Pagos irregulares del Grupo Said: a Piñera y Frei se suman Enrique Correa y ministro del TC

La empresa que funciona como vehículo de inversiones de la familia Said Somavía, Inversiones Caburga, rectificó más de $663 millones ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) por pagos realizados a distintas personas y sociedades entre 2009 y 2014. El desglose de esa cifra, que CIPER da a conocer en este reportaje de forma íntegra, muestra que la inmensa mayoría de esos pagos irregulares se realizaron a figuras vinculadas al mundo político, incluidos candidatos que compitieron en las últimas dos carreras presidenciales. Una situación similar ocurre en el caso de Newport, la empresa que controla otra rama de la misma familia -los Said Handal- la que rectificó ante el SII $95 millones pagados en 2010 y 2011.

Los negocios del Grupo Said -que incluye a las dos ramas familiares, Said Somavia y Said Handal-, se concentran en el Banco BBVA y en la Embotelladora Andina, pero cada uno por su lado tiene otras inversiones. Mientras los Said Somavia forman parte del grupo controlador del Parque Arauco (junto a Orlando Saenz y la familia Eluchans Urenda), son accionistas principales de Envases del Pacífico y acaban de enajenar su participación en el mercado de la salud (Isapre Cruz Blanca) en un negocio que les reportará US$90 millones, los Said Handal han incursionado en las viñas -Principal- y en el negocio eléctrico a través de Coyanco.

A pesar de la evidencia acumulada y de los testimonios prestados por representantes de ambas compañías -y también por personas que recibieron esos pagos- que confirman que se trata de donaciones políticas por fuera de la vía legal (Servel), la investigación sobre estas sociedades no ha evidenciado ni un solo avance judicial. No obstante, CIPER pudo confirmar por distintas vías que funcionarios del Departamento de Delitos Tributarios del SII continúan requiriendo información de las operaciones contables de las empresas del Grupo Said.

Enrique Correa

Los pagos irregulares asumidos por el Grupo Said son llamativos. Por primera vez desde que estallara el escándalo de los aportes ilegales a la política, una empresa rectifica pagos al lobbista favorito del poder, Enrique Correa, el dueño de Imaginacción. A él se suman otros personajes que hasta hoy están en la primera línea de la dirigencia política nacional: empresas del ex Presidente Sebastián Piñera, al que las encuestas encumbran como probable candidato presidencial para 2017, y del senador Andrés Zaldívar (DC), uno de los hombres clave de la Falange en el Senado, quien ha participado de los principales acuerdos en torno a las reformas aprobadas durante este gobierno.

No son los únicos, otros diputados y senadores en ejercicio se cuentan entre los receptores de dineros sin respaldo de los Said. En el grupo también aparece un ministro del Tribunal Constitucional, Cristián Letelier Aguilar, órgano que por estos días ocupa un lugar central luego de que frenara la gratuidad universitaria impulsada por La Moneda.

CIPER revisó en detalle las rectificaciones presentadas por Caburga y Newport ante Impuestos Internos, así como los testimonios de ejecutivos y controladores de estas sociedades que han sido llamados a declarar por el Ministerio Público y el SII.  También se contactó con quienes aparecen recibiendo estos pagos rectificados. Todos los antecedentes dan cuenta de que el Grupo Said fue uno de los vehículos utilizados por distintos sectores políticos para obtener financiamiento irregular (Revise aquí el listado de rectificaciones del Grupo Said).

LA CONTADORA QUE SE SINCERÓ

El Grupo Said apareció en el mapa de los fiscales que investigaban el financiamiento ilegal de la política el 17 de abril de este año. Ese día declaró ante el Ministerio Público la contadora Clara Bensan, unahistórica militante de la DC. La también controladora de la empresa Asesores en Gestión Integral (Agesin), aseguró que en 2009 el recaudador de la entonces Concertación, Giorgio Martelli, le solicitó emitir facturas falsas a SQM y a Inversiones Caburga, como una forma de allegar recursos a la campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz Tagle.

