Funcionario del INE vendía información confidencial a importantes empresas privadas

El fallido Censo de 2012 –anunciado como “el mejor en la historia de Chile” y declarado “ilegal” por la Contraloría General de la República en junio pasado– significó un duro golpe para la credibilidad del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). A casi dos años de que se conocieran los hechos, nuevos antecedentes a los que tuvo acceso CIPER dan cuenta de una serie de irregularidades –entre ellas, la venta de información del rubro lácteos y cecinas, cuya reserva está garantizada por ley, a Nestlé y Cecinas San Jorge– que indican que aún no se han resuelto todos los problemas que provocaron la crisis de ese organismo público en 2013.

Los problemas ahora descubiertos tienen a un funcionario de planta del INE como protagonista, el ingeniero agrónomo Héctor Velis Miranda (65 años), quien habría cometido estos presuntos ilícitos desde 2009, los que podrían configurar los delitos de: violación de secreto estadístico, infracción a la propiedad intelectual, falsificación de encuestas y de firma, y malversación de fondos públicos.

Según la información disponible en la página web del INE (Gobierno Transparente), Velis ingresó al organismo público en 1992 y hasta hace solo semanas –acaba de ser  suspendido de sus funciones– se desempeñaba como “jefe Producto Empresas Pecuarias”,unidad dependiente del Subdepartamento de Estadísticas Agropecuarias. En ese rol, recibía un sueldo de $2,7 millones. Pero sus ingresos no se agotaban allí.

Los antecedentes revisados por CIPER, indican que Velis habría recibido dineros extra –aún no cuantificados– por diversas “asesorías particulares” a distintas empresas e instituciones del ámbito privado, las que incluían la elaboración y venta de “informes de coyuntura” y de encuestas con información reservada del INE. Entre las empresas que habrían pagado por esos informes –con datos “nominados” (con el nombre de la empresa) sobre los mercados en los que participan y sobre sus competidores– estaría la multinacional Nestlé y Cecinas San Jorge, ambas líderes a nivel nacional en el segmento de lácteos y cecinas, respectivamente.

Se sospecha, además, que el funcionario habría manipulado los resultados de una encuesta oficial del INE –la de “Industria Láctea Menor”– introduciendo información falsa. Y ello, porque más de una docena de los encuestados originalmente por el INE señalaron que los datos que entregaron no correspondían con los que quedaron registrados en los folios, y dos de ellos acusaron no haber sido visitados en el último año.

La encuesta se realiza con una periodicidad trimestral y tiene como objetivo “obtener información confiable y representativa que permita complementar la información de la industria láctea, para facilitar la toma de decisiones en políticas de producción, tanto en el ámbito público como privado”. Entre los principales usuarios de esta encuesta se cuenta al Ministerio de Agricultura, la Oficina de Estudios y  Políticas Agrarias (Odepa), el Banco Central, la Federación de Productores de Leche (Fedeleche), universidades y empresas del sector.

El 14 de julio, el INE puso los antecedentes a disposición de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. La causa quedó a cargo del fiscal Víctor Vidal, quien ya dio una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI y también ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

SECRETO ESTADÍSTICO

La madeja de irregularidades comenzó a desenredarse hace algunos meses, cuando funcionarios del INE se percataron que una de las encuestas que el organismo elabora trimestralmente (“Industria Láctea Menor”) contenía graves inconsistencias. “Nuestro sistema de monitoreo arrojó evidencia concreta de que había una situación que ameritaba una investigación”, señaló a CIPER la directora del Instituto Nacional de Estadísticas, Ximena Clark (ver recuadro).

Pero fue la confesión de un funcionario del INE –Marcel Araya, subordinado de Velis y uno de los encargados de realizar esa encuesta– lo que hizo que ese hallazgo se convirtiera en un problema aún más grave. En el relato que entregó al jefe del Subdepartamento de Estadísticas Agropecuarias, Julián Pradenas Salazar, Araya acusó hostigamientos y abusos reiterados de parte de Velis desde al menos 2008. El relato del funcionario quedó por escrito y allí se lee:

“A fines de 2008, aproximadamente, el señor Héctor Velis comenzó con un comportamiento muy abusivo hacia mi persona. Me enviaba a hacer depósitos a su banco, a comprar su almuerzo, y me sentía obligado a acompañarlo al Metro y llevarle su maleta. Siempre dándome a entender que debía estar bajo sus órdenes o si no podía perder mucho”, acusó Araya.

A poco de haber ingresado como funcionario al INE, en 2007, Araya señala que Velis comenzó a asignarle nuevos proyectos, entre ellos, distintos rankings de producción de la industria láctea y de cecinas. Asimismo, que recibía constantes presiones de su jefe para tener la información lista con mucha anticipación a los plazos regularmente establecidos por el organismo.

