Contratos forward: así se rompió el secreto de la mayor fórmula de evasión tributaria de Penta

Dos fueron los correos electrónicos despachados desde el Ministerio Público el pasado jueves 12 de febrero que pusieron en alerta al Servicio de Impuestos Internos (SII). Aunque no lo decían explícitamente, el mensaje de ambos mails era claro: la investigación al Grupo Penta había topado con una fórmula de evasión tributaria de alcances insospechados y que podría haber sido usada no sólo por el holding de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, sino por otras empresas encuadradas en la categoría de “grandes contribuyentes”, es decir, las compañías más solventes y rentables del país.

Los correos enviados por el fiscal Pablo Norambuena al jefe del Departamento de Defensa Judicial del SII, Andrés Vío, contenían las declaraciones que habían prestado Roberto Carrasco Burgos e Iván Rojas Bravo. El primero, propietario de las sociedades Siglo Outsourcing y VSA. El segundo, ejecutivo de CB Consultorías y Proyectos. Ambos admitieron que habían celebrado contratos forward con diversas sociedades del Grupo Penta, adulterando las fechas en que fueron suscritos con el propósito de simular una pérdida para la empresa y así enmascarar el pago de millonarios bonos a los ejecutivos del holding, evadiendo en ambas operaciones el pago de impuestos.

Iván Rojas

Una vez que los dos correos cayeron en la bandeja de entrada del abogado Vío, en el SII comenzaron a calcular la extensión que puede tener el uso de forwards como vía para evadir tributos entre los “grandes contribuyentes”. La fórmula utilizada por el Grupo Penta, acreditada por la Fiscalía, fue recibida con extrema atención por la actual dirección del SII, que tiene como una de sus prioridades disminuir la evasión. Según un estudio realizado por el actual director del servicio, Michel Jorrat, la evasión del impuesto a la renta alcanzaría al 46% (vea el artículo de CIPER “La radiografía del cerebro tributario de Bachelet al 1% más rico de Chile”).

La hebra que sigue la ruta de los forwards recién comienza a ser desenredada por la Fiscalía e Impuestos Internos y ya salpicó a una sociedad controlada por el ex presidente Sebastián Piñera: Bancorp, que figura en la carpeta de la investigación porque suscribió, el 7 de diciembre de 2009, un forward que está en la lista de los que Iván Rojas entregó al Ministerio Público.

Los antecedentes recopilados por la Fiscalía son analizados con acuciosidad por el SII, donde ya se instaló la sospecha fundada de que los forwards pueden ser un instrumento masivo de evasión tributaria. Casi 11 años habían pasado desde la última vez que el SII detectó una vía para burlar impuestos de uso extendido entre las más importantes empresas del país, las que adquirieron sociedades “zombis” que quebraron en los años 80 y cuya contabilidad fue reconstruida a inicios de la década pasada, para que aparecieran con pérdidas ficticias de miles de millones de pesos. Esas pérdidas fueron utilizadas por empresas solventes para descontar impuestos de manera indebida.

Así, en 2004 el SII pudo establecer que las compañías que compraron sociedades “zombis” restaban esas pérdidas artificiales a sus utilidades, por lo que presentaban declaraciones de impuestos con resultado negativo y no pagaban tributos. Es más, algunas incluso accedían a devoluciones. Impuestos Internos determinó que de las 250 empresas que se revisaron porque tenían pérdidas “sospechosas”, unas 60 usaron esta vía de evasión tras comprar empresas “zombis”.

De no haberse detenido a tiempo el ardid, habría significado para el Fisco una pérdida que informes del SII calculan en $24.520 millones. Fue por este delito tributario que el SII llevó a juicio a Johnson’s, en el proceso que culminó con la controversial condonación de US$119 millones (vea el reportaje de CIPER: “Las pruebas de la participación de los jefes del SII en el ‘perdonazo’ a Johnson’s”).

ASESORES TRIBUTARIOS EN LA MIRA

En Impuestos Internos estiman que las operaciones con forwards adulterados, como las que quedaron expuestas en la investigación a Penta, podrían sumar pérdidas para el Fisco similares a las detectadas en 2004. Por eso, se ha constituido un equipo de expertos que está revisando una nómina de 200 empresas que han utilizado forwards y otras operaciones irregulares similares a las detectadas a Penta.

