Agustín Edwards Eastman: Una biografía desclasificada del dueño de El Mercurio

El fin del grifo de oro

Entre las múltiples funciones y actividades que desempeñó Agustín Edwards en los años sesenta, también estaba la de ser el presidente de una universidad. Doonie encabezaba el consejo directivo de la Universidad Técnica Federico Santa María, un cargo que había heredado de su padre y que este, a su vez, había heredado del suyo. En efecto, desde su creación en 1931, la universidad siempre había estado bajo la tutela de un Agustín Edwards.

Como en otras empresas y organizaciones, Edwards se aseguró de que sus intereses estuvieran bien representados en el consejo. Así, desde fines de los años cincuenta figuraban como directores del consejo su hermano Roberto Edwards y su fiel abogado Carlos Urenda Zegers. El vicepresidente era Jorge Ross Ossa. Además, en el directorio también estaban dos personas que, debido a los estatus de la institución, habían sido escogidas por Edwards. Uno era el administrador general de la Fundación Santa María, Gustavo Olivares Cosulich, que también se desempeñaba como miembro del directorio en otras cuatro empresas de Agustín Edwards, y el rector de la universidad, Carlos Ceruti Gardeazábal.

Edwards tenía buenos motivos para ejercer un estrecho control sobre el directorio de esa universidad ubicada en Valparaíso.  Y estos no se relacionaban necesariamente con el proyecto educativo, sino con intereses financieros. A través de la Fundación Federico Santa María, Doonie controlaba  las inversiones de la universidad, las que se extendían a muchos ámbitos económicos. Una parte importante de esos dineros estaba colocada en empresas que él mismo controlaba o en las que quería lograr una mayor participación, como lo eran la CCU, la Compañía de Seguros La Chilena Consolidada, la Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar (CRAV), que era presidida por Jorge Ross Ossa, o Cementos Melón, que estaba parcialmente en manos de la familia Eastman, sus parientes políticos. El agente inversor de la universidad era el Banco de A. Edwards, el que, a su vez, también era el banco oficial para todo tipo de transacciones administrativas de la universidad, como el pago a profesores y proveedores.

El propio Jorge Ross Ossa recordó muchos años después cómo funcionaban estos vínculos:

Existía una estrecha vinculación mía con el grupo Edwards, que tenía una influencia importante en la CCU a través del Banco Edwards, el que administraba el patrimonio de la Fundación Santa María con una inversión importante en acciones de CCU […] Mi vinculación con la CCU nació de un cambio generacional en los años 1950 a raíz del fallecimiento de don Agustín Edwards Budge [cuando] don Agustín Edwards Eastman reemplazó a su padre en la presidencia de la fundación.

En efecto, la universidad había sido, desde su fundación, un importante vehículo de inversiones para los Edwards. Durante décadas fue una suerte de línea de crédito permanente que les permitió usar los fondos de la inmensa herencia de Federico Santa María —un corredor de bolsa chileno que se había enriquecido a comienzos de siglo en París—, para invertirlos en todo tipo de títulos financieros y corporativos.
Pero la importancia que la universidad y la Fundación Santa María tuvieron para el imperio económico de los Edwards era desconocida en esa época. Tras casi cuarenta años de plácido dominio, todo cambió de golpe para la familia Edwards en octubre de 1967, cuando los estudiantes del plantel de Valparaíso se tomaron la casa central. «Las tomas universitarias en esa época revelaban la documentación oculta de los planteles —afirma Luis Maira, entonces un diputado de la DC que investigó a fondo el caso de la Universidad Santa María—. Eran una suerte de mecanismo de transparencia de información y, en este caso, mostraban todos los vínculos desconocidos entre los Edwards y la Universidad Santa María, el cordón umbilical que unía a ambos.»

A partir de la toma, la situación empeoró con rapidez. Las críticas a Edwards y su manejo de la universidad se hicieron cada vez más bulliciosas. Los estudiantes, parte del profesorado y muchos miembros del Congreso comenzaron a exigir el fin del predominio de los Edwards en la universidad. La delicada situación en esa universidad suponía un ataque directo al sistema nervioso central del grupo Edwards, que durante tantas décadas se había beneficiado de administrar las finanzas de la institución y asimismo la herencia de Federico Santa María. Además, para Doonie también tocaba una delicada fibra emocional. Después de todo, había sido su abuelo el que encabezó todo el proceso de erigir desde cero la universidad, aunque haya sido con el dinero de otro.

