La caja negra de las platas políticas que sacude a la UDI

El miércoles 23 de julio la discusión se prolongó más de lo habitual entre los diputados que revisaban el proyecto de ley que modifica el sistema electoral binominal. Esa tarde, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, los diputados Vlado Mirosevic (Partido Liberal) y Giorgio Jackson (Revolución Democrática) presentaron indicaciones que cambiarían el foco del debate político, al prohibir los aportes reservados de dinero a las campañas electorales, así como las donaciones de empresas. Cinco días después, el lunes 28, fallecía a los 68 años el martillero público y ex «ayudista» de la CNI, Jorge Luis Valdivia Rodríguez. Entre ambos sucesos parece no haber conexión, pero poco antes, cuando el cáncer que lo aquejaba ya estaba avanzado, Valdivia había realizado una declaración judicial que en pocas semanas transformaría un juicio tributario en una investigación al corazón de las zonas oscuras del financiamiento de la política.

Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano

Fue un eslabón más de una cadena de delaciones que tendría como primer herido al grupo Penta, cuyos dueños Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín fueron acusados a fines de agosto por el Servicio de Impuestos Internos (SII) de evasión tributaria. Délano y Lavín administran uno de los grandes imperios económicos del país y están entre los más conocidos financistas de la UDI. Fue un ex ejecutivo de Penta, Hugo Bravo, quien al verse involucrado en la investigación arrastró a ese partido. El foco del fiscal jefe de Delitos de Alta Complejidad, Carlos Gajardo, a cargo del caso, está hoy puesto en presuntas donaciones secretas y fuera del procedimiento legal realizadas principalmente a candidatos parlamentarios de la UDI y también al precandidato presidencial independiente Andrés Velasco.

Nuevos antecedentes indagados por CIPER dan cuenta de que las denuncias llegan al núcleo del gremialismo, pues entre las imputaciones de Bravo aparece la figura del ex senador e histórico “coronel” de la UDI, Jovino Novoa, a quien se individualiza como la persona que decidía a qué candidatos debían asignarse las platas de Penta. De acuerdo a esa versión, la senadora Ena Von Baer fue una de las más favorecidas por las supuestas decisiones de Novoa. Un rol importante en este esquema habría tenido también el ex senador UDI Carlos Bombal, quien ahora trabaja en el grupo Penta. Novoa, actual presidente de la Fundación Jaime Guzmán, declinó responder las consultas de CIPER, pero sus cercanos dijeron estar seguros de que nunca ha operado como correa transportadora de platas reservadas para campañas.

Los otros candidatos que están siendo indagados son el ex alcalde de Santiago y ex candidato a senador Pablo Zalaquett, el ex ministro y ex precandidato presidencial Laurence Golborne, y el actual senador Iván Moreira.  Los tres han negado públicamente haber cometido alguna irregularidad. Lo mismo hizo el presidente de la UDI, Ernesto Silva, quien además es sobrino de uno de los controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano. Este lunes 29, el diputado Silva argumentó que todas las cuentas de gastos electorales fueron aprobadas por el Servicio Electoral (Servel) y dio por cerrado el tema. Lo cierto es que si bien todo indica que algunas de las donaciones se hicieron a través del Servel y son legales, también se han detectado aportes que no se hicieron por esa vía, por lo que la labor de la fiscalía será determinar exactamente quiénes cometieron alguna irregularidad.

La indagatoria pone en una difícil posición pública al gremialismo, ya que en este partido están los más férreos defensores de mantener la reserva de las donaciones políticas y ahora destacadas figuras de la tienda han sido mencionadas como receptoras de dineros que podrían tener origen oscuro. Hace sólo unos días el senador Hernán Larraín advertía que transparentar las donaciones políticas podría hacer que muchos “prefieran el camino de la oscuridad” y ahora, tras las acusaciones, salió a defender la integridad del grupo Penta a través de una carta publicada por El Mercurio.

