La caja negra que esconde el terreno de la Universidad de Chile donde Azul Azul quiere construir su estadio

La semilla de uno de los sueños más importantes de la Universidad de Chile se plantó el 28 de febrero de 1994. Sólo 11 días antes de que terminara el mandato del ex presidente Patricio Aylwin se hizo el anuncio. El Ministerio de Bienes Nacionales le hizo entrega gratuita a la Universidad de Chile de un vasto terreno de 1.011 hectáreas en la comuna de Pudahuel, camino a Valparaíso, para que allí se construyera un gran polo de desarrollo científico y tecnológico. Una plataforma desde la cual Chile pudiera finalmente dar el salto hacia lo más alto de la pirámide productiva. Estudiantes, investigadores, empresarios e inversionistas generando sinergias y valor agregado.

Muy pocos estaban al tanto del activo rol jugado por el entonces ministro de Defensa, Patricio Rojas (DC), en el traspaso. Y ello porque el extenso terreno entregado estaba bajo la administración de la Dirección General de Deportes (la extinta Digeder), entidad dependiente del Ministerio de Defensa.

Según el Decreto Nº 350 (ver decreto) firmado por el ex presidente Aylwin, el inmueble fiscal se transfirió bajo la condición expresa de que allí la principal universidad estatal del país iniciara la construcción de una “Ciudad Universitaria” y un “Parque Tecnológico” en un plazo no superior a cinco años. De lo contrario, el terreno retornaría a manos del Fisco.

Patricio Rojas Saavedra.

Para concretar este ambicioso proyecto la universidad -cuyo rector era entonces Jaime Lavados (DC)- creó un año más tarde la Fundación Valle Lo Aguirre. Y designó como su vicepresidente ejecutivo al médico-cirujano Patricio Rojas Saavedra, el mismo que un año antes, siendo ministro de Defensa, había gestionado el traspaso del terreno a la universidad.

Han transcurrido 20 años y lo que fuera calificado por algunos entusiastas como el “Silicon Valley chileno”, aún sigue en punto muerto. Pero en ese desierto que hoy domina el terreno, sí hay un historial de millones para ejecutar un proyecto que nunca se cumplió. En resumen, son $4.017 millones los que la Universidad de Chile le traspasó a la Fundación Valle Lo Aguirre entre 1996 y 2010 y cuyo destino se desconoce. A esa suma habría que agregar aproximadamente $778 millones que distintos privados le pagaron a la fundación entre 1997 y 2005 para proyectos propios, sin relación con el polo de desarrollo científico y tecnológico para el que fue destinado el terreno.

Fue la Contraloría General de la República la primera en alertar en 2010 sobre estas irregularidades cometidas con los millonarios traspasos desde la Universidad de Chile a la Fundación Valle Lo Aguirre. En el duro informe de la auditoría, fechado el 28 de diciembre de ese año, se ordenó abrir un sumario “con el fin de determinar las responsabilidades administrativas que puedan desprenderse de los hechos asociados con, entre otros,  la fallida construcción de un Parque Científico y Tecnológico en el predio Laguna Carén”. El sumario no se realizó, pero la instrucción del organismo contralor dio inicio a una nueva auditoría para fiscalizar las transferencias de dinero realizadas en el 2012 desde la universidad a la fundación.

Pese a que nunca se cumplió la condición explicita impuesta por el decreto supremo que le transfirió los terrenos a la Universidad de Chile, el predio de Laguna Carén sigue estando hoy en manos del plantel educacional. Y es allí donde la sociedad anónima Azul Azul, concesionaria a cargo de administrar los activos del club de fútbol Universidad de Chile, pretende construir su estadio propio. Así lo anunció hace algunos días su nuevo presidente, el ingeniero agrónomo Carlos Heller Solari, quien es también presidente del directorio del holding Bethia (con inversiones accionarias en Falabella, Tottus, Sodimac, Clínica Las Condes, Mega y el Club Hípico, entre varias otras empresas).

De acuerdo a la información entregada por el nuevo mandamás de la sociedad anónima Azul Azul, el recinto tendría una capacidad para 35 mil personas en un terreno de 40 hectáreas y contemplaría una inversión de US$ 50 millones. El terreno será arrendado a la Fundación Valle Lo Aguirre, cuyo actual presidente es el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, quien ya entregó su beneplácito: “Hemos dado un paso muy importante para comenzar a materializar nuestro proyecto universitario en el predio Carén”, dijo el 24 de abril.

