La lista de Roberto Carrasco, el otro “garganta profunda” de las platas negras de la política

El 4 de noviembre de 2015 a las 09:40 horas se inició la cuarta declaración judicial de Roberto Carrasco, ingeniero comercial, asesor tributario y gestor de proyectos inmobiliarios. Hasta ese día la participación de Carrasco en el fraude tributario asociado al Grupo Penta solo se remitía a cinco  de los contratos forwards que el grupo utilizó para pagar bonos a ejecutivos, financiar campañas electorales y retirar utilidades evadiendo el pago de tributos. Transcurridos nueve meses de la querella que presentó el Servicio de Impuestos Internos (SII) en su contra, la situación había cambiado. Los fiscales habían accedido a la contabilidad de una de sus empresas –Asesorías VSA- la que escondía otros secretos. Consciente de que su marca en los forward hacía casi imposible evitar la prisión preventiva, ese día de noviembre Carrasco decidió colaborar. Fue así como se convirtió en la segunda “garganta profunda” del Caso Penta.

Carrasco inició su relato indicando que, a fines de 2012, cuando Laurence Golborne se preparaba para dejar su cargo de ministro de Obras Públicas del gobierno de Sebastián Piñera, su amigo le pidió utilizar una de sus empresas para facturar ingresos con el fin de disfrazar aportes a su próxima campaña presidencial, la que se inició apenas abandonó el gabinete, el 5 de noviembre de 2012. “Yo accedí y le dije que bueno”, declaró Carrasco, quien pasó a enumerar las empresas que participaron de esa operación: Banco BCI, Ripley, Inversiones Caburga, Inversiones Santa Virginia, Inmobiliaria Ecomac, CAP, Watts, Inversiones Longovilo, Inversiones Paso Nevado y GT Advisors.

En total, las diez empresas aportaron –según la versión de Carrasco- una suma cercana a los $160 millones a la campaña de Golborne, la que no alcanzó a llegar a las primarias presidenciales de su sector, en junio de 2013, luego de que se revelara que era el titular de una sociedad en un paraíso fiscal. Aún así, luego Golborne intentó llegar al Senado por Santiago, pero fue derrotado en las urnas.

Su decisión de ayudar al candidato de la UDI obedeció –dijo Carrasco- a la relación de amistad que los unía desde hacía más de 25 años: “Lo conocí cuando fui a vender mis servicios como Siglo a Chilgener y él era el gerente de administración y finanzas de esa empresa. Luego nos compramos un sitio vecino en el Santuario del Valle en La Dehesa. Y finalmente tuvimos a los hijos en el mismo colegio, el Mayflower”. La relación de amistad continuó profundizándose en medio de negocios inmobiliarios y viajes al extranjero: “Fuimos juntos al mundial de Sudáfrica”, confidenció a la Fiscalía. La complicidad entre ambos también dio pie para la solicitud de favores.

Servicio Impuestos Internos

Esa declaración de Roberto Carrasco se convirtió así en la primera prueba que puso a las diez empresas que hicieron aportes a la campaña de Golborne en la lista de las compañías bajo sospecha de haber financiado la política de manera irregular. Las cinco primeras – Banco BCI, Ripley, Inversiones Caburga, Inversiones Santa Virginia e Inmobiliaria Ecomac– presentaron rectificaciones ante el SII asumiendo que realizaron pagos que no contaban con respaldo contable, y que podrían ser aportes irregulares a campañas políticas. Con ese reconocimiento, y pagando los impuestos e intereses que se habían eludido, bastaría para dejarlas fuera de la investigación. Eso pensaron.

Pero no fue así. Porque la investigación ha continuado. A ello ha contribuido que de las cinco empresas restantes, el SII ha informado que tres de ellas no rectificaron: CAP, Watts y GT Advisors. Y de las otras dos –Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado-, hasta el momento no hay información oficial del SII.

