Financiamiento electoral irregular:
La lista de las donaciones a campañas del ex ejecutivo de Penta
07.10.2014
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Financiamiento electoral irregular:
07.10.2014
Vea también el reportaje de CIPER: “La caja negra de las platas políticas que sacude a la UDI”.
El viernes 26 de septiembre fue un día complejo para el senador (UDI) Iván Moreira. Sólo dos días antes, la directiva de su partido había tenido que salir a enfrentar ante los medios el estallido de una bomba: la investigación por posibles ilícitos tributarios que sigue la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad y que involucra a los dueños del Grupo Penta –Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín–, abría un capítulo referido al financiamiento irregular de campañas políticas. En esa historia, tanto Moreira como su chofer personal (Rodrigo Molina Requena), aparecían en roles protagónicos.
Fue el presidente de su partido, el diputado Ernesto Silva, quien informó a Moreira que el ex gerente general de Empresas Penta y ex director del Banco Penta, Hugo Bravo López, había declarado que ese grupo económico habría entregado dineros para su campaña de candidato a senador por la Región de Los Lagos por una vía paralela a la legal. A cambio, Penta habría recibido boletas de honorarios de su chofer por trabajos que nunca fueron ejecutados.
Un dato anexo hacía la situación más amenazante: había correos electrónicos enviados por el propio Moreira que avalaban los dichos de Bravo. Fueron horas críticas. Cerca de las 17:00 de ese mismo viernes, la secretaria de Moreira se comunicó por teléfono con el director de Informática de la Cámara de Diputados y le pidió las claves para ingresar al correo institucional que el ex diputado mantuvo hasta marzo de este año, cuando asumió como senador.
Mala decisión. Porque de inmediato el secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, fue informado de la extraña petición. Landeros ya había leído en la prensa que el chofer del senador aparecía entre los investigados por la nueva arista política del fraude tributario y, a sabiendas de que en su condición de funcionario público puede ser acusado de complicidad al facilitar cualquier acto que obstruya la acción de la justicia, hizo la denuncia ese mismo viernes 26.
Había motivos para la urgencia del senador Moreira. La información de la que disponía indicaba que los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena habían incautado el 29 de julio, desde las oficinas que ocupaba Bravo en Empresas Penta en la avenida El Bosque (Santiago), computadores y documentos de contabilidad. El allanamiento se hizo doce días después de que la Aseguradora Penta Vida enviara un hecho esencial a la SVS (17 de julio) informando la renuncia del ingeniero comercial de la UC Hugo Bravo al directorio de la empresa. En dicho anuncio también se hizo un expreso agradecimiento y reconocimiento “a las cualidades humanas y profesionales” de Bravo.
Entre los documentos incautados figuraban boletas y facturas que habrían servido de respaldo contable para los fondos entregados por esa vía irregular a las campañas de los candidatos favorecidos por los dueños de Penta. Un pequeño dato de esta historia estaba en conocimiento de un reducido grupo: Hugo Bravo había decidido –no se sabe por qué– marcar el dorso de cada una de esas boletas con las iniciales del candidato al que correspondía el aporte. Una pista que resultaría clave para empezar a armar el puzzle.
Y en el disco duro del computador debían estar los correos electrónicos relacionados con estas platas, intercambiados entre Hugo Bravo e Iván Moreira desde su antiguo correo, el mismo del cual ahora pedía las claves para tener acceso.
A diferencia de todos los otros candidatos a los cuales los dueños de Penta habrían entregado fondos para sus campañas, Moreira conocía desde antes a Hugo Bravo. Un nexo que habría facilitado la entrega de fondos por $27 millones que, según la versión de Hugo Bravo, se hizo en tres tandas.
El primer aporte se habría hecho efectivo cuando Iván Moreira ya había sido desplazado por la UDI desde la circunscripción de Santiago Oriente para competir por uno de los sillones de senador por Los Lagos. Según la versión de Bravo, los primeros $10 millones que se le entregaron a Moreira fueron el resultado de una conversación directa que tuvo el candidato con Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, quienes luego informaron a Bravo que debía entregarle esa suma a Moreira a cambio de boletas de honorarios.