La historia de los vínculos entre los Edwards y la universidad se remontaba a una época en que esa institución de educación no era más que un anhelo del magnate Federico Santa María. En la primavera de 1919, Santa María visitó a Agustín Edwards Mac Clure en Londres, donde el abuelo de Doonie se desempeñaba  como embajador de Chile. Santa María había tratado en sus años mozos con un ya viejo Agustín Edwards Ossandón, el patriarca original del clan, del cual guardaba gratos recuerdos. Durante la conversación, que duró más de cuatro horas, Santa María le explicó a Edwards Mac Clure su idea de crear, tras su muerte, una institución técnica e industrial en su ciudad natal de Valparaíso.  Y le pidió al embajador que fuera él quien llevara a cabo esa tarea.

«Hasta ese día —escribió unos años después Edwards Mac Clure en tercera persona— no conocía al señor Santa María sino por referencias de amigos comunes y por haberse encontrado con él casualmente en una o dos ocasiones por cortos instantes.»  Más de treinta años mayor que el tercer Agustín, no está claro por qué Santa María escogió a Edwards Mac Clure. Pero una posibilidad es que le diera confianza el hecho de que este era tan o más rico que él mismo. Aunque halagado, Edwards le hizo ver el inconveniente de nombrar a una sola persona para ejecutar esa idea testamentaria y le sugirió varios nombres adicionales.

Federico Santa María falleció seis años después en París, a los ochenta años. Dos meses más tarde, en febrero de 1926, se abrió en Valparaíso su testamento. Y este reflejaba que Santa María había sido un millonario chileno atípico para su época. Profundamente anticlerical, muy liberal en su vida privada —nunca se casó, pero convivió durante décadas con la francesa Anna Guillaud—, uno de sus deseos era «levantar al proletariado de mi país [porque] es el deber de las clases pudientes contribuir al desarrollo intelectual del proletariado».

En su testamento, Santa María nombró como albaceas y ejecutores de sus disposiciones testamentarias a Agustín Edwards Mac Clure, Juan Brown, Carlos van Buren y Andrew Geddes, siendo estos últimos tres hombres los que el propio Edwards le había propuesto en sus conversaciones de 1919. En su última voluntad, el multimillonario agente de bolsa pidió que se estableciera en Valparaíso una escuela de artes y oficios y, después, un colegio de ingenieros, «poniendo al alcance del desvalido meritorio llegar al más alto grado del saber humano». Y en un fiel reflejo de su liberalismo, Santa María agregó:

En ningún caso se admitirán al internado de la escuela y del colegio alumnos de parientes pudientes, pero podrán estos matricularse en el externado de ambos establecimientos […] Siendo estas instituciones esencialmente laicas, toda instrucción religiosa queda de hecho prohibida dentro de los colegios, la que debe ser dada por sus parientes a domicilio […] Tanto la escuela de artes y oficios como el colegio de ingenieros, y toda otra institución que pudiera crearse más tarde, deben agregar a su título el nombre de JOSÉ MIGUEL CARRERA [sic], en homenaje al gran patriota que dio el primer grito de independencia en Chile.

Pero, además, Santa María añadió una frase que sería crucial para el control que ejercería la familia Edwards sobre la futura universidad:

En los hechos, a los pocos años del fallecimiento de Santa María, Agustín Edwards Mac Clure era el único albacea que quedaba en pie. Juan Brown renunció a su función nada más conocerse el testamento. Andrew Geddes murió pocos meses después. Y Carlos van Buren, que había hecho carrera en el Banco de A. Edwards, falleció solo tres años después de abrirse el testamento de Santa María.

Así que gran parte de la labor de cumplir con la voluntad de Santa María recayó en el abuelo de Doonie. Fue él quien encabezó el concurso para contratar a una firma de arquitectos para construir el campus del futuro centro educacional.  Y también fue él quien comandó la búsqueda de profesores extranjeros, que era una de las disposiciones de Santa María, optando por pedagogos alemanes, que en esa época eran los más avanzados en educación técnica.

«En ningún país está mejor organizada y más desarrollada que en Alemania la enseñanza técnica —afirmó en 1929 Edwards Mac Clure—. Además, el profesorado alemán había dado ya en Chile espléndidos resultados y su carácter parecía más adaptable al medio ambiente nacional.»

En mayo de 1929 se reunió por primera vez el consejo directivo de la Fundación Santa María que los albaceas habían establecido a comienzos de 1927. Agustín Edwards Mac Clure viajó especialmente desde su exilio en París a Valparaíso para hacer su exposición. El régimen de Carlos Ibáñez no le puso inconvenientes para ello. «De los tres [albaceas] que aceptaron hacerse cargo de la tarea —comenzó Edwards Mac Clure—, solo quedo yo para dar cuenta de la labor común realizada en los tres años que han transcurrido desde que se abrió su testamento.»

