Las huellas de 4 mil toneladas de concentrado de cobre de Codelco que se esfumaron en el desierto

Lunes 7 de marzo de 2011. El camión patente CJ TR 27 conducido por Eduardo Schleef Rodríguez avanza por la Ruta 5 hacia el sur. Cae la noche y en el kilómetro 1.040, a la altura de Chañaral, el Mack modelo CXU 613 color blanco desvía su trayecto y se interna en el desierto cargando 28,9 toneladas de concentrado de cobre de alta ley. Son las 21:25 y el metal, que proviene de Minera Escondida, ubicada a 160 kilómetros al sureste de Antofagasta, debiese llegar alrededor de la 01:30 de la madrugada a su destino en la Región de Atacama: la fundición Potrerillos de la División Salvador de Codelco, 600 kilómetros al sur de Escondida.

Ya fuera de ruta, el chofer del Mack detiene la máquina en una mina abandonada –sector Portezuelo Las Bombas–, un par de kilómetros al oeste de la carretera Panamericana. El vehículo se queda allí dos horas y 10 minutos. En ese lapso, las 28,9 toneladas de concentrado de cobre son sustituidas por relaves de hierro y cemento, un material casi sin valor, con apenas entre 0,9% y 1,7% de cobre. A las 23:36 el camión Mack retoma su curso. Poco más de cuatro horas después, a las 03:49, entrega la carga adulterada en la portería de Potrerillos, donde los encargados de la recepción (también involucrados en el fraude) no cuestionan el atraso.

Entre marzo de 2011 y febrero de 2014, este procedimiento se realizó a lo menos otras 145 veces, según pudo acreditar la PDI tras revisar los GPS de los camiones involucrados. Las pesquisas policiales, en todo caso, no descartaron que el robo pudiera haber comenzado antes. En total, se sustrajeron más de 4 mil toneladas de concentrado de cobre, lo que causó un perjuicio que Codelco calcula en US$10,4 millones  (equivalentes a unos $6.930 millones, al valor actual del dólar). Como referencia, la cifra supera en casi $1.500 millones el monto del fraude perpetrado por militares con los fondos de la Ley Reservada del Cobre (el “Milicogate”), estimado por el Ejército en $5.483 millones.

El robo del concentrado de cobre motivó dos investigaciones: una de la Fiscalía de Diego de Almagro (Atacama) y otra de una comisión especial de la Cámara de Diputados. La primera finalizó en abril pasado con una veintena de condenados en un juicio abreviado: choferes de la empresa Santa Marta, encargados de trasladar el material de Escondida a Potrerillos; operadores de maquinaria que hacían el trasvasije de la carga; choferes que conducían los camiones que recibían el concentrado de cobre robado y empleados de Ingecom –empresa contratista de Codelco– que dieron luz verde para el ingreso de la carga sin valor en Potrerillos.

La otra investigación, realizada por la Cámara de Diputados, se cerró en marzo de 2015. Al igual que la de la Fiscalía, en ella no se determinó cuál fue el destino del cobre robado. Las 4 mil toneladas de concentrado de cobre se desvanecieron en el desierto. Parece inverosímil: más de 20 personas están cumpliendo condena por este fraude, pero no se sabe cuál fue el paradero de los 146 cargamentos sustraídos y en manos de quién terminaron los US$10,4 millones en que están valorizados.

De hecho, la conclusión principal del informe final de la comisión parlamentaria fue que no se pudo determinar el paradero del cobre. El mineral, que en un principio se creyó había sido comprado por Enami, sencillamente desapareció (vea el informe de la comisión). CIPER reconstruyó paso a paso la ruta de los cargamentos de concentrado de cobre. Se procesaron registros contables, bases de datos comerciales y de tráfico marítimo. Los nuevos antecedentes pueden abrir una nueva veta para dar con el paradero de este gigantesco robo de cobre.

“ALGUIEN QUE ESTÁ MÁS ARRIBA”

Gilberto Aciar Tapia, pequeño empresario minero y transportista de Copiapó, fue condenado como “líder de una organización criminal dedicada a la sustracción de concentrado de cobre” (ver sentencia). Pero nada dice su sentencia, ni la del resto de los condenados, respecto de en manos de quién quedó finalmente el cobre birlado y qué se hizo con él.

