El negocio del agua: ley que rige hace 26 años asegura millonarias utilidades a sanitarias

En estos precisos días la Superintendencia de Servicios Sanitarios negocia con Aguas Andinas y ESVAL, las mayores empresas del sector, las tarifas que pagarán en los próximos cinco años sus casi 8 millones de clientes por agua potable, alcantarillado y tratamiento de residuos. La decisión afecta directamente el bolsillo de las familias de Santiago y Valparaíso, pero el secreto envuelve esta etapa clave normada por una ley que asegura a las empresas un piso de rentabilidad hoy cuestionado por los cálculos de la superintendencia. Sepa por qué pagamos el agua más cara que en Roma, Caracas, Lima y Sao Paulo.

Para los habitantes de Santiago el metro cúbico de agua potable es más caro que en Lima, Sao Paulo, Caracas e incluso Roma. Así lo estableció en 2011 un estudio realizado por la Red Internacional de Comparaciones para Empresas de Agua y Saneamiento (ver cuadro). Y aunque los estudios realizados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) indican que la tarifa podría ser sensiblemente más barata, una ley promulgada durante el régimen militar lo impide.

La ley aun vigente establece un 7% de ganancias mínimas sobre activospara las empresas sanitarias. Así quedó establecido en 1988 con el Decreto con Fuerza de Ley N° 70, firmado por Augusto Pinochet y sus ministros de Obras Públicas, mayor general Bruno Siebert; de Economía, brigadier general Manuel Concha; y de Hacienda, Hernán Büchi. Una fórmula destinada a incentivar el ingreso de capitales privados al sector, proceso que se materializó años después bajo los gobiernos de la Concertación.

A diferencia de ese piso de 7%, los cálculos de la SISS indican que el suministro de agua, las inversiones, la reposición del equipamiento y las ganancias de las compañías se pueden satisfacer con una rentabilidad garantizada de entre 5% a 5,3%. Así lo explicó a CIPER la superintendenta Magaly Espinosa Sarria al ser consultada respecto de las millonarias utilidades que obtienen las sanitarias en Chile.  De hecho, acotó, en Inglaterra, país que tiene un sistema similar al chileno, ya rebajaron a 5% ese piso.

Dado que ese aspecto de la ley no ha sido modificado durante estos 26 años, los cálculos de la SISS ni siquiera serán materia de discusión en la mesa de negociación instalada desde el 1 de octubre para fijar las nuevas tarifas que cobrarán desde marzo de 2015 y hasta 2020 las dos mayores sanitarias del país: Aguas Andinas (Gran Santiago) y Esval (Región de Valparaíso). Ambas atienden el suministro de 7,7 millones de personas.

En 2013, las utilidades de las 25 sanitarias más grandes del país alcanzaron los $261.000 millones, casi siete veces más que las obtenidas por las isapres el mismo año. De ese monto, $116.000 millones (44%) se concentraron en un solo operador: Aguas Andinas, propiedad de la Sociedad General de Aguas de Barcelona (Agbar), controlada a su vez por la francesa Suez (ver reportaje El negocio del agua: los vacíos de la ley que disparan las millonarias ganancias de Aguas Andinas).

Las ganancias de la sanitaria que suministra y trata el agua en la Región Metropolitana se han acrecentado en el último quinquenio, acumulando en los últimos cuatro años $453.742 millones. En 2013, su rentabilidad sobre activos alcanzó el 10,6%. Aunque si se calcula la rentabilidad sobre patrimonio la cifra es aún más alta y roza el 19%. Ello, sin considerar las millonarias utilidades provenientes de 15 otras empresas relacionadas directamente a Aguas Andinas o a su controlador Aguas de Barcelona que operan en Chile (ver mapa de sociedades relacionadas).

En medio de la manga ancha que dejó el DFL N° 70 de 1988, el que ofrece un generoso piso de utilidades a las sanitarias, aparecen vacíos que encienden alertas respecto de la transparencia y el equilibrio en el proceso de negociación que fija los precios del agua potable y alcantarillado. Una instancia que se realiza cada cinco años, en la que el ente regulador del Estado debe asegurar tarifas eficientes para los consumidores.