La frase del rector Pérez se escuchó con incredulidad. Había razones para ello.

UN LARGO SUEÑO

Quedaban pocos días para el término del torneo de Clausura 2013-2014 y la suerte para la “U” ya estaba echada. El campeonato de fútbol terminaría con el equipo laico en el puesto Nº 12, sólo a cuatro puntos del colista y descendido Rangers de Talca y a 22 de su archirrival y campeón del certamen: Colo-Colo.

A pesar de ello, lo primero que dijo el empresario controlador de Bethia y nuevo presidente de Azul Azul, no fue nada sobre la necesidad de contratar nuevas figuras o un nuevo técnico luego de la mediocre campaña del equipo. El énfasis de Heller fue puesto en su deseo de concretar el añorado sueño de la hinchada estudiantil: “Dejaré la presidencia con un estadio para la U”, dijo a la prensa.

Maqueta estadio de la "U" (Fuente: quintopoder.cl)

José Yuraszeck, quien lo precedió a la cabeza de Azul Azul S.A., había anunciado en abril de 2011 que el estadio estaría listo a fines de 2013 o principios de 2014. Después modificó los plazos: habló de que quizá no sería tan descabellado comprar el Estadio Nacional, y finalmente, de que los municipios no querían a la “U” en sus comunas. Cuando dejó la presidencia en abril pasado, no pudo exhibir ningún avance concreto.

El anuncio de Carlos Heller puso nuevamente en el tapete el terreno de Laguna Carén en manos de la Universidad de Chile. Si se hubiese cumplido el mandato del Decreto presidencial del 28 de febrero de 1994, hoy el estadio de la “U” debería ubicarse al interior de un gran parque cultural y científico. Pero eso no existe. Lo único que encontraron allí los auditores de la Contraloría cuando hicieron su fiscalización en 2010, fue una urbanización de cerca de 80 hectáreas, cuya infraestructura sanitaria y de servicios no se encontraba operativa.

El decreto fue claro al mencionar que, dado que la Universidad de Chile desarrollaba sus actividades en recintos diseminados en la Región Metropolitana, el Estado le entregaría a “la entidad de educación superior más importante del país” el terreno de Laguna Carén para que desarrollara allí  “un proyecto de ciudad universitaria”.

Hubo otros beneficios para la Universidad de Chile incluidos en la cesión: el terreno quedó exento del pago de contribuciones. Pero el decreto fue también taxativo en las condiciones: si en un plazo de cinco años la universidad no empleaba el bien raíz “para la construcción, habilitación y mantención de una Ciudad Universitaria, así como del Parque Tecnológico, lugares de recreación y deportes, el Fisco recuperará el dominio”. Por lugar de recreación y deportes, Bienes Nacionales se refería a la creación de un parque público de 200 hectáreas que la universidad debía ejecutar para ponerlo a disposición de todos los habitantes de la Región Metropolitana.

Fue con ese fin que nació la entidad de derecho privado sin fines de lucro Fundación Valle Lo Aguirre. Según consta en su acta fundacional del 27 de enero de 1995 (ver documento), se constituyó con un directorio de 13 miembros, presidido por el rector de la universidad, en ese entonces Jaime Lavados Montes. Para llevar a cabo su tarea, la Universidad de Chile le traspasó a la fundación el usufructo del predio en Laguna Carén por 30 años. 

En la primera sesión del directorio, que tuvo lugar en la Casa Central de la Universidad de Chile el 21 de junio de 1995, el rector Lavados hizo explícito el propósito de Valle Lo Aguirre: “La idea es generar en un solo campus un proyecto que implemente en un lugar de Santiago una gran capacidad tecnológica que vaya unida a una rigurosa formación universitaria, todo lo cual permitiría desarrollar las innovaciones necesarias, como asimismo mejorar la inversión en laboratorios e infraestructura”.

En esa misma sesión, y para despejar dudas respecto de su factibilidad, Lavados señaló que el proyecto no sólo era plausible económicamente, sino que también lo era en términos políticos. El optimismo inundó la sala. Algo similar al clima que por entonces se enquistaba en el empresariado y parte de la sociedad chilena,  y que cristalizó en la imagen del “jaguar de Latinoamérica” a mediados de los ’90. Tal como estaba planteado, el proyecto serviría de plataforma para que el felino diera el salto hacia el desarrollo.