Las investigaciones de la Fiscalía y de la Cámara dejan entrever que Aciar Tapia es solo un eslabón dentro de una cadena más grande. De hecho, así lo declaró un ex trabajador de la fundición Paipote de Enami, Óscar Orellana, ante la comisión de Diputados en abril de 2014: “Detrás de esta organización ilícita hay apoyo para los veinte detenidos, les mantienen un sueldo y les recomiendan que no digan nada en los interrogatorios (…) dicha organización ha tomado todas las precauciones del caso para generar obstáculos y evitar el avance de la investigación (…) Hay alguien que está más arriba”, señaló el ex funcionario de Enami sobre la base de una conversación que tuvo con el fiscal del caso.

(Fuente: Fiscalía)

La Fiscalía acreditó que dos camiones Freightliner pertenecientes a Gilberto Aciar llegaban con el cargamento de relaves sin valor hasta el Portezuelo Las Bombas, donde se realizaba el trasvasije. Allí recibían el concentrado de cobre sustraído y partían con destino incierto. Ambos camiones  eran conducidos por los choferes Wilson Pastén y Carlos Celedón, también condenados por su participación en el ilícito.

De acuerdo a la indagación de CIPER, a partir de abril de 2011, a solo un mes de iniciado el ilícito, dos máquinas Freightliner de Gilberto Aciar transportaron cargas de concentrado de cobre –muy similares en volumen y pureza a las sustraídas–, hasta el kilómetro 795 de la Ruta 5, en la Región de Atacama. A poca distancia de allí, por el camino C-404, se encuentra una planta de manejo de residuos industriales –Confinor–, donde los camiones de Aciar ingresaron y depositaron ese concentrado de cobre de alta ley.

CIPER tuvo acceso a correos electrónicos internos de Confinor que indican que los camiones de Gilberto Aciar que llegaron hasta la planta de esa empresa eran conducidos por los mismos choferes que después fueron condenados como partícipes en la sustracción de la carga enviada por Escondida a Potrerillos:Wilson Pastén y Carlos Celedón.

LA PISTA DE MINEX

En el informe final de la comisión parlamentaria que investigó el robo se incluyeron declaraciones prestadas por funcionarios de la PDI. Dentro de la información proporcionada por los policías que se consigna en el informe, aparece la empresa Minex como una de las entidades que estaban bajo la lupa de Investigaciones por su posible vinculación con el ilícito. De hecho, la comisión de diputados solicitó al Servicio de Aduanas información sobre la eventual importación de concentrado de cobre realizada por Minex.

Minex apareció en el radar de las pesquisas policiales, según pudo confirmar CIPER, porque la PDI detectó en la contabilidad de Gilberto Aciar varias facturas emitidas a esa empresa.

CIPER revisó los registros públicos que contienen información sobre Minex y, según la información que aparece en el Diario Oficial, es una empresa familiar de Juan Llarlluri Llarlluri. El análisis de esa misma base de datos indica que Llarlluri es, al mismo tiempo, uno de los socios de Confinor. La investigación de CIPER también incluyó documentos de la Cámara de Comercio de Santiago, del Servicio Nacional de Aduanas y de la Contraloría que señalan que Minex y Confinor exportaron concentrado de cobre por un valor total de US$26,6 millones. Los destinos de estas exportaciones, realizadas entre marzo de 2011 y abril de 2013, fueron China y, en menor medida, Polonia.

CIPER se contactó con Gilberto Aciar y su hijo, Edgar Aciar, ambos condenados en la causa que siguió la Fiscalía de Diego de Almagro, para conocer su versión de los hechos y su relación comercial con Minex y Confinor, pero no quisieron hablar del tema. “Esto nos ha hecho mucho daño. No hay para qué revolver más el tema”, señaló Gilberto Aciar.