Sobre los documentos falsos emitidos a Caburga por su empresa Agesin, Bensan declaró: “Para estas facturas Giorgio Martelli se comunicó conmigo por teléfono y solicitó la emisión de las facturas. Yo las extendí mediante mi secretaria y se las entregué pues era tiempo de campaña, pues las fechas de estas facturas son el 9 y el 31 de diciembre del año 2009 (…) Respecto a la glosa que indica asesoría contable a la empresa Inversiones Caburga S.A., señalo que no es real, nunca hubo ningún servicio que se prestara”.

Cuatro días después de esa primera declaración frente a los fiscales, el 21 de abril, Clara Bensan ratificó sus dichos, esta vez ante el SII. Sin embargo, un informe del organismo tributario entregado a la Fiscalía precisó que Agesin emitió solo una factura a Caburga, la 152, ya que el segundo documento falso -por $12 millones- fue en realidad extendido a Newport, una empresa propiedad de la rama familiar de los Said Handal. La factura falsa emitida a Caburga fue también por $12 millones.

Esa información calza con la rectificación que Inversiones Caburga, de los Said Somavía, realizó ante Impuestos Internos. El registro, al que tuvo acceso CIPER, da cuenta de solo una boleta por $12 millones girados a Agesin durante el año comercial 2009, y que se registró en su contabilidad para el año tributario 2010. En ese mismo periodo se rectificaron otros $8 millones pagados directamente por Caburga a Clara Bensan. En total, serían $20 millones los que fueron a parar a la fallida campaña presidencial de Frei en 2009.

Pero la rectificación presentada por Inversiones Caburga ante el SII es mucho más amplia y comprende pagos a dirigentes de todos los sectores políticos, con acento en figuras y sociedades vinculadas a la DC, a RN y a la UDI. Sumados los seis años rectificados -2009 a 2014-, el monto final de pagos irregulares reconocidos por la empresa asciende a $663 millones.

En la carta que firmó Joaquín Erlbaun en representación de Inversiones Caburga y que acompaña la rectificación presentada ante el SII el 4 de mayo pasado, se informa que la empresa realizó una auditoría interna que detectó diferencias en su cumplimiento tributario. En el documento se añade que, “con el fin de evitar una controversia con el SII, y sin que esta rectificatoria implique reconocimiento alguno de otras posibles objeciones del SII o de una actuación dolosa por parte de la compañía”, se rectifican los gastos rechazados entre 2009 y 2014. La carta de Earlbaun iba acompañada por una planilla Excel en la que se incluyen todos los pagos rectificados por la compañía. El proceso significó que Caburga cancelara $402 millones por impuestos adeudados, más multas e intereses.

LIGAS PRESIDENCIALES

Según ha podido acreditar la investigación de la Fiscalía, durante el año electoral 2009, $140 millones fueron a parar a manos de personas o sociedades ligadas a los entonces candidatos presidenciales Eduardo Frei y Sebastián Piñera.

El 19 de junio declaró ante el Ministerio Público Rodrigo Muñoz Muñoz, gerente general de Inversiones Caburga, quien confirmó lo señalado anteriormente por Clara Bensan, en orden a que los $20 millones que se aportaron por fuera de la vía legal a la campaña de Frei no contaron con ningún trabajo que los justificaran. Sobre el punto, aclaró: “Estos (los $20 millones) fueron solicitados por un señor de nombre Pedro Yaconi para gastos de la campaña”. Según relató Muñoz, esos pagos fueron autorizados por Salvador Said Somavía, director ejecutivo de la compañía.

El abogado Pedro Yaconi, actual pareja de una de las hijas del ex presidente Frei (Magdalena), fue en 2009 miembro del comité de finanzas de la fallida campaña de Frei y aparece recibiendo pagos de Soquimich, Endesa y Aguas Andinas, empresas que son investigadas por financiar de manera irregular actividades políticas. En abril, SQM rectificó $30 millones cancelados a una de sus sociedades, pero al declarar como imputado ante el fiscal Emiliano Arias, Yaconi aseguró que eran pagos por un informe en derecho realizado por petición del abogado Nurieldín Hermosilla. A ello se suma la información que publicó en junio El Mostrador, en la que Yaconi aparece en la nómina de los gastos que el directorio de Endesa decidió rectificar por no haberse encontrado suficiente respaldo. En la contabilidad que Aguas Andinas entregó al SII y al Ministerio Público, Pedro Yaconi también aparece con millonarios pagos.