Cuando la campaña ya estaba en pleno desarrollo, según la versión de Bravo, Moreira le envío un correo electrónico en el que le informaba que estaba a punto de ganar y que necesitaba un último apoyo económico. Bravo dice que él le planteó la petición a Délano, quien le respondió que ya sabía que Moreira iba bien en las encuestas y aprobó el pago de otros $10 millones, nuevamente a cambio de boletas. El parlamentario hizo un último pedido y Carlos Alberto Délano autorizó la entrega de los últimos $7 millones para la campaña de Moreira. Lo que en su indagación CIPER no pudo precisar es si las tres boletas habrían sido extendidas por el chofer del senador, Rodrigo Molina.
Ante el Servicio Electoral, Iván Moreira informó que había recibido aportes por un total de $336,4 millones. De esa cifra, $218 millones provienen de aportes reservados. En esa cuenta oficial no figuran los $27 millones que le habrían entregado los dueños de Penta.
Durante la campaña electoral de 2013 las empresas Penta hicieron múltiples aportes a candidatos de la elección parlamentaria y presidencial, la mayoría de ellos de la UDI. Una parte de esas donaciones para financiar campañas se hizo siguiendo los conductos legales, bajo la figura de aportes reservados que quedan registrados por el Servel. La otra parte, según la versión del ex gerente y ex director de empresas Penta, Hugo Bravo López, se habría hecho efectiva utilizando una vía paralela a la legal: mediante la fórmula de pagar facturas o boletas de honorarios por trabajos que nunca se hicieron. Esas boletas eran extendidas por cercanos a los candidatos y pagadas directamente por empresas del Grupo Penta.
Hugo Bravo ha dicho que los dueños del grupo decidieron hacer solo donaciones legales, como aportes reservados, a la campaña presidencial de Evelyn Matthei y a la postulación a diputado del presidente de la UDI, Ernesto Silva. Este último, es sobrino de uno de los controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Delano.
Matthei y Silva no son los únicos que recibieron aportes reservados legales de los dueños de Penta. Hubo otros favorecidos por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín con ese tipo de donaciones, que cuenta con beneficios tributarios. Pero hay un grupo de candidatos, según la versión de Hugo Bravo, que habría recibido también otros dineros para sus campañas por la vía del pago de boletas y facturas. Este último mecanismo se habría utilizado cuando Penta ya había alcanzado el límite de las donaciones legales.
En ese grupo figuran: Laurence Golborne, Ena Von Baer, Pablo Zalaquett, Iván Moreira, José Antonio Kast y Alberto Cardemil, éste último militante de Renovación Nacional. Bravo también mencionó a otros cinco o seis candidatos que compitieron en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.
LA LISTA DE BRAVO
Ena Von Baer. De la ex ministra secretaria general de Gobierno y actual senadora por la Región de los Ríos, Hugo Bravo ha dicho que inicialmente los dueños de Penta le entregaron aportes para su precampaña por la circunscripción de Santiago Oriente por unos $30 millones. Luego, cuando finalmente la UDI la instaló en la Región de Los Ríos, habría recibido otros $30 ó $40 millones del grupo. El ex ejecutivo de Penta señala que el primer aporte se concretó luego de que Délano y Lavín le informaron que se habían reunido con el ex senador de la UDI Jovino Novoa y con Ena Von Baer, y lo instruyeron para que pagara unos $6 millones mensuales a cambio de boletas de honorarios.
CIPER se comunicó con la oficina de la senadora Von Baer en reiteradas ocasiones para consignar su versión. Incluso nos pidieron los antecedentes precisos sobre los cuales la queríamos consultar. La parlamentaria no devolvió el llamado. En todo caso, la parlamentaria ha negado públicamente cualquier vinculación con el caso. El ex senador Jovino Novoa respondió que no se iba a referir a “rumores”.
En su declaración de ingresos ante el Servel, la senadora Von Baer informó que recibió $333,2 millones, de los cuales $323,8 millones corresponden a aportes reservados. De ser cierta la versión de Bravo, los aportes que habría recibido de Penta a cambio de boletas no figuran en estas cuentas ante el Servicio Electoral.
Laurence Golborne. El grupo Penta, ha dicho Hugo Bravo, le aportó al ex ministro del gobierno de Sebastián Piñera tanto en la campaña de primarias presidenciales que desplegó antes de que la UDI decidiera bajarlo de la carrera por La Moneda, como en su postulación a senador por Santiago Oriente, donde fue derrotado por el ex alcalde Manuel José Ossandón (RN).