Minera Escondida

Entre los condenados, figuran varios ex empleados de transportes Santa Marta, la empresa contratada por Minera Escondida para llevar el concentrado de cobre desde sus faenas a la fundición Potrerillos de Codelco. El contrato entre Minera Escondida y Codelco data de enero de 2007 y en él la estatal se compromete a comprar a la compañía internacional una parte de su producción de concentrado de cobre –con una ley que oscila entre 28% y 45%–  para fundirlo, producir cátodos y exportarlos. Se especifica que el contrato tendrá una duración de cuatro años, aunque en “diciembre de cada año se agregará en forma automática un año más al contrato (…), a menos que una de las partes manifieste por escrito lo contrario” (ver contrato).

Según lo que pudo acreditar la Fiscalía de Diego de Almagro, el robo de concentrado de cobre habría comenzado en marzo de 2011 y se extendió hasta febrero de 2014. El 20 de octubre de 2015, el Juzgado de Garantía de Diego de Almagro condenó en un juicio abreviado a Gilberto Aciar Tapia y a su hijo –Edgar Aciar Bolvarán– por hurto simple, entrega fraudulenta y asociación ilícita. Las condenas quedaron a firme en abril de este año y Aciar fue sindicado como el cabecilla de una “banda criminal” compuesta por una veintena de personas encargadas de efectuar las sustituciones del cargamento.

De acuerdo a la sentencia, cada una de esas personas actuaba bajo las órdenes de Aciar y con roles definidos. Además de los choferes de Santa Marta que transportaban el mineral y los del propio Gilberto Aciar que lo sustraían, la banda estaba compuesta por operarios de maquinaria tipo “bobcat” para “realizar con mayor celeridad y precisión los trasvasijes” y también personas encargadas de “cortar los sellos utilizados por Minera Escondida para identificar adulteraciones o sustracciones de las cargas de concentrado de cobre transportado por la empresa Santa Marta (…) y sellar nuevamente la carga soldando los mismos”. Finalmente, funcionarios de Ingecom, empresa contratada por Codelco para recibir el concentrado de cobre en Potrerillos, permitían que la carga con desechos ingresara sin problema.

Cada miembro de la organización recibía en promedio entre $130 mil y $200 mil por trasvasije. Fueron 146 operaciones de sustracción las que se realizaron entre 2011 y 2014.

LAS EXPORTACIONES DE MINEX

El 9 de abril de 2014 la Cámara de Diputados aprobó la creación de la comisión investigadora para indagar sobre las “eventuales responsabilidades de Codelco y Enami, con ocasión de la sustracción de concentrados de cobre”. Una de las principales interrogantes que rondó permanentemente entre los diputados que participaron de la instancia presidida por Lautaro Carmona (PC), fue el destino del cobre robado.

Las sospechas iniciales apuntaban a que Gilberto Aciar, sindicado como el líder de la banda, lo había vendido a Enami. Sin embargo, aquello no se pudo acreditar. El entonces vicepresidente ejecutivo de Enami, Roberto de Groote, fue enfático en señalar ante la comisión que luego de realizar varios análisis no habían detectado ninguna evidencia de ello. “Si el concentrado de cobre tuviera entre 28% y 30%, no es el mineral que compra Enami que tiene un 1% o 2% de cobre”, dijo.

La ministra de Minería, Aurora Williams, refrendó en la comisión las palabras del ex vicepresidente de Enami: “El destino del concentrado no fue Enami”, señaló.

La versión que manejaban efectivos de la PDI de Chañaral era otra. Según su investigación, al menos parte del concentrado de cobre habría sido vendido por Aciar a Enami presentándolo como producto de la mina Irmita (Copiapó), de su propiedad. Meses después, la PDI de Chañaral volvió a exponer en la comisión. Y en esa segunda instancia, entregó datos clave.

En la sesión del 7 de octubre de 2014, el prefecto de la PDI de Atacama, Andrés González, señaló que de acuerdo a registros contables de la empresa de Gilberto Aciar, su equipo había logrado establecer con certeza que “una empresa llamada Minex compró algún concentrado de cobre a uno de los cabecillas de este grupo”. El dato que puso sobre la mesa González era relevante. No solo porque hasta entonces el foco había estado puesto sobre Enami. También porque, según su versión, Minex habría tenido un rol más sustantivo que el de Enami en la adquisición del cobre sustraído: “Tanta es la importancia de este hecho que, de acuerdo con el peritaje contable y conforme a las facturas que se encuentran en la carpeta investigativa, (Minex) dobló la  cantidad que compró Enami”, dijo González frente a los diputados (ver sesión de la comisión).