Una coincidencia con lo ocurrido en 2004 ya saltó a la vista: una porción significativa de las compañías bajo revisión cuentan con asesorías de grandes empresas auditoras o renombradas oficinas de abogados que ofrecen “planificaciones tributarias” cuyo eje es el aprovechamiento de vacíos legales para rebajar los pagos. Bajo las normas de la reciente reforma tributaria, y a diferencia de lo ocurrido en 2004, estas oficinas de asesores ahora se exponen a sanciones como corresponsables si se comprueba la evasión.

Los contratos forwards se utilizan para la compraventa a futuro de un activo cuyo precio fluctúa en el tiempo (como el dólar). Por ejemplo, si una empresa prevé que necesitará dólares en dos meses más, firma el contrato de compraventa hoy y junto con el vendedor fija el precio de antemano (apostando a que el tipo de cambio le será favorable cuando se cumplan los dos meses). Cuando llegue el momento de liquidar el contrato, ganará o perderá dinero de acuerdo a cómo evolucionó el precio del dólar. Así debiese funcionar el sistema, pero no es lo que hacía Penta.

Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano

El holding de Délano y Lavín manipulaba las fechas de los contratos. La Fiscalía y el SII establecieron que estos forwards se redactaron después de la fecha estipulada para su liquidación, por lo que ambas partes ya sabían que Penta “perdería” dinero. Una vez que el grupo le pagaba a la contraparte, en este caso CB Consultores o VSA, esas sociedades entregaban el monto de la “pérdida” a los ejecutivos de Penta, los que hacían sus propios forwards con fechas manipuladas para aparecer “ganando”. De esa forma se disfrazaba el pago de bonos e incentivos a la plana mayor del holding.

El mecanismo conlleva una doble evasión: se dejan de pagar los tributos asociados a las remuneraciones de los ejecutivos y la empresa presenta como “gasto” este desembolso, por lo que disminuye su base imponible. Para consumar el engaño, no se enviaban al SII las declaraciones juradas que deben acompañar la suscripción de los forwards. Esas declaraciones tienen por objeto, precisamente, evitar que las fechas de los contratos sean manipuladas.

Un experto en fiscalización tributaria señaló a CIPER que las empresas asociadas a corredoras de bolsa o entidades financieras que hacen forwards sí cumplen con el requisito de las declaraciones juradas, debido a que están sometidas a una vigilancia más estricta, por lo que en esos casos es más fácil rastrear si se pagaron los tributos. Pero las normas permiten que los forwards sean hechos por cualquier sociedad comercial e incluso por personas naturales. En esos casos, es más fácil que sean “disfrazados” en la contabilidad y que no se cumpla con las declaraciones juradas, por lo que resulta complejo que sean detectados por los fiscalizadores del SII.

LA CARPETA DE LA FISCALÍA

El primero que admitió ante los fiscales que investigan a Penta que ejecutivos de ese holding habían utilizado forwards para burlar impuestos, fue Marcos Castro Sanguinetti, gerente de Contabilidad del grupo y hoy bajo arresto domiciliario. El 22 de enero pasado reconoció que a través de ese tipo de contratos se escondió el pago de bonos a Manuel Antonio Tocornal, gerente general corporativo de Penta; Óscar Buzeta, gerente de Administración y Finanzas; Francisco Astorga, subgerente de Empresas Penta; Dora Pérez, ejecutiva de contabilidad, y al mismo Castro.

Hugo Bravo

La segunda declaración que arrojó pistas sobre el uso de forwards para eludir tributos, fue la que prestó el 30 de enero pasado el ex hombre de confianza de los dueños de Penta, Hugo Bravo, quien admitió los ilícitos para evitar una pena de cárcel y que hoy también está bajo arresto domiciliario. Bravo confirmó el uso de forwards para encubrir el pago de incentivos a los ejecutivos del grupo y aportó un nuevo antecedente. La fórmula fue utilizada inicialmente por Héctor Concha, jefe del área de las empresas de Salud del holding, para evitar el pago de impuestos por las utilidades que le rindieron ocho millones de acciones de Banmédica, la isapre de Penta. Bravo declaró que Concha deseaba traspasar esas acciones a sus hijos sin pagar impuestos.