Además, el balance revelaba que la fundación le debía algo más de medio millón pesos al Banco de A. Edwards. En una gimnasia contable que hoy en día no sería muy común, también registró como pasivo una donación de 2,2 millones que el propio Edwards Mac Clure le hizo a la fundación.

Según Ricardo Nazer, que es uno de los historiadores que más ha investigado y escrito sobre la fortuna del clan Edwards en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la enorme herencia de Federico Santa María fue un «verdadero salvavidas para los Edwards, ya que les permitió acceder a un fondo de inversión inmenso y así ganar directorios por doquier».  Es decir, al igual que la lógica financiera que aplicó la familia en el siglo XIX, el clan no creaba empresas propiamente tales, sino que invertía en compañías existentes y trataba de hacerse con el control mayoritario de estas.

Además, la herencia de Santa María llegó a manos de los Edwards en un momento oportuno. La Gran Depresión de los años treinta sorprendió al clan en un paulatino desfinanciamiento, provocado por el costoso estilo de vida de varios de sus numerosos herederos, e inversiones financieras fallidas de los Agustines, como la apuesta por el salitre en momentos en que ese mineral ya estaba en plena decadencia.

A la muerte del abuelo, el padre de Doonie heredó el cargo de presidente de la Universidad Federico Santa María. Fiel a su carácter retraído, el nuevo Edwards al mando siguió con las cosas tal como estaban. Probablemente, el mayor aporte que hizo Agustín Edwards Budge fue componer el nuevo himno de la universidad en 1956, pocos meses antes de fallecer.

Sin embargo, Doonie era mucho más ambicioso que su padre. También él había heredado el cargo, pero quería dejar su huella. La primera gran oportunidad para intervenir en los asuntos de la universidad llegó en 1958, cuando el rector Francisco Cereceda, que había desempeñado su cargo desde 1936, fue llamado por el recién electo Jorge Alessandri Rodríguez para asumir el Ministerio de Educación. Eso le dio la oportunidad de nombrar al nuevo rector. El consejo directivo optó por Carlos Ceruti, un ingeniero mecánico de cuarenta años que se había graduado en el propio establecimiento. Probablemente fue una sugerencia de Jorge Ross Ossa, que había trabajado con Ceruti en varios proyectos en Valparaíso y Viña del Mar.

El perfil de Ceruti calzaba plenamente con el proyecto modernizador que el poderoso triángulo de Edwards, Ross y Urenda tenía en mente, y que se podía resumir en una simple idea: había que acercar la universidad al mundo de la empresa privada. Tras graduarse en 1940, Ceruti se había desempeñado como ingeniero en la Compañía de Gas de Valparaíso, en la que la familia Edwards poseía acciones hacía casi un siglo y en la que el padre de Doonie había sido miembro del directorio. Después cofundó la firma de ingenieros Edwards, Ceruti y Compañía, la que se dedicaba a la fabricación de aparatos mecánicos y montajes de equipos industriales. Aunque no era un académico, el perfil de Ceruti calzaba con la idea de Edwards de tener a alguien a la cabeza de la universidad que apreciara el vínculo entre el mundo universitario y el mundo productivo.

El diagnóstico que compartían los hombres a cargo de la Universidad Santa María era que las universidades tradicionales, en especial las estatales, estaban demasiado encerradas en su mundo académico, y que solo se dedicaban a impartir las profesiones liberales, por lo que contribuían poco al desarrollo económico del país. «Es absurdo seguir pretendiendo formar solo a humanistas abstractos en países como los nuestros», afirmó en una ocasión el rector Ceruti.

El propio Agustín Edwards delineó por primera vez estas ideas en un discurso que dio en diciembre de 1961, con motivo de la ceremonia de clausura del año académico:

En años anteriores […] planteamos algunos de los problemas que detienen el progreso industrial, entre los cuales el más sobresaliente es la carencia de personal especializado […] La cuestión álgida es la falta de material humano adecuado, no tanto por las condiciones de inteligencia, intuición y rendimiento de nuestra raza, que todos reconocen, como por la desarticulación que ha existido durante largos años en el proceso educativo y la falta de conexiones entre este proceso y las metas de desarrollo que debemos alcanzar.