Y es aquí donde aparecen los problemas. A diferencia de lo que sucede en otros países, el modelo chileno de fijación de tarifas se caracteriza por un profundo secretismo. Esa reserva impide que se conozca antes de la negociación qué objetivos perseguirá la superintendencia en beneficio de los consumidores y cuál es la “tarifa eficiente” que ésta defenderá frente a las sanitarias. La participación ciudadana está restringida a una etapa preliminar del proceso y según reconocen asociaciones de consumidores es meramente simbólica. Sin ninguna incidencia posterior.

Así ocurrió, por ejemplo, en 2009 cuando la superintendencia anunció que tras el proceso de negociación tarifaria con Aguas Andinas para el periodo 2010-2015, las cuentas bajarían un 1,3% (a contar de marzo de 2010). Era una excelente noticia. Pero se omitió un detalle: al inicio de la negociación los cálculos de la propia SISS, elaborados a partir de diversos estudios técnicos, indicaban que la tarifa eficiente debía ser 21% menor a la que Aguas Andinas cobraba en ese momento a sus clientes. Y fue con esa posición con la que la superintendencia se sentó en la mesa de negociación. Al término de ésta, Aguas Andinas logró acortar en 16 veces la disminución propuesta por la SISS y la llevó de 21%  a 1,3%.

Lo sucedido en 2009 abre para algunos expertos otros cuestionamientos sobre esa mesa de negociación. Y uno de ellos se refiere al peso real con el que llega la superintendencia a enfrentar a las sanitarias. El éxito de la negociación depende hasta cierto punto de los estudios que ambas partes –regulador y regulado– encargan a distintas consultoras para respaldar sus propuestas tarifarias. En el proceso anterior, la SISS gastó $963 millones en estudios elaborados por consultores externos para negociar las tarifas con 25 empresas. Es un secreto a voces entre los operadores del sector que hay sanitarias que invierten mucho más que eso: “Sólo Aguas Andinas gasta por lo bajo tres veces más que la SISS”, señalaron a CIPER.

Y aunque la superintendenta de Servicios Sanitarios señala que esa evidente disparidad en los gastos en estudios técnicos no afecta la negociación, hay quienes creen lo contrario y que la SISS no ha hecho todo lo que está en sus manos para reducir los precios del agua. «De otro modo no se explica que la SISS pretendiera un 21% de rebaja y haya aceptado apenas un 1,3%», señaló un experto en negociación tarifaria que pidió mantener su nombre bajo reserva.

GANANCIAS AL ALZA

El 19 de enero de 1998 se promulgó la Ley 19.549 que profundizó el régimen jurídico que regulaba a los servicios sanitarios desde 1988 para adecuarlo al nuevo escenario de privatizaciones que se inició bajo el mandato del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Pero la normativa que asegura un 7% de rentabilidad mínima para las sanitarias no cambió.

Desde entonces el Estado comenzó a desprenderse del control de la propiedad de casi la totalidad de estas empresas –mediante la venta de activos o bajo un modelo de concesión– proceso que partió con la venta de Esval (V Región) y luego con la de Emos (Región Metropolitana) a consorcios extranjeros.

Junto con regular el ingreso de capitales privados a la propiedad de las sanitarias, la normativa de 1998 dispuso que el Estado conservara al menos un 35% de participación accionaria. Esta disposición fue derogada en 2003 –durante el gobierno el ex presidente Ricardo Lagos– allanando el camino para lo que sucedería ocho años después: la venta de casi la totalidad de las acciones que el Estado mantenía en Aguas Andinas (Región Metropolitana), Esval (Valparaíso), Essbio (O’Higgins y Biobío) y Essal (Los Lagos). En 2011, el gobierno de Sebastián Piñera culminó el proceso de privatización iniciado por Frei y, desde entonces, la participación del Fisco en aquellas sanitarias se redujo a un 5%.

De la mano de estos cambios de propiedad, las tarifas que pagan los usuarios han ido en constante aumento, al igual que las utilidades de las sanitarias. En el año 2000, apenas concluida la primera etapa de privatizaciones, las ganancias de todas las empresas llegaron a $86.000 millones. En 2005 superaron los $180.000 millones y en 2013 los $261.000 millones, muy por sobre lo que recaudaron, por ejemplo, las isapres que en 2013 sumaron $38 mil millones.

