PRETENDÍAN PASAR $10.440 MILLONES DE UTILIDADES SIN PAGAR IMPUESTOS
Copa América: La operación relámpago de la ANFP para evitar otro round con el SII
07.01.2016
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PRETENDÍAN PASAR $10.440 MILLONES DE UTILIDADES SIN PAGAR IMPUESTOS
07.01.2016
Vea tambiém: «ANFP paga US$500 mil al SII por contrato con sociedad de Sampaoli creada en paraíso fiscal»
El lunes 4 de enero la prensa deportiva se concentró en la votación que ungió a Arturo Salah como el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y en cómo este abordaría la crisis por la continuidad del seleccionador Jorge Sampaoli. Pero en ese primer lunes de 2016 otra noticia gestada en la sede de Quilín pasó inadvertida: se cumplían seis meses desde que el capitán Claudio Bravo levantó la Copa América y, por lo mismo, era el día en que debía dejar de existir la corporación que administró los millonarios fondos de ese torneo: el Comité Organizador Local (COL), que cerró con utilidades por más de $10.440 millones.
La norma señala que a seis meses de cumplido el fin para el que fue creada la corporación, esta debe cerrarse. Pero ese lunes no hubo lápida para el COL. Por el contrario, la ANFP le arrimó un tubo de oxígeno: el martes 29 había acordado pedir la prórroga de las funciones del COL, con el propósito de ganar tiempo para regularizar el pago de impuestos por las utilidades que dejó la copa, una obligación que inicialmente se pretendía eludir, lo que quedó al descubierto con la revisión de las cuentas tras la caída de Sergio Jadue.
La Copa América Chile 2015 se financió con un aporte de US$7,5 millones remitidos por la Confederación Sudamericana (Conmebol) y con $19.403 millones por la venta de entradas. Descontados los gastos, los “excedentes” se empinaron por sobre $10.440 millones. Para no presentarlos como utilidades, se anotaron en la contabilidad del COL como “cuentas por cobrar”. De esa manera se transfirieron a la ANFP intentando eludir las obligaciones tributarias.
El COL, contrario a lo que planificó inicialmente la ANFP, debe pagar impuestos. Así lo estimaron tres equipos de especialistas, dos de ellos requeridos por la misma ANFP y el tercero por la comisión revisora de las cuentas de la Copa América que encabezó el ex contralor Ramiro Mendoza. CIPER tuvo a la vista las conclusiones de dos de estos consultores.
Este desembolso obligatorio achicará aún más la caja con la que contará Arturo Salah, debido a que la ANFP ya tuvo que pagar US$500 mil a Impuestos Internos (SII) para regularizar los tributos adeudados por los pagos al cuerpo técnico de la Roja. Esto, pues los “derechos de imagen” y premios pagados a Jorge Sampaoli y sus ayudantes en 2013 y 2014 fueron depositados por la ANFP en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes sin cancelar todos los impuestos en Chile.
Como no estaba en los cálculos de la ANFP, este nuevo gasto por los tributos del COL agrega pimienta a las negociaciones entre Salah y un Sampaoli disgustado por las filtraciones de sus contratos. Esto, porque con el antecedente de que la ANFP deberá seguir abriendo la chequera ante el SII, si el entrenador se empecina en partir es esperable que el nuevo presidente del fútbol endurezca su posición para cobrarle la cláusula de salida. Diversos medios han señalado que esta compensación bordea los US$6 millones, aunque no se ha entregado una cifra oficial.
El trámite para pedir la extensión deL COL se decidió y se puso en marcha en tiempo récord. El martes 29 de diciembre, después de reunirse con expertos tributarios que explicaron la necesidad de prolongar la vida del COL -para reformar sus estatutos y así ordenar sus cuentas y pagar en regla los impuestos-, dirigentes de la ANFP aprobaron reducir a escritura pública y protocolizar ante notario un acuerdo destinado a prorrogar la existencia legal del Comité Organizador Local como corporación sin fines de lucro. Según explicó a CIPER una fuente que conoció estas tratativas, en estos días el escrito debía ser presentado a la Municipalidad de Peñalolén, en cuya jurisdicción se emplazan los campos de Quilín y donde se habían hecho los trámites que dieron origen a la misma corporación en 2013. La operación debía ser visada por el nuevo directorio que lidera Salah. Hasta el jueves 7 de enero el equipo a cargo del trámite no había recibido orden contraria.