Ante los fiscales el ex gerente de Empresas Penta afirmó que la operación con forwards para beneficiar a Concha fue diseñada y realizada por Roberto Carrasco, ex contralor de Banmédica y propietario de la empresa de asesoría tributaria Grupo Siglo, además de Siglo Outsourcing y VSA. De aquella operación montada por Concha y Carrasco, declaró Bravo, el Grupo Penta tomó la idea de usar los forwards de manera habitual para evitar impuestos.

Roberto Carrasco, en su declaración del 11 de febrero ante la Fiscalía, desmintió haber hecho el forward para Concha y aseguró no haber suscrito otros contratos de este tipo con empresas distintas a las de Penta. De no ser cierta la afirmación de Carrasco, corre un riego judicial mayor. La investigación sobre los forward ilegales recién comienza y en el SII ya hay antecedentes que apuntan a que conocidas firmas de auditoría y asesoría tributaria, como las que son de propiedad de Carrasco, conocen y han usado este sistema. Estas son algunas de las pistas que hacen suponer que se trata de un instrumento para rebajar tributos de uso extendido en el mercado.

En la misma declaración del 30 de enero, Hugo Bravo señaló que los primeros forwards en Penta se hicieron con una empresa del grupo controlado por Manuel Cruzat: CB Consultoría y Proyectos. El contacto, dijo, se realizó a través de un antiguo ejecutivo de confianza de Cruzat: Mauricio Pinto. Fue Carlos Alberto Délano, según la versión de Hugo Bravo, quien le consultó a Pinto si podían “hacer negocios” con forwards con fechas manipuladas.

La siguiente huella de los forward que quedó plasmada en la carpeta de la investigación, la aportó el abogado Jorge Bofill, defensor de tres ejecutivos del Grupo Penta: Manuel Antonio Tocornal, Marcos Comparini y Óscar Buzeta. El 6 de febrero Bofill entregó a la Fiscalía copia de 14 contratos forward que dos de sus representados (Tocornal y Comparini) habían suscrito con las empresas CB Consultorías y Forestal Valparaíso, ambas del Grupo Cruzat, entre 2008 y 2012.

FORWARDS CON SOCIEDADES DE POLÍTICOS

Una nueva y potente ventana a los secretos de los forwards la aportó a los fiscales Iván Rojas, el representante legal de CB Consultorías y Proyectos. El 12 de febrero, Rojas se presentó ante los fiscales y abrió la compuerta que dejó en evidencia que los forwards son el plato fuerte de los múltiples mecanismos de evasión tributaria usados por Penta. El ejecutivo del Grupo Cruzat declaró que los forwards entre Penta y CB se extendieron por cinco años: desde 2008 a 2012.

Iván Rojas liberó de toda responsabilidad a sus superiores y al dueño de la empresa, Manuel Cruzat. Al único que involucró fue a Mauricio Pinto, un antiguo hombre de confianza de Cruzat, a quien identificó como la persona que en 2008 le informó que se harían forwards “antedatados” con Penta, como un servicio para que ese holding pagara bonos a sus ejecutivos.

Manuel Cruzat Infante

Los forwards para Penta –explicó Rojas- se hacían dos o tres veces por año: “Tipo mes de marzo, mediados de año y fines de año”. También señaló que otra empresa del grupo Cruzat hizo forwards para Penta: Forestal Valparaíso, pero no detalló esas operaciones. Además, entregó a la Fiscalía documentación que indica que fueron 102 los forwards que hizo CB relacionados con Penta. En total, estas transacciones involucrarían alrededor de $3 mil millones, según la exposición que hizo la Fiscalía en la audiencia de formalización de los controladores de holding.

En 42 de estos forwards las empresas Penta figuran “perdiendo” dinero. En 57 aparecen “ganando” los ejecutivos del grupo o sus sociedades personales. Otros dos contratos registran ganancias ($15 millones) para el fallecido martillero público Jorge Valdivia, involucrado en el fraude al FUT que dio origen a la investigación sobre Penta y quien habría sido el nexo del holding con una red de funcionarios del SII. Y en uno de ellos aparece con ganancias la sociedad Bancorp, del ex presidente Piñera.

