CCU cancela plan para instalar mega planta de bebidas y cervezas en Paine

Los vecinos de Paine están en pie de guerra contra la megaplanta que la CCU pretende instalar en un predio agrícola. Rodrigo Weisner, el abogado que como director de la DGA en 2008 decretó que el acuífero ya no soportaba nuevas extracciones, ahora representa al proyecto que necesita cientos de millones de litros para funcionar. La inversión también es millonaria y tiene al alcalde en una difícil posición, pues en un principio defendió la planta, que se emplazará en el terreno de un empresario que fue uno de los financistas de su campaña.

Entre los varios carteles que cuelgan por las calles de Paine promocionando distintos productos de la zona, se asoma uno que dice: “Preferimos comer sandía que tomar bebida”. En pleno verano, época marcada por la abundante cosecha en los sandiales, la frase bien podría funcionar como un oportuno eslogan para promover el consumo del producto estrella de la zona. Más sana y refrescante, justo cuando el calor no da tregua.

Pero está lejos de ser un llamado amigable. La frase esconde el miedo y la molestia que despierta en muchos vecinos de Paine uno de los proyectos más emblemáticos de la Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU): la construcción de una planta de US $300 millones que permitirá sostener el plan de crecimiento con el que la empresa, propiedad de Quiñenco (holding de la familia Luksic) y de la holandesa Heineken, espera doblar su producción de bebestibles a futuro.

Para ello –así se señala en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que la empresa ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)– CCU necesitará extraer de manera intensiva 400 litros por segundo (lt/seg) de agua subterránea. Pero el predio de más de 200 hectáreas donde la compañía quiere construir la planta no sólo se ubica en el corazón agrícola de Paine, sino que se extiende justo encima del acuífero que abastece a toda la comuna y sobre el cual pesa un decreto de restricción de la Dirección General de Aguas (DGA) que prohíbe nuevas extracciones.

Oficinas corporativas de CCU en Vitacura.

Entre los abogados patrocinantes del proyecto de la CCU, que ya fue admitido a trámite por el SEA, figura el ex director de Aguas del gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Weisner. Fue él quien el 24 de septiembre de 2008 firmó el decreto que resolvió el cierre del acuífero de Paine y la imposibilidad de entregar nuevos derechos de aprovechamiento de agua. Ello, con el fin de que las reservas de agua de la comuna no se vieran afectadas.

Los vecinos acusan a la Municipalidad de Paine de actuar con indolencia frente a una amenaza que en poco tiempo, afirman, podría significar la debacle de la comuna. El alcalde, Diego Vergara (RN), ha cultivado fuertes vínculos con Gerardo Arteaga, dueño del predio agrícola pretendido por la CCU y por el que el empresario ya firmó con la cervecera un compromiso de compra-venta. En 2012 la relación entre Vergara y Arteaga se estrechó aún más luego de que el empresario ayudara a financiar la campaña que lo llevó al sillón edilicio por segunda vez.

La pugna de los vecinos de Paine con CCU se suma a la creciente lista de conflictos por agua que actualmente existen en Chile, agudizados por la prolongada sequía que vive el país pero, en muchos casos, originados por la permisiva y arbitraria legislación que por más de 30 años ha regulado la gestión de los recursos hídricos con resultados nefastos para diversas zonas del territorio nacional.

UN AMBICIOSO PLAN DE CRECIMIENTO

El 18 de junio de 2013 llegaron al edificio de la CCU en Vitacura 2670 los accionistas principales y altos ejecutivos de la compañía para discutir un contundente aumento de capital por $340.000 millones. Los aumentos de capital en la CCU no son frecuentes. El último ocurrió en 1996 y fue por casi $100.000 millones. A esta junta extraordinaria no llegó el actual presidente del directorio de la cervecera, Andrónico Luksic Craig.

El gerente de administración y finanzas, Ricardo Reyes, fue quien dio a conocer al resto de los asistentes la necesidad de contar con esos fondos para impulsar la estrategia de crecimiento de la compañía.

“Para enfrentar el crecimiento orgánico, la sociedad contempla un plan de inversiones para 2013-2016 por un monto en torno a los 600 mil millones de pesos. Entre el 2017 y 2020, un monto aproximado de otros 600 mil millones de pesos”. Tras la exposición de Reyes, la junta aprobó el aumento. Así consta en las actas de esa sesión.

