Los contratos que unen al alcalde Olavarría con la esposa, la empleada doméstica y el bufete de su abogado

El 3 de agosto de 2015 comenzó una de las audiencias de formalización más largas de las que se tenga memoria desde que partió el actual régimen procesal penal. La maratónica audiencia correspondió al “Caso Basura” que investiga irregularidades en licitaciones de recolección de desechos y otros millonarios contratos en las comunas de Maipú y Cerro Navia. Fueron 19 las jornadas de presentaciones de la Fiscalía y de las defensas de 18 imputados, entre ellos los alcaldes Christian Vittori (DC, Maipú) y Luis Plaza (RN, Cerro Navia), además de concejales, funcionarios municipales y empresarios, todos involucrados en una causa que incluye fraude al Fisco, cohecho y lavado de activos.

En medio de la montaña de datos y evidencias que desfilaron por el tribunal, asomaron antecedentes que salpicaron a una municipalidad que inicialmente no figuraba en el escándalo: Colina, un reducto que lleva 16 años bajo el estricto control del alcalde Mario Olavarría (UDI).

La fiscal Tania Mora apuntó contra Colina porque una de las principales imputadas, la funcionaria municipal de Cerro Navia, Marcela Morales, estaba contratada en paralelo en la comuna que dirige Olavarría. Y, según los antecedentes de la Contraloría y de la Fiscalía, los servicios que supuestamente Marcela Morales prestaba en Colina, nunca se realizaron. La acusación de la fiscal Tania Mora encendió las alarmas en Colina y para preparar su defensa, el alcalde Mario Olavarría recurrió a los servicios del abogado Matías Balmaceda Mahns. El edil tenía razones para preocuparse, porque en enero tuvo que declarar como imputado.

Mario Olavarría

Lo que no se sabía hasta ahora, es que mientras preparaba la defensa de Olavarría, el abogado Balmaceda gestionó un contrato con la Municipalidad de Colina por 700 UF (unos $18 millones), para que su estudio jurídico Balmaceda, Cox y Piña (BCP Abogados) realizara una capacitación sobre manejo de la Ley de Lobby a los funcionarios municipales. Consultado por CIPER, Balmaceda rechazó que este contrato sea interpretado como una maniobra para encubrir un eventual financiamiento de la defensa de Olavarría con recursos públicos. Para corroborarlo, señaló que la capacitación nunca se hizo y que no se ha facturado por ese servicio.

Efectivamente, la capacitación no se concretó, porque a fines de marzo pasado la Municipalidad de Colina anuló abruptamente la aprobación del contrato a través de un proceso claramente irregular. Tan irregular que hoy se investiga al interior del municipio bajo secreto de sumario, debido a que implicó la duplicación de un decreto: hay dos que llevan el mismo número, pero que se refieren a materias diferentes. Uno de estos decretos es el que anuló el contrato con el bufete de Balmaceda.

A la controversia por el contrato y su irregular proceso de anulación, se suman los pagos que realizó el municipio a dos personas muy cercanas a Balmaceda: su esposa, Bernardita Swinburn Pérez, y la empleada doméstica de su casa, Eugenia Uribe Aceitón. La primera recibió $1,6 millón por un contrato a honorarios en agosto de 2015. Y la segunda ha cobrado un poco más de $10 millones por contratos a honorarios en 2014 y 2015.

Matías Balmaceda reconoció a CIPER que fue él quien gestionó los contratos de su esposa y la empleada doméstica de su casa en la Municipalidad de Colina. La relación de confianza que el abogado tiene con el alcalde Olavarría se consolidó cuando Balmaceda defendió al edil en el juicio más complejo que ha enfrentado antes del “Caso Basura”. Olavarría fue formalizado en 2010 tras constatarse que recibió millonarios depósitos de su ex jefe de gabinete, Domingo Soto, los que se presumía habían provenido de coimas por autorizar la instalación de un supermercado Tottus en terrenos municipales (ver reportaje de Ciper). Según la acusación de Alma Sánchez, abogada del CDE, el alcalde no tenía cómo explicar el origen de los casi $130 millones que ingresaron a su cuenta corriente entre 2006 y 2007. Más aún considerando que su sueldo de alcalde era de $2,8 millones y que debía pagar una pensión alimenticia de $2 millones.

En 2014 la defensa del abogado Matías Balmaceda logró que el Juzgado de Garantía de Colina absolviera a Mario Olavarría. El tribunal estimó que no había pruebas suficientes para hacerse la convicción que la autoridad comunal hubiese recibido algún tipo de coimas para concretar el arriendo.

