Los millonarios negocios con el Estado de las empresas que creó Cristián Riquelme

Cristián Gonzalo Riquelme Urra está en un lugar incómodo. Políticos de todos los sectores llevan meses pidiendo que sea removido de su cargo de director administrativo de la Presidencia de la República. Se ha puesto bajo la lupa su gestión y el patrimonio que ha declarado, pero hay otros aspectos de las finanzas de Riquelme que abren signos de interrogación y que tienen que ver con los negocios que inició luego del primer gobierno de Michelle Bachelet, en el que también fue administrador de La Moneda. CIPER siguió la pista de dos empresas que formó durante ese periodo y se encontró con que ambas registran millonarios contratos con el Fisco entre 2013 y 2015. En total, acumulan pagos por $417 millones en 39 órdenes de compra, la gran mayoría por servicios prestados al sistema de salud pública durante este gobierno.

Aunque Riquelme ya no figura como socio en estas compañías, las dejó en manos de personas de su entorno. En Comercial A y R (que utiliza como nombre de fantasía Socoar), su cónyuge Ada Álvarez, trabajadora social, aparece con el 65% de las acciones, mientras que el otro 35% está en manos de David Arévalo Lucabech, quien fuera jefe de adquisiciones de la Presidencia en el anterior gobierno de Bachelet, es decir, cuando Riquelme era su jefe directo. En el caso de Greentec, la segunda sociedad que figura con pagos desde el Estado, Riquelme intentó traspasar sus acciones a su esposa, pero la transacción era ilegal y debió ser anulada seis meses después. La participación terminó en manos del otro socio, Julio Campos Quintana, quien al igual que él es ingeniero civil industrial de la Universidad del Bio Bio.

Riquelme logró sobrevivir a la razzia que se produjo en mayo pasado, cuando tras la remoción de Rodrigo Peñailillo del Ministerio del Interior, fueron despedidos gran parte de los integrantes de la llamada Generación de los años 90 del PPD (G-90), con la que se le identifica. Pero poco después caería en desgracia por el llamado Caso Caval. Su declive comenzó cuando se supo que en abril de 2015 recibió en La Moneda al ex operador de la UDI Juan Díaz, quien le solicitó que hiciera gestiones para que la nuera de Bachelet, Natalia Compagnon, le pagara una deuda. Todo, en medio de la tormenta del caso Caval, lo que terminó de aislarlo políticamente.

Hasta su propio partido lo dejó caer, lo que quedó en evidencia la semana pasada cuando el secretario general del PPD, Óscar Santelices, si bien cuestionó que se haga un “juicio anticipatorio”, dijo que “lo más conveniente es que dé un paso al costado”, según reportó la Radio de la Universidad de Chile. Pero hasta ahora Riquelme ha contado con el único apoyo que importa para su puesto: el de Bachelet. El ingeniero no sólo ha estado a cargo de las cuentas de la Presidencia en sus dos gobierno, sino que durante la última campaña administró la Sociedad Marketing Asesorías y Eventos Limitada (Somae), creada para manejar el gasto electoral.

Este miércoles 10 de febrero Cristián Riquelme debió presentar una nueva versión de su declaración de patrimonio, luego de que un grupo de parlamentarios cuestionara que faltaba información en la versión publicada en la página web y el ministro del Interior, Jorge Burgos, le sugiriera a través de la prensa agregar los datos omitidos. La nueva declaración da cuenta de que acumula más de $570 millones en bienes raíces (ver documento). Registra además dos créditos hipotecarios, poco más de $800 mil en tres cuentas corrientes, fondos mutuos por $7,1 millones y un APV con $1,1 millones ahorrados. Como administrador de La Moneda tiene actualmente un sueldo bruto de $7,7 millones mensuales.

CAMILLAS, SILLAS DE RUEDAS Y CATRES CLÍNICOS

Comercial A y R, o Socoar, se presenta en su sitio web como una empresa proveedora de insumos y equipamientos médicos, lo que se confirma al revisar los contratos que registra con el sistema público. La sociedad fue constituida el 5 de julio de 2010 por Cristián Riquelme y su esposa, con un capital de $3 millones, cifra que completaron en partes iguales, por lo que cada uno se quedó con el 50% de las acciones. Ambos también quedaron a cargo de la administración y la representación legal de la firma. Y aunque al momento de la constitución su objeto fue amplio (representación de firmas nacionales o extranjeras y comercialización de bienes muebles e inmuebles), en la práctica se han dedicado a la venta de infraestructura médica. Según la información que entregaron en la Expo Hospital que se realizó en 2015, tienen la representación de la empresa radicada en Miami Advanced Instrumentations.