Un año después, Edwards y el rector Ceruti se embarcaron en un publicitado viaje de estudios que llevó a quince altos dirigentes universitarios y empresariales chilenos a México y Estados Unidos, con el fin de «estudiar las relaciones entre las universidades y la industria, [y] discutir la organización y los propósitos de las escuelas profesionales, en especial las de administración de empresas y de ingeniería industrial».  En la delegación chilena estaban Juan Gómez Millas, rector de la Universidad de Chile; monseñor Alfredo Silva, rector de la Universidad Católica de Santiago, y José Piñera, el representante de la Corfo y padre del futuro presidente chileno. La gira fue auspiciada por el Consejo de Rectores, que en esa época agrupaba a las siete universidades  existentes en el país, el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), fundado en 1953, y por la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos (Usaid). Entre las instituciones que visitó la delegación chilena estaban el Instituto Tecnológico de Monterrey, las universidades de California, Stanford, Harvard y Yale, el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), las fundaciones Rockefeller y Ford, y la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

Al final de la estadía en Estados Unidos, la delegación chilena fue recibida en la oficina oval por el presidente John F. Kennedy.

Era el 2 de marzo a las 3.25 de la tarde. Una foto de ese encuentro muestra a un joven Edwards deambulando con actitud distraída detrás del mandatario norteamericano.

Tras ver en terreno la estrecha colaboración científica y de investigación que existía entre la educación superior y el mundo productivo en Estados Unidos, Agustín Edwards y Carlos Ceruti retornaron a Chile más convencidos que nunca de la necesidad de realizar un importante giro hacia la empresa. La falta de personas calificadas para ingresar al mundo de las empresas era, a juicio de ellos, una situación alarmante que incluso podría frenar el desarrollo económico del país.

El diagnóstico no era del todo errado. En efecto, en esa época la educación técnico-profesional en Chile era bastante escasa. A nivel de educación superior, solo la Universidad Técnica Federico Santa María y la Universidad Técnica del Estado, que se había creado en 1947 al fusionar más de una decena de escuelas técnicas e industriales de todo el país, tenían como foco educar a técnicos e ingenieros para las industrias nacionales. El propio Gobierno de Frei se hizo cargo de esta carencia. En 1966, la Corfo creó el Instituto Nacional de Capacitación (Inacap), que contó con el apoyo financiero de varios gobiernos europeos.

En una conferencia para empresarios latinoamericanos que se realizó en marzo de 1964, el rector de la Universidad Santa María hizo una larga exposición titulada «La educación  y la empresa privada». En esta, Carlos Ceruti hizo un llamado a favor de una mayor interacción entre el mundo de la industria y el de la enseñanza.

«La iniciativa privada debe asumir sin tardanza la parte que le corresponde en el proceso educativo y formativo de nuestros países para suplir los vacíos que presentará todavía por muchos años la educación pública estatal», afirmó el rector y, acto seguido, lanzó un desafío ante los más de cien empresarios presentes. «Ante estos problemas, ¿por qué no usar, entonces, como escuelas las propias fábricas y las propias empresas productoras?  Allí están los talleres, las máquinas, las herramientas.»

Y eso era, en efecto, lo que la Universidad Técnica Federico Santa María ya estaba haciendo. En 1964, la Escuela de Artes y Oficios de la universidad contaba con trece escuelas industriales instaladas en distintas empresas, desde mineras en Iquique hasta lecheras en Osorno. Algunas de estas empresas pertenecían a Agustín Edwards. Las llamadas «escuelas satélite» de la universidad funcionaban, por ejemplo, en una fábrica de la CCU en Limache, en los talleres de prensa de El Mercurio S.A.P. y editorial Lord Cochrane en Santiago, en una fábrica de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones en Laja, en una planta de la CRAV en Penco, en las labores de cabotaje de la Compañía Sudamericana de Vapores en Valparaíso, en algunas plantas textiles de la familia Yarur en Santiago, y en la Cooperativa Agrícola y Lechera de Osorno.

Además, a partir de 1963, la universidad recibió asesorías de un grupo de ejecutivos de grandes empresas chilenas. En varias de ellas, Jorge Ross Ossa desempeñaba un papel clave. Como ingeniero químico y director en varias empresas industriales y mineras, Ross Ossa fue uno de los grandes impulsores de esta política educativa. La labor de este grupo de ejecutivos, en el cual también participó Hernán Cubillos, era buscar formas de estrechar aún más los lazos con el mundo de la producción privada. Una idea, por ejemplo, fue que las universidades hicieran y financiaran investigaciones que fueran pertinentes a las necesidades de las empresas.