Según Bravo, al menos habría cuatro facturas pagadas por Empresas Penta a la empresa Vox Comunicaciones, de la cual fue socio Golborne antes de asumir como ministro en 2010. En julio pasado la revista Capital informó que Golborne estaba por regresar a la empresa Vox Comunicaciones, la cual fundó en septiembre de 2009 con Gabriele Lothholz, ex gerente de Asuntos Corporativos de Censosud, y Esteban Calvo, CEO de la Región Andina HAVAS Media. El aporte habría sido decidido, según la versión de Bravo, por Délano, Lavín y el ex senador Carlos Bombal, quien asesora al Grupo Penta.
CIPER se comunicó con Laurence Golborne para obtener su versión pero el ex ministro declinó referirse al tema. Vox Comunicaciones, empresa con la cual CIPER también se contactó, envió una respuesta por correo electrónico: “Descartamos tajantemente cualquier vinculación entre los servicios entregados por VOXCOM y el financiamiento de campañas políticas”. La nota está firmada por Francisco Derosas, director general de la empresa.
Ante el Servel, Laurence Golborne declaró aportes para su campaña a senador por Santiago Oriente por $901,5 millones, de los cuales $557,4 millones son donaciones reservadas.
Iván Moreira: Como se ha dicho al inicio de esta nota, Moreira habría recibido $27 millones de los dueños de Penta a cambio de boletas. CIPER intentó en reiteradas ocasiones comunicarse con el senador para obtener su versión, pero no respondió.
En su declaración al Servel, el senador Moreira informó que había recibido aportes por un total de $336,4 millones. De esa cifra, $218 millones provienen de aportes reservados.
Pablo Zalaquett. El ex ejecutivo de Penta Hugo Bravo ha dicho que a la campaña desplegada por Pablo Zalaquett en la circunscripción de Santiago Poniente los controladores del grupo Penta le entregaron $20 millones. El pago se habría hecho desde Empresas Penta S.A. contra una factura de la empresa Reactor SpA que lleva el Nº 124. Se presentó como el pago de una asesoría, pero Bravo asegura que ese servicio nunca se realizó y que Penta escogió pagar contra una factura porque ya había copado el máximo de dinero que podía aportar a su campaña. En su versión, Bravo sostiene que el pago fue intermediado por una estrecha e histórica colaboradora de Zalaquett.
La indagación de CIPER indica que en estos aportes, al igual que en el caso del senador Iván Moreira, existirían correos electrónicos que avalan que los fondos fueron entregados por los dueños de Penta a cambio de facturas. Uno de esos correos está fechado el 30 de octubre de 2013.
CIPER se comunicó con la oficina de Pablo Zalaquett (la empresa Triángulo Integración Estratégica), para poder entregar a nuestros lectores su versión, pero no respondió. También nos comunicamos con la empresa de comunicaciones y marketing Reactor SpA. Su director Sebastián Correa señaló: «No me puedo referir sobre algo de lo que no tengo información»
-¿Pero la factura 124, la recuerda?
-No me puedo referir al tema.
En su declaración de ingresos ante el Servel, Zalaquett informó que recibió $862,6 millones, de los cuales $716,3 millones son aportes reservados.
José Antonio Kast. El ex gerente de Penta ha dicho que el diputado UDI por Peñalolén y La Reina llegó personalmente hasta su oficina el día que concurrió a pedir el apoyo económico del grupo. De acuerdo a esta versión, fue Carlos Alberto Délano quien lo condujo para informar a Bravo que lo apoyarían con $10 millones a cambio de boletas de honorarios.
El diputado Kast dijo a CIPER que no recibió ni un solo peso por una vía que no fuera la legal que registra el Servicio Electoral. Y que jamás conoció a Hugo Bravo. Respecto de si está en conocimiento de haber recibido aportes legales del Grupo Penta, afirmó:
-Mire, voy a ser muy franco, porque respecto de los aportes reservados la verdad es que por distintas vías los candidatos sabemos quiénes aportan. Y eso hay que decirlo. Distinto es que uno no sepa la cantidad. Por eso puedo decirle que efectivamente estoy en conocimiento de que los dueños de Penta aportaron por la vía del Servel a mi candidatura y lo hicieron a través de Banmédica. Pero nunca supe cuánto dinero aportaron a mi campaña.