La solicitud de ampliación de la vigencia del COL será gestionada por la Municipalidad de Peñalolén cuando, en paralelo a ese proceso, el Ministerio de Justicia mantiene en suspenso si pide la clausura de la personalidad jurídica de la propia ANFP. La asociación también es una corporación sin fines de lucro y sus cuentas y balances han sido rigurosamente fiscalizados por la cartera que dirige la ministra Javiera Blanco después del escándalo desatado por la entrega de Sergio Jadue a la justicia de Estados Unidos (ver reportaje de CIPER sobre la fiscalización del ministerio a la ANFP).
Se espera que la nueva directiva de Salah plantee a la ministra un calendario acotado para normalizar y transparentar las cuentas y procedimientos internos de la ANFP, si la asociación quiere seguir gozando de la calidad de corporación sin fines de lucro.
Fue en la misma reunión del pasado martes 29 de diciembre donde los expertos tributarios informaron a la ANFP que para pagar los impuestos del COL era necesario realizar cambios a sus estatutos. Y para concretar esas reformas –expusieron- urgía solicitar la prórroga de la vigencia del COL antes de que se cumpliera el plazo del lunes 4 de enero. Quedaban apenas tres días hábiles. De ahí el apuro. Y también la reserva: nadie quería manchar con un tema tan amargo como la elusión de impuestos el día de las votaciones para elegir a la nueva directiva.
Con esta, ya son cuatro las veces en que la ANFP, desde que asumió Sergio Jadue como presidente en 2011, tramita millonarias regularizaciones tributarias: la primera fue por el cobro de una deuda de IVA que llegó a sumar más de $4 mil millones y que inicialmente ocasionó el embargo de las platas del Canal del Fútbol (CDF) y luego de los terrenos de Quilín; la segunda fue para conseguir una condonación que permitió a la ANFP rebajar una deuda tributaria de $38 mil millones hasta cancelar solo $1.400 millones; después vino la reciente rectificación de US$500 mil por los impuestos que no se pagaron al depositar en Islas Vírgenes los bonos del cuerpo técnico que encabeza Sampaoli y, finalmente, esta operación que recién se puso en marcha para prolongar la existencia del COL y regularizar los impuestos por las utilidades de la Copa América.
CIPER analizó cada una de estas intervenciones que le han permitido a la ANFP, con distintos mecanismos de rebajas y beneficios, poner al día obligaciones tributarias impagas, algunas originadas en los años 90. En el análisis de estas operaciones, CIPER estableció que la ANFP no paga impuestos por las ganancias que le deja la selección nacional -y que reparte entre los clubes-, bajo el subterfugio de que los equipos las utilizan de manera exclusiva para fomentar y desarrollar el “fútbol joven”, un objetivo que genera la exención, pero cuyo cumplimiento nadie fiscaliza.
La argucia del financiamiento del “fútbol joven” ya había sido detectada por CIPER en las donaciones que irregularmente recibieron las sociedades anónimas que controlan los clubes, a pesar de que ese beneficio está reservado por ley solo para entidades sin fines de lucro. Esto motivó que el Instituto Nacional de Deportes bloqueara el acceso de 17 clubes de fútbol profesional al sistema de donaciones (vea el reportaje de CIPER). Entre estos se contaba Colo Colo, que entre 2010 y 2012 recibió más $1.600 millones en donaciones irregulares y cuya sociedad administradora –Blanco y Negro– participó en ese sistema al menos hasta 2013, cuando ya era presidida por Arturo Salah, el ahora flamante timonel de la ANFP.
Después de que en mayo del año pasado el FBI dio a conocer su investigación sobre los sobornos pagados en la FIFA y en la Confederación Sudamericana (Conmebol), la ANFP, todavía presidida por Jadue, pidió a especialistas tributarios que revisaran las cuentas con el dinero que había enviado la Conmebol para la organización de la Copa América. En junio se recibió la respuesta: el COL debía pagar tributos como todo contribuyente afecto a la Ley de Impuesto a la Renta. La cuantía de esos tributos quedaba supeditada a establecer en qué calidad había recibido el COL los US$7,5 millones entregados por la Conmebol.