Pese a estar en casi una veintena de directorios de empresas y asociaciones, Agustín Edwards se daba el tiempo de llevar personalmente algunos asuntos de la universidad. En especial, aquellos que tenían que ver con las relaciones internacionales.  Así, el 21 de febrero de 1963, por ejemplo, le escribió una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Mora, contándole que el consejo directivo de la universidad había creado una beca internacional y que «es la idea de este consejo que sea la propia Organización de Estados Americanos quien proponga candidatos idóneos de cualquier país miembro». La beca era en honor a Juan Marín Rojas, un reconocido médico, profesor universitario y escritor chileno, que había fallecido unas semanas antes.

La gestión de Ceruti y la activa participación de Agustín Edwards en el diseño de ese nuevo modelo educacional fue generando, con los años, un fuerte resentimiento al interior de la universidad. En un documento elaborado en 1970, después de la reforma universitaria, la secretaría general de la Universidad Federico Santa María hizo un breve recuento de los años en los que Doonie estuvo al mando:

Elemento de fundamental importancia en este período es la participación del grupo Edwards, que [hasta 1958] había tenido un papel más bien pasivo de mera administración financiera, en virtud de sus vinculaciones legales con la institución. Con el cambio de dirección se produjo una injerencia decisiva de dicho grupo en la planificación global y la dirección general de la universidad en términos de largo plazo.

Mientras el consejo directivo empujaba cada vez más por estos cambios, al interior de la institución se estaban incubando tres elementos que, al fusionarse en 1967, hicieron volar por los aires el proyecto educativo de Agustín Edwards.

El primero era que este enfoque de enseñanza, que hoy en día se ha extendido por gran parte del sistema de educación superior del país, causó resquemores en amplios sectores de la sociedad chilena de la época. Muchos temieron que este modelo educacional pusiera a la universidad al servicio de las empresas privadas y de sus propios intereses y necesidades.  Y estos no necesariamente coincidían con el desarrollo nacional y el «bien común», que eran grandes aspiraciones en esa década. El joven diputado democratacristiano Luis Maira, que había sido elegido en 1965 a los veinticuatro años de edad, denunció en octubre de 1967 que «no es posible que este tipo de universidad técnica sirva el interés de un pequeño grupo de capitalistas, ya que su tarea es garantizar el desarrollo chileno».

El senador del Partido Comunista Volodia Teitelboim se sumó a esta crítica, denunciando que «el clan Edwards gobierna, maneja y negocia con las disposiciones testamentarias de don Federico Santa María».

El ambiente en el Congreso a fines de los años sesenta era abiertamente hostil a los grandes grupos económicos y muy sensible al tema de la educación. En la elección parlamentaria de 1965, más de una decena de jóvenes menores de treinta años había ingresado al Congreso. Y entre ellos estaban varios ex dirigentes universitarios, como Luis Maira (ex presidente de la FECH), Pedro Urra (ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción), Guido Castilla (ex presidente de los estudiantes de la Universidad Técnica del Estado), entre otros.

Dentro de la propia Universidad Federico Santa María surgieron cada vez más voces que se quejaban de que la institución era administrada como una empresa. Por ejemplo, muchos profesores tenían contratos anuales, que eran susceptibles de ser revocados. Aunque hoy es una práctica bastante común, en esa época era vista como un atentado en contra de la dignidad académica. De hecho, en marzo de 1967 hubo un movimiento docente en la universidad que amenazó con una renuncia masiva de profesores. La protesta exigía mejoras salariales y de condiciones laborales, además de reclamar por una mayor dignidad académica. En efecto, como parte del plan de modernización impulsado por Ceruti y Edwards, desde mediados de la década la universidad comenzó a utilizar a jóvenes universitarios del Cuerpo de Paz estadounidense en funciones docentes. Los profesores también reclamaron por la estructura del consejo directivo, afirmando que este no cumplía con la voluntad de Federico Santa María. En su testamento, él estableció que el consejo debía estar conformado por sus albaceas y por representantes del cuerpo docente. Sin embargo, desde el comienzo, Agustín Edwards Mac Clure dispuso que solo un miembro del profesorado participara en el directorio. Y esa situación se mantuvo hasta fines de los años sesenta. En cambio, el abuelo de Doonie estipuló que, de manera permanente, tres miembros del consejo serían el presidente del Banco Central, el rector de la Universidad de Chile y el alcalde de Valparaíso.