El 9 de septiembre, CCU informó a sus accionistas que había suscrito un contrato de promesa de compra-venta con una validez de dos años “para la adquisición de un terreno de hasta 240 hectáreas dentro de la Región Metropolitana, a 45 kilómetros de Santiago”. No informó el lugar, limitándose a señalar que la “posible adquisición busca sustentar el crecimiento futuro de las distintas unidades de negocio de CCU” (ver documento).

Por “posible adquisición” se refería al Fundo Amalia –de propiedad del agricultor y empresario Gerardo Arteaga–, un inmenso paño de tierra ubicado en el corazón agrícola de Paine. Y por “crecimiento futuro”, a la construcción de una mega planta de 50 hectáreas que les permita para el año 2013 añadir 15 millones de hectolitros (1 hectolitro=100 litros) a su línea de producción de bebidas y cervezas que actualmente alcanza los 19 millones de hectolitros anuales.

Los planes de crecimiento de la CCU van a requerir de agua. Por cada litro de bebestible, se necesitan 4.72 litros del recurso, según declara en su reporte de sustentabilidad 2012. CCU necesitará extraer 400 litros por segundo del agua subterránea disponible en la comuna de manera intensiva, según se desprende de la declaración de impacto ambiental que presentó el 16 de septiembre.

LA GUERRA POR EL AGUA

Hace cinco años, Juan Rodríguez Leiva (53 años) extraía agua de su pozo a menos de dos metros de profundidad. Su hectárea y media de tierra se ubica dos kilómetros al sur del Fundo Amalia. “En la década de los ’70 el agua afloraba a la superficie y teníamos que cultivar en la ladera del cerro”, señala. Fue por eso que en 2003 el Servicio Nacional de Geología y Minería decretó la vulnerabilidad del acuífero de Paine: el agua de las napas estaba tan cerca de la superficie que corría el riesgo de ser infiltrada fácilmente con contaminantes.

Hoy Juan obtiene agua sólo a partir de los seis o siete metros de profundidad. La recarga de su pozo, además es mucho más lenta. La mitad de su pequeño predio está seco y de la otra mitad logra sacar a duras penas algunos choclos, tomates y porotos. “El rey del poroto verde”, como dice que se le conoce en la feria libre de Buin, debe comprar mucho de lo que vende en la Central de Abastecimiento de Lo Valledor. “Nos vienen a robar el agua, esa es la palabra indicada. Nosotros vamos a dar la lucha hasta el final”, dice Juan en representación de 80 pequeños agricultores que ya padecen los efectos de la prolongada sequía que afecta a la zona.

Juan Rodríguez muestra el descenso de agua en su pozo.

El 4 de enero pasado centenares de paininos bloquearon la Ruta 5 Sur para protestar contra el proyecto. Los medios cubrieron profusamente el episodio y CCU tuvo que salir al paso. “El agua que va a usar el proyecto, si se aprueba, va a ser no más allá del 2% del acuífero Santiago Sur, sector Buin y Paine. El proyecto considera una extracción de agua ínfima que no tiene ninguna repercusión en el resto de la gente”, señaló ese día a la prensa el abogado de la empresa, Rodrigo Weisner. Sobre agua Weisner sabe mucho. Trabajó 12 años en el Ministerio de Obras Públicas y en 2006 fue nombrado director de la Dirección General de Aguas (DGA), cargo que mantuvo hasta marzo de 2010.

Tras su salida de la DGA, Weisner fue reclutado por el conocido estudio Puga y Ortiz, para fortalecer el área ambiental y de derechos de agua.  Desde allí, el abogado ha defendido al ex ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma (DC), a quien se le ha acusado públicamente de usurpación de agua en la comuna de Petorca, una de las más azotadas por la escasez hídrica en el país.

Hasta hace unas semanas, defendió también a la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo, organismo que se opone desde hace algunos años al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo en la cuenca del río del mismo nombre. Para los miembros de la coordinadora, el buen trabajo de Weisner –tal como lo califican– se hizo incompatible con la defensa de sus intereses tras decidir representar al proyecto de la CCU en Paine. Esto, luego de que en agosto de 2013 el grupo Luksic, del que CCU es filial, se hiciera del 40% de la propiedad del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo.