Las noticias empeoraron: el COL no podía acogerse a beneficios tributarios porque fue creado por personas naturales, Sergio Jadue, Óscar Fuentes, Rodrigo Grumberg, Jaime Baeza y Norman Bull. Si la entidad la hubiese fundado otra corporación sin fines de lucro, como la propia ANFP, podría haber obtenido rebajas de impuestos. Eso, en virtud de la Ley 8.834, una norma de 1947, que estableció exenciones del impuesto a la renta para las entidades sin fines de lucro que fomenten el deporte.
Una vez establecido que el COL debía pagar impuesto a la renta, era necesario determinar a cuánto alcanzarían los tributos. Para aclararlo, se requería despejar si el COL era el propietario de los recursos o solo los administraba por mandato de la Conmebol.
Los diversos especialistas tributarios que han analizado el problema, dan por sentado que la Confederación Sudamericana es la única entidad que puede organizar campeonatos de fútbol profesional a nivel del subcontinente y, además, se reserva la comercialización de todos los derechos que deriven de estos torneos. En síntesis, asumen que la Copa América le pertenece a la Conmebol y que el COL solo funcionó como un intermediario que la organizó. Por eso, los expertos estiman que tanto el COL como la Conmebol deben pagar impuestos en Chile, pero sostienen que la cantidad que corresponde a cada una solo se podrá determinar una vez que el COL rinda formalmente a la confederación el dinero que gastó y se establezca el destino de las utilidades.
Para algunos de los especialistas consultados por la ANFP, la única forma de que el Comité Organizador Local aparezca formalmente como administrador de los recursos por mandato de la Conmebol, es especificándolo en los estatutos del COL. Por eso, indican, se requiere efectuar una reforma a esos estatutos que incluya, además, el mecanismo a través del cual el COL tendría que rendir los gastos ante la confederación. Solo manteniendo con vida al COL se podrían efectuar estas modificaciones tendientes a aclarar el supuesto mandato de la Conmebol, regularizar las cuentas, rendir los gastos y finalmente determinar la suma que se debe pagar al SII.
La primera vez que la ANFP se vio enfrentada al SII bajo la gestión de Sergio Jadue ocurrió en 2011. Ese año la Tesorería General de la República embargó el flujo de dinero desde el Canal del Fútbol (CDF) hacia la ANFP. La deuda se originó en 1994 por un contrato firmado entre la asociación, entonces presidida por Ricardo Abumohor, y la desaparecida Cable Express, por los derechos de TV del fútbol local.
La operadora de cable aseguró que la operación no pagaba IVA y Abumohor, precavido, puso en el contrato que en caso de que el SII exigiera el pago sería Cable Express la que se haría cargo o costearía los gastos de un eventual juicio. Además, pidió boletas de garantía reajustables para asegurar que no habría perjuicio para la ANFP.
En 1999 el SII pidió a la ANFP que rectificara los pagos de IVA y se originó un litigio que involucró a VTR, sucesora legal de Cable Express. En 2011, producto de esta deuda, la Tesorería embargó los flujos del CDF a la ANFP por una cifra superior a los $4 mil millones, lo que puso en riesgo la continuidad de prácticamente todos los clubes de Primera A y Primera B.
Los abogados de la ANFP consiguieron que la Tesorería cambiara el embargo de los flujos del CDF por el de los terrenos de Quilín. Luego, apuraron a VTR para que se hiciera cargo del pago de la deuda, pero la empresa lo fue aplazando a la espera de conseguir una condonación de intereses y multas por parte del SII. Esas conversaciones se trabaron porque a mediados de 2012 se conocieron las irregularidades de la “megacondonación” concedida por el SII a Johnson’s, lo que ralentizó todos los procesos de condonación. En medio de este tironeo, en la ANFP detectaron que en administraciones anteriores no se habían renovado las boletas de garantía, por lo que el panorama pintaba bastante oscuro para el directorio de Sergio Jadue.
El incordió se extendió hasta octubre de 2012 cuando los abogados de la ANFP consiguieron que VTR se allanara a cancelar lo adeudado, pero después de lograr una sustancial rebaja de las multas e intereses. La cifra que en definitiva se pagó fue de $1.360 millones.
En paralelo a exigir el pago del IVA por el contrato de los derechos de TV, el SII también inició la cobranza de impuestos asociados a las transacciones y utilidades de la ANFP en el periodo 1999-2010. El monto exigido por el SII llegó a sumar más $38 mil millones.