El segundo elemento era el financiamiento de la universidad. Aunque era una institución privada, al igual que las universidades católicas del país, sus recursos provenían cada vez más del Estado. Hacia 1967, el fisco aportaba más del 80 por ciento de todo el dinero que el establecimiento requería para funcionar. La pregunta que muchos se hicieron era por qué el Estado tenía que subsidiar un modelo educativo que, cada vez más, favorecía a empresas privadas, muchas de las cuales incluso pertenecían a miembros del consejo directivo. «Estos albaceas —alegó en noviembre de 1967 el senador Teitelboim, refiriéndose a Agustín Edwards, Jorge Ross Ossa y Carlos Urenda Zegers— se preocupan de la Universidad Santa María solamente para administrar los bienes de la fundación y participar en los directorios de la CRAV, de La Chilena Consolidada, de Cervecerías Unidas.»

Y el tercer elemento, que proveyó la chispa para que el caso de esta universidad estallara en público, fue la toma de la casa central de la Federico Santa María a comienzos de octubre de 1967. La toma se pudo evitar. Dos semanas antes, el 20 de septiembre, el presidente y el vicepresidente de la Federación de Estudiantes del plantel le escribieron una carta a Agustín Edwards. Reclamaron que, pese a una movilización de treinta y dos días que realizaron los estudiantes en 1966, después de la cual se les prometieron algunos cambios en la forma de gestión, nada había sucedido. Edwards nunca les respondió formalmente.  Su secretaria les hizo saber a los estudiantes que el presidente del consejo estaba de viaje en el extranjero. Lo mismo sucedió con Jorge Ross Ossa, que era el vicepresidente del consejo. Tampoco respondió a los estudiantes por encontrarse de viaje. El rector Carlos Ceruti y Carlos Urenda Zegers, que era miembro del directorio, estaban en Chile pero tampoco recibieron a los universitarios.  Y cuando estos se tomaron la casa central, las autoridades  de la universidad se negaron a conversar con ellos mientras no desalojaran el lugar. Incluso pidieron la intervención de la fuerza pública para desalojarlos, pero las autoridades políticas no accedieron a esa petición.

El movimiento estudiantil se radicalizó. Además de exigir reformas que estaban en boga en ese tiempo, como el gobierno triestamental, el pliego de peticiones incluyó derechamente la destitución del rector Ceruti y la anulación de los estatutos de la Fundación Santa María que otorgaban tanto poder a los descendientes de los albaceas. Es decir, pedían también la salida de Agustín Edwards.

Las autoridades de la universidad perdieron el control de la situación. Y así, lo que inicialmente fue un conflicto de orden universitario interno, pronto adquirió una dimensión nacional. El Gobierno de Eduardo Frei trató de mediar, pero no tuvo éxito. El que recogió el guante fue el Congreso, el que en esa época podía legislar por sí mismo y después someter sus proyectos de ley a la aprobación —o veto— del Poder Ejecutivo. Provistos de la documentación financiera que les entregaban profesores y estudiantes, la Cámara de Diputados pasó a la ofensiva.

El 18 de octubre de 1967, dos semanas después de iniciada la toma, el diputado Luis Maira pidió a la Contraloría un informe sobre los manejos financieros de los bienes de la universidad. Además, el legislador llamó a sus colegas a «no dar curso a la asignación de fondos públicos a favor de esta universidad» mientras no se resolviera el conflicto.  Y elevando las apuestas, el Comité Demócrata Cristiano de la Cámara Baja dejó en claro que la permanencia de Carlos Ceruti en la rectoría era un obstáculo para avanzar en una solución.

En enero de 1968 llegó el informe de la Contraloría. Aunque esa institución no podía dar cuenta de las inversiones y los manejos financieros de la Fundación Santa María, por cuanto era un ente privado, sí desglosó los aportes fiscales a la universidad. Y estos correspondían, para 1967, al 84 por ciento del presupuesto total de la institución.

Poco a poco comenzó a dilucidarse la relación entre las inversiones que realizaba la Universidad Federico Santa María en distintas compañías y el papel que desempeñaban algunos de sus directores en esas mismas empresas.  «Al principio era solo un rumor, se intuía que había nexos —recuerda hoy Luis Maira—. Pero muy pronto tuvimos entre manos un caso nítido de vínculos entre un grupo empresarial y una universidad, para provecho del primero.»