ENTRA PATRICIO ROJAS EN ESCENA

El escogido por el rector de la Universidad de Chile para liderar el proyecto fue el ex ministro de Defensa Patricio Rojas Saavedra. Cuando Rojas asumió la vicepresidencia ejecutiva de la Fundación Valle Lo Aguirre, llevaba ya un tiempo impulsando silenciosamente otro proyecto: La Corporación de Estudios Estratégicos (CEE), otra corporación privada sin fines de lucro, creada en 1994 mientras aún era ministro de Defensa. Su reserva obedeció a que el principal objetivo de la CEE fue elaborar estudios y proyectos en Seguridad y Defensa para terceros. Su primer cliente sería el propio Ministerio de Defensa y también el Ministerio del Interior.

Un reportaje de CIPER publicado en abril de 2009, dio cuenta de las irregularidades de la corporación creada por Rojas. No sólo había un abierto conflicto de intereses  al haber sido creada siendo Rojas aún ministro de Defensa, sino que su principal financiamiento provenía precisamente de ese ministerio. En sus balances y memorias tampoco había respuestas sobre la calidad de sus estudios (ver reportaje). La investigación de CIPER también reveló el estrecho nexo que mantenía Rojas –a través de la CEE- con dos personas que serían procesadas por haber recibido millonarias coimas por la compra que hizo el Ministerio de Defensa en 1994 de los cazabombarderos Mirage Elkan a Bélgica: el ex comandante en jefe de la FACH, general (r) Ramón Vega y el ex gerente de TVN, Bartolomé Dezerega.

Bartolomé Dezerega.

Ramón Vega, quien falleció el miércoles 7 de mayo, fue procesado a principios de 2009. Bartolomé Dezerega, amigo íntimo y vecino de Patricio Rojas, también resultó involucrado en el mismo juicio al recibir US$ 3 millones en una cuenta desde la cual se distribuyeron los dineros de las coimas. Tanto Vega como el hijo de Dezerega, Alejandro, participaron activamente de la Corporación de Estudios Estratégicos creada por Rojas.

Tan estrecho era el vínculo de Patricio Rojas con Bartolomé Dezerega, que el ex ministro lo llevó también a la Fundación Valle Lo Aguirre como asesor. Así lo revela un acta de la fundación en la que Dezerega aparece formando parte de un “comité asesor”, constituido el 24 de junio de 1996, para desarrollar planes promocionales, políticas de incentivo y estrategias para captar “empresas ancla” que aterrizaran en el terreno. Una labor de la que no quedaría rastro.

LOS VIAJES DE ROJAS

Una vez constituida la Fundación Valle Lo Aguirre, se instaló en el quinto piso de un edificio de calle Asturias 271 (Las Condes), el mismo inmueble donde ya operaba la Corporación de Estudios Estratégicos. Las oficinas 51 y 52 donde comenzaron a funcionar ambos organismos, eran de propiedad de Carlos Rojas Saavedra, hermano de Patricio y tesorero de la CEE, quien adquirió el inmueble en noviembre de 1994. Fue él quien recibió (hasta febrero de 2008, fecha en la que falleció) el dinero de la fundación por el arriendo de ambos departamentos. Desde entonces, aparece como propietaria Antonieta Olmedo Quero, esposa de Patricio Rojas. Según el balance de la Fundación Valle Lo Aguirre del año 2000, se pagaba un arriendo mensual a Rojas de $1.080.552.

Una de las primeras actividades de Patricio Rojas a la cabeza de la fundación fue visitar ciudades universitarias referentes a nivel mundial que sirvieran como ejemplo para el levantamiento del Parque Científico y Tecnológico (PCT) de la Universidad de Chile. El mismo año de creada la fundación (1995), Rojas viajó a Bélgica para visitar las instalaciones de la Universidad Lovaina la Nueva, en Bruselas. Este campus universitario y parque tecnológico, financiado por el Estado belga, ocupa un terreno de 900 hectáreas y su construcción tardó diez años (aunque sigue en expansión).