NOVEDADES EN LAS RECTIFICACIONES

Hace casi un año, el 12 de marzo de 2015, el SII realizó un llamado a las empresas para que acudieran a rectificar sus declaraciones de impuesto a la renta si es que detectaban pagos irregulares realizados entre 2009 y 2015. El  proceso incluía el pago de los impuestos adeudados más intereses y multas. Entre esos pagos sin respaldo contable se cuentan los aportes a la política, mediante el mecanismo de girar dinero a cambio de la presentación de boletas o facturas falsas.

El llamado se realizó en medio del conflicto político generado por los casos Penta y SQM, por lo que se entendió como un intento por darle una salida administrativa a los ilícitos tributarios cometidos por algunas empresas al financiar irregularmente a políticos. Se trató de un periodo acotado, ya que Impuestos Internos determinó como fecha límite para rectificar el 30 de junio del año pasado. Aunque el SII se ha negado a transparentar el listado de empresas que participaron del proceso, la investigación de la Fiscalía aporta datos nuevos sobre algunas de ellas.

El 16 de noviembre de 2015 el entonces fiscal nacional, Sabas Chahuán, envió un oficio al SII solicitando las declaraciones rectificatorias de impuesto a la renta efectuadas por las empresas mencionadas por Roberto Carrasco en su declaración. Tres semanas después, el 7 de diciembre, el Departamento de Defensa Judicial del SII envió las rectificaciones presentadas por Banco BCI, Ripley, Inmobiliaria Ecomac e Inversiones Santa Virginia. La Fiscalía ya tenía la rectificación de Inversiones Caburga, pues formó parte de un paquete de antecedentes enviados por el SII a propósito del financiamiento de Soquimich a la campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

En el mismo oficio, Impuestos Internos informó que ni CAP ni Watts ni GT Advisors rectificaron, y que respecto de Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado “no se tienen antecedentes ni se han auditado por el año tributario 2015”.

Juan Hurtado Vicuña

Entre las empresas que no registran rectificaciones, según la información proporcionada por Impuestos Internos, destacan las dos controladas por el Grupo Hurtado Vicuña: Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado. En conjunto son las que más dinero aportaron a la campaña de Golborne: $50 millones a través de dos facturas giradas el mismo día, 13 de diciembre de 2012. Sus dueños constituyen un grupo empresarial con presencia en diversos sectores de la economía: participan en el grupo controlador de Entel, Consorcio Financiero y la Universidad Santo Tomás, además de poseer la minera Pucobre, y la Inmobiliaria El Almendral, entre otros numerosos negocios.

El grupo es encabezado por los seis hermanos Hurtado Vicuña: Juan, Pedro, José, Nicolás, María Mercedes y María Victoria (esposa del ex senador y ex presidente de RN, Carlos Larraín). El líder del clan es Juan Hurtado Vicuña, quien el 10 de septiembre de 1984 constituyó Inversiones Longovilo junto a Ricardo Rivadeneira Monreal (uno de los fundadores de RN, fallecido en 2011). Esa sociedad de inversión fue creciendo y ya en junio de 2007 poseía un capital de $6.200 millones y en su control estaban todos los hermanos Hurtado Vicuña.

Inversiones Paso Nevado es la continuadora de Minera Quellón (creada en 1984 por José Hurtado Vicuña y Ricardo Rivadeneira), la que en 1990 adoptó su nombre actual y que desde ese mismo año incorporó a los hermanos Hurtado Vicuña a su propiedad. En 2014 su capital llegaba a $53.285 millones. Paso Nevado es una de las sociedades de la familia que posee acciones en Almendral S.A., a través de la cual controlan Entel en asociación con Eduardo Fernández León, José Antonio Garcés, y los grupos Izquierdo, Matte y Gianolli (ver toma de control de Entel).

El Grupo Hurtado Vicuña es uno de los más ricos del país. Según el ranking elaborado por la Universidad del Desarrollo correspondiente al tercer trimestre de 2015, se ubica en la sexta posición entre los 33 grupos evaluados.

La Compañía de Aceros del Pacífico (CAP) es otra de las grandes empresas que figuran en el listado de Roberto Carrasco y que no rectificaron pagos frente al SII. Según el testimonio del ingeniero, el 14 de noviembre de 2013 la empresa siderúrgica realizó un giro por $5 millones a Asesorías VSA, la empresa utilizada por Carrasco para recolectar dinero para la aventura electoral de Laurence Golborne.