Por ejemplo, en esas semanas se reveló que la universidad tenía inversiones en la CCU. El presidente y vicepresidente de esa compañía eran Agustín Edwards y Jorge Ross. Y ambos ocupaban los mismos cargos en el consejo directivo de la Universidad Federico Santa María. También salió a luz que la universidad tenía acciones en la Compañía de Seguros La Chilena Consolidada y en la Compañía Industrial. En ambas empresas figuraban como directores Agustín Edwards, su hermano Roberto Edwards y Carlos Urenda Zegers, que simultáneamente también estaban en el consejo de la universidad.

Estos descubrimientos llevaron al senador socialista  Tomás Chadwick a acusar a los Edwards de «haber transformado la fundación de beneficencia Federico Santa María en un verdadero holding de empresas, para mover capitales, controlar sociedades y montar un imperio económico». Y a comienzos de 1968, Luis Maira auspició un proyecto de ley para anular la Fundación Santa María y convertirla en una corporación de derecho privado. Con ello buscaba sacar definitivamente  a Edwards de la universidad.

Las revelaciones fueron un fuerte golpe de imagen, del cual Agustín Edwards difícilmente se podía recuperar. Sin embargo, Doonie contraatacó. De la mano de Carlos Urenda, cuya firma de abogados obtenía a estas alturas casi la mitad de sus ingresos del grupo Edwards, desplegó una fuerte ofensiva legal. Su gran arma era una disposición que Federico Santa María había dejado en su breve testamento de cinco páginas. En unas pocas líneas, el testamentario afirmaba que ante cualquier cambio de su última voluntad, sus albaceas deberían trasladar sus bienes para contribuir «al fomento y desarrollo de una o más instituciones científicas de Estados Unidos de América […] a elección de mi heredero». Fue esta afirmación la que usaron los abogados de Edwards para intimidar a sus adversarios con la amenaza de cerrar la universidad y trasladar los recursos a Estados Unidos.

En paralelo, congresistas de la derecha salieron en defensa de Edwards. El senador Pedro Ibáñez, que en 1966 había fundado a partir de las cenizas de los partidos Liberal y Conservador el Partido Nacional, afirmó que «existe una actitud evidentemente persecutoria contra quienes conducen ese establecimiento […] se les persigue, de manera principal, por la posición política que sustentan».

Durante el largo proceso de la reforma universitaria, la derecha siempre sostuvo la tesis de que los conflictos universitarios que el país estaba experimentando, sobre todo a partir de 1967, eran reflejo de un intento de la Democracia Cristiana de hacerse con el control de las universidades.  «El Partido Demócrata Cristiano desarrolló y difundió innumerables doctrinas tendientes a destruir el principio de autoridad —afirmó Ibáñez en febrero de 1968—. Esto explica lo que sucede ahora en la Universidad Santa María de Valparaíso.»

Y unas semanas después, el mismo congresista denunció indignado:

«El Gobierno pretende incautarse de una universidad privada».

Claro que Pedro Ibáñez tenía motivos para estar asustado. Él mismo había fundado en 1953 la Escuela de Negocios de Valparaíso, a la que después le puso el nombre de Adolfo Ibáñez en honor a su padre.

El conflicto puso a La Moneda en una situación incómoda. Frei y Edwards todavía mantenían una relación  estrecha.  Y la ofensiva del equipo jurídico de Doonie, amenazando con cerrar la institución y trasladar sus recursos a Estados Unidos, contaba con buenos fundamentos legales. Pero el Gobierno estaba bajo la presión de sus propios parlamentarios, en especial del llamado sector tercerista, que era más de izquierda. Ellos, pero también los legisladores socialistas, comunistas y radicales, estaban exigiendo anular la personalidad jurídica de la Fundación Santa María. También tenían buenos argumentos. Por ejemplo, después de detallar cómo el ex presidente Arturo Alessandri había disuelto en 1933 por mero decreto el conglomerado salitrero Cosach, en parte para salvaguardar los intereses de su amigo Agustín Edwards Mac Clure, el senadorsocialista Tomás Chadwick preguntó a sus colegas de la Cámara Alta: «¿Se puede, entonces, negar al Parlamento chileno la facultad de resolver una situación que se ha hecho odiosa e insostenible y que financieramente  significa haber transformado a la Fundación Federico Santa María en un holding de empresas?».

Al final, el presidente Frei vetó en marzo de 1968 el proyecto de ley de Maira, que había sido aprobado por ambas cámaras. Sin embargo, fue solo una victoria pírrica para los intereses de Agustín Edwards. En efecto, el veto sustitutivo contemplaba que Frei podía escoger al nuevo rector entre una quina elegida por una asamblea de profesores. Ello significó la caída del rector Carlos Ceruti, satisfaciendo así una de las demandas de los estudiantes.