Eduardo Frei Ruiz-Tagle

A su vez, desde febrero de 2005 hasta el presente, las tarifas nominales de la mayor sanitaria del país, Aguas Andinas, subieron vertiginosamente. El cálculo de la SISS para una boleta de 15 metros cúbicos consumidos arroja un alza de 48%. El desglose según los cálculos hechos por CIPER es el siguiente: 31% el cargo fijo; entre 47% y 51% el metro cúbico de agua (mil litros); 51% el sobreconsumo; y 123% el alcantarillado y tratamiento. Es en este último ítem donde la empresa ha realizado las mayores inversiones, pues en ese lapso la ciudad pasó de un 4% a 100% de aguas servidas tratadas.

Las ganancias de la sanitaria santiaguina también han ido en ascenso desde la última tarificación. Así, en 2010 las utilidades fueron $103.849 millones, en 2011 subieron a $111.479 millones, en 2012 escalaron a$121.738 millones, y el 2013 cayeron a $116.675 millones, empujadas por la compensación y multa de US$ 5 millones por los cortes de agua en el verano. Recientemente Aguas Andinas comunicó ganancias por $64.167 millones entre enero y junio de este año (1,29% más que el primer semestre de 2013).

La tarifa actual de la empresa no sólo incluye los costos negociados con la SISS para producir los 435 mil millones de litros de agua potable que llegan a las casas santiaguinas cada año, distribuirlos a través de 12 mil kilómetros de cañerías, retirarlos por el alcantarillado, tratarlos y depositarlos. A ese monto se suman los recursos para financiar el plan de inversiones que asegure la continuidad del servicio. Además, en cada boleta se paga una fracción de lo que cuesta reponer toda la red a precio real cada 35 años, de modo que la sanitaria disponga de los dineros para reemplazar la infraestructura al término de su vida útil. Y a todo ello se agrega el piso de “retorno asegurado” que al menos debe arrojar un 7%.

–Cuando se fijó el piso del 7% fue una certeza que se le dio al inversionista, un incentivo de esa época para la inversión, de manera que si la tasa de costo de capital diera menos, se le garantizaba ese mínimo. Hoy la tasa da 5% o 5,3% –señaló la superintendenta Magaly Espinosa a CIPER (ver recuadro).

La máxima autoridad de la SISS reconoce que no tiene una explicación definitiva para las altas utilidades de Aguas Andinas y de otras sanitarias del sector, pero advierte que dentro del alto monto puede estar parte de la «cuota» para la reposición de activos que terminan su vida útil (cañerías, edificios, maquinarias, etc.) calculada a 35 años, y que la empresa no habría ocupado.

-Si las utilidades se mantienen siempre altas es que no se está reinvirtiendo a los niveles que el modelo espera que se reinvierta -señaló la superintendenta.

Aguas Andinas, por su parte, sostiene que esos números no reflejan adecuadamente la rentabilidad de la empresa. Así lo hizo saber por escrito ante una consulta de CIPER, aunque declinó dar una entrevista.

–La Ley Sanitaria establece que la rentabilidad económica de la empresa proveedora del servicio se calcula sobre el valor de reposición de los activos de la “empresa modelo” y no sobre el patrimonio contable de la compañía. Éste registra el valor de los activos a su costo histórico sin considerar su valor real de reposición, es decir, están subvalorados. Por ello, considerando el valor de reposición de los activos, la rentabilidad efectiva de la compañía se sitúa en torno a  un tercio del resultado que se obtiene de los estados financieros contables.

Si bien Aguas Andinas es la empresa que por lejos obtiene las mayores utilidades entre todas las sanitarias que operan en el sistema, es Aguas Antofagasta, de propiedad del Grupo Luksic, la que proporcionalmente obtiene el retorno sobre activos más alto: 19%, casi tres veces por sobre el ya sobredimensionado 7% de rentabilidad que asegura el sistema a las sanitarias.

TRANSPARENCIA AL DEBE

La privatización de las sanitarias impulsada por Margaret Thatcher en Inglaterra ocurrió casi paralelamente a las reformas introducidas por Pinochet a fines de los ’80 y que allanaron el camino para la posterior desnacionalización del sector en los gobiernos de la Concertación. Desde entonces, la experiencia británica se transformó en un referente para las autoridades encargadas de regular a los prestadores en Chile.