Aunque el control accionario de CAP lo tiene el empresario Juan Rasshmuss (empresario peruano radicado en Chile, tiene cerca del 40% de las acciones a través de diversas sociedades), el poder histórico en la empresa es ejercido por Roberto de Andraca, presidente de los directorios de CAP y de Invercap, la sociedad que posee el 31,32% de las acciones de la compañía. En diciembre de 2014 un artículo de El Mostrador relató las diferencias entre Rassmuss y De Andraca y cómo opera el poder de ambos al interior de la empresa.

Además de las sociedades de los Hurtado Vicuña y de CAP, la empresa alimenticia Watts también aportó a la campaña de Golborne, a través de VSA, la empresa de asesorías tributarias de Carrasco. Las marcas Loncoleche, Calo, Wasil, Yogu Yogu, aceites Belmont y Chef, Regimel y la Viña Santa Carolina son parte de Watts. La empresa es controlada por Fernando Larraín Peña, quien es supernumerario del Opus Dei y uno de los dueños de Larraín Vial. Otro de los controladores de ese fondo de inversiones, Leonidas Vial, también participa en el directorio de Watts.

Según lo relatado por Carrasco a la Fiscalía, el 4 de noviembre de 2013 Watts pagó $5 millones a VSA por un trabajo no realizado, y que tenía como fin donar dinero a la campaña senatorial de Laurence Golborne.

Respecto de la quinta sociedad involucrada en los aportes a Golborne que no registra rectificaciones, Roberto Carrasco declaró tener dudas. Pero de todas formas señaló a la Fiscalía que el 15 de noviembre de 2013, GT Advisors Asesorías e Inversiones pagó $2 millones a VSA. GT es la continuadora legal de “Guillermo Tagle y Compañía Limitada”. Tagle acaba de abandonar la presidencia de Icare y preside IM Trust, además de ser profesor en la Universidad Católica. Fue también uno de los más leales seguidores del sacerdote Fernando Karadima al punto de haber administrado por años los dineros de la Parroquia El Bosque.

Mientras la investigación de la Fiscalía sigue su curso, la incógnita que resta por resolver es qué hará Impuestos Internos con la contundente declaración de Roberto Carrasco y las diez empresas que, según ha quedado acreditado, también entregaron aportes ilegales a la campaña de Golborne. De hecho, ya el presidente del BCI, Luis Enrique Yarur, reconoció el fin político de las donaciones, asegurando que con ello buscaba aportar a quienes defenderían el modelo de libre mercado.

LA RUTA DE UN EXPERTO ASESOR TRIBUTARIO

La historia de Carrasco se había desarrollado sin tropiezos hasta fines de 2014, cuando comenzó a revelarse la trama de los delitos tributarios del Grupo Penta, una historia en la que él juega un rol protagónico. Pero hasta entonces, quien se inició como un modesto contador de la Caja Bancaria de Pensiones (que luego se transformaría en Banmédica, cuyo control está en manos del Grupo Penta y Eduardo Fernández León) solo había sabido de éxitos y ascensos. Un reportaje de la revista Qué Pasa relató como el ingeniero comercial a mediados de los ‘90, llegó a ser el contralor de Banmédica, holding en el que participan las clínicas Santa María, Dávila y Américo Vespucio, además de la Isapre Vida Tres, clínicas regionales, Help y que además tiene inversiones en Perú y Colombia.

En paralelo a su trabajo en Banmédica, Carrasco levantó su primera inversión particular: Siglo XXI, la que luego evolucionó efn Siglo Outsourcing, la firma que controla a VSA. Desde 2005 las oficinas de Siglo se ubicaron frente a las de Banmédica, en calle Hendaya, en Las Condes. Testimonios recogidos por Qué Pasa dan cuenta de cómo Carrasco se asoció con otros ejecutivos de Banmédica y Penta, como Carlos Kubick y Héctor Concha, para hacer negocios. Los mismos testimonios relatan que muchas veces personal contratado por la empresa de salud debía cumplir funciones para la sociedad de Roberto Carrasco.