Salvador Said Somavía declaró ante la Fiscalía el pasado 11 de agosto, y reconoció los pagos irregulares de Inversiones Caburga a la campaña de Frei: “Recibí la llamada de Pedro Yaconi quien me dijo que estaba trabajando en la campaña de Eduardo Frei y si lo podía recibir (…) encontré interesante recibirlo para escucharlo, ya que le preocupaban temas vinculados a las campañas y temas país e impulsar una candidatura de Eduardo Frei. A los días llegó a mi oficina acompañado de otra persona cuyo nombre no recuerdo (…) y me pidió un aporte económico para la campaña. En esa reunión acordamos que yo lo iba a ayudar con $20 millones”, declaró el controlador de Caburga.

Su primo, Javier Said Handal, ya había declarado ante la Fiscalía el 26 de junio. Como representante legal de Inversiones Newport, dijo que “alguien” de Inversiones Caburga les solicitó un aporte para la campaña presidencial de Frei: “Como nos pidieron un monto de dinero importante y para ayudar a la campaña política de Frei, lo sometimos a la decisión del directorio y el directorio aprobó el aporte de $12 millones”, los que se pagaron a la empresa Agesin, de Clara Bensan.

Newport pagó otros $8 millones a Alfredo Ugarte, abogado que entonces participaba del mismo comité de finanzas de Frei, que integraba Yaconi. Consultado por CIPER, Ugarte declinó referirse al tema. En total, las dos empresas de inversiones de la familia Said, Caburga y Newport, entregaron $40 millones a la fallida campaña de Frei.

En 2009 los Said no solo entregaron fondos a personas y sociedades ligadas al candidato de la Concertación. Tanto las rectificaciones de Caburga como las de Newport registran millonarios pagos a empresas de Sebastián Piñera, el candidato de la derecha que ganó esas elecciones presidenciales. Hasta el momento no se conocen diligencias de la Fiscalía o de Impuestos Internos que apunten a clarificar judicialmente los montos que facturaron las empresas de Piñera.

Laurence Golborne

A través de Inversiones Caburga, los Said Somavía destinaron $50 millones a dos sociedades del ex mandatario: Inmobiliaria El Boldo ($41,7 millones) e Inversiones Santa Cecilia ($8,2 millones). A través de Newport (que hoy opera como Inversiones Santa Virginia), los Said Handal cooperaron con una cifra idéntica, $50 millones, pero repartidos en tres sociedades: Bancard, Inmobiliaria El Boldo e Inversiones Santa Cecilia.

En representación de Bancard, el abogado Bernardo Simian, del estudio Barros& Errázuriz, dijo a CIPER que la empresa no puede referirse a este tema debido a que existen investigaciones en curso a nivel judicial y administrativo (SII), y que la información se entregará si es que es requerida en esas instancias. Fuentes cercanas a la compañía de Piñera enfatizaron que, si los gastos fueron rectificados por las sociedades del Grupo Said, ello no significa necesariamente que los servicios por los que se pagó no se hayan prestado, pero tampoco entregaron ningún antecedente que permita concluir que sí hubo una prestación y no se trató de platas políticas.

Los pagos irregulares de Inversiones Caburga a campañas presidenciales se repitieron en 2013, aunque esta vez con otro destinatario. En la lista de rectificaciones realizadas por Caburga aparecen $20 millones pagados a Asesorías VSA Limitada, una firma ligada a Siglo Outsourcing, la que ideó una fórmula de evasión tributaria y firmó contratos forwards irregulares con Empresas Penta (ver reportaje de Qué Pasa). Según La Tercera, el dueño de VSA, Tomás Carrasco Burgos, reconoció ante el Ministerio Público que además emitió facturas falsas a diez compañías por un total de $160 millones, fondos que eran destinados a la campaña presidencial que Laurence Golborne levantó durante 2013.

Nuevamente, los Said Somavía aportaron a través de VSA un monto idéntico al de sus primos Said Handal. Sin embargo, a diferencia de Inversiones Caburga, los $20 millones desembolsados por Newport -ahora denominada Inversiones Santa Virgina- no fueron rectificados.