Riquelme permaneció como socio de A y R hasta varios meses después de haber vuelto a La Moneda, el 11 de marzo de 2014. El 30 de septiembre de ese año se produjo el primer cambio societario de la compañía desde su creación. Le vendió sus acciones a su padre, José Miguel Riquelme Sanhueza, por $1,5 millones. Más de un año después, el 13 de noviembre de 2015, la sociedad sufrió una nueva modificación. Esta vez el padre de Cristián Riquelme vendió su participación en la sociedad y traspasó el 15% a Ada Álvarez (su nuera, que quedó con el 65%) por $500 mil, y el restante 35% a David Arévalo Lucabech, por $1 millón. La escritura, alojada en la Notaría de Sergio Carmona, establece que a partir de esa fecha David Arévalo se transforma en el representante legal de la sociedad.

Arévalo es administrador público y al momento de asociarse con el negocio de los Riquelme solo se reencontraba con alguien con quien había compartido labores en La Moneda. El 22 de enero de 2007 ingresó como profesional a la Presidencia de la República, mientras Riquelme ejercía como su jefe en la misma repartición. Según el sitio de Transparencia Activa de La Moneda, desde 2008 fue jefe de Adquisiciones de la Presidencia. Se mantuvo en ese cargo hasta el  23 de septiembre de 2010. Así fue pavimentando su camino desde el aparato público como un experto en licitaciones.

Durante el gobierno de Sebastián Piñera, David Arévalo continuó especializándose en el sistema de compras del Estado. Entre noviembre de 2012 y septiembre de 2013 trabajó en el Hospital Roberto del Río y en los registros de algunas licitaciones figura como analista de compras, el responsable del contacto con los proveedores. Con ese curriculum, y siendo hombre de su confianza desde el primer periodo de Bachelet en La Moneda, Arévalo se transformó en la persona perfecta para asumir la administración del negocio familiar de Riquelme, más aún cuando lo que ofrece Comercial A y R, o Socoar, es la venta de insumos para los servicios de salud del país. De la mano de su ex jefe, Arévalo dio el salto del mundo público al privado. El hecho cobra relevancia ya que el Hospital Roberto del Río aparece como el principal pagador de la otra sociedad ligada a Cristián Riquelme, Greentec.

Consultado por CIPER, Arévalo afirmó que no tiene ninguna relación con Greentec y que cuando trabajó en el Hospital Roberto del Río se encargaba de abastecimiento y evaluación de proveedores. Respecto a A y R, Arévalo sostuvo que “este es un negocio que en la actualidad no tiene nada que ver con él (Cristián Riquelme), ni con los rubros a los que él se dedica, por lo que no existe incompatibilidad. Nosotros tenemos red de clientes públicos y privados. Nos dedicamos a la importación y venta de insumos. La señora de Cristián Riquelme, Ada Álvarez, trabaja en la empresa igual que yo”.

Actualmente la dirección de Comercial A y R (Socoar) está en José Miguel de la Barra 536 oficina 601, que es propiedad de Harold Correa Angulo, Alex Matute Johns y Daniel Ulloa Iluffi, quienes lo adquirieron el 23 de agosto de 2010 por 1.000 UF. Según registros del Conservador de Bienes Raíces, el mismo trío también es dueño del vecino departamento 602, del mismo edificio. Esa oficina también figuró como domicilio de  Harold’s & Johns Business & Law Limitada, propiedad de Harold Correa (G-90, ex jefe de gabinete en el Ministerio de Educación) y Alex Matute, firma que se ha visto envuelta en la investigación por financiamiento político irregular: aparece recibiendo dineros rectificados de empresas del Grupo Angelini, a fines de 2012 realizó pagos al ex ministro Rodrigo Peñailillo y recibió un préstamo de Asesorías y Negocios, la sociedad de Giorgio Martelli que financió la precampaña de Bachelet. El tercer dueño de la oficina, Daniel Ulloa, al igual que Correa, es militante PPD y fue Director Nacional de Obras Portuarias durante el anterior gobierno de Bachelet.

Desde esa céntrica oficina A y R ha desarrollado sus negocios con distintas instituciones de salud del Estado. El 1 de octubre de 2014, un día después de que Cristián Riquelme le vendiera a su padre su participación en la empresa, vencía el plazo para presentar ofertas para la licitación de un “convenio marco”, que incluía mobiliario clínico. Estos convenios permiten ingresar a un catálogo de empresas, a las cuales las instituciones públicas pueden comprar sin necesidad de hacer licitaciones (revisar convenio marco que integró Comercial A y R).