Los negocios del amigo de Golborne no se limitan a la asesoría tributaria que realiza a través de Siglo y de VSA. El Diario Oficial da cuenta de varios de sus emprendimientos inmobiliarios. Casi nunca está solo en ellos, y ha sido socio del mismo Golborne, de Héctor Concha y del ex ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín. Roberto Carrasco es un hombre que se mueve cómodo en el mundo de la derecha. En 1997 constituyó Trycom, empresa de asesorías, junto al ex subsecretario Julio Dittborn (UDI), a la ex ministra Magdalena Matte (cónyuge del actual presidente de la UDI, Hernán Larraín), Isabel Margarita Lanas y Juan Illanes. Aunque a poco andar él se hizo con la propiedad de la firma. A la vez, ha sido asesor tributario de Joaquín Lavín, Pablo Wagner (imputado en la arista SQM), y del mismo Golborne.

La declaración que hizo el ingeniero comercial en noviembre pasado en la Fiscalía marcó un hito inédito en la investigación del financiamiento irregular de la política: es la primera vez que un imputado reconoce movimientos para financiar una campaña electoral que involucra a tantas empresas al mismo tiempo. El nuevo paquete forma parte de la arista Penta, a cargo del fiscal regional oriente, Manuel Guerra, quien tiene plazo para investigar hasta fines de marzo.

Pese al cúmulo de pruebas que se han acumulado en el expediente relacionadas con los pagos ilegales de las diez empresas mencionadas por Roberto Carrasco, hasta ahora Impuestos Internos no se ha pronunciado.

La única querella que pesa sobre el amigo de Laurence Golborne fue presentada por Impuestos Internos el  2 de marzo de 2015. Carrasco fue incluido en una acción legal contra 27 personas ligadas al Grupo Penta que participaron en la firma de contratos forward irregulares (Ver reportaje CIPER «Contratos forward: así se rompió el secreto de la mayor fórmula de evasión tributaria de Penta«). Se lo acusa de firmar cinco forward: tres con Penta S.A., uno con Inversiones Penta III y uno con Inmobiliaria Duero, sociedad familiar de Carlos Alberto Délano. A ello se agrega un contrato de asesorías de VSA  con Penta, que también resultó ficticio: el holding pagaba dineros a VSA para que esta a su vez pagara bonos a sus ejecutivos, utilizando boletas falsas.

Si se sigue la ruta de sus declaraciones, es posible constatar que Roberto Carrasco no tuvo en el inicio disposición a colaborar. En su segunda declaración ante los fiscales, el 19 de febrero de 2015, Carrasco mintió. En esa ocasión señaló: “No existen otros contratos de forward, ni de asesorías ni facturas irregulares con otras empresas, solo lo que he indicado”.

Debieron pasar nueve meses para que el dueño de VSA reconociera la existencia de facturas falsas como vehículo para recolectar dinero para la campaña presidencial de Laurence Golborne.

Fuentes cercanas a la defensa de Carrasco y Golborne, asumida por el abogado Juan Pablo Kinast, afirmaron a CIPER que están abiertos a lograr un acuerdo que posibilite un juicio abreviado, pero para ello es necesario que Impuestos Internos presente una nueva querella.

Roberto Carrasco tiene un blog en internet donde comparte noticias relacionadas con su labor de toda la vida: la asesoría tributaria. De hecho, la principal noticia que aparecía destacada el jueves 4 de febrero de 2016, era la condena al futbolista Javier Mascherano por fraude fiscal. No hay ninguna referencia a la investigación judicial en la que Carrasco es un importante protagonista por delitos tributarios reiterados. Y se entiende: de no mediar la colaboración que el dueño de VSA decidió prestar el 4 de noviembre pasado ante los fiscales, cuando reveló las diez empresas que aportaron fondos a la campaña de Golborne, al momento de su formalización en tribunales no habría podido evitar la prisión preventiva.