Rojas también aprovechó ese viaje para desplazarse a España donde, según relató a su regreso, se informó sobre el Fondo V Centenario del BID, por ser una de las posibilidades de financiamiento externo del nuevo proyecto estrella de la Universidad de Chile.

En 1996, la fundación contaba con un presupuesto de algo más de $108 millones anuales, que servían para el pago de oficinas, sueldos y viáticos. De ese total, $73 millones le fueron transferidos por la Universidad de Chile. El saldo -$35 millones- provino de contratos que firmó la fundación con la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), siendo su vicepresidente, Felipe Sandoval.  Al año siguiente, el presupuesto subió a $121 millones, de los cuales la Universidad de Chile aportó poco más de $80 millones. Según las memorias, el sueldo anual de Rojas en Valle Lo Aguirre rondaba los $20 millones.

Lo que dicen las memorias es difícil de constatar dado lo vago de sus desgloses y aportes. Lo que sí queda claro es que poco después de haber sido creada, la fundación comenzó a recibir fondos internacionales gestionados por el Estado de Chile. En 1996, por ejemplo, recibió un fondo del MIDEPLAN-BID para el desarrollo del “Estudio de factibilidad construcción de un Polo de Desarrollo Científico-Tecnológico”; y otro de la Comisión Europea para el desarrollo de un “Plan Maestro”.

La transparencia en torno al origen y uso de los distintos aportes que recibía la Fundación Valle Lo Aguirre se tornó más confusa aún a medida que Patricio Rojas comenzó a gestionar negocios paralelos que fueron discutidos en el directorio de la fundación. Así ocurrió con la oferta de la empresa Paradise Nam Moon U.S.A., de capitales coreanos, la que se interesó en arrendar por 99 años cerca de 40 hectáreas, para construir un “centro recreacional” con un teatro, un museo, una cancha de golf, un anfiteatro, un hotel, un casino de juegos y un mall. Ese proyecto no se concretó. En cambio Shell Chile, empresa que ofertó por el arriendo de una hectárea, sí pudo instalar frente a la Ruta 68 una estación de servicios.

Laguna Carén (Fuente:B. Doñas R.)

Cuando Rojas presentó ambas alternativas al directorio, el 27 de marzo de 1997, señaló: “El desarrollo del proyecto hará necesario que exista un área de servicios conexa al proyecto del Parque Científico y Tecnológico y para ello se encontrarán la estación de servicios y un hotel, especialmente si se piensa en la instalación de un parque moderno y de negocios”.

EL PARQUE TIENE PLAZOS

Con dinero fresco en mano, el vicepresidente ejecutivo de la fundación se atrevió a aventurar los primeros plazos del proyecto: “El segundo semestre del próximo año (1998) se iniciará la urbanización en aproximadamente 85 hectáreas, distribuidas en 45 hectáreas para el Parque Tecnológico; 35 hectáreas para el Parque Universitario y cinco hectáreas para el Parque Público. Finalizada la urbanización se podría iniciar la construcción de 20.000 metros cuadrados para dependencias universitarias y seis mil para los edificios centrales del Parque Tecnológico. El costo total de esta etapa, que cubriría el periodo 1998-2004, alcanzaría más o menos a US$ 45 millones”.

En 1998 el presupuesto –según la memoria de la fundación- aumentó a $181 millones, de los cuales la Universidad de Chile le transfirió $80 millones. Parte del aumento se originó por la firma del contrato con Shell Chile, la que comenzó a pagar 400 UF ($5,6 millones) mensuales por el arriendo del terreno sobre el cual construyó la estación de servicios. La Fundación Valle Lo Aguirre también suscribió un contrato de promesa de arriendo con la empresa United Aviation Exchange, que pretendía 15 hectáreas del predio (con fines similares a los de Paradise Nam Moon U.S.A.) y que pagó a la fundación $41 millones. Entre 2002 y 2003 la misma empresa le pagó otros US$200.000 para mantener la reserva de ese paño de tierra. En el año 2000 apareció otro contrato de arriendo con CTC Startel, por la instalación de una antena de telefonía móvil a cambio de un pago anual de 300 UF ($4,7 millones).