La empresa de Carrasco –VSA- se usó como pantalla para triangular dineros para Golborne. Tomás Carrasco declaró que esos dineros, luego de ser cobrados, fueron distribuidos a personas que trabajaron en esa campaña, quienes entregaban boletas por servicios que no habían prestado. Carrasco habría asegurado que el listado de las empresas a las que se debía facturar se lo facilitó el mismo Golborne. Las otras firmas que participaron de esta fórmula de financiamiento irregular serían: Ripley ($15 millones), CAP ($5 millones), Watt´s ($5 millones), Banco BCI ($10 millones), Inmobiliaria Ecomac ($12,5 millones). GT Advisors ($2 millones), Inversiones Paso Nevado ($25 millones) e Inversiones Longovilo ($25 millones), estas dos últimas ligadas al Grupo Hurtado Vicuña.

LA PRIMERA NEGACIÓN DE ENRIQUE CORREA

No es raro que Imaginacción, la empresa de lobby y de asesoría estratégica creada por Enrique Correa, aparezca en las contabilidades de grandes empresas que tanto el SII como la Fiscalía han revisado durante el transcurso de las investigaciones por aportes al margen de la ley a la política. Los clientes de la consultora son selectos y los empresarios pagan montos abultados por los servicios del ex ministro secretario general de Gobierno del ex Presidente Patricio Aylwin.

Lo que sí es raro es que una de las empresas reconozca como irregulares pagos girados al lobbista. Y eso es lo que hizo Inversiones Caburga. En la rectificación que presentó a Impuestos Internos incluyó un pago, a través de una boleta,  a Enrique Correa por $15 millones en 2013.

Correa ha jugado un rol central en la forma en que las empresas Penta y SQM han enfrentado la investigación del Ministerio Público. En el caso del holding controlado por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, formó parte de su comité de crisis a fines de 2014, cuando el escándalo de los aportes irregulares a la política solo se limitaba al Grupo Penta. En ese grupo operó junto a Valentina Giacaman, de Rumbo Cierto; Extend, de las hermanas Velasco; y Alfredo Moreno, actual presidente de Empresas Penta, según informó un reportaje de El Mostrador.

Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano

En el inicio de la investigación a SQM también cumplió un rol importante, desplegando toda su capacidad de lobby político para frenar el avance de la indagatoria del Ministerio Público. Imaginacción venía trabajando hace años con la minera no metálica y Correa prestaba una asesoría personal a Julio Ponce Lerou, controlador de la misma, desde que este cayera en desgracia a partir del escándalo de las Cascadas. Imaginacción también se cuenta como asesor hace años de Aguas Andinas, la sanitaria que es investigada por aportes irregulares a Sebastián Piñera y a otras figuras políticas. Pero no sólo asesora a las empresas. Desde mayo de este año, cuando el ex ministro del Interior de Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo, debiera abandonar su cargo de jefe del gabinete por su vinculación con los pagos ilegales de SQM, Correa se convirtió en su asesor personal.

En los últimos meses, Enrique Correa ha intentado trazar una línea de defensa común de los involucrados en el escándalo de las platas políticas. Hace poco más de una semana concedió una entrevista a La Tercera donde aseguró que “el financiamiento irregular de la política no es corrupción” y que se debe esperar y no sacar conclusiones apresuradas: “Hay que mirar con serenidad el curso del proceso judicial. En tres meses más deberíamos conocer la proporción de todo lo ocurrido, los acuerdos alcanzados con la fiscalía, los nombres de los formalizados y de quiénes van a ser incluidos en la acusación. Tengo la impresión de que los procesos judiciales ya tomaron su cauce más normal y no veo más dramatismo”.

Sin dramatismo respondió también a CIPER, el gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción, Moisés Valenzuela: «Es de público conocimiento que tanto Enrique Correa como sus empresas asesoran y han asesorado al Grupo Said en su conjunto durante muchos años. Nuestra relación comercial con ellos es abundante y permanente. Y si ellos rectificaron, ellos deberán explicarlo. El punto es que nosotros les prestamos servicios y por ello recibimos un pago». Lo que sí reconoció Valenzuela, es que «hoy en día la empresa Inversiones Caburga no es cliente nuestro».

EL MINISTRO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El listado de pagos rectificados por Inversiones Caburga incluye al abogado Cristián Letelier Aguilar, ex diputado de la UDI y actual ministro del Tribunal Constitucional (TC). La empresa informó al SII que los $5,5 millones que giró a la sociedad Cristián Letelier y Compañía Limitada en 2009, no tienen respaldo, por lo que se trataría de un pago irregular.