EL MISTERIO DEL USO POLÍTICO DE LOS FORWARD

Explicado en simple, un contrato forward consiste en la compra venta de un activo (en este caso, dólares) apostando al valor que este tendrá en el futuro. Como se trata de una apuesta, se puede ganar o perder. Pero en los cinco forward por los que el SII se querelló contra Roberto Carrasco, esa apuesta no existía ni para su empresa (VSA) ni para Penta, el otro firmante del contrato: hacían trampa.

El procedimiento era simple: falseaban la fecha de firma del contrato a sabiendas de que habría pérdidas para Penta, lo que les permitía evadir el pago de impuestos. Al tener pérdidas debido a estos contratos simulados, Penta reducía su carga tributaria pues el monto “perdido” era declarado como “gasto”. En la querella del SII se dice que luego, “una parte del dinero fue depositado (por VSA) en la cuenta personal del entonces gerente general de Empresas Penta, Hugo Bravo ($305 millones), y otra en la cuenta personal de Carlos Alberto Délano ($37 millones), para finalmente utilizar parte de esos dineros para pagar bonos a ejecutivos del Grupo Penta, y realizar otros desembolsos cuyo destino actualmente se desconoce”.

Por ejemplo, el forward  firmado supuestamente el 2 de enero de 2013 entre Penta y VSA estipuló la compra de dólares por US$5,6 millones, apostando a un dólar a $496 al 23 de abril de 2013. Lo cierto es que el contrato se firmó cuando ya se sabía que el precio del dólar a esa fecha era de $479, por lo que Penta perdió y debió girar la diferencia a VSA: $108 millones. Penta perdía y VSA ganaba, ese era el trato. Esta fórmula se repitió en los otros cuatro forward ilícitos detectados por Impuestos Internos.

Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín

El propio Carrasco reconoció ante la Fiscalía que después de finiquitado el forward fraudulento cobraba una pequeña comisión junto con girar su supuesta “ganancia” a las cuentas personales de Hugo Bravo y Délano.

El destino final que le dieron los controladores del Grupo Penta a estos dineros, no está claro. Cuando finalmente decidieron renunciar a su derecho a guardar silencio, instalaron la duda sobre qué hicieron con las platas de los forward con VSA. El primero en declarar fue Carlos Alberto Délano. El 5 de enero de 2015 detalló: “Platas que  se usaron para pagar bonos, otras para pagos políticos y otros fondos cuyo destino se desconoce”.

Al día siguiente, el otro controlador del Grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín, aportó otras hebras sobre el posible destino final de esas platas: “A la cuenta de Hugo Bravo fueron a parar $305 millones. Lo que detectamos es que se transfirieron fondos desde esa cuenta a ejecutivos de Penta por $68 millones. Los ejecutivos eran Óscar Buzeta, Marcos Castro, Francisco Astorga, Dora Pérez. Faltan $230 millones. De ese dinero, Hugo Bravo dice que entregó $100 millones a candidaturas de Longueira (Pablo), pero esto no nos consta y aunque así fuera, siguen faltando $137 millones”.

Marcos Castro, el alto ejecutivo de Penta señalado por Carlos Eugenio Lavín como uno de los beneficiados con los forward, también se pronunció sobre el destino final de esos dineros: los contratos con VSA correspondían a “simulaciones de unas supuestas asesorías que tenían por objeto generar recursos para pagar distintos ítems sin registro contable, como por ejemplo, bonos de ejecutivos y para pagos de políticos que no quedaron registrados en ninguna parte” (declaró el 22 de enero de 2015).

Son esos $100 millones que Hugo Bravo afirmó haber entregado en efectivo a Pablo Longueira los que hoy hacen ruido no solo en la Fiscalía, sino también en el SII. Porque ante las nuevas revelaciones de $730 millones –pagos asociados a Longueira- y que fueron rectificados por Soquimich por no tener respaldo contable, todo indica que ambos aportes bajo sospecha debieran acumularse en una nueva arista. A ella debieran agregarse otros pagos a sociedades y personas ligadas al ex senador y presidente de la UDI provenientes de empresas como BCI, Entel y Metalpar que hoy aparecen repartidas en distintas investigaciones.