En 1998, cuando faltaban meses para el cumplimiento de las condiciones impuestas para el traspaso a la Universidad de Chile del terreno de Laguna Carén, el rector Jaime Lavados se movilizó para conseguir el dominio pleno del predio. Su interlocutora fue la entonces ministra de Bienes Nacionales, Adriana Delpiano. Lavados argumentó que en esos cuatro años, desde que fuera entregado el terreno en comodato, la universidad había cumplido a cabalidad la condición fijada por el decreto, utilizando el terreno exclusivamente para la construcción y mantención de una Ciudad Universitaria, un Parque Tecnológico y lugares de recreación y deportes.

Pese a la convicción desplegada por el rector Lavados, lo cierto es que en ese momento sólo existían estudios preliminares de preinversión y un cronograma. Más grave aún era que, en contra de todo lo anunciado, ni una facultad de la Universidad de Chile había trasladado a la fecha siquiera una de sus dependencias al terreno.

Pese a ello, el Ministerio de Bienes Nacionales formalizó a través del Decreto Supremo Nº 235 la entrega gratuita del inmueble fiscal. El 22 de octubre de 1999 el predio quedó inscrito a nombre de la Universidad de Chile en el registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Para entonces, el rector de la universidad ya no era Jaime Lavados, sino Luis Riveros.

La entrega en propiedad del terreno y sin condiciones no modificó sustantivamente el aporte anual que la Universidad de Chile le siguió haciendo a la Fundación Valle Lo Aguirre. El año 2000 el traspaso alcanzó a $90 millones y al año siguiente a $101 millones.

El ex rector Jaime Lavados.

Pese a las inyecciones de dinero realizadas por la Universidad de Chile a la fundación, el financiamiento del proyecto era aún una incógnita. En 2002 la misma fundación reconocía que, de no prosperar las gestiones para la obtención de un crédito a largo plazo, el proyecto no era viable. Por entonces se gestionaba un crédito de US$ 20 millones con el Ministerio de Hacienda, el que requería ser visado por el Congreso.

La situación se tornó aún más grave debido a que a esas alturas (2002) y producto de la demora en la materialización del proyecto, gran parte de los estudios para su ejecución, elaborados hacía ya más de seis años –y en los que se habían invertido cuantiosas sumas de dinero– habían quedado obsoletos. Así lo reconoció el directorio de la fundación el 29 de noviembre de ese año. El proyecto “Parque Tecnológico y Científico” tuvo que ser reformulado.

EL PRÉSTAMO DE US$ 20 MILLONES

Esa reformulación, que contó con la aprobación del rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, requirió de nuevos fondos. Y dineros fue lo que se obtuvo. La partida presupuestaria de 2003 consigna gastos por $490 millones sólo para financiar el ítem “consultorías, estudios y proyectos”. Ese año, la universidad le transfirió $96,5 millones a Valle Lo Aguirre. Además de los aportes por convenios, otros dineros llegaron ese año por el arriendo del terreno, lo que abrió una interesante línea de negocios. En 2002, los ingresos por este ítem alcanzaron a cerca de $200 millones. Un año en que, además, la fundación recibió $326 millones del Ministerio de Obras Públicas por la expropiación de 30 metros cuadrados para construir el “enlace Pudahuel” de la Ruta 68.

El gran salto financiero se daría en abril de 2004, cuando la Universidad de Chile logró por fin cerrar un acuerdo con el Banco de Chile para un préstamo a largo plazo por US$ 20 millones. Con ese dinero la Universidad de Chile podría echar a andar la primera fase del gran proyecto del Parque Científico y Tecnológico, cuya ejecución quedó a cargo de la Fundación Valle Lo Aguirre. Así lo registra un mandato que le hizo la universidad a la fundación por el cual se le encargó la ejecución del proyecto, debiendo la universidad “transferir los recursos (del préstamo) que ello involucre” (ver mandato).

Hasta esa fecha, la suma de pasajes y viáticos -pagados principalmente a Patricio Rojas y a otros miembros de la fundación- para viajes de negociación, visitas a planteles educacionales o a seminarios y cursos en el extranjero, rondaba los $140 millones. Una cantidad que subió progresivamente a partir de 2004. Los aportes anuales de dinero –independientes de los traspasos por el préstamo del Banco de Chile- desde la universidad a la fundación, continuaron realizándose hasta totalizar un monto cercano a los $1.665 millones entre 1996 y 2010.