La asociación se defendió con el argumento de que estaba exenta de pagar impuestos, sobre la base de la ya mencionada ley promulgada en 1947. La norma favorece a entidades asociativas con personalidad jurídica que fomenten el deporte y que no tengan fines de lucro. Sobre este último requisito, los expertos consultados por el directorio de Jadue estimaron que la ANFP dejó de cumplirlo desde 2005, cuando se formaron las sociedades anónimas deportivas con fines lucrativos y fueron aceptadas en la asociación.
Los abogados de la ANFP, en negociaciones con la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII, tuvieron que aceptar que no correspondía la exención en virtud de la ley de 1947. Pero defendieron la tesis de que esta exención había corrido hasta 2005, por lo que los tributos se adeudaban desde ese año, y que los dineros que recibía la asociación (del CDF y de la selección nacional, principalmente) pertenecen a los clubes que la integran, por lo que la ANFP solo actúa como mandataria que reparte esos recursos entre sus miembros. Impuestos Internos aceptó esta interpretación, por lo que estos flujos se consideraron como “gastos” y no como utilidad.
El litigio por los impuestos impagos entre 2005 y 2010 se cerró el 27 de enero de 2014 con una fuerte condonación de multas e intereses. La suma final que pagó la ANFP fue de $1.691 millones, menos del 5% de la cifra original. Pero el resultado no le gustó a Sergio Jadue, quien manifestó su molestia por escrito, en un correo dirigido a varios dirigentes y funcionarios de la ANFP, por no haber obtenido una rebaja más amplia. Luego se regularizaron los impuestos correspondientes a 2011, 2012 y 2013, donde se aplicó la tesis de que los flujos eran “gastos”, por lo que la ANFP incluso consiguió que le rebajaran impuestos y terminó pagando una cifra definitiva de $1.440 millones para subsanar todas sus diferencias con el SII.
El triunfo de la ANFP fue dejar sentado ante el SII que el dinero que recibe del CDF es “gasto” y que los impuestos por esos recursos deben pagarlos el mismo Canal del Fútbol y los clubes destinatarios de los fondos. El ahorro es significativo: en 2014 el CDF repartió entre los clubes más de $47 mil millones. Las sociedades anónimas que manejan los equipos profesionales no quieren pagar impuestos por cifras tan altas, por lo que la ANFP estudia modificar su trato con el CDF, a objeto de aumentar el valor de los derechos de imagen del fútbol local. Así la mayor parte del dinero que les llegaría a los clubes desde el canal sería por concepto de pago de esos derechos y no como utilidades a repartir, lo que disminuiría sensiblemente la tributación (vea el reportaje de CIPER “La milagrosa fórmula para rebajar impuestos del CDF”).
Después de salvar con éxito su largo round con el SII por los impuestos impagos, la ANFP nuevamente requirió los servicios de expertos en materia tributaria. Esta vez para consultarles si la asociación, siendo una corporación sin fines de lucro, podía repartir dinero entre los clubes que la integran. Los fondos que reparte la ANFP entre sus miembros provienen de dos fuentes: el CDF y los ingresos que deja la selección nacional.
La respuesta de los especialistas indicó que con el dinero del CDF no habría problemas, ya que se entiende que los clubes le ceden a la ANFP la administración de sus derechos de imagen y luego reciben el pago del canal por intermedio de la asociación. En todo caso, para asegurarse de no volver a tener problemas con el SII, se modificaron los estatutos de la ANFP a objeto de incluir formalmente en ellos que la asociación recibe el mandato de los clubes para intermediar los recursos.
Los especialistas en planificación tributaria fueron más cautelosos para tratar el tema de los ingresos que deja la selección de fútbol. Lo consideraron un activo de la ANFP que le genera ingresos. La Roja, dijeron, es un producto de la ANFP. Y ejemplificaron con que la asociación no recibe ni requiere mandato de terceros para comercializar los derechos de la selección nacional, ni para fijar los pagos que se hacen a su cuerpo técnico ni a los jugadores. Y esto es un problema, porque si la ANFP reparte entre los clubes los dineros que produce la Roja -como lo ha hecho-, se convierte en una corporación sin fines de lucro que de manera irregular genera utilidades y las reparte entre sus integrantes que además, son sociedades anónimas.
Para manejar esta situación, se propuso otra modificación de estatutos. Esta reforma se basa en la siguiente tesis: la selección nacional es un activo que pertenece a la ANFP y que genera gastos por la necesidad de contar con jugadores de buen nivel, por eso se justifica que la asociación entregue dinero a los clubes para fomentar el hallazgo y desarrollo de valores jóvenes. Así, las utilidades que genera la selección se pueden repartir a los clubes bajo el compromiso de que sólo se deben invertir en el “fútbol joven”, como se denomina ahora a las series infantiles y juveniles.