EL GIRO DE WEISNER

Cumpliendo su rol directivo en la DGA, el 24 de septiembre de 2008 Weisner firmó la resolución Nº 276 decretando el cierre del acuífero de Paine para nuevas extracciones de agua (ver resolución). El informe técnico Nº 168, elaborado por expertos de la misma DGA en abril de 2007 –y que también lleva la firma de Weisner–, fundamentó su decisión: “De los antecedentes existentes se concluye que la explotación presente en el sector hidrológico de aprovechamiento común de Paine, supera con creces la demanda estimada, por ello se considera que no es prudente otorgar derechos provisionales, con objeto de garantizar que la explotación del respectivo sector sea la apropiada para la protección y conservación en el largo plazo” (ver informe).

En 2011 la misma decisión cayó sobre el acuífero de Buin, que también quedó cerrado para la entrega de derechos y nuevas extracciones.

Cuando la resolución Nº 276 entró en vigencia, el total de derechos de agua entregados a particulares por la DGA sobre el acuífero de Paine ascendía a 1.638 lt/seg. En el caso del de Buin, los derechos ascendían a 8.020 lt/seg. A diferencia de lo que sucede con la minería y otras industrias, al ser derechos entregados mayormente a pequeños y medianos agricultores, su uso no es intensivo, por lo que la demanda real es muy inferior al total de litros consignados en el papel y entregados como derechos.

Rodrigo Weisner, ex director de la DGA.

En efecto, el mismo informe técnico estableció que la demanda real de extracción de agua sobre los acuíferos de Paine y de Buin ascendía a 387 lt/seg y a 2.897 lt/seg respectivamente. Tomando en cuenta la capacidad de recarga de ambos acuíferos y el consumo de agua vigente, se estableció que para evitar la afectación sobre aguas subterráneas y superficiales, la demanda máxima sustentable sobre ambos acuíferos no debía sobrepasar el uso comprometido para entonces. Cualquier extracción por sobre los 387 lt/seg (12.191.818 m³/año) en Paine o los 2.897 lt/seg (90.640.771 m³/año) en Buin impactaría negativamente el equilibrio existente.

Ese es el escenario hídrico en el cual intervendrá la CCU con su nuevo proyecto. La declaración de impacto ambiental de la empresa señala que el proyecto necesitará de 400 lt/seg de agua para sustentar sus procesos productivos. “Se necesitará contar con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas por un caudal de 400 lt/seg”, se señala en uno de los anexos. Otro documento (anexo 2.6) confirma la cifra, fijando el caudal de operación en “400 lt/seg acumulados en seis estanques” de tratamiento. Se señala además que el proyecto “obtendrá derechos de aprovechamiento de agua por la vía de compra de derechos” y que el proyecto una vez entre en completo funcionamiento sólo ocupará “el 4.71% de los litros disponibles en ambos acuíferos”.

Lo que ese documento no especifica con claridad es que los 400 lt/seg que la CCU debe comprar para hacer operativo su proceso productivo serán puestos en uso intensivo, lo que generaría un estrés adicional a la demanda ya existente. Tampoco que el cálculo de impacto (4.71%) sobre la disponibilidad de los acuíferos se estaba haciendo sobre “el agua de papel” –la suma total de litros entregados en forma de derechos a particulares (1.638 y 8.020 lt/seg en Paine y Buin, respectivamente)– y no sobre las cotas máximas de extracción sustentable establecidas por la misma DGA en el estudio que visó el entonces director de la institución y actual abogado de la CCU.

Con estas cifras sobre la mesa, el porcentaje de impacto sobre los acuíferos es casi tres veces mayor al porcentaje presentado en la declaración.

En entrevista con CIPER, representantes de CCU atenuaron las cifras expuestas en el proyecto. El gerente de Ingeniería de CCU, Francisco Rodríguez, señaló que nunca afirmaron que esos 400 lt/seg correspondían a la cantidad real de agua que se necesitaba. “Estábamos en periodo de ajuste. Nosotros decíamos que en el peor de los casos ocuparíamos 400 lt/seg, que eso era lo que íbamos a comprar. Sin embargo, en el mes de máxima producción lo que vamos a utilizar son 250 lt/seg y 129 lt/seg como promedio anual. Eso equivale al 1.3% de la disponibilidad del acuífero”. Al igual como sucede con la DIA, el cálculo de Rodríguez se basa en el total de litros por segundo entregados como derechos (el agua de papel) y no sobre el total de extracción real establecido por el informe de 2007 de la DGA.