De la nómina de empresas que entregó Rojas y que figuran recibiendo dinero relacionado con las operaciones forward realizadas entre CB y Penta, cuatro tienen vínculos con políticos. Una de ellas es Santa Irene, la sociedad familiar del ex subsecretario de Minería y ex ejecutivo del Grupo Penta, Pablo Wagner, hoy en prisión preventiva. En 2008, Wagner recibió $100 millones por esta vía. La segunda es Bancorp, del ex presidente Sebastián Piñera, que en 2009 recibió $49,9 millones. Y las dos últimas son Sydarta y Nirvana, las que en 2008 recibieron en conjunto $70 millones. Estas dos sociedades fueron formadas por Ernesto Silva Bafalluy, fallecido en 2011, quien era amigo y socio de los dueños de Penta. En ambas tiene participación su hijo, el diputado Ernesto Silva (UDI), quien debió renunciar recientemente a la presidencia de su partido precisamente por sus vínculos con Penta (ver reportaje de Ciper).

Rojas declaró ante los fiscales que habría sido Hugo Bravo quien le informó que estas cuatro sociedades debían recibir dinero resultante de forwards en que Penta aparecía “perdiendo”.

Tal como lo informó El Mostrador el martes 24 de marzo, el forward suscrito por Bancorp fue fechado el 7 de diciembre de 2009, cuando estaba en curso la campaña de la elección presidencial que ganó Sebastián Piñera. En representación de Bancorp el contrato fue firmado por Santiago Valdés, quien en esos mismos días se desempeñaba como administrador de la campaña de Piñera, y por Ana María Délano. Esta última es hermana de uno de los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano, antiguo amigo del ex mandatario. El contrato, cuya copia está incluida en la carpeta de la investigación, tiene como fecha de liquidación el 7 de enero de 2010.

LA CARTA DEL FISCAL GAJARDO

En su declaración del 12 de febrero, Iván Rojas señaló que los contratos forward con Penta dejaban a CB una ganancia del 1% sobre el total de la transacción, por lo que, al cabo de los cinco años en que se orquestó el engaño, arrojaron una utilidad total cercana a los $40 millones para la empresa de Manuel Cruzat. Lo sorprendente fue que resultaron más lucrativos para el propio Iván Rojas, quien por los mismos forwards recibió pagos equivalentes al 3% de las operaciones. Pero de ello nada informó a sus jefes. Ese dinero lo cobró contra boletas de honorarios emitidas a dos sociedades de Hugo Bravo y a dos empresas de Penta. La mitad de esos “ingresos personales” se la entregaba, en efectivo, a Mauricio Pinto.

Cuando concurrió a declarar a la Fiscalía, el 17 de febrero, Manuel Cruzat dijo que desconocía las operaciones forward que había hecho su empresa CB con Penta y atribuyó toda la responsabilidad a Iván Rojas. Ante los fiscales, el empresario reconocido como maestro de los dueños de Penta y del ex Presidente Piñera (vea el reportaje de CIPER “Délano, Lavín y Bilbao: del “semillero” de Manuel Cruzat al banquillo de los acusados”), comentó que  le parecía “irregular” que sus ejecutivos “cobraran una comisión por fuera para su propio beneficio”.

El 23 de febrero el fiscal Carlos Gajardo instruyó a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI para que solicitara de manera voluntaria a Bancorp el contrato forward que celebró con CB en 2009, además de la contabilidad donde se  había registrado esa operación y todos los documentos relacionados.

Michel Jorrat

Dos semanas después, la mención de ese contrato fue una de las cartas más explosivas que el fiscal Gajardo jugó en la audiencia de formalización de los dueños del Grupo Penta. Ese mismo día el fiscal nacional, Sabas Chahuán, aclaró que no era el ex presidente Piñera el que había firmado el forward y que no estaba bajo investigación.

Cuando Gajardo mencionó a Bancorp en el tribunal, los antecedentes sobre esa empresa y los de todas las que identificó Iván Rojas en su declaración, ya llevaban casi un mes en manos del SII. Habían sido adjuntados en el correo que envió el fiscal Pablo Norambuena al abogado Andrés Vío. Esos son los antecedentes que, en gran parte, motivaron el anuncio que hizo el 12 de marzo pasado el director del SII, Michel Jorrat, quien informó que 200 contribuyentes -entre empresas y personas naturales- serían revisados por presentar situaciones similares a las detectadas en el Grupo Penta. Y son los mismos antecedentes que ahora están bajo el microscopio del equipo del SII que intenta dimensionar cuánto daño han provocado los forwards a las arcas públicas.