A y R (Socoar)  logró ser incluida en ese convenio marco, lo que ha resultado un buen negocio. Durante 2015 obtuvo 27 contratos con organismos públicos por $188 millones. De éstos, 22 se los adjudicó gracias al convenio, por un total de $142 millones.

El primer beneficio lo obtuvo en enero de 2015,  cuando el Hospital Augusto Essmann Burgos, ubicado en la comuna de Puerto Natales, le transfirió $1,2 millones por 20 sillas de ruedas estándar. Hasta abril de 2015, la empresa continuó proveyendo de sillas de ruedas a organismos como el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio y el Sence. Las sillas estándar no son caras ($59 mil cada unidad), por lo que las mayores transferencias de dinero no se ubicaron en este periodo.

Ya el 9 de junio de 2015 aparecen pagos mayores. Ese día el Hospital Claudio Vicuña firmó una orden de compra de $9,2 millones por cinco catres clínicos eléctricos. El 4 de noviembre del mismo año el Servicio de Salud de Iquique transfirió otros $8,3 millones por 40 veladores para pacientes. De ahí en adelante se incrementaron los pagos. El mismo 4 de noviembre el Hospital San José emitió dos órdenes de compra por un total de $88 millones por 20 catres clínicos.

El Hospital San Juan de Dios de Los Andes pagó $11 millones el 23 de noviembre del año pasado por seis catres clínicos, mientras que el Hospital de Valdivia canceló otros $14,6 millones el 7 de diciembre por el arriendo durante un mes de siete monitores de signos vitales (revise la totalidad de las órdenes de compra emitidas por organismos públicos a Comercial A y R).

UN NEGOCIO G-90

La sociedad Greentec Proyectos de Ingeniería y Mantención Industrial Limitada fue constituida el 18 de diciembre de 2010 por amigos cercanos que formaban parte de la llamada G-90, la generación de militantes PPD que adquirió poder en el aparato público de la mano de Rodrigo Peñailillo, su líder, cuando éste llegó al Ministerio del Interior en marzo de 2014. Antes se habían fogueado en cargos de asesores durante los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet (2000-2010).

En la constitución de Greentec participaron Cristián Riquelme, Flavio Candia Gallardo (jefe de la Unidad de Análisis Estratégicos de Interior durante la gestión de Peñailillo), y Julio Campos Quintana (quien estudió ingeniería en la Universidad del Bio Bio, a la que también asistieron Riquelme y Peñailillo). El domicilio legal se estableció en un departamento de Ñuñoa, en la calle José Domingo Cañas, que es el domicilio personal de Riquelme.

Los pagos del Fisco a Greentec comenzaron el 15 de noviembre de 2013 –dos días antes de que la entonces candidata Michelle Bachelet ganara la primera vuelta de las elecciones presidenciales–, cuando Capredena le pagó $1,9 millones por la instalación de pisos laminados. Después de eso, el Hospital Roberto del Río sería el único cliente estatal de Greentec. Un buen cliente. En total, el hospital le ha pagado $228 millones, de los cuales $86 millones han tenido lugar durante la administración Bachelet.

El primer cambio societario de Greentec ocurrió el 24 de enero de 2013, cuando Flavio Candia vendió su participación (33%) a Rocío Millaray Manzanares Ferrada por $300 mil. Cambiaron el nombre a Asesorías e Inversiones Greentec Limitada y quedaron entonces como socios Cristián Riquelme, Julio Campos y Rocío Manzanares, la misma persona que asumió como fiadora y co deudora solidaria de Candia en la compra de un terreno en Peñalolén que éste concretó en 2014 junto a Riquelme (ver recuadro).

El mismo día que Michelle Bachelet volvió a la Presidencia, el 11 de marzo de 2014, Cristián Riquelme quiso retirarse de Greentec. Hizo un movimiento errático, ya que primero intentó vender su 34% de las acciones a su mujer, Ada Álvarez, por $300 mil. Sin embargo, la ley se lo impedía. El artículo 1.796 del Código Civil señala que “es nulo el contrato de compraventa entre cónyuges no separados judicialmente”, por lo que tuvo que anular esa operación y seis meses después, el 24 de septiembre, transferir sus acciones a Julio Campos, el otro socio. De esta forma, Campos quedó con el 67% de las acciones y Rocío Manzanares con el restante 33%.

Durante ese periodo, entre que trató de venderle a su esposa y terminó vendiendo a Campos, Greentec prestó servicios por $39 millones al Estado.