De acuerdo a la indagación de CIPER, en poder de Gilberto Aciar se halló el respaldo de varias facturas emitidas a Minex por montos superiores a los $20 millones, todas por concepto de venta de “piedras”.

La eventual exportación de concentrado de cobre no es un rubro ajeno para Minex S.A. Entre las actividades comerciales de Minex se cuenta: “adquirir, procesar, comercializar y exportar concentrado de cobre y todos los productos y subproductos de la minería, ya sean propios o de terceros”.

Fue tras la declaración del prefecto González que la comisión de la Cámara solicitó al Servicio Nacional de Aduanas información sobre todas las exportaciones de Minex desde 2010. En el informe, remitido a la Cámara el 22 de octubre, Aduanas detalló seis envíos de Minex de concentrado de cobre de alta ley a China (con una pureza de entre 24,2% y 29,3%), a través de los puertos de Valparaíso y San Antonio. Las exportaciones se iniciaron el 6 de abril de 2011 –casi un mes después de la sustracción del primer cargamento comprado por Codelco– y se extendieron hasta el 15 de febrero del año siguiente. Fueron 1.500 toneladas de concentrado con un valor de poco más de US$4 millones las que importó Minex (ver informe de Aduanas).

Según la indagación de CIPER, una parte de esas exportaciones habría llegado, previo transbordo en el puerto de Callao, a la ciudad de Zhanjiang, ubicada al sur de China.

Pese a las evidencias presentadas por la PDI, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados concluyó en su informe final de marzo de 2015 que no era posible determinar el paradero del cobre sustraído: “Cómo se puede entender que se hayan robado toneladas de concentrado y que ninguna institución del Estado pueda dar con su destino final, considerando que en este ilícito se ven involucradas de las más grandes empresas en producción minera, Minera Escondida y Codelco, donde se especula que el concentrado fue exportado directamente”, señala el informe en uno de sus acápites finales.  

El proceso judicial, en tanto, se cerró sin que se dilucidara la presunta participación de personas relacionadas a Minex en la comercialización del cobre sustraído por Gilberto Aciar y sus cómplices.

DE MINEX A CONFINOR

Siguiendo la pista de Minex, CIPER revisó las actividades y exportaciones de Confinor, la segunda empresa del ámbito minero ligada al empresario Juan Llarlluri. Según esta indagación, Confinor S.A., es una empresa de manejo de residuos industriales ubicada en las cercanías de Copiapó, pero también ha operado activamente en el negocio de las exportaciones de concentrado de cobre, quintuplicando la cantidad enviada por Minex al exterior. Creada en abril de 2007, entre los accionistas de Confinor figuran Juan Llarlluri y su esposa, Nuhad Sukni Bunster, además de Jorge Plaza Vidal y su hijo, Jorge Plaza Guzmán.

De acuerdo a registros de la Cámara de Comercio de Santiago y de Aduanas, entre marzo de 2011 y abril de 2013 Confinor realizó 27 embarques de concentrado de cobre por un total de US$22,6 millones, equivalentes a casi 11 mil toneladas. Según las bases de datos a las que tuvo acceso CIPER, la ley del mineral exportado fluctuaba entre 23,6% y 33,5%.

Del total de envíos de Confinor, dos de ellos fueron exportados a Polonia y los 25 restantes a China (ver exportaciones de Confinor). Registros de tráfico marítimo internacional, indican que una parte de los embarques al Lejano Oriente –que salieron de los puertos de Valparaíso y San Antonio–, arribaron a las ciudades de Zhanjiang, Qingdao y Huansgshi, previa escala en el puerto peruano del Callao.

El primer envío de Confinor que figura en los registros consultados por CIPER se realizó en marzo de 2011. Fueron 535 toneladas de concentrado con una ley de 29,7% y un valor de US$1,4 millón, exportadas a China. El último envío de esta empresa data de abril de 2013, con destino al mismo país. Fueron 226 toneladas con una ley de 28,1%, avaluadas en US$457 mil.