VERSIÓN CONTRADICTORIA

Consultado por CIPER, Matías Balmaceda explicó que en septiembre de 2015, días después de la última jornada de formalización del “Caso Basura”, envió a la Municipalidad de Colina una propuesta para capacitar a directores y profesionales en el manejo de la Ley de Lobby y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Según comentó, su bufete tiene amplia experiencia en capacitaciones de este tipo y también la ofreció a las municipalidades de Recoleta y Renca.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) indicó a CIPER que en su municipalidad no se han recibido ofertas de capacitaciones del estudio jurídico de Balmaceda. Lo mismo respondió el director de Control de Renca, Luis Alberto Jorquera: “Esta municipalidad no ha recibido propuesta de capacitación ni sobre la Ley del Lobby ni de ninguna otra, por parte del estudio jurídico Balmaceda, Cox y Piña Abogados, por lo que la persona que le dio ésta información, por razones que desconocemos, ha faltado a la verdad”.

El abogado Balmaceda explicó a CIPER cómo surgió el contacto con la Municipalidad de Colina para la capacitación sobre Ley de Lobby:

Matías Balmaceda

-La verdad es que el primer proyecto fue con Mario (Olavarría, alcalde), porque a él lo conozco más (…). Le propuse que hiciéramos una capacitación en el tema, porque era fundamental la relación de los funcionarios públicos con los particulares. El tema avanzó, tenían que aprobarlo y entiendo que el decreto salió como en el mes de febrero o por ahí -manifiesta el abogado.

El decreto que menciona Balmaceda es el N° E-347 del 7 de marzo de 2016, que autorizó la contratación directa, es decir, sin licitación pública, de su estudio jurídico (vea ese decreto).

“En enero de este año, Mario Olavarría es citado a declarar por primera vez en calidad de imputado y me dice que por favor le vea el tema, porque él no va a poder ir a declarar, porque se va fuera de Chile. En ese contexto, yo le mando el escrito a la fiscal pidiendo que no vaya a declarar. Entendiendo que se podía malinterpretar que yo estaba asesorando a la municipalidad y también al alcalde, le pedí a Mario que dejara sin efecto el decreto mediante el cual supuestamente íbamos a contratar esta asesoría. No quería tener problemas con el municipio y tampoco interpretaciones extrañas”, afirma Balmaceda.

-¿Cuándo le pidió eso a Mario Olavarría?
-Principios de marzo. Me acuerdo porque yo me fui de vacaciones todo febrero y esto lo hice después de vacaciones, cuando volví. Y entiendo que en el mes de abril (…) Mario me confirmó que ya se había dejado sin efecto el decreto y naturalmente no se iba a prestar la asesoría. Por ende, nunca he emitido una factura y naturalmente no presté la asesoría, porque obviamente preferí darle de bajo por lo mismo que me estás llamando tú, para que después no me estén, con todo respeto, hueveando.

-¿Cuándo asumió la defensa de Mario Olavarría en el “Caso Basura”?
-El 25 de enero. Por ahí fue la citación (…) Fue la última semana de enero que yo presenté un escrito en la causa de la fiscal, avisándole que Mario no podía comparecer y que nos agendara un nuevo día y hora. Después me fui de vacaciones, todo febrero, volví y le dije a Mario: ‘Sabís qué, no me parece y no creo que sea bueno que yo tenga un contrato con la municipalidad si voy a asumir tu defensa’.

CIPER accedió a correos electrónicos que Matías Balmaceda intercambió con funcionarios de la Municipalidad de Colina y que refutan la versión del abogado. Estos e-mails comprueban que Balmaceda comenzó a participar en la defensa en septiembre de 2015 y que, al mismo tiempo, gestionaba la aprobación del contrato para la capacitación.

El 23 de septiembre de 2015, Matías Balmaceda le escribió a la administradora municipal de Colina, Elizabeth Arellano Quiroga. El asunto del correo: “Firma de contrato capacitación”. El texto del mensaje: “Elizabeth cuándo podemos proceder a la firma del contrato por este tema, saludos”. En paralelo el abogado ya estaba participando en la defensa por el “Caso Basura”, porque al día siguiente, el 24 de septiembre, vuelve a escribir a la misma funcionaria, solicitándole información relacionada con ese juicio. En particular, le preocupaban las comunicaciones que habían sostenido Marcela Morales y César Vidal, dos funcionarios municipales de Cerro Navia acusados de abultar sus ingresos mediante contratos con la Municipalidad de Colina por servicios que no se habrían prestado. Este es el texto de ese segundo mensaje de Balmaceda dirigido a la administradora municipal:

“Elizabeth: en relación a la carpeta enviada con antecedentes del caso, me gustaría saber si es factible recopilar cualquier tipo de intercambio de mails, entre personal de la municipalidad y Marcela Morales y César Vidal, y naturalmente cualquier otro tipo de comunicación que me ayude a respaldar los servicios prestados, saludos”.