Los contratos con el Hospital Roberto del Río comenzaron antes de que asumiera su cargo público. El primer pago fue también el más grande: el 21 de febrero de 2014, el recinto hospitalario canceló $139,4 millones por la reparación de los quirófanos 5, 6 y 7. La siguiente orden de compra se giró cuando Riquelme y compañía ya estaban instalados en La Moneda: el 30 de mayo de 2014 el mismo Hospital Roberto del Río pagó otros $24,9 millones por la instalación y reparación del sistema de climatización de pabellones quirúrgicos. A pesar de que en el papel Riquelme ya había salido de Greentec, la orden de compra está a su nombre y su domicilio particular continúa apareciendo como la residencia legal de la empresa (ver orden de compra).

Julio Campos, socio de Greentec.

El nombre de Cristián Riquelme aparece como contraparte del hospital en las órdenes de compra fechadas el 30 de mayo, 14 de julio, 13 de noviembre y 5 de diciembre de 2014, todas asignadas por trato directo. Su nombre figura además en otra orden emitida el 2 de febrero de 2015(ver orden de compra), aunque Julio Campos es quien firma el contrato. En esa ocasión sí hubo licitación, pero Greentec fue el único oferente. El domicilio legal asociado a Greentec nunca dejará de ser el departamento personal de Riquelme ubicado en Ñuñoa. Incluso otra orden de compra emitida el 15 de agosto de 2015ver orden de compra vuelve a instalar a Cristián Riquelme como destinatario.

En total, Greentec ha recibido $228 millones desde el Fisco, y de ese total la inmensa mayoría proviene del Hospital Roberto del Río. Antes de que Riquelme y compañía aterrizaran en La Moneda se produjeron dos pagos por un total de $141 millones. El resto se canceló cuando ya ocupaba su cargo en la administración bacheletista (revise la totalidad de las órdenes de compra emitidas por organismos públicos a Greentec).

COMPAÑEROS Y VECINOS

Cristián Riquelme y el ex ministro Rodrigo Peñailillo se conocen desde que eran adolescentes. Fueron compañeros de estudios en el Liceo A-49 de Coronel y en la Universidad del Bio Bio, donde Riquelme cursó ingeniería civil industrial y Peñailillo ingeniería comercial. Ambos siguieron la misma ruta participando en la campaña presidencial de Ricardo Lagos en 1999, y luego del triunfo de éste en las urnas pasaron a formar parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, fichados por Francisco Vidal (PPD). Fue su ingreso al aparato público.

De esa historia de ascenso pasaron 15 años, hasta que ambos chocaron de frente con un escándalo político que terminó derribando al ex ministro del Interior. Luego, los fuertes cuestionamientos de la derecha y el oficialismo que apuntan a Riquelme por su rol en el caso Caval y por el manejo de platas políticas en medio de la campaña presidencial de 2013, terminaron de poner al administrador de La Moneda entre las cuerdas.

Riquelme administraba la Sociedad Marketing Asesorías y Eventos Limitada (Somae), creada en abril de 2013 especialmente para administrar las platas del comando presidencial. Según el Diario Oficial, fue inscrita por Jonny Heiss (actual coordinador de tecnología en el Ministerio de Educación, Mineduc), y José Luis Sepúlveda (administrador público, ex jefe de gabinete en la Secretaría General de Gobierno entre enero y abril de 2009, asesor del Mineduc en diversos periodos y actual director del Instituto de Gestión Pública de la Universidad Central).

El rol jugado por Riquelme como administrador de las platas de la Presidencia durante los dos periodos de Bachelet, además de su protagonismo en el manejo de las platas de su segunda campaña, han abierto la interrogante respecto a cuánta información reservada maneja. El recaudador de dineros para campañas del oficialismo, Giorgio Martelli (hoy formalizado por la Justicia) reconoció ante el Ministerio Público que Riquelme le solicitó un préstamo durante el desarrollo de la campaña presidencial de 2013.

Esa información fue revelada por El Mostrador el 10 de septiembre de 2015, dando cuenta de traspasos por $32,5 millones desde la cuenta corriente personal de Martelli a la de Riquelme entre marzo y agosto de 2013. Martelli reconoció ante los fiscales que se trató de platas políticas: “Mi relación con él (Riquelme) fue una relación exclusivamente de trabajo para la futura campaña, al final de la gestión activa de AyN (Asesorías y Negocios) nos reuníamos en su casa, en mi domicilio, cafés y en la oficina de Peñailillo, ubicada en (Francisco) Bilbao con Antonio Varas, en la Fundación Dialoga, y también en la casa de Peñailillo, ya que Cristián Riquelme vivía al lado de Peñailillo, en Ñuñoa. Nos reuníamos por temas políticos pero con el tiempo nos fuimos haciendo amigos, estas reuniones fueron hasta fines de la campaña, es decir, hasta comienzos de 2014”, aseguró Martelli el 13 de noviembre pasado frente a la fiscal Carmen Gloria Segura.

