singularizadas de manera expresa y nominativa en ella, extendiéndose solo a los hechos que en su texto se detallan”.

A inicios de abril, La Tercera dio a conocer la resolución del SII de no interponer nuevas querellas y publicó una nómina de once empresas que, debido a esta decisión, no serán investigadas por el Ministerio Público. Cinco de ellas pertenecen al Grupo Angelini: Forestal Arauco, Celulosa Arauco, Empresas Copec, Inversiones Siemel y Abastible. Si bien en esa lista no apareció Seguros Cruz del Sur, hasta ahora el SII no ha presentado querellas que apunten a los pagos hechos por esa empresa a Harolds & Johns.

La investigación de la Fiscalía contiene testimonios que ponen luz sobre la relación entre el Grupo Angelini y el estudio de Correa y Matute. Rodrigo Guzmán Leyton era gerente de Administración y Finanzas de Seguros Cruz del Sur cuando el Grupo Angelini vendió esa empresa al Grupo Security. Actualmente continúa trabajando allí. En septiembre de 2015 declaró a la Fiscalía sobre los pagos que la aseguradora hizo a Harolds & Johns: “No me consta que los informes por estas facturas existan, pero no puedo asegurar que no existan. Nunca supe a qué correspondían estos pagos”. Agregó que estos fueron autorizados por José Tomás Guzmán (entonces presidente del directorio) y que no encontró copias de los supuestos informes.

El contador general de Copec, Ricardo Vargas Bernal, también declaró en el Ministerio Público: “Nunca vi a Alex Matute ni a Harold Correa en la empresa Copec, ni nunca vi un informe de ellos. Cuando revisamos la contabilidad (para hacer la rectificación tributaria) yo pensé que era un estudio de abogados extranjeros”.

Jorge Rosenblut

El nexo entre el Grupo Angelini y Harolds & Johns fue Giorgio Martelli. Así lo declaró él mismo a los fiscales en junio de 2015:

“José Tomás Guzmán, en representación del Grupo Angelini, me solicitó los servicios de un estudio jurídico. Le presenté al estudio Harolds & Johns, llevándole un papel de referencia y me solicitó que fuera intermediario, para lo cual me solicitó diversos informes en derecho, que yo conversé con ambas partes. Alex Matute me entregó los informes en derecho requeridos, y yo se los hice llegar a José Tomás Guzmán, los pagos se hicieron a través mío, mediante cheques que yo entregué a Harolds & Johns”.

El propio Martelli reconstituyó la escala de contactos que le permitió a la pre-campaña obtener los dineros del Grupo Angelini y en su testimonio apuntó a Jorge Rosenblut:

“Jorge Rosenblut me contactó con José Tomás Guzmán y me dijo el monto autorizado para la operación con el Grupo Angelini. Guzmán estableció la distribución del financiamiento entre las empresas del Grupo y me indicó los montos de cada empresa de un monto general que se había pactado entre Guzmán y Rosenblut” (vea el reportaje de CIPER: “La mano derecha de Angelini que entregó los fondos para la pre-campaña de Bachelet”).

Cuando quedó claro que todos estos antecedentes no podrán ser profundizados por la Fiscalía, debido a la reciente decisión del director del SII, el ministro Milton Juica emitió una declaración tan dura como su voto de minoría en el fallo que sobreseyó al senador Walker. En una entrevista con Radio ADN, Juica, quien oficia como vocero de la Corte Suprema, señaló que en la Reforma Procesal quedaron temas pendientes, como la facultad para que el Ministerio Público pueda iniciar la persecución penal en todo tipo de delitos, incluidos los tributarios, sin depender del SII: “Aquí la palabra la tiene el Poder Legislativo, porque eso se puede modificar rápidamente. El Congreso debiera cambiar esta normativa. A esta altura de los sucesos, en que se han advertido delitos gravísimos de corrupción, el Ministerio Público no debería tener obstáculos para investigar”, aseguró el magistrado.