Aunque la intervención de La Moneda no llevó a la expulsión inmediata de los albaceas controlados por la familia Edwards, a los pocos meses se cambiaron los estatutos, convirtiendo la fundación en una corporación de derecho privado. Así, a partir de 1969, Agustín Edwards y sus directores secuaces tuvieron que abandonar la universidad. Fue un duro traspié para Doonie. Se cerraba así de golpe el gran grifo de capitales frescos que la herencia de Santa María había proporcionado a su familia por cuatro décadas.

Los estudiantes de la universidad cantaron victoria. Habían logrado doblarle la mano a uno de los grupos económicos más poderosos del país. Como recordaron solo dos años después, en 1970:

El conflicto significó, antes que nada, quitar la universidad a un grupo oligárquico que junto con ejercer dominio sobre sectores importantes de la economía nacional, había tomado el control de ella, ejerciendo un poder y determinando orientaciones que estaban en desacuerdo con los intereses y concepciones del movimiento estudiantil y sectores importantes del profesorado.

Curiosamente, los acontecimientos de 1967 y 1968 no se mencionan actualmente en las reseñas históricas que la propia universidad divulga.

El conflicto en la Universidad Federico Santa María duró seis largos meses, en los que se paralizaron todas sus actividades. «Los funcionarios no trabajábamos y solo íbamos el día 25 de cada mes a la administración general a cobrar el sueldo», rememoró un ex funcionario años después.

Por cierto, la administración general de la universidad funcionaba en una sucursal del Banco de A. Edwards, en la calle Prat de Valparaíso.

Perder la Universidad Técnica Federico Santa María fue un enorme revés para Agustín Edwards. No fue solo una derrota comercial, sino también una ideológica. «El caso de la Universidad Santa María tuvo un importante efecto pedagógico —recuerda el ex diputado Maira—. Contribuyó a cuestionar la legitimidad de Edwards y El Mercurio.»

Durante meses, el diario había sostenido en sus editoriales que los movimientos estudiantiles de 1967 formaban parte de un plan de infiltración comunista. Los estudiantes reaccionaron. El 11 de agosto de 1967, los alumnos que se habían tomado la casa central de la Universidad Católica de Santiago desplegaron en plena Alameda un cartel que, hasta hoy, persigue al diario y su dueño. Este rezaba: «Chileno: El Mercurio miente».

El diario de Agustín Edwards reaccionó ante el desafío estudiantil con su tradicional estilo pausado, insistiendo en su tesis de infiltración.  Al día siguiente afirmó en un editorial que «lo lamentable es que el movimiento que promueven ciertos grupos de estudiantes en las universidades católicas no nace de estas, sino que corresponde a un plan elaborado y divulgado por los comunistas».

El redactor de esa pieza fue probablemente Thomas Mac Hale, el editorialista de El Mercurio que en esos años estaba a cargo de los temas de educación. A fines de los años setenta, un asesor del Senado estadounidense, Fred Landis, identificó a Mac Hale como uno de los periodistas remunerados por la CIA para implantar editoriales y noticias en el diario de Edwards.

La dura oposición de El Mercurio a los movimientos estudiantiles católicos de mediados de 1967 guardaba relación con el temor de Agustín Edwards de que estos se extendieran  a otras universidades, entre ellas la Federico Santa María. Fiel a una práctica que mantiene hasta hoy, en toda la cobertura noticiosa y editorial de los acontecimientos universitarios de 1967 y 1968, el periódico nunca mencionó que su propio dueño tenía intereses frente al conflicto.

Al principio, Edwards y los editores en el diario no tomaron muy en serio la pancarta de «El Mercurio miente».  Pero al poco andar se dieron cuenta de que los estudiantes de la UC habían logrado desnudar, en una sola frase de fácil recordación, todo el poder y la red de influencias ocultas que en esa década muchos le atribuían a ese diario y su dueño.

«La izquierda  tenía muy clara la intromisión del grupo Edwards y El Mercurio en la gestación de leyes —afirma Manuel Cabieses, quien entonces era el jefe de la redacción de la revista Punto Final—. Eran un suprapoder,  muchas veces por encima de la propia institucionalidad del país.»  De cierta manera, el cartel de los estudiantes puso esto en evidencia.

«A nosotros nos golpeó mucho, nos dolió mucho —se lamentó años después Arturo Fontaine, quien entonces ya era el subdirector del periódico—. Para un diario que se precia de su seriedad, decirle que miente es lo más ofensivo que le pueden imputar.»