Las reuniones en Ñuñoa a las que hace mención Martelli en su declaración judicial se realizaron en los departamentos que Riquelme y Peñailillo compraron en 2005 en Ñuñoa, en la calle José Domingo Cañas, donde compartieron edificio hasta hace poco tiempo.

Según registros del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, el 21 de junio de 2005 en la Notaría de René Benavente Cash, Rodrigo Peñailillo le compró a la Inmobiliaria Simonetti el departamento 72, ubicado en el séptimo piso de un edificio de la comuna de Ñuñoa, en la calle José Domingo Cañas. Además del inmueble, la compra incluyó una bodega y un estacionamiento. El monto del traspaso fue de $60,5 millones. Apenas 17 días después, el 8 de julio, su amigo Cristián Riquelme compró un departamento en el mismo edificio, un piso más arriba, el número 86, también acompañado por bodega y estacionamiento. Por la propiedad, Riquelme pagó UF 3.410 (equivalentes a $59,7 millones de la época). Ambos vivieron en el edificio casi 10 años.

En esos departamentos, según Martelli, se desarrollaron parte de las reuniones de la precampaña y campaña presidencial de Bachelet, las que habrían durado “hasta inicios de 2014”. Durante ese año, según aseguran en el edificio de José Domingo Cañas, Peñailillo entregó en arriendo su departamento, periodo que coincide con su llegada al Ministerio del Interior.

El caso de Cristián Riquelme es distinto. Hasta el día de hoy, según afirman en el edificio, el administrador de La Moneda reside en el departamento. Esa misma dirección aparece como domicilio legal de las dos sociedades que tuvieron contratos con el Estado: Asesorías e Inversiones Greentec Ltda. y Comercial A y R Ltda., cuyo nombre de fantasía es Socoar.

Ese departamento figura en la opaca declaración patrimonial que Riquelme actualizó esta semana en medio del coro público que brega por su salida del cargo.  Según esa declaración, el avalúo fiscal hoy alcanza a $68 millones, mientras que su valor comercial llegaría a $135 millones. A eso se deben sumar los $5 millones que según él cuestan en el mercado la bodega y el estacionamiento que están asociados a ese inmueble.

La casa que la declaración de Riquelme ubica en la ciudad de Lota corresponde a un inmueble que le compró en 2008 a su suegra, Ada Aravena Ruiz, por $18 millones, a pesar que hoy él sitúa su avalúo comercial tan solo en $14 millones.

Alexi Ríos, militante PPD y socio de Cristián Riquelme

Respecto del terreno que según su declaración compró en 2015 en Chillán (avaluado comercialmente en $25 millones), CIPER no encontró huellas en el índice virtual del Conservador de Bienes Raíces de esa ciudad. A esto hay que sumar un terreno en Peñalolén (ver recuadro), con lo cual el patrimonio inmobiliario de Riquelme suma –según sus propios cálculos– más de $570 millones.

De lo que este medio sí encontró indicios es de una sociedad comercial que hasta ahora no ha sido mencionada y que Riquelme omitió en su declaración patrimonial: En julio de 2012 constituyó la Sociedad de Marketing y Asesorías Los Ríos Limitada, junto a Alexi Ríos Díaz (militante PPD, cercano a la G 90 y asesor en la Dirección General de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Playa Ancha).

El registro en el Diario Oficial consigna que el objeto de la firma es la “asesoría financiera, económica, política, administrativa y publicitaria de personas naturales y jurídicas; la realización de eventos culturales, deportivos, sociales y políticos; el desarrollo de colectas públicas; de campañas de recaudación de fondos; de actividades de promoción y marketing de marcas comerciales, de productos, de personalidades, de imágenes corporativas y afines; pudiendo administrar dichos fondos y destinarlos a la compra y/o arriendo de bienes y servicios que tengan por objeto la realización de cualesquiera de los objetos previamente enunciados”. Los Ríos Limitada también utiliza como domicilio legal el departamento de Riquelme en José Domingo Cañas.

Según el registro del Servicio de Impuestos Internos, Los Ríos registra actividad tributaria entre 2012 y 2013. Aunque está vigente, no ha registrado nuevos movimientos societarios. No hay registros públicos que indiquen que Riquelme haya dejado de participar en esa sociedad, sin embargo no la incluyó en su declaración de patrimonio.