Ni Minex ni Confinor tienen la capacidad instalada para producir esos volúmenes de concentrado de cobre, tampoco con esa ley. La pregunta que surge en este contexto es de dónde obtuvieron el producto que luego fue comercializado en mercados internacionales en millones de dólares.

Camión Freightliner, foto referencial.

La serie de registros internos de Confinor a los que tuvo acceso CIPER dan cuenta del ingreso reiterado de camiones de la flota de Gilberto Aciar a la planta de esa empresa en Copiapó, cargando concentrado de cobre de alta pureza en los meses de abril, mayo, septiembre, noviembre y diciembre de 2011. Cabe señalar que esos antecedentes no engloban necesariamente el total de camiones con concentrado que pudieron haber llegado a esa planta en otros meses y años.

En total, CIPER pudo rastrear 16 ingresos de máquinas de Aciar a Confinor. Los viajes a esa planta de tratamiento de residuos industriales fueron efectuados por los dos camiones cuyas patentes corresponden a máquinas marca Freightliner, una roja y la otra blanca, conducidas por los dos hombres de confianza de Aciar: Wilson Pastén y Carlos Celedón.

En la causa del robo de concentrado de cobre, tanto Pastén como Celedón fueron condenados por hurto reiterado. La sentencia señala que Pastén era “el chofer del camión marca Freightliner perteneciente a la banda criminal y quien se encargaba de llevar al lugar de trasvasije material carente de valor económico que reemplazaba la carga de concentrado de cobre”. Respecto de Celedón, la sentencia indica que era “otro de los choferes de camión ocupado en este organización. Manejaba otro camión Freightliner que se cargaba con el concentrado de cobre sustraído a minera Escondida y apropiado por la banda criminal para ser vendido a Enami o, bien, comercializado de otra forma” (ver sentencia).

En los 16 viajes pesquisados por CIPER –nueve ejecutados por Celedón y siete por Pastén– los camiones Freightliner de Gilberto Aciar lograron depositar en Confinor poco más de 461 toneladas de concentrado de cobre, con una ley de entre 26,7% y 31,9%.

Cada camión transportó un volumen promedio de 28,8 toneladas. Similar cantidad de concentrado de cobre cargaban los camiones –conducidos por los mismos choferes–, cuando salían desde el sector Portezuelo Las Bombas luego del trasvasije ilegal.

LA RESPUESTA DE CONFINOR

CIPER intentó comunicarse con los dueños y representantes de Confinor y de Minex para indagar sobre el origen del concentrado de cobre exportado a China y Polonia. Para ello se contactó a Cristián Rosselot Mora, actual presidente del directorio de Confinor y abogado de Juan Llarlluri. El jueves 13 de octubre CIPER le comunicó a Rosselot los antecedentes recopilados en el transcurso de esta investigación y le pidió los documentos que acrediten el origen y trazabilidad del concentrado de cobre exportado por Confinor. El abogado –quien fue contactado por teléfono y correo electrónico– pidió una semana para reunir los antecedentes.

El viernes 21 de octubre CIPER recibió una respuesta por escrito en la que el abogado y presidente de Confinor señala que “el concentrado de cobre, de alta ley, provino de adquisiciones sucesivas a empresas mineras, que a su vez extrajeron dicho concentrado de residuos de la gran minería”. Rosselot indicó en su respuesta que Confinor vendió el producto “en un periodo de aproximadamente 2 a 3 años, sumando exportaciones de los 25 millones de dólares (sic), dejando una utilidad neta de alrededor de un 8%”.

En su respuesta, Rosselot no identifica a las empresas a las que Confinor le habría comprado el cobre. Tampoco entregó documentación que permita establecer el origen del mineral: “Se trata de información confidencial sobre las relaciones comerciales de la compañía y también implica exhibir documentación que da cuenta de negocios hechos por terceros, conducta en la que no podemos incurrir sin violar la confidencialidad de este tipo de relaciones”. El abogado señaló que esa documentación ha sido exhibida por Confinor ante las autoridades que la han requerido –sin mencionar a esas autoridades– y sostuvo que “un medio de prensa no puede erigirse en fiscalizador de una sociedad anónima” (vea aquí la respuesta completa de Confinor).