Andrés Velasco

No menos complicado está Andrés Velasco. Políticamente, no se ve bien que un candidato que se dice de centro izquierda reciba platas del principal financista de la UDI, pero mucho más compleja aún es la posibilidad de que más encima esos fondos no hayan seguido los canales legales, luego de enarbolar la bandera de la transparencia en la política. Aunque Velasco está fuera de Chile, sus colaboradores aún están haciendo un arqueo de documentos para intentar detectar cualquier vínculo con el grupo Penta.

Esta arista política de la investigación tributaria recién comienza a develarse. Está por verse si golpea mortalmente al cuestionado modelo de financiamiento de las campañas políticas, al que Mirosevic y Jackson quieren introducir mayor transparencia y que ha permanecido inalterable para comodidad de los partidos de todo el espectro desde que se creó en 2003, tras el escándalo del caso MOP-Gate.

LAS PLATAS NEGRAS DE LA POLITICA

El hombre que puso a la UDI en la mira de la fiscalía es Hugo Bravo López, un ejecutivo de confianza de los Penta, que incluso llegó a ser gerente general del grupo. Fue él quien declaró ante el fiscal Carlos Gajardo que ese grupo hizo aportes para financiar campañas electorales. Y eso se hizo, dijo, no sólo a través de las vías dispuestas por la ley electoral, sino también mediante aportes de “platas negras” que quedaron lejos del escrutinio del Servel.

El ex ejecutivo de Penta no sólo entregó los nombres de los ex candidatos favorecidos con los aportes, sino que añadió un antecedente que, de confirmarse, puede ser demoledor para la UDI. Porque ante la fiscalía afirmó que existiría un sistema de recaudación para las campañas del gremialismo totalmente divorciado de las normas que regulan el financiamiento de la política. Bravo declaró que Penta habría puesto una millonaria suma directamente a disposición del partido y que una de las figuras más emblemática de la UDI, el ex senador Jovino Novoa, habría sido el encargado de distribuirla entre las candidaturas que la colectividad priorizaba. Con esta acusación de Bravo, por primera vez en un proceso judicial se detalla una de las fórmulas con las que un partido habría hecho caja para una campaña para luego repartir lo recaudado.

Hugo Bravo

Hugo Bravo López, las empresas Penta y los políticos involucrados aterrizaron en el expediente que lleva el fiscal Carlos Gajardo por una inesperada carambola. Lo que Gajardo estaba investigando era una denuncia del SII por un fraude al mecanismo del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) que permitió a diversos contribuyentes obtener millonarias devoluciones de impuestos indebidas. Para acceder a ese beneficio los contribuyentes se coludían con funcionarios del SII que modificaban sus declaraciones de renta una vez que estas ingresaban a Impuestos Internos, a objeto de que quedaran habilitadas para obtener devoluciones del FUT. Uno de estos funcionarios era Iván Álvarez. Al declarar ante la fiscalía, Álvarez reveló que el martillero Jorge Luis Valdivia reclutaba contribuyentes dispuestos a participar en el fraude. Y Valdivia fue la hebra que tiró el fiscal Gajardo y que lo llevó hasta la madeja en la que figuran Bravo, Penta y los ex candidatos involucrados.

Sin las declaraciones de Valdivia y Álvarez, posiblemente los abogados del SII y la fiscalía no hubieran llegado jamás hasta el nombre de Bravo, el millonario ingeniero comercial y hasta ese momento director de empresas del grupo Penta.

Hugo Bravo López, montado en su Porsche y con una billetera de $20.000 millones en el mercado de capitales, se enredó en el fraude al FUT reclutado por Valdivia, su amigo por décadas. A través del ex martillero, logró que se modificaran las declaraciones de renta de dos de sus sociedades, gracias a lo cual el fisco le devolvió $260 millones de manera indebida.

Una vez que la fiscalía le puso las manos encima, Bravo fue rápidamente expulsado de los sillones de directorio de las empresas Penta, en un inútil intento de evitar que el escándalo salpicara al grupo que encabezan Délano y Lavín. Su desvinculación se anunció el 17 de julio pasado en un hecho esencial comunicado a la Superintendencia de Valores y Seguros.