Frente a ese hecho, Weisner señala que el agua que ocupará el proyecto será extraída de un acuífero confinado –independiente del sistema hidrológico de la zona–, ubicado a 170 metros de profundidad, por lo que no afectará a terceros. “Lo que importa son las cifras anuales. Según el estudio de la DGA lo sustentable son como 110 millones de m³ al año [NdR: 102.832.589 m³ es la suma del máximo de extracción sustentable anual de los acuíferos Paine y Buin según la DGA]. Si se aprueba el proyecto nosotros utilizaremos sólo 4 millones de m³. Eso es lo que finalmente importa para efectos del balance”, señaló el abogado, contradiciendo las cifras de impacto entregadas por el ingeniero de la CCU.

LA RESERVADA GESTIÓN DE LA CCU

El martes 17 de septiembre de 2013, Elizabeth Lazo (60 años, técnico paramédico) entró a internet para leer la prensa, como todos los días. En medio de la agenda noticiosa copada por los 40 años del Golpe y la inminente celebración de fiestas patrias, detectó una pequeña nota en La Tercera. “Planta de CCU costará US $300 millones y se ubicará en Paine”, decía el titular.

El proyecto llegó a la prensa un día después de que fuera ingresado en el SEA. Pero pasó prácticamente desapercibido para la mayoría de los paininos, que ya se preparaban para celebrar. Hasta entonces, Elisabeth no sabía qué era un hectolitro. Tomó la calculadora y sacó cuentas. Le apareció una cifra interminable. Eran miles de millones de litros de bebestible los que la CCU proyectaba producir con la instalación de su nueva planta en Paine. Y para ello necesitaba agua en una proporción casi cinco veces mayor que aquella estratosférica cifra.

“Le pregunté directamente al alcalde Diego Vergara sobre el emplazamiento de la planta. No sé, fue su respuesta encogiéndose de hombros. Por allá cerca de unos cerros, me dijo después”, cuenta Elizabeth. Por entonces, la municipalidad ya había incluido la noticia en su página web, anunciando la llegada de más de mil nuevos empleos a Paine.

Calles de Paine.

Lo otro que le sorprendió es que el proyecto fuera ingresado como una declaración de impacto ambiental (DIA) y no como un estudio de impacto ambiental (EIA). La Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente indica en el artículo 11 letra b que si un proyecto “presenta efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables incluidos el suelo, el agua o el aire”, deberá ser ingresado como estudio y no como una declaración. A diferencia del EIA, la DIA no exige la realización de estudios de línea base ni de mitigación para compensar los daños que la actividad pudiese producir. Tampoco considera la obligatoriedad de abrir un proceso de consulta ciudadana.

La autoridad ambiental consideró que el proyecto no presentaba riesgos significativos ni efectos adversos sobre los recursos naturales renovables y declaró admisible la DIA de la CCU (ver documento). El 24 de septiembre –y asesorados por la consultora Sustentable S.A. que cuenta con más de 150 proyectos aprobados en el SEA–, la compañía cosechó su primera victoria.

Aunque no sea mandatoria, las declaraciones de impacto ambiental pueden admitir una instancia de participación ciudadana si es que en un plazo no superior a 10 días desde la publicación de un extracto del proyecto en el Diario Oficial, al menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica o 10 personas naturales directamente afectadas la pidan formalmente en las oficinas del servicio.

A las 17.00 del 15 de octubre, día en que expiraba el plazo para solicitar la consulta ciudadana, nadie se había presentado en las oficinas del SEA. Media hora después llegó a las dependencias del organismo un puñado de dirigentes con las firmas bajo el brazo. “Nos enteramos el último día que podíamos solicitar formalmente nuestra participación en el proyecto y hacer observaciones”, cuenta Elisabeth. A las 18.30 horas el trámite estaba hecho y las oficinas cerradas.