En octubre de 2015, el abogado Balmaceda volvió a intercambiar información sobre el caso con Elizabeth Arellano, a quien reenvió correos provenientes del estudio jurídico de Sergio Contreras Paredes, el abogado que defiende a Marcela Morales. En esta misma cadena de correos, Balmaceda aprovecha de preguntar si hay novedades respecto del decreto que autoriza la contratación de la capacitación.

Otra contradicción con la versión del abogado que queda al descubierto con estos correos, es la fecha en que Balmaceda supuestamente le solicitó al alcalde anular la contratación. Según cuenta, esto lo hizo a principios de marzo inmediatamente después de volver de sus vacaciones. Pero, lo que efectivamente ocurrió a inicios de marzo fue lo contrario: el 8 de marzo Matías Balmaceda y el alcalde Mario Olavarría firmaron el contrato (vea ese contrato).

El 3 de marzo de 2016 el asesor jurídico de Colina, David Vega, había enviado a la Secretaría Municipal el memorándum N°197, donde justifica la contratación directa de la capacitación en virtud de la “confianza, seguridad y credibilidad” que otorga el estudio. En el escrito, el asesor explica que BCP Abogados “se dedica especialmente a asuntos relativos a ética pública” y menciona a Iván Millán Gutiérrez, ex fiscal jefe de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Funcionarios de la Fiscalía Centro Norte, como el abogado a cargo de esta área dentro de la organización (vea ese memorándum).

DECRETO DUPLICADO

Las razones de por qué la capacitación no se llevó a cabo no están claras. Respecto de lo que no hay duda alguna es que el proceso para anular el contrato con Balmaceda se hizo con una rapidez inusitada, al punto que se concretó mediante un proceso totalmente irregular que involucró duplicar un decreto. Una situación que motivó la apertura de una investigación al interior de la municipalidad.

Desde el 19 de abril, Carlos García Lecaros, secretario municipal de Colina, se encuentra bajo sumario. La razón es el decreto N°E-489, o mejor dicho, las dos versiones del decreto N°E-489.

La versión original de este decreto fue firmada por García el 24 de marzo de 2016. En él, se autorizaba la contratación directa de la empresa Escogestión para que un concejal asistiera al seminario “Habilidades de Comunicación, Calidad y Gestión del Cambio Local” que realizaría esa consultora en Tacna (vea ese primer decreto E-489).

El conflicto surgió cuando apareció otro decreto, con el mismo número y fecha, pero con un contenido distinto. Este fue el que anuló la contratación directa del estudio jurídico BCP Abogados para impartir la capacitación sobre la Ley de Lobby. Al final del documento se aprecia la firma y timbre del mismo García.

Esta segunda versión del decreto N°E-489 es la que figura en la web de transparencia de la Municipalidad de Colina (vea este segundo decreto E-489).

Municipalidad de Colina

Seis días después, el 30 de marzo, se firmó otro decreto que volvió a aprobar la asistencia al seminario en Tacna, esta vez bajo el número E-517. En su encabezado, donde se deben citar los documentos anteriores que tengan directa relación con el tema, no se hace mención alguna al decreto original N°E-489, ni las razones para modificarlo. La única diferencia con el original, además de la fecha y el número, es que se agrega un concejal al viaje (vea este decreto).

Consultado por esta duplicación, antes de que se instruyera el sumario, el secretario Carlos García aseguró a CIPER que no recordaba todo lo que había firmado, pero que debía haber una explicación para lo ocurrido. De no haberla, dijo, él mismo pediría el sumario.

-Cuando uno anula un decreto, se hace un decreto de rectificación o de anulación. Por eso me llama la atención. Mi firma está en los dos, pero yo firmo muchos decretos diariamente. Pero hay todo un proceso. Por ejemplo, cuando se hacen los decretos, se deben ir a visto bueno de (la Dirección de) Control, que es el que ve la parte legal del contrato y que los números sean correlativos. Entonces, quiero averiguar qué pasó, dónde estuvo el error. Yo puedo contestarle de aquí a mañana, porque esto debe ser rápido -aseguró García a CIPER.

Pero Carlos García no volvió a responder. Tras las consultas iniciales de CIPER, el secretario municipal derivó el tema al Departamento de Relaciones Públicas de la municipalidad, el que bloqueó la comunicación con el secretario, argumentando el secreto de sumario.