Durante ese año 2009, el actual ministro del TC compitió en un cupo de la UDI para llegar al Senado en representación de la Región de Atacama. A sus cercanos, Letelier ha asegurado que casi no hizo campaña y que el partido lo inscribió en la papeleta para acompañar a Baldo Prokurica (RN), pero que no existían intenciones reales de competir, por lo que no incurrió en mayores gastos.

Cristián Letelier

Cristián Letelier ya se había cruzado en el camino de los fiscales que indagan los aportes irregulares a la política. En 2013, el actual ministro del TC le envió un mail a Carlos Alberto Délano (del Grupo Penta) pidiéndole recursos: “Apreciado Carlos Alberto. En períodos difíciles mis amigos han recurrido a mí para defenderlos en tribunales. Ahora que la UDI me ha puesto en la situación de ser diputado, como siempre he defendido con vehemencia nuestros principios, pero veo que los recursos siempre son muy escasos, por eso me atrevo a pedirte me ayudes a enfrentar este momento y sacar adelante en mi distrito la campaña de Pablo Longueira. Toda la ayuda se agradece. En la confianza de nuestra amistad. Un abrazo. Cristián”.

Antes de asumir como miembro del Tribunal Constitucional, Letelier tomó la defensa de Paula Rojo, quien siendo secretaria del ex diputado Alberto Cardemil (RN), fue individualizada como la persona que daba las instrucciones a quienes emitieron boletas falsas al Grupo Penta que beneficiaron al ex diputado. Esa misma vinculación, hizo que el entonces fiscal nacional, Sabas Chahuán, solicitara al TC que Letelier se inhabilitara de la decisión que el organismo debió tomar cuando el abogado de Patricio Contesse (ex gerente general de SQM), Samuel Donoso, ingresó un escrito para evitar que la Fiscalía accediera a la contabilidad de la minera. En esa ocasión, Letelier no votó.

Pero el abogado Letelier sí votó el jueves 10 de diciembre, cuando el TC se pronunció a favor de dos de los tres capítulos del recurso presentado por diputados de RN y la UDI que buscaron declarar inconstitucional el mecanismo utilizado por el gobierno para implementar la gratuidad universitaria vía glosa presupuestaria.

Letelier fue durante décadas militante de la UDI y sólo abandonó el partido en 2013, cuando el gremialismo le quitó el cupo con el que pretendía su reelección como diputado por el distrito de Melipilla, el que había ocupado desde marzo de 2011 en reemplazo de Gonzalo Uriarte, quien a su vez había llenado el escaño senatorial que dejó vacante Evelyn Matthei, cuando asumió como ministra del Trabajo de Sebastián Piñera. La UDI lo compensó al instalarlo en el TC en marzo de este año.

PAGOS A PARLAMENTARIOS

Entre los pagos rectificados por la sociedad de los Said Somavía aparecen varios vínculos, directos o indirectos, con parlamentarios DC, RN o UDI. Todos ellos se concentran en el año 2009, que corresponde al año tributario 2010. El senador y hoy pre-candidato presidencial Francisco Chahuán (RN), recibió $5 millones de los cuales Inversiones Caburga aseguró no tener respaldo contable. Ese pago se realizó a la sociedad Chahuán Abogados Asociados Limitada, en la que el senador tenía el 99% de los derechos y el abogado Roberto Núñez Videla el 1%. Ambos la disolvieron el 4 de septiembre pasado.

CIPER se comunicó con el senador Chahuán para conocer su versión. Esta fue su respuesta: “Soy socio pasivo de esa sociedad desde que soy parlamentario. Mi socio era quien la administraba y tomamos la decisión de cerrarla justamente a partir de este tema. Yo entiendo que hubo una prestación efectiva de mi socio Roberto Núñez a Inversiones Caburga. Descarto absolutamente que se trate se un aporte a mi campaña”.

Una prima hermana del senador Francisco Chahuán, recibió de Caburga $2,2 millones el mismo 2009. Este pago también fue rectificado ante el SII. Karen Chahuán Manzur trabajó como jefa de gabinete de Gustavo Hasbún (UDI) cuando el actual diputado era alcalde de la comuna de Estación Central.