Hasta entonces, el alcalde Diego Vergara no se había pronunciado sobre el proyecto frente a la comunidad, que le pedía aclarar su postura. Días antes, el 25 de septiembre, la municipalidad había recibido la notificación del SEA para que, de acuerdo a sus atribuciones, evaluara si el proyecto se ajustaba a la normativa ambiental. Justo un mes después, la municipalidad envió diez observaciones, pidiendo algunas aclaraciones y condicionando su pronunciamiento a que el titular del proyecto respondiera satisfactoriamente a ellas. Entre las observaciones se encontraba el dar cumplimiento a la Ley General de Urbanismo y Construcción y al Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana. La municipalidad pidió, además, que de existir medidas de compensación, se le entregara a la municipalidad “terrenos para la implementación de áreas verdes”.

El 18 de noviembre los vecinos convocaron a una asamblea para aunar criterios e ir recopilando las observaciones que presentarían el 8 de enero de este año. Llegaron más de 200 personas. Se cursó invitación también al alcalde, a quien le pidieron nuevamente que se pronunciara. Pero no lo hizo y tuvo que retirarse de la reunión.

El 20 de noviembre la presión era insostenible. Ese mismo día Vergara publicó en la cuenta de Twitter del municipio: “Si es en Paine se tiene que hacer bien”. El 4 de diciembre contestó por la misma vía a una interpelación en la que se le acusaba de apoyar el proyecto, señalando que “la municipalidad de Paine está en contra”.

¿Por qué después de dos meses y medio de ingresado al SEA el alcalde recién se pronunciaba frente a la comunidad sobre el proyecto? ¿Por qué cambió de postura?, son las preguntas que se hacen los paininos.

Diego Vergara, tal como contó a CIPER (ver recuadro), ha forjado estrechos vínculos con Gerardo Arteaga, propietario del Fundo Amalia y lugar donde la CCU proyecta instalarse. El alcalde reconoce una relación de muchos años con el empresario y además que recibió dinero de su bolsillo para financiar su campaña al sillón edilicio. Insiste, sin embargo, en que ello nunca ha comprometido sus decisiones y que la contribución a su candidatura fue marginal. Según datos del Servicio Electoral (Servel) la campaña de Vergara para llegar a la alcaldía costó $9.286.064. Sin embargo, no se registran aportes hechos por terceros. La donación no aparece en ninguna parte, pese a que la Ley Nº 19.884 sobre transparencia, límite y control de gasto electoral es clara al señalar que toda contribución privada debe ser entregada bajo la modalidad de aporte anónimo o reservado, aunque los donantes tienen el derecho a pedir que se consigne su identidad. No queda claro de qué manera Arteaga hizo llegar su aporte al entonces candidato. Los datos del Servel indican que se hizo fuera de norma y en completa informalidad.

El 8 de enero pasado, la comunidad de Paine hizo entrega al SEA de un extenso pliego de observaciones a la declaración de impacto ambiental ingresada por la CCU en septiembre. En el proceso participaron 250 vecinos. Al SEA también llegó el alcalde.

Varias semanas antes de que las observaciones ciudadanas fuesen ingresadas al organismo, CCU pidió al SEA ampliar el plazo para responder adecuadamente a las observaciones realizadas por los organismos competentes que participan de la evaluación. Aún no llegaban a sus manos las observaciones ciudadanas que también debe responder. El 2 de abril de 2014, CCU deberá enviar al servicio ambiental sus aclaraciones y respuestas a todas las observaciones realizadas. La CCU no descarta pedir una nueva extensión del plazo en vista de la enorme cantidad de observaciones que deben ser aclaradas.

EL FUNDO AMALIA Y LOS NEGOCIOS DE ARTEAGA

Vista del Fundo Amalia desde la Ruta 79.

A mediados de 1980, Gerardo Arteaga Oehninger comenzó a producir a gran escala en el Fundo Amalia, actividad que tomó impulso tras la creación en 1987 de la sociedad “Agrícola Amalia de Paine Limitada” constituida con un capital de $100.000. Por esos años, el fundo contaba con 7.224 árboles de durazno plantados, 6.015 ciruelos y 16.300 plantas de uva. Desde la Ruta 79 –conocida como el “Acceso sur” de Santiago y con la cual colinda el gigantesco terreno de Arteaga– se divisan a simple vista vastos paños de tierra cultivada con los mismos frutales.

Con la creación de nuevas sociedades agrícolas, Arteaga fue consolidando su posición como agricultor y como uno de los grandes exportadores de productos premium de Paine.