VÍRGENES Y PANES DE PASCUA

En agosto del año pasado, un mes antes de que el abogado Balmaceda comenzara a participar en la defensa de los implicados de la Municipalidad de Colina en el “Caso Basura”, según consta en sus correos electrónicos, su esposa fue contratada a honorarios en la misma municipalidad. El servicio de Bernardita Swinburn se extendió solo por ese mes y, de acuerdo a lo que señala su contrato, fue para “contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y autoestima de los adultos mayores”, con un pago de $1,6 millón (vea ese contrato).

Fotos enviadas por Matías Balmaceda

Balmaceda reconoce que él hizo las gestiones para conseguirle el contrato a su esposa, pero aclara que no tiene relación alguna con los honorarios que cobra por defender al alcalde Olavarría: “Ella le vendió diez vírgenes a la municipalidad. Ella se dedica a hacer varias manualidades y hace vírgenes de greda blanca. Ella las pinta, las adorna y yo le dije a Mario en su minuto ‘oye, sabes que tengo estas vírgenes, por qué no se las vendes a la gente’, porque las iban a regalar, entiendo, a la gente de los clubes de fútbol. Además, están las fotografías de cómo se entregaron las vírgenes en todos los clubes de fútbol”.

Al preguntarle qué tenía que ver eso con el “mejoramiento de la calidad de vida y autoestima de los adultos mayores”, el abogado amplió su explicación: “Entiendo que las vírgenes eran una forma de contribución a los mayores. Honestamente, no tengo idea de la glosa del contrato, lo que dice. Pero el contrato es simplemente por esas vírgenes, que entiendo se regalaron a los adultos mayores. En las fotografías que tengo son varios viejitos recibiendo las vírgenes”, concluyó (Balmaceda envió a CIPER copia de esas fotografías).

En todo caso, en el contrato de Bernardita Swinburn no se mencionan vírgenes, pero se estipula que la Dirección de Desarrollo Comunal (Dideco) será la encargada de visar los informes que respalden el servicio prestado. CIPER preguntó en ese departamento si existen respaldos de la entrega de vírgenes de greda blanca a adultos mayores en 2015, pero los funcionarios indicaron que sólo la encargada de relaciones públicas podía responder. Al consultar con ella, respondió que la solicitud debía hacerse a través del Portal de Transparencia, cuya respuesta puede tomar hasta 30 días hábiles.

La empleada doméstica del matrimonio Balmaceda-Swinburn, Eugenia Uribe Aceitón, también ha sido contratada a honorarios por la Municipalidad de Colina. El abogado admite que él hizo los contactos para conseguirle los dos contratos que se le han hecho. El primero es de 2014, por servicios que habría prestado entre octubre y diciembre como “apoyo actividades navideñas y de fin de año”, por $1,8 millón mensual (vea el contrato). Luego, entre noviembre y diciembre de 2015, se le volvió a contratar para “fomentar vínculos de la comunidad organizada, en el marco del programa recreación vecinal” por $2,2 millones mensuales (vea este contrato). En total, Eugenia Uribe ha recibido cerca de $10 millones pagados por la Municipalidad de Colina entre 2014 y 2015.

Fotos enviadas por Matías Balmaceda

En ambos contratos se consigna que la Dideco debe visar los informes que den cuenta del trabajo realizado por Eugenia Uribe. CIPER preguntó a la actual directora de esa repartición, Amory Hormazábal, por estos servicios y sus informes de respaldo, pero la funcionaria explicó que no tiene conocimiento del caso, ya que solo lleva un mes en el cargo, y que los informes también debían ser pedidos a través de la Ley de Transparencia.

Matías Balmaceda explicó que los dos contratos de Eugenia Uribe fueron por panes de pascua que ella vendió al municipio:

-Los hizo en mi casa. Yo le compré un horno. Ella es nana. Para que te hagas una idea, ella viene de Los Ángeles, un poquito hacia adentro, y tiene que costear la educación de dos hijos. La verdad es que a las nanas no les da para poder costear la educación de los hijos. A mí se me ocurrió, en particular fue idea mía, que ella hiciera panes de pascua para el municipio, porque los hace muy ricos. Fueron 1.500 panes. Yo los fui a dejar y cada pan vale entre $2.000 y $2.500 en el mercado. Es el segundo año que hace panes de pascua y en 2016 también los va a hacer. Yo hice la gestión para que ella tuviera ese contacto y no me arrepiento. Donde haya que decirlo, lo voy a hacer, porque es una forma de ayudar a la gente que lo necesita.