Sin embargo, entre el sistema regulatorio británico y el chileno hay diferencias clave. Y ello es especialmente visible en los procedimientos que sigue el ente regulador al enfrentar los procesos tarifarios con las sanitarias y también en el rol que adoptan los propios consumidores.

Justo en estas semanas la OFWAT (la SISS inglesa), se encuentra definiendo las tarifas para el periodo 2015-2020 con sanitarias de Inglaterra y Gales. El 29 de agosto el organismo hizo público un borrador con sus propuestas y allí señala:

–Nuestra propuesta (borrador) indica que las cuentas de agua potable y tratamiento de aguas servidas podrían caer en promedio 5% en términos reales para el periodo 2015-2020. Al mismo tiempo, que el nivel de servicio podría incrementarse sustancialmente a partir de un programa de inversión de £43 mil millones por parte de las empresas; y un ahorro de 340 millones de litros de agua por día a partir de 2020, mediante inversiones en eficiencia y reducción de fugas –señala el organismo en el documento (ver aquí).

Además, la OFWAT advierte del plazo límite (3 de octubre) para que los comité de ciudadanos que observan el proceso envíen sus consultas y opiniones, y anuncia que la determinación final respecto de las tarifas que pagarán los consumidores será dada a conocer en diciembre próximo.

En Chile, el proceso de fijación de precios se desarrolla con escasa transparencia a pesar de que compromete el bolsillo de millones de consumidores. Quienes se interesen pueden inscribirse para intervenir en la etapa de las «bases» que fija el marco de lo que se discutirá y que la SISS elabora para cada tarificación. Pero luego las negociaciones entre la superintendencia y las sanitarias son confidenciales. Un secreto que se mantiene hasta que se fijan las tarifas. Así lo estipula el DFL N° 70.

A diferencia de lo que se hace en Inglaterra, nunca se informa públicamente de cuáles serán los alcances de la negociación, cuál es la postura de la SISS y los objetivos que se ha planteado.

El presidente de la ONG Chile Ciudadano, Fernando Balcells, relató a CIPER que se inscribieron para participar en el actual proceso tarifario entre las SISS y Aguas Andinas, pero las dos observaciones que lograron hacer a las bases preliminares fueron meramente simbólicas.

–A pesar de estar consagrado en la ley el derecho de las asociaciones de consumidores (Acs) de participar en los procesos tarifarios, ésta es reglamentariamente imposible. Sólo se las acepta en la discusión de las bases del proceso tarifario que propone la SISS. Después de eso no hay acceso ni a los documentos de propuesta de las empresas ni a la respuesta de la SISS ni al panel de expertos. Nosotros hemos estimado que para participar en este modelo de negociación, y suponiendo que se despejaran las trabas reglamentarias, las Acs deberían disponer de unos $600 millones solo para contratar expertos que pudiesen guiarnos en el proceso –dice Balcells.

En 2011, el senador Alejandro Navarro (MAS), hizo notar este secretismo en la discusión del proyecto de ley que establece compensaciones de las sanitarias a sus clientes cuando exista interrupción o restricción de abastecimiento de agua: «Más importante que ello resulta el proceso de fijación de tarifas, los informes  son ¡secretos! y sólo es posible conocerlos una vez fijado el precio. No puede haber información secreta en un proceso tan importante como es el de fijación de tarifas para el agua potable«.

“NO DAR ESPACIO AL REGULADOR"

Ya que cada sanitaria opera en condiciones monopólicas, la Superintendencia de Servicios Sanitarios debe simular escenarios de competencia para el cálculo de las tarifas. Lo hace a través de la creación de una “empresa modelo”, es decir, una empresa ficticia que realiza lo mismo que la empresa real, pero de manera eficiente.

La «empresa modelo» es el  estudio que presenta la SISS en la negociación de tarifas, el que se enfrenta al que ponen sobre la mesa las sanitarias. Luego, la empresa tiene el derecho a interponer «discrepancias» ante cada uno de los cálculos que haga la SISS. La última vez (2009) fueron alrededor de 500 objeciones las que presentó Aguas Andinas, señala la superintendenta. Curiosamente, por reglamento, la SISS no puede interponer discrepancias al estudio de la sanitaria.