En un abrir y cerrar de ojos, Bravo se quedó sin los $ 25 millones que recibía mensualmente como remuneración -de los cuales $5 millones serían bonos cancelados con boletas de familiares para evadir impuestos- y arriesgando hasta 15 años de cárcel. Lo más complicado para el ex ejecutivo, es que se quedó sin respaldo de sus antiguos amigos y empleadores. En esa adversa circunstancia, Hugo Bravo se dispuso a colaborar con la fiscalía. En agosto pasado le pagó al Fisco $ 1.098.626.952, correspondiente a lo defraudado más intereses y multas. Después se dispuso a entregar la información clave que manejaba.

Inicialmente, Bravo involucró a los dueños de Penta, de quienes dijo que también habían evadido impuestos mediante la presentación de boletas de honorarios de sus esposas por trabajos que jamás se hicieron. Luego, envió al frente a los candidatos que presuntamente recibieron dineros bajo cuerda desde Penta para sus campañas. También declaró que algunos de esos aportes electorales se hicieron mediante el pago de boletas extendidas por personas de confianza de los candidatos, las que se apuntaban en la contabilidad de Penta como honorarios por trabajos que en realidad no se habrían realizado. De hecho, diversas versiones de prensa indican que el chofer del senador Moreira ya declaró ante la fiscalía para explicar por qué figura con una boleta extendida a Penta por varios millones de pesos.

Hasta el momento, la investigación por el fraude al FUT tiene a 125 formalizados: seis contadores, dos ex funcionaros del SII y el resto contribuyentes que usaron a sabiendas el método para defraudar que había ideado Iván Álvarez. Sin embargo, las pesquisas hacia el interior del SII no se han detenido y hay indicios de que los funcionarios involucrados en el fraude serían cuatro o cinco.

Todos los involucrados caen bajo la figura del artículo 97 número 4 del Código Tributario que persigue a quienes realicen «declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda o la omisión maliciosa en los libros de contabilidad (…), la adulteración de balances o inventarios o la presentación de éstos dolosamente falseados, el uso de boletas, notas de débito, notas de crédito, o facturas ya utilizadas en operaciones anteriores, o el empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto».

La misma norma especifica que quien «simulando una operación tributaria o mediante cualquiera otra maniobra fraudulenta, obtenga devoluciones de impuesto que no le correspondan, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio», que va desde 3 años y un día a 15 años.

Adicionalmente, la Fiscalía de Delitos Complejos de Ñuñoa abrió desde el año pasado una investigación por lavado de activos en relación al fraude al FUT. El lavado de activos requiere de un delito base para sostenerse jurídicamente y esa figura sería el cohecho o coimas pagadas a funcionarios públicos, en este caso al ex inspector Álvarez del SII.

EL PAPEL CLAVE DEL SII

El fiscal Carlos Gajardo, quien hasta ahora ha manejado el caso en completa reserva, realizó una sorpresiva rueda de prensa durante la tarde de este martes 30. Fiel a su estilo, no negó ni confirmó la existencia de una arista política en la investigación del FUT, y sólo reconoció en general la existencia de «algunos hallazgos que pueden ser constitutivos de delito en términos tributarios».

Iván Moreira

El vínculo entre los delitos tributarios y las platas políticas se debe a que supuestamente se entregaron fondos contra factura por servicios que nunca se prestaron. El más complicado es el senador Moreira, pues existen correos electrónicos que lo involucran y las boletas habrían sido emitidas por su chofer. Moreira negó cualquier irregularidad y según The Clinic su chofer habría declarado ante el fiscal que realizó trabajos eléctricos por $10 millones para el grupo Penta, lo que justificaría las boletas.

Gajardo informó que todos los antecedentes se pusieron en conocimientos del SII para que decida si se querella o no, ya que la fiscalía sólo puede indagar delitos tributarios si previamente existe una acción de dicho organismo. Se espera que esta misma semana el SII resuelva si iniciará acciones legales, pero todo indica que sí lo hará.