“El señor Velis me solicitó encuestar por correo electrónico y teléfono a 20 empresas de la industria de cecinas, las mayores productoras. No me parecía bien hacerlo ya que el producto (la encuesta) se levantaba semestralmente. Me contestó que necesitaba llevar un historial de cada empresa para poder revisar y no cometer errores”, dijo el funcionario.

Araya acusa que junto al ranking, Velis le exigía elaborar estadísticas anexas, como tabulados con la producción “por categoría de producto” de las 20 empresas de cecinas, y la participación de mercado de cada una de ellas. Todos ellos son datos bajo secreto estadístico, consagrado en la Ley 17.374 del INE, el que obliga a los funcionarios del organismo a “no divulgar los hechos que se refieren a personas o entidades determinadas de que hayan tomado conocimiento en el desempeño de sus actividades”. Lo anterior es un punto clave del problema, porque las empresas están obligadas a responder la encuesta del INE bajo la garantía precisa del secreto en que se mantendrán sus respuestas.

Según el relato de Araya, en 2009 Velis le pidió acompañarlo a una diligencia. Fue entonces cuando habría descubierto el destino de la información paralela que su jefe le pedía levantar constantemente. “Me pidió que lo acompañara a anillar un boletín y me di cuenta que era el informe de cecinas trimestral, por empresa. Puso el boletín en un sobre y me pidió que lo acompañara en el auto. Se dirigió a la empresa Cecinas San Jorge y se lo entregó directamente al gerente general”, cuenta Araya en el relato que entregó a sus superiores. Dice además que denunció el hecho ante quien era entonces la jefa directa de Velis (Diana Trujillo Cerda), pero que el tema quedó “en nada”.

El usufructo particular de Velis con los datos y recursos del INE no habría terminado allí. Habría hecho lo mismo, y de modo sistemático, con otras empresas e instituciones. Entre ellas, aparece la Universidad de Los Lagos, a la que le habría entregado en marzo de 2015 dos encuestas, una sobre productores lecheros y otra sobre productores hortícolas de la Región de Los Lagos; y una empresa –Quality– a la que en octubre de 2014 se le habría hecho llegar una “encuesta de cultivo”. Araya reconoce que por este último trabajo recibió de manos de Velis $75 mil, por concepto de “digitación de encuestas”.

NESTLÉ BAJO SOSPECHA

Entre las tareas que Velis le asignó a Araya, estaba la confección de la encuesta “Industria Láctea Menor”. Paralelamente le pedía rankings de “producción de leche” y tabulados de “leche regional” y “elaboración de productos”. En el descargo ante sus superiores, Araya no especificó a quién iba dirigida esa información, aunque insistió en que, al igual que sucedía con las encuestas de cecinas, Velis solicitaba los informes con mucha anticipación a los plazos oficiales en los que éstos debían estar listos.

Pero en el computador que Velis utilizaba en el INE sí quedaron rastros del posible destinatario de esos sensibles informes. Según dos correos electrónicos que CIPER revisó, desde al menos 2009 Héctor Velis forjó una estrecha relación con un alto ejecutivo de Nestlé: el coordinador de Estrategia y Política Lechera de la multinacional, Marcelo Alonzo. Según su Linkedin, Alonzo aún se mantiene en el cargo.

En noviembre de 2009, Marcelo Alonzo le escribió al ex jefe del INE para indicarle que para recibir sus honorarios debía estar inscrito como proveedor, y le adjuntó un formulario para tales efectos. El trato de Alonzo hacia Héctor Velis era de confianza.

“Tito, hay que concretar trámite de crearte como proveedor de Nestlé para que sea posible el pago. Sin eso es imposible cualquier pago. Por favor llena la ficha y la envías”, le advierte Alonzo. “Anularé la boleta emitida para mandarles otra”, respondió Velis.

Y así lo hizo. Velis mandó la ficha (ver ficha) y envió su boleta. Desde entonces, el funcionario del INE pasó a formar parte de la extensa red de proveedores de Nestlé. Aún no se conoce cuánto dinero pagó en total esa compañía a Velis por los informes y con qué periodicidad. Sí hay evidencias de que esos pagos se extendieron hasta hace poco. El 10 de septiembre de 2013, Velis emitió a Nestlé una boleta de honorarios por $111 mil, con la glosa: “informe coyuntura láctea” (ver boleta).

En agosto de 2014, Nestlé, junto a otras tres compañías (Soprole, Prolesur y Watt’s), fue denunciada por la Federación de Productores de Leche (Fedeleche) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por “atentados contra la libre competencia”. En el libelo, Fedeleche acusó a estas empresas de “impedir sistemática y permanentemente que el mercado de compra de leche cruda en Chile funcione competitivamente. Esto lo han logrado ejerciendo su poder de compra en directo beneficio suyo y en directo perjuicio de los productores y del mercado lácteo en general”.