En su declaración de ingresos ante el Servel, el diputado José Antonio Kast informó que recibió aportes por $126,6 millones, de ellos 94,7 millones son reservados.
Alberto Cardemil: Hugo Bravo ha dicho que el ex diputado de Renovación Nacional le escribió en 2013 a Carlos Alberto Délano solicitando apoyo financiero para su campaña a senador por la VI Región. Délano habría hablado con Bravo pidiéndole que le explicara a Cardemil que ya no tenían cupo legal, pero que igual le aportaría a su campaña utilizando la fórmula de las boletas de honorarios. Bravo afirma haber llamado al ex diputado informándole de la decisión de Délano: apoyarlo con $10 millones respaldados por boletas. Cardemil le habría agradecido y le habría enviado las boletas.
En este caso también existirían correos electrónicos que avalarían los dichos de Bravo. El pago se habría hecho efectivo con dos boletas de $7 y $3 millones por servicios que nunca se hicieron efectivos a Penta III. En el dorso de las dos boletas, como lo habría hecho con todas las anteriormente mencionadas, Bravo habría escrito de su puño y letra las iniciales del candidato.
Ante el Servel el ex diputado Cardemil, quien no resultó electo ya que fue derrotado por Alejandro García Huidobro (UDI), declaró ingresos por $361,2 millones, de los cuales $318,9 millones fueron aportes reservados.
Contactado por CIPER, Cardemil calificó la versión de Bravo como “insólita, completamente falsa, pues alude a hechos de los que no tengo conocimiento alguno, son agraviantes y corresponden a una confusión o mala fe de quien los asevera o avala”. Dice que su campaña “jamás recibió un peso de forma irregular ni menos boleta o factura pagada por el señor Bravo o Penta”.
En su respuesta, Cardemil reconoció que intentó infructuosamente comunicarse con Délano: “Traté de hablar, durante mi campaña, con Carlos Alberto Délano y no pude. Me llamó alguien de su oficina expresándome que me iban a hacer un aporte por la vía Servel, dejando sus datos para que verificáramos si había algún aporte”. No obstante, Cardemil aseguró que no supo si dicha donación finalmente se materializó a través del Servel.
El ex diputado dijo que ni siquiera conoce a Bravo. “Jamás he llegado a acuerdos ni con Bravo ni con nadie acerca del financiamiento de mi campaña. Aseguro de manera enfática que mi campaña no recibió aportes irregulares ni menos dineros de boletas pagadas por Penta”, agregó.
Hasta ahora el único candidato que no es de la Alianza y que ha sido mencionado en el caso Penta es el ex ministro de Hacienda Andrés Velasco. Sobre él, Bravo ha dicho que recibió aportes por $20 millones, los que fueron pagados a cambio de boletas o facturas.
Desde que su nombre se vio vinculado a las acusaciones, el ex candidato presidencial mantuvo completo silencio y se quedó en Estados Unidos, mientras su equipo revisaba las cuentas de su campaña a las primarias de la Nueva Mayoría en 2013.
Después de casi dos semanas de hermetismo, Velasco dio a conocer ayer una declaración pública en que señala que no se encontraron registros de ningún aporte de Penta. “La única relación de empresas del grupo Penta se circunscribe al ámbito profesional a través de charlas o servicios específicos que se iniciaron hace más de tres años”, explicó el economista.
Finalmente, Velasco señaló que como no ha recibido requerimientos formales de información, entregó voluntariamente al SII los antecedentes de los servicios profesionales que ha prestado al Grupo Penta.
La venta de la AFP Cuprum a Principal Financial Group en 2012 dejó al Grupo Penta con una gran cantidad de recursos disponibles. El ex director del Banco Penta afirma que eso incentivó a los dueños del grupo a realizar el máximo de donaciones para campañas políticas posibles. El manejo de estos aportes, ha dicho el ex ejecutivo, quedó en manos de un pequeño comité integrado por los dos controladores del grupo –Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín–, además del ex senador de la UDI, Carlos Bombal.