Como ya se ha dicho, otra asimetría en la negociación es la cantidad de recursos que destinan el Estado y las sanitarias para enfrentar el proceso. En 2009 la SISS negoció con 25 sanitarias e invirtió $963 millones en estudios “para definir la información necesaria para calcular los costos y gastos eficientes que incidirán en la tarifa de los servicios sanitarios para el periodo 2010-2014”, señala un informe del organismo. En promedio, la superintendencia gastó $37 millones por cada sanitaria.

En contrapartida, y según una fuente de la superintendencia ligada al proceso tarifario, sólo Aguas Andinas gastó más de tres veces lo que desembolsó la SISS ($3 mil millones) en estudiospara fundamentar su propuesta frente al organismo regulador. “En esta negociación no hay margen de error. Se contrata a los mejores”, reconoce un ex ejecutivo de Aguas Andinas que pidió reserva de su identidad. Más información, más detalle, más argumentos, se traduce en mayor ventaja.

En el proceso de negociación las sanitarias no escatiman en gastos para hacer valer sus intereses en la decisión tarifaria. Así se desprende, por ejemplo, de los requerimientos que exigió Aguas Chañar (Tercera Región) a la consultora que contrató (Inecon) para justificar un alza en la negociación en curso:

–Optimizar las nuevas tarifas de la empresa, para lo cual el asesor debe ser capaz de preparar todos los argumentos necesarios y suficientes desde el punto de vista técnico, legal y económico debidamente documentados, de manera de no dar espacio al regulador o eventualmente a la comisión de expertos de refutar los antecedentes y resultados proporcionados por la empresa (ver aquí).

Para la superintendenta Espinosa, la asimetría en gastos en estudios es sólo aparente y aclara que el organismo cuenta con un equipo de 30 profesionales altamente calificados en procesos tarifarios: “Es la mejor consultora del país en tarificación sanitaria. Son ellos los que dirigen el proceso”, señala.

Según datos obtenidos por CIPER vía Ley de Transparencia, para el actual proceso tarifario la SISS encargó 32 estudios por un monto cercano a los $1.300 millones. Son en total 16 consultoras a las que el organismo les pidió distintos análisis.

El mercado de especialistas en tarificación sanitaria es pequeño. No es raro que las mismas consultoras que en procesos tarifarios anteriores hicieron estudios para el regulador, en el proceso siguiente lo hagan para el regulado, o al revés. Sin embargo, hay ocasiones en que el cruce de consultoras entre regulador y regulado parece ir más allá de lo conveniente.

BAPA, una de las empresas a la que la SISS encargó un estudio de “precios de equipos para plantas de tratamiento de aguas servidas procesos tarifarios 2014-2015”, por un monto de $30 millones es, a su vez, contratista de Aguas Andinas en la ampliación de la planta de tratamiento de aguas servidas en Isla de Maipo. En diciembre de 2013, BAPA entregó una garantía por más de $350 millones para respaldar el cumplimiento del contrato con Aguas Andinas.

PASANDO Y PASANDO

El 1 de octubre la SISS y Aguas Andinas intercambiaron sus estudios de precios. La “empresa modelo» de la SISS se enfrenta con la empresa real (Aguas Andinas). Pero la fórmula que exige la ley y que finalmente se traduce en la tarifa, es objetada por algunos consultores y ex funcionarios de la SISS. La califican de «esquizofrénica» por mezclar la realidad con la ficción, y porque en buena parte la “empresa modelo” (ficticia) de la SISS se nutre de los datos aportados por la misma empresa sanitaria. Para los críticos del sistema, se debiera modificar la normativa y avanzar hacia costos reales.

La superintendenta sostiene que tras cada proceso tarifario el organismo ha ido construyendo una base de datos cada vez más precisa, lo que les ha permitido que la ”empresa modelo “ ficticia se acerque más a la realidad. Por ello se inclina por el sistema actual.

Es posible que en el «tira y afloja» propio de la negociación a puertas cerradas, que se inició el 1 de octubre, se llegue a un acuerdo para fijar las nuevas tarifas en un plazo de 30 días. De lo contrario, las partes están obligadas a recurrir a una Comisión de Expertos, nombrada antes de que parta la negociación, compuesta por tres personas. Uno lo designa la empresa, otro la SISS y el tercero sale de una lista de consenso entre ambas, pero lo escoge la superintendencia. La comisión revisa cada una de las «discrepancias» en apenas 15 días y se inclina por la cifra que propone la SISS o la que propone la sanitaria. Por ley no puede promediar entre ellas y la decisión es inapelable, aunque todos los especialistas con los que CIPER conversó reconocen que existe la tendencia a promediar el conjunto.