Según el organismo denunciante, el perjuicio que habría causado Nestlé a los productores de leche cruda ascendería a US$ 188 millones. Nestlé contestó a la demanda acusando a Fedeleche de querer “transformar al TDLC en el árbitro final de los precios de leche cruda”, rol que le corresponde a la libre competencia del mercado.

FALSIFICACIÓN DE ENCUESTAS

En julio pasado, el INE presentó los antecedentes ante el Ministerio Público con las irregularidades detectadas en la unidad que dirigía Héctor Velis. A las pruebas se sumó un informe preparado por el jefe del Subdepartamento de Estadísticas Agropecuarias, Julián Pradenas, en el que se resume la serie de ilícitos en los que habría incurrido el funcionario.

Uno de los más graves –y que de acuerdo al INE fue detectado tras la aplicación de las medidas regulares de control del organismo– incluye la falsificación de los resultados de una encuesta altamente sensible para los productores de leche y la industria láctea en general: la Encuesta de la Industria Láctea Menor, la que cuenta entre sus objetivos específicos: “aportar antecedentes que permitan disponer de fundamentos sólidos para la formulación de políticas públicas de desarrollo del rubro y satisfacer las demandas de información de los industriales lácteos que requieren de medidas de apoyo a su actividad”.  

Tras contactar a 93 de los 129 encuestados, el organismo descubrió que al menos una docena de encuestas presentaban datos falsos: “13 de los informantes indicaron no tener los mismos datos o incongruencias notorias respecto de lo registrado en las bases, sumado a afirmaciones de parte de los informantes que aseguran no haber entregado tales datos e inclusive no haber sido visitados (dos casos)”, dice el informe de Pradenas. Uno de ellos, insistió, además, en que desde hace dos años no se dedicaba al rubro lácteo y que nunca firmó la encuesta.

Al menos 6 de las 13 encuestas falseadas, contienen datos de productores lácteos de las regiones de Los Lagos y de Los Ríos, donde se comercializa cerca del 70% del volumen de leche cruda que se produce en Chile. El precio que allí se obtiene es el que en gran medida determina el precio de la leche cruda para el resto del país. Lo que los tribunales deberán esclarecer es si tras la manipulación de los datos de la encuesta, hubo intención deliberada de introducir distorsiones artificiales en el mercado para favorecer intereses particulares.

Fuentes ligadas a la industria de los lácteos señalaron a CIPER que el mercado de la leche, específicamente de la compra de leche cruda, es por lo general poco transparente y que esto contribuye a oscurecer aún más el panorama. “Los datos manipulados sirven para pretender una realidad distinta y eso puede ser usado por las grandes empresas para argumentar algún tipo de tendencia que favorezca sus objetivos”, señaló un conocedor de la industria que pidió reserva de su nombre.

El informe del jefe del Subdepartamento de Estadísticas Agropecuarias del INE, Julián Pradenas, concluye que en la falsificación de esas trece encuestas se podría configurar el ilícito de malversación de fondos públicos y fraude al Fisco. “Las 13 encuestas con datos no idénticos fueron canceladas por la modalidad de contrato a honorarios suma alzada (HSA), es decir, pago por encuesta levantada y, para el caso particular de la Región de los Ríos y para el funcionario de la Región Metropolitana, se autorizó además cometido y viático para dicho levantamiento”.

En las irregularidades que se desprenden de la aplicación de ese instrumento estadístico a cargo de Héctor Velis, aparecen otros cuatro funcionarios –de planta, a contrata y a honorarios– involucrados, entre ellos el propio Marcel Araya.

En el informe también se consigna la presunta violación del secreto estadístico, a partir de las encuestas sobre la industria de cecinas que Velis instruyó realizar a Araya desde 2009. “Según lo descrito por el Sr. Araya, dicho informe (Encuesta de Industria de Cecinas) fue realizado trimestralmente a solicitud jerárquica del Sr. Velis para fines particulares. En la supervisión interna del INE se ha podido constatar que dicho informe contiene información detallada de las 20 empresas más grandes del rubro que pertenecen al directorio del INE. El informe detalla por nombre de la empresa los datos de producción, por categoría de productos, y la participación en detalle interna y nacional de dichos productos. Lo anterior vulnera a cada empresa, toda vez que provee a su competencia de datos sensibles y confidenciales de esta misma”, escribió Pradenas.