Otro senador que recibió pagos de Inversiones Caburga a través de una sociedad es Andrés Zaldívar (DC). Su sociedad Asesorías San Martín Limitada recibió $5 millones de Caburga en 2009, antes de que regresara al Senado. Cuando el diario La Tercera le preguntó por estos pagos, el senador respondió que se trató de asesorías jurídico-legislativas: “Es lo mismo que Aguas Andinas, a la que también presté asesorías”. En el caso de la sanitaria, son más de $150 millones pagados a Zaldívar entre 2006 y 2010.

Son tres los pagos vinculados a diputados que fueron rectificados por Inversiones Caburga: $5,5 millones a Fuad Chahín (DC), $1,1 millón a Gonzalo Fuenzalida (RN) y $3 millones a Alejandro Fernández Jullian, quien fuera jefe de campaña del diputado José Manuel Edwards (RN) en 2009, y quien luego se convirtiera en su jefe de gabinete. El mismo 2009, la empresa giró $1,5 millón a Jessica Mualim (RN), candidata a diputada por Melipilla, quien no resultó electa. En 2013, Mualim volvió a intentar llegar a la Cámara y nuevamente fracasó. Ese año recibió otros $5,5 millones desde la empresa de los Said.

Andrés Zaldivar

En 2013 también aparecen pagos rectificados a familiares de parlamentarios. Es el caso de la cónyuge del diputado Javier Macaya (UDI), Constanza Farías Prieto, quien ese año recibió $11 millones desde Caburga. Farías también formó parte de la denuncia que el SII presentó el pasado 2 de abril por haber recibido $5 millones sin respaldo desde SQM en octubre de 2012.

La señora del diputado Gabriel Silber (DC) también tiene un pago rectificado en 2013. Cristina Orellana Quezada hoy es la directora ejecutiva del Sistema de Empresas Públicas (SEP) y hace dos años percibió $16,6 millones de la sociedad de los Said Somavía.  Contactada por CIPER, Cristina Orellana afirmó: «Me imagino que Inversiones Caburga rectificó porque estoy casada con un diputado. Yo trabajo, a mi Gabriel no me mantiene. Tengo un contrato de confidencialidad con esa empresa. No te puedo dar más datos. Trabajé varios meses y fue un solo pago. Yo creo que pagamos justos por pecadores».

La ex esposa de Pablo Zalaquett Said (UDI) –sobrino en segundo grado de José Said Saffie  y primo de José Said Handal- es la única persona de la nómina que aparece con pagos rectificados desde 2009 a 2014. Silvia Bustamante Gubbins es la madre de los cuatro hijos del ex alcalde de La Florida y Santiago, y en total recibió $72 millones desde la empresa de los Said Somavía. Silvia Bustamante, hija de un ex presidente del Perú (José Luis Bustamante), es periodista y diseñadora floral.  Consultada por CIPER, dijo que prefería no referirse al tema.

Otro pariente del ex alcalde que también aparece recibiendo pagos de Caburga es su primo Hernán Abogabir Said, quien en 2013 recibió $2,7 millones, los que también fueron rectificados. Ese año Zalaquett compitió por un cupo en el Senado y fue derrotado. Cuando era alcalde de La Florida, su primo Hernán Abogabir se desempeñó como director de la Corporación Municipal.

Los hermanos Walker Prieto cuentan con tres representantes en el Congreso: los senadores Ignacio y Patricio y el diputado Matías. Un cuarto hermano, Tomás Walker Prieto, es hoy uno de los controladores de Walker y Valdivia Servicios Legales Limitada, sociedad que recibió en 2009 $5 millones, los que fueron rectificados por Inversiones Caburga. Tomás Walker recibió dos llamados de CIPER y no entregó su versión.

Juan Carlos Jobet, quien se desempeñó como ministro de Trabajo y subsecretario de Vivienda en la administración de Sebastián Piñera, recibió de Inversiones Caburga $27,4 millones en 2013. Lo hizo a través de su sociedad Asesorías e Inversiones El Arrayán, pago que también se incluye en la nómina de rectificaciones. Sobre este dinero, Jobet aseguró a La Tercera: “Tengo una vinculación laboral de muchos años con el Grupo Said. El contrato al que se hace alusión se firmó, facturó y pagó cuando yo no era funcionario público, cuando estuve fuera del gobierno”. Jobet fue subsecretario de Vivienda y Urbanismo hasta noviembre de 2012 y luego asumió en Trabajo en julio de 2013, año en que recibió el pago de Caburga.