Sobre el procedimiento para cursar los pagos, Hugo Bravo ha dicho que él los autorizaba después de recibir instrucciones de Délano y Lavín. Ellos le decían qué candidatos recibirían fondos y qué cantidad debía entregarles. En algunos casos también le daban el nombre de la persona que, en representación del candidato, tomaría contacto con él. Bravo asegura que una vez que recibía las boletas de honorarios o facturas, las entregaba al contador de Penta, Marcos Castro. Hasta marzo de este año (y desde 2005) Marcos Castro aparecía como director de Penta Administradora General de Fondos S.A.
Pero antes de entregar las boletas a Castro, Bravo las marcaba en el dorso con las iniciales del candidato al que correspondía el aporte. El pago se hacía unos dos días más tarde y en la mayoría de los casos los cheques eran firmados, siempre según la versión de Bravo, por él mismo.
Si Impuestos Internos decide presentar una denuncia por las irregularidades declaradas por Hugo Bravo e investigadas inicialmente por el fiscal Carlos Gajardo, no sería la primera presentación del SII que involucra al grupo Penta. Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín ya están siendo investigados por evasión tributaria desde fines de agosto. Fue el mismo Hugo Bravo, ex gerente del grupo y ex director de varias de sus empresas, quien entregó la hebra que llevó a la fiscalía a determinar que Délano y Lavín presentaron ante el SII boletas de honorarios de sus cónyuges por trabajos que nunca se realizaron y que habrían significado un perjuicio para el fisco del orden de $400 millones por devoluciones de tributos indebidas.
Bravo fue un hombre de extrema confianza de Délano y Lavín. Cayó en desgracia ante sus empleadores tras verse envuelto en la investigación que lleva la fiscalía por fraude al sistema de Fondo de Utilidades Tributarias (FUT). Bravo consiguió que el ex funcionario de Servicio de Impuestos Internos (SII) Iván Álvarez modificara su declaración de renta cuando ya había sido ingresada al sistema, lo que lo habilitó para recibir irregularmente devoluciones por $260 millones. Una vez que la fiscalía puso la lupa sobre Bravo, Penta lo desvinculó de sus cargos en el grupo. Eso ocurrió el 17 de julio pasado, cuando se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) su salida.
Sobre la investigación del financiamiento de campañas políticas por vías paralelas a la legal, el fiscal Carlos Gajardo señaló el martes de la semana pasada que constan “hallazgos que pueden ser constitutivos de delito en términos tributarios”.
El lunes 6 de octubre el economista Paul Fontaine recordó en una carta publicada por el diario El Mercurio que Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín “fueron sancionados por uso de información privilegiada en la compra de acciones del Banco de Chile el 2001 –sanciones ratificadas por la Corte Suprema el 2005– y están siendo investigados por delitos tributarios”.
El recordatorio de Fontaine surge en el momento en que Impuestos Internos decide el contenido que le dará a la nueva acción judicial contra los controladores del Grupo Penta, por los posibles ilícitos tributarios asociados al financiamiento de campañas mediante el pago de boletas por servicios nunca realizados. Esa figura podría incurrir en el ilícito que establece el artículo 97 número 4 del Código Tributario. La misma norma fija una pena de 3 años y un día a 15 años a quien “simulando una operación tributaria o mediante cualquiera otra maniobra fraudulenta, obtenga devoluciones de impuesto que no le correspondan”.
Ahora, respecto de la transgresión de las normas de financiamiento electoral, aun cuando se pruebe que existieron irregularidades, no está claro que la investigación termine en sanciones. Y ello porque esta denuncia ha dejado en evidencia que existe un enorme vacío en las leyes que regulan y fiscalizan los aportes electorales. El Servel sólo registra las declaraciones oficiales de ingresos y gastos que hacen los candidatos, revisando que las cuentas cuadren y que no superen los límites legales establecidos. El organismo no tiene atribuciones para pesquisar ingresos que no estén declarados formalmente, lo que incluye los aportes que se materializan a través de boletas y facturas ideológicamente falsas (correspondientes a trabajos o servicios que fueron pagados, pero que no se hicieron).
Los pocos fiscalizadores con los que cuenta el Servel tampoco tienen herramientas para detectar si se ha burlado la reserva de la identidad de los donantes que hacen aportes reservados (es decir, que el partido o candidato no sepa quién le hizo la donación). Y ambas figuras, boletas ideológicamente falsas y quebrantamiento del secreto en los aportes reservados, han sido denunciadas por Hugo Bravo.