En enero de 2013 la ANFP generó un instructivo sobre el tratamiento contable que los clubes deben dar a los dineros que reciben de la selección, de tal forma de unificar el registro de entrega y rendición. Además, se hizo un seminario en la ANFP al que asistieron dirigentes y funcionarios de los clubes para explicarles estos cambios.
Cada club debía firmar un convenio con la ANFP, donde se comprometía a recibir los fondos generados por la Roja y dedicarlos exclusivamente a la formación de nuevos futbolistas. Las rendiciones de cuentas de los equipos debía pedirlas la gerencia de la ANFP, que bajo la gestión de Sergio Jadue estaba en manos de Rodrigo Grumberg. Sin embargo, profesionales que participaron en este proceso de adecuación de los estatutos y de las cuentas dijeron que no hay certeza de que se hayan cumplido los convenios.
La falta de rigurosidad en el registro y uso del dinero generado por la selección quedó en evidencia en el último Consejo de Presidentes que encabezó Sergio Jadue, el 6 de noviembre pasado, cuando rindió cuentas de la Copa América y aseguró que ya se habían repartido a los clubes $3.200 millones generados por ese torneo. El calerano fue duramente interpelado, ya que ese dinero en realidad provenía de la selección: correspondía a una cuota de los derechos de TV y comercialización de la Roja que paga MegaSports. Esa empresa, cuyo dueño es Carlos Heller, el controlador de Azul Azul, propietaria del club Universidad de Chile, desembolsó un total de US$106 millones por esos derechos hasta el Mundial de Rusia 2018.
El 22 de diciembre pasado, CIPER reveló que la ANFP había pagado US$500 mil al SII para regularizar la situación tributaria de los dineros que había depositado en sociedades constituidas en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, propiedad de Jorge Sampaoli y sus ayudantes, Sebastián Beccacece y Jorge Desio. Esa fue la tercera vez, bajo la gestión de Sergio Jadue, que el directorio de la asociación recurrió a expertos tributarios para rectificar el pago de impuestos.
Inicialmente, CIPER informó que los depósitos en Islas Vírgenes que fueron regularizados con el pago de US$500 mil al SII, correspondían a un contrato por derechos de imagen del cuerpo técnico de la Roja que incluía los premios de la Copa América. Pero eso era inexacto. En realidad, como lo aclaró un reportaje posterior de The Clinic, los dineros que fueron rectificados corresponden al pago por derechos de imagen que Sampaoli y sus colaboradores percibieron entre los años 2013 y 2014, además de los premios por la clasificación al Mundial de Brasil 2014 y por haber escalado hasta la segunda ronda en ese mismo torneo.
Todos estos pagos en Islas Vírgenes hechos hasta fines de 2014, que totalizan más de US$6,1 millones, pudieron acogerse al beneficio de repatriación de capitales incorporado de manera transitoria en la reforma tributaria. Este “incentivo” para declarar el dinero que se encontraba en el extranjero estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2015 y permitía regularizar la situación tributaria de esos fondos pagando una tasa de solo 8%.
Todo lo que Sampaoli y sus ayudantes percibieron como ingresos desde 2015, no tendrá ningún beneficio tributario. El último cambio en sus contratos se efectuó el 16 de noviembre pasado y estipuló que Sampaoli recibiría US$59.234 mensuales y que los premios por la Copa América totalizarán US$6,2 millones (US$3,1 millones para el entrenador y US$1,5 millón para cada uno de sus colaboradores).
Este jueves 7 de enero en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, el subdirector de Fiscalización del SII, Norberto San Martín, explicó a los parlamentarios que los impuestos por las rentas de Sampaoli y su cuerpo técnico –ya sea como sueldo, premio o derecho de imagen- deben ser cancelados por la ANFP, en calidad de empleadora, según informó el diputado Matías Walker.
De acuerdo con esta interpretación, es la asociación la que debe cancelar los impuestos por los derechos de imagen y los premios de la Copa América pactados con el entrenador y sus ayudantes en 2015. Con esos nuevos millonarios montos que deberá pagar la ANFP al SII, a Salah se le achica la caja disponible para negociar con Sampaoli una eventual cláusula de salida.