El Centro de Investigaciones Sociales de Chile Limitada (CIS) recibió $5,5 millones de Inversiones Caburga en 2013, cancelación que fue rectificada. Esa sociedad fue fundada en 2004 por el analista político de la UDI, Gonzalo Müller (casado con la diputada María José Hoffmann, UDI), y por su padre, Gilberto Müller Corvalán (quien declaró a la Fiscalía desconocer el funcionamiento de la empresa). Gonzalo –panelista del programa de TVN Estado Nacional–, vendió su participación en la sociedad a su hermano Mauricio en 2010. Entre 2009 y 2013, el CIS registra facturas irregulares por $125 millones a SQM. Según el archivo del Servel, durante 2013 esa sociedad recibió $19 millones por haber prestado servicios a la campaña de la senadora gremialista Ena Von Baer. El gerente general de CIS, Esteban Gal Oliva, recibió otros $3,5 millones rectificados por SQM.

La rectificación de Inversiones Caburga es extensa, e incluye a otros personeros ligados a la UDI. Con $5 millones en 2010 aparece Juan Aguerreberry Tesler, dirigente gremialista de la zona poniente de Santiago que en la arista SQM figura con otros $50 millones irregulares. Otro nombre que se repite de la investigación a SQM es José Hormazábal López, esposo de Marisol Cavieres, la secretaria de la UDI que puso a varios miembros de su familia a emitir boletas falsas para la minera de Ponce Lerou. En Caburga rectificaron $5 millones pagados a su marido en 2010. En la misma situación están los $2 millones que recibiò de la empresa del Grupo Said, Juan Masferrer Vidal, ex secretario general de la Juventud UDI y candidato a CORE en el 2013 por Rancagua.

Daniela Tudela García (hija de Carlos Tudela, reconocido lobbista DC) recibió pagos por $7,7 millones en 2013 de Inversiones Caburga. Junto a su padre y su hermano Carlos (que registra otros $12 millones rectificados por SQM), es dueña de Servicios de Visión y Gestión Estratégica, empresa que recibió otros $3 millones de la minera y que fueron rectificados. Esa empresa familiar de los Tudela ha asesorado a los diputados de la Democracia Cristiana: Víctor Torres, Eduardo Cerda y Jorge Sabag.

Otros miembros del club de los rectificados son Santiago Ried Undurraga -fue el director de la revista que intentó hacer humor desde la derecha, Ají Verde-, quien recibió $5,5 millones también en 2013; el abogado y actual defensor de Alberto Cardemil, Eduardo Riquelme Portilla (RN), con $4,4 millones en 2009; el analista y ex asesor de Andrés Allamand, Gonzalo Cordero (UDI, quien es socio de Cristina Bitar y Felipe Edwards en Azerta), con un pago por $10 millones en 2009; y el abogado vinculado a RN, Carlos Castro Castro, con una boleta por $2,2 millones también en 2009. Con todos ellos CIPER se comunicó para conocer su versión sobre estos pagos rectificados. No se obtuvo respuesta.

En el listado de rectificaciones se incluyó también a quien fuera jefe de la campaña de Andrés Velasco en las pasadas primarias presidenciales: Cristóbal Aninat. Suempresa Aninat y Elacqua Consultores –en sociedad con Gregory Elacqua, ex académico UDP y asesor del Ministerio de Educación-, figura recibiendo $24 millones entre 2012 y 2013. Es uno de los tres casos que repiten pagos en años distintos. Contactado por CIPER, Aninat solo respondió: “La verdad es que no tengo ningún comentario que hacer al respecto”.

Una rectificación que llama la atención es el realizado a Costanera de Caburga SpA, que entre 2013 y 2014 suma $261,35 millones. Esa sociedad es controlada por la misma familia Said Somavía y se desconoce por qué decidieron corregir ese pago ante Impuestos Internos.

Hasta el cierre de esta edición CIPER intentó obtener una versión de la familia Said, pero no fue posible.