–Como no se pueden adoptar valores intermedios, lo que sucede generalmente es que las tarifas terminan siendo la expresión de un equilibro, de una compensación en la que se produce un “pasando y pasando” entre las partes» –señaló un ex funcionario de la SISS.

Para esta fijación de precios, la superintendenta Magaly Espinosa se abstiene de un pronóstico, pero asegura que buscarán negociar «tarifas justas» que incluirán descontar en la futura boleta los ingresos adicionales que tendrá Aguas Andinas por el arriendo de agua que hará a la hidroeléctrica Alto Maipo, propiedad de AES Gener y el Grupo Luksic. Fue la misma superintendenta  la que a fines del año pasado prometió en el Congreso: “Cuando un activo se comparte, se debe proceder a un descuento en los precios. Eso se aplicará el año 2015”.

Magaly Espinosa: “La rentabilidad del 7% fue una certeza para el inversionista”

-La ley asegura un 7% mínimo de rentabilidad a las sanitarias, pero muchas parecen obtener bastante más.  ¿Cómo se explica?

Cuando se fijó el piso del 7% fue una certeza que se le dio al inversionista, un incentivo de esa época para la inversión, de manera que si la tasa de costo de capital diera menos, se le garantizaba ese mínimo. Hoy las tasas (se usan indicadores del Banco Central para el cálculo) dan 5% a 5,3%, pero mantenemos el 7% por ley. En Inglaterra modificaron esa tasa y ahora es de 5%.

-Si se ven las ganancias de Aguas Andinas y Esval, ¿usted diría que son utilidades esperables dentro de este modelo?

Yo haría un análisis de cómo está su calidad de servicio de acuerdo a los indicadores y cómo está su nivel de reposición de la infraestructura, porque eso a mí me indica que la empresa está recibiendo toda la cuota de reposición y si la está manteniendo como utilidad. Y si las utilidades se mantienen siempre altas es que no se está reinvirtiendo a los niveles que el modelo espera que se reinvierta.

-¿La SISS ha podido establecer cuánto de estas ganancias es no reposición?

No tenemos cómo determinar eso. Pero de la tarifa que uno paga, el 30% va para financiar los gastos y el 70% es cuota de reposición de infraestructura.

-En 2009 llegaron al acuerdo de rebajar 1,3% las tarifas, pero ustedes proponían disminuirlas 21% y Aguas Andinas subir 16%. ¿Cómo llegaron a una cifra tan distinta?

Magaly Espinosa, superintendenta de Servicios Sanitarios.

Bajar 20% en un sector como este es súper complejo. La SISS siempre va resguardada, porque no podemos llegar con valores más altos (costos más caros) que los de la empresa. Luego se analizan una por una las discrepancias que plantea la empresa y vemos cuáles podríamos ganar o perder. De ese modo se va conformando una propuesta tarifaria que pensamos que está bien y que tenemos que justificar ante el Ministerio de Economía, que firma el decreto.

-Quiere decir que ambas partes  llegaron con los tejos pasados a la negociación, pese a que supuestamente no se pueden promediar las posturas…

Pero al final los expertos (de la Comisión) hacen promedios también.

-Para esta negociación de tarifas, ¿cuál sería su pronóstico sobre el precio de 2015 a 2020?

Vamos a hacer el estudio lo más fundamentado para llegar a tarifas justas, pero lo que sí se nota en el sector sanitario es que se encarece el proceso de producción de agua. En este escenario de escasez hídrica y cambio climático lo básico es asegurar el abastecimiento y eso exige más inversiones de seguridad.

-A comienzos de año, Aguas Andinas calculó que los nuevos estanques por US$70 millones impactarían en $9 más en cada boleta. ¿Es así?

No sé si $9. En 2008 tuvimos un evento de turbiedad que significó cortes. Entonces se les exigió un plan de obras de seis estanques adicionales en Las Vizcachas, más pozos de captación y un tubo de conexión entre el Embalse El Yeso y la toma independiente. Como Santiago requiere mayor seguridad, se le exigió esto y se considera una tarificación adicional.