CIPER también contactó a uno de los accionistas minoritarios de Confinor, Jorge Plaza Guzmán. Plaza se excusó de profundizar en el tema debido a que mantiene un litigio con la familia Llarlluri por la propiedad y las cuentas de Confinor. Los registros del Poder Judicial indican que este litigio se originó en octubre de 2013 luego de que Plaza interpusiera una demanda contra Juan Llarlluri por apropiación indebida. En octubre de 2014, el Ministerio Público desistió de perseverar en esa investigación. En abril de 2013 se inició otro procedimiento en el 12º Juzgado Civil de Santiago para resolver, mediante un arbitraje, las diferencias entre los socios.

CIPER tuvo acceso a documentos de la carpeta investigativa de la causa por apropiación indebida. En ella figura una pericia contable a las cuentas de Confinor fechada en enero de 2014. La pericia la realizó el auditor Carlos Correa Cruzat, quien fue consultado por CIPER acerca de si en su revisión encontró datos sobre exportaciones de concentrado de cobre realizadas por la empresa. Correa respondió que fue contratado por el entonces abogado de Confinor, Cristián Rosselot, para realizar la pericia y que solo revisó documentos que la empresa puso a su disposición, atingentes a responder los puntos en disputa por los socios. En esos papeles, dijo, no había información acerca de exportaciones de concentrado de cobre por un valor de US$22,6 millones.

El abogado Rosselot, esta vez en su calidad de presidente del directorio de Confinor, volvió a contratar a Carlos Correa para que elaborara una auditoría. El informe de esta revisión está fechado en junio de 2016 y contempló el análisis de documentos que abarcan desde diciembre de 2008 a diciembre de 2015.

CIPER le consultó también a Correa si durante la auditoría tuvo a la vista registros de las exportaciones de concentrado de cobre realizadas por Confinor entre 2011 y 2013. El auditor señaló que en esta nueva revisión tampoco tuvo a mano antecedentes de ese tipo. Según explicó, al igual que en la pericia contable anterior, su revisión se limitó a los documentos que la empresa puso a su disposición. Correa agregó que con posterioridad recibió una carta del socio minoritario, Jorge Plaza, en la que este le manifestó reparos a la auditoría porque, entre otras materias, no incluyó las exportaciones hechas por Confinor.

Un dato que sí consignó la auditoría son las utilidades que obtuvo Confinor en 2015. La empresa, que hasta 2013 realizó exportaciones de concentrado de cobre por millones de dólares, el año pasado registró ganancias de solo $13,5 millones. Sus activos, en tanto, no son muy distintos a los reportados para el año 2012 en la pericia realizada por Correa. Según el documento, los activos de Confinor para el 2015 ascendían a $3.615 millones.

En su respuesta por escrito a CIPER, el abogado Rosselot señaló que “todos estos negocios”, en referencia a las exportaciones de concentrado de cobre, “fueron llevados a cabo estando la administración en manos de uno de los socios minoritarios, Jorge Plaza Guzmán”.

Las exportaciones de Confinor se realizaron entre marzo de 2011 y abril de 2013. En la denuncia que presentó a la justicia, Jorge Plaza aseguró que en enero de 2012 el directorio de Confinor, dominado por Juan Llarlluri, lo apartó de todos sus cargos en la empresa. Hasta ese momento, según el escrito de su demanda, se desempeñaba como presidente del directorio y como jefe del área técnica del principal giro de la empresa (el tratamiento y disposición final de residuos de la minería), mientras que la gerencia general estaba a cargo de Llarlluri.

Todo indica que la disputa sobre quién tenía el control del negocio de las exportaciones de concentrado de cobre en Confinor a la fecha en que los camiones de Gilberto Aciar transportaban ese material hasta la planta de la empresa, debiese ser ahora dilucidada por la justicia. Esto, porque los antecedentes reseñados en esta investigación periodística ya están en manos del Consejo de Defensa del Estado y del Ministerio Público.

Actualmente, Codelco y Escondida mantienen un litigio en el Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago (CAM), que resolverá cuál de las dos entidades deberá asumir finalmente la pérdida de los millones de dólares que se gestó en el desértico Portezuelo Las Bombas y cuyo paradero aún se desconoce.