Pero este no es el único rubro del que Arteaga participa. A fines de los ’70 creó la “Administradora de Parques de Entretención Limitada” con la que inició la importación de juegos mecánicos de entretención: autitos chocadores, montañas rusas, botes, trencitos y otros. Nacían el ya extinto Mundo Mágico y Fantasilandia, que hoy que funciona en un terreno concesionado por la Municipalidad de Santiago hasta el 2022.

En una entrevista dada a El Mercurio el 19 de enero pasado, Arteaga contó que en caso que no se renueve la concesión del terreno, posee otro de 40 hectáreas que podría utilizar para continuar con el negocio que ya tiene 36 años y que factura anualmente alrededor de $6.000 millones.

Antes de que el artículo de El Mercurio saliera publicado, algunos vecinos de Paine ya especulaban con que una parte del terreno del Fundo Amalia sería destinado a la instalación de un parque de diversiones. CIPER se comunicó con el empresario para conversar sobre sus proyectos, pero no recibió respuesta.

Para algunos paininos, la CCU será la punta de lanza para una progresiva industrialización de la zona que partirá justo en el corazón de la comuna y que no sólo podría dejarlos sin agua, sino que terminar por cambiar la fisonomía de Paine.

ALCALDE DE PAINE: “NOS COSTÓ DIGERIR EL TEMA”

Diego Vergara, alcalde de Paine.

¿Cuál es su postura respecto al proyecto?

Estamos complicados como municipalidad por la envergadura del proyecto y la forma en que lo está percibiendo la comunidad y la municipalidad. Cuando llega una empresa de este tamaño, la planta mide 50 hectáreas, no sé cuántos miles litros de cerveza, 300 millones de dólares, miles de litros de bebida diarios, esto hay que tomarlo con mucha cautela y tiene que hacerse bien.

¿Por qué cambió de opinión respecto de esta inversión?

Porque no teníamos todos los antecedentes, no teníamos los datos de la declaración de impacto ambiental. No tenemos un cambio de opinión tampoco.

La CCU publicó la noticia de su instalación en Paine en El Mercurio. Cuando llega un nuevo proyecto a la comuna cualquier alcalde queda contento. Así como ha llegado Wenco, Hewlett Packard y otras empresas a Paine, dijimos “una más, qué bueno que venga una más”.

¿Cuándo cambió de opinión entonces?

Luego al ver que se publicaba la DIA y las cifras que involucraba el proyecto, nos preocupamos. No es que nos echemos para atrás, sólo vimos las cifras.

La municipalidad no actuó antes de que se acabara el plazo para pedir una instancia de consulta ciudadana…

Sí, desconocimiento. Nosotros también tenemos observaciones importantes al proyecto. Cuesta digerir este tema.

Si los vecinos de Paine no llegan el último día a pedir la instancia de participación ciudadana en el SEA, no hubiesen podido hacer sus observaciones.

No.

En vista de su oposición al proyecto, ¿Por qué no lo hizo la municipalidad?

Hay que ser bien realista, hasta ese momento la veíamos como una empresa más que se instalaba en Paine.

Pero los datos que hablaban de la magnitud del proyecto ya eran públicos.

La ciudadanía también lo hace a uno reaccionar y estamos reaccionando desde esa fecha y hemos presentado nuestras observaciones. Lento, nos pusimos lentos. Teníamos el convencimiento de que las empresas traen desarrollo, pero ésta significa un atropello al mundo agrícola.

¿Es Amalia uno de los mejores predios de Paine?

Es uno de los predios que tiene más tecnología en la zona, uno de los más trabajados para producir agrícolamente. Mi papá fue parte de esa sociedad y vio el crecimiento de ese fundo.

¿Tiene algún tipo de conflicto de interés con el proyecto CCU por su cercanía con Gerardo Arteaga, dueño del Fundo Amalia?

No tengo conflicto de interés. Lo conozco desde hace mucho tiempo y créeme que nos hemos distanciado con esto.

Se lo pregunto porque hay una promesa de compra y venta entre él y la CCU.

Esto ha sido lo difícil del asunto, ver que gente cercana se transforma ahora en “enemigo”.

¿Financió Gerardo Arteaga su campaña?

Sí, pero un financiamiento muy chiquitito. Un tema no notorio. Muchos empresarios pusieron un poquito y él fue uno, pero en forma muy somera, dentro de lo normal.