La revisión del INE además estableció que la elaboración de las dos encuestas para la Universidad de Los Lagos, se hizo como “asesorías particulares” del funcionario, utilizando para ello recursos públicos (horas hombre e información oficial levantada por el INE). “Al comparar la encuesta INE de Bovinos con la elaborada por el Sr. Velis, ésta coincide en forma idéntica en un 73%, lo que podría suponer una infracción a la propiedad intelectual”, dice el informe que entregó Pradenas a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

EL FEUDO DE VELIS

Quienes han trabajado en el INE, coinciden en que Héctor Velis era una persona “difícil” y que desde hacía al menos unos cinco años concitaba sospechas sobre el manejo que hacía de la información que debía producir y cautelar. “Llevaba muchos años trabajando en el organismo y él estaba consciente de que era casi imposible que lo despidieran”, contó a CIPER un ex funcionario que pidió reserva de su identidad. Otros lo califican como una persona “de mal trato”.

Las mismas fuentes cuentan que para el cambio de gobierno en 2010, Velis vio la oportunidad para finalmente ascender a puestos directivos del INE. Pero el funcionario, que para entonces llevaba 18 años trabajando en el Instituto Nacional de Estadísticas, no se movió de su cargo. “Eso le generó resentimiento”, señala un ex miembro del INE.

Hace algunas semanas, Héctor Velis fue suspendido de sus funciones a la espera de los resultados de un sumario que el organismo instruyó cuando se detectaron las anomalías y de la investigación que inició el Ministerio Público.

Las descripciones que varios funcionarios hacen de Velis y los antecedentes que hoy salen a flote, plantean una interrogante. ¿Cómo hizo el funcionario para mantenerse por tanto tiempo liderando una unidad sensible del INE sin recibir mayores cuestionamientos?

La respuesta, según fuentes consultadas por CIPER, estaría en el hecho de que la unidad en la que trabajaba Héctor Velis se manejaba como un feudo. “El presupuesto de ese departamento no proviene del INE, sino que de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura. Por eso el departamento siempre se ha manejado como una unidad independiente”, señala un funcionario que pidió reserva de su identidad.

Según el presupuesto del INE de 2013, la Odepa le transfirió ese año casi $350 millones, correspondientes al 1,5% del presupuesto total del organismo ($24 mil millones).

“Con el control de ese feudo, Velis contrataba a sus amigos para hacer encuestas. A veces él y otros funcionarios hacían las encuestas por su cuenta y se pagaban el doble”, señaló a CIPER un funcionario.

DIRECTORA DEL INE: “LA MANO DURA PARA SANCIONAR LAS MALAS PRÁCTICAS EXISTE”

-¿Qué medidas ha tomado el INE en este caso?
Activamos una serie de procedimientos. Primero, detectada la información, iniciamos un sumario interno. En paralelo, por la connotación del hecho, hicimos la denuncia al Ministerio Público. También suspendimos al funcionario de su cargo. Eso es lo que podemos hacer por el momento.

-¿Qué plazos se manejan para concluir el sumario?

Ximena Clark

Los plazos son complejos de definir, porque si se va adjuntando más información, se van alargando. Lo que sí puedo decir es que en el contexto del sumario, todo lo que amerite ser investigado lo vamos a investigar, y toda esa información va a ser traspasada a Fiscalía.

-¿Cuándo se encendió la alerta al interior del INE por este caso?
Desde el año pasado estamos embarcados en un proceso de modernización integral, desde gestión de personas, mejoras de procedimientos y planificación, hasta incorporación de nuevos productos y mejora continua de la calidad de los productos. Esta última pasa, entre otras cosas, por tener sistemas adecuados de supervisión, monitoreo y control de todas las fases involucradas en un proceso estadístico. Y fue precisamente la aplicación de ese monitoreo lo que nos alertó sobre este caso puntual.

-¿La alerta se activó por los controles regulares del INE o por la confesión de un funcionario a sus superiores?
La declaración del funcionario fue posterior a la alarma que nuestro sistema de monitoreo arrojó con evidencia concreta de que había una situación que ameritaba una investigación. Aquí han ocurrido varias situaciones. Entre ellas, un cambio de jefatura –a nivel de subdirección– que permitió introducir cambios en los procedimientos. Y eso facilitó la activación con efectividad de esos procedimientos de monitoreo. El que tengamos hoy esta situación, es producto de que el sistema funciona.

-¿Cómo golpea este caso al INE y a su administración?
Así como yo he sido muy enfática en defender el trabajo serio y comprometido que tienen muchísimos funcionarios de la institución, asimismo estoy haciendo valer todos los procedimientos para sancionar a quien no se comporte como un funcionario público sujeto a una legislación que sanciona, entre muchas otras cosas, el secreto administrativo. En ese sentido, la mano dura para sancionar las malas prácticas existe y va a existir siempre. En este caso, hemos hecho valer todas las facultades que la ley nos entrega para resguardar que la institución siga funcionando con estándares de calidad y credibilidad.