Cuando el fiscal Gajardo expresó que sólo puede seguir investigando si Impuestos Internos se querella, no sólo hacía una precisión legal. Su declaración presiona al SII para que adopte una resolución pronto, pues en los inicios del caso el organismo tributario incurrió en una inexplicable dilación que podría haber sepultado la indagatoria.

El SII detectó los primeros fraudes en 2010, pero no se querelló hasta agosto de 2013. La demora quedó expuesta en un correo electrónico suscrito por la ex jefa de Litigación del SII, Marisa Navarrete Novoa, quien al despedirse de sus compañeros de trabajo se quejó por este retraso y acusó que se habían manipulado fechas en los informes internos del servicio.

La demora se dio justo en medio de la polémica que envolvía al SII y su máximo jefe, Julio Pereira, por la condonación de US$ 100 millones de dólares en impuestos a Johnson’s. Que aparecieran inspectores involucrados en un fraude fiscal era otro golpe para la institución. Tuvo que mediar una petición de antecedentes de la fiscalía para que el SII finalmente hiciera la denuncia el 13 de agosto de 2013 contra 122 contribuyentes, contadores y ex funcionarios, los que finalmente fueron formalizados en marzo pasado.

LOS PERSONAJES DE LA TRAMA

Un «efecto dominó» es el que finalmente llevó a destapar la insospechada arista política del caso fraude al FUT. Todo partió con un contribuyente que denunció ante el SII que el contador Sergio Díaz Córdova le había ofrecido un negocio ilícito para recibir devoluciones de impuestos. El cruce de información llevó a detectar a otros cinco contadores que realizaban estas maniobras: Juan Carlos Prieto, Orlando Carvajal, Hernán Díaz, Francisco Sivit y Horacio Mayquel.

Viéndose descubierto, Sergio Díaz se autodenunció y entregó el siguiente nombre clave: el inspector del SII Iván Álvarez Díaz. El funcionario, que renunció a su trabajo el 13 de diciembre de 2012, resultó ser el creador del sistema defraudatorio. Álvarez comenzó a entregar información. Mencionó a Jorge Luis Valdivia y a Hugo Bravo, como sus clientes.

De allí había un paso para que Valdivia decidiera contar lo que sabía. Lo interrogaron y no sólo declaró, sino que entregó un disco con información a la fiscalía. A los pocos días falleció.

Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano.

El 29 de julio pasado, las oficinas de Hugo Bravo en Penta fueron allanadas por la fiscalía e incautados documentos y computadores. Casi un mes después, el 26 de agosto, el SII interpuso la denuncia contra los dueños de Penta, Délano y Lavín, por supuesto uso de boletas falsas de sus esposas para rebajar impuestos de la sociedad de Inversiones Penta III Ltda. La acción también fue dirigida contra un yerno de Délano, Samuel Irarrázaval Larraín, más el contador de la empresa Marcos Castro, y contra Hugo Bravo, quien también figuraba como representante de la sociedad.

Bravo, por su parte, tras ser despedido de Penta intentó infructuosamente comunicarse con sus ex jefes, pero nunca obtuvo respuesta. Les dejó mensajes y finalmente envió un escrito el 13 de septiembre al ex senador UDI Carlos Bombal, quien es asesor de las empresas Penta. Según reveló La Segunda, de su puño escribió: «no tengo ébola ni nada que se le parezca, pero sí mucha información», y le advirtió a Bombal que sea un «caballero» y le «conteste». A raíz de ese mensaje, los Penta se querellaron por amenazas contra Bravo.

Desde ese momento se desencadenó la arista política. Los rumores de que se estaban investigando las platas políticas comenzaron poco antes de las fiestas patrias y se confirmaron la semana pasada, justo cuando perdían fuerza en el Senado las indicaciones de Vlado Mirosevic y Giorgio Jackson para eliminar los aportes reservados a las campañas electorales. El gobierno propuso incluirlas en un proyecto de ley especial de financiamiento de la política, lo que alejaba la posibilidad de una reforma en el corto plazo. La evolución del caso Penta parece estar removiendo las aguas y reactivando el debate. Como dijo Mirosevic: «Lamentablemente parece que en Chile se necesita que haya un escándalo para mejorar la calidad de la política».