Tras aprobarse el crédito del Banco de Chile, el rector de la universidad, Luis Riveros (hoy gran maestro de la Masonería), pronunció un discurso en la casa central haciendo hincapié en la importancia del proyecto para el país: “Este es un proyecto que vemos con mucho entusiasmo y es muy satisfactorio ver que está ahora partiendo (…). Yo me siento muy agradecido de haber sido quien tenga la responsabilidad a cargo de la institución de darle inicio a esto. Espero que en 30 años más se recuerde como una decisión visionaria”.

Había otras razones para estar optimista. El terreno que había sido entregado gratuitamente a la Universidad de Chile a fines de febrero de 1994, alcanzaba diez años más tarde un valor en el mercado de US$ 435 millones, algo así como 33 veces más de lo que valía cuando fue entregado. El cambio del Plano Regulador Metropolitano de Santiago le permitía a la fundación construir ya no sobre el 1% de la superficie del predio, sino sobre el 20%. Con ello, el valor del terreno subió vertiginosamente.

Un dato interesante es el intenso lobby que hicieron Rojas y otros personeros de la fundación para cambiar la calificación del terreno, hasta entonces Área de Preservación Ecológica, en el nuevo Plano Regulador de la Región Metropolitana. “Para revertir esa situación y valorizar el patrimonio de nuestra universidad, la Fundación Valle Lo Aguirre lideró gestiones en distintos niveles de la administración…”, se afirma en la memoria de la entidad de 2004.

Dos años después de que la Universidad de Chile obtuviera el millonario crédito para concretar su proyecto más importante, la fundación contrató el primer trabajo de envergadura. En marzo de 2006, la constructora ICAFAL Ingeniería y Construcción S.A. se comprometió a la ejecución de las “Obras de Urbanización Fase 1-A” del Parque Científico y Tecnológico por una suma total de $5.750 millones.

LA CAÍDA DE PATRICIO ROJAS

Un año después de que se terminaran las obras de urbanización en 2008, que fueron entregadas incompletas, el panorama que presentaba el proyecto era desolador. Transcurridos 15 años desde que se iniciara la ejecución del Parque Científico y Tecnológico, los avances eran prácticamente inexistentes. Y lo más grave era que no había explicación para los cuantiosos recursos que se habían destinado a ello, en su mayor parte entregados por la Universidad de Chile.

Maqueta Parque Científico y Tecnológico Universidad de Chile.

A pesar del evidente fracaso de su gestión, Patricio Rojas no fue cuestionado. Hasta que su caída fue catapultada por otro hecho que lo golpeó en su faceta más íntima: su identidad democratacristiana. En marzo de 2009, CIPER reveló las pruebas que lo vinculaban con la secreta autopsia que se le hizo al ex presidente Eduardo Frei Montalva, en enero de 1982 (ver reportaje). Una pieza clave que lo convertiría en uno de los hombres interrogados por el ministro en visita Alejandro Madrid como sospechoso de estar vinculado al crimen del líder de la oposición a Pinochet en ese momento. En pocos meses Rojas se convertiría en un paria para los miembros del partido en el que militó desde muy joven, perdiendo todo su poder.

El 21 de agosto de 2009, el ex ministro de Defensa de Aylwin abandonó la vicepresidencia ejecutiva de la Fundación Valle Lo Aguirre, cargo que ocupó por 14 años. Detrás de sí dejaba un balance tan desolador como el paisaje que exhibían las 1.011 hectáreas donde se prometió construir la nueva Ciudad Universitaria de la Universidad de Chile. Cientos de millones invertidos en viajes, estudios y consultorías para nada.

Seis meses antes de su partida, la Contraloría General de la República había iniciado una profunda auditoría a la Universidad de Chile. Rojas se fue antes que ésta concluyera y revelara nuevos e insospechados antecedentes sobre su extensa gestión al frente de la Fundación Valle Lo Aguirre.

En su reemplazo asumió el vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional de la Universidad de Chile, Luis Ayala Riquelme.

$4.017 MILLONES SIN RESPALDO

El 28 de diciembre de 2010 la Contraloría General de la República presentó los resultados de su auditoría integral a la Universidad de Chile, realizada entre enero y diciembre de 2009. El informe Nº 181/10 (ver informe) también incluyó una evaluación sobre la Fundación Valle lo Aguirre, entidad que, entre todas las fundaciones administradas por la Universidad de Chile, recibió por lejos los mayores traspasos de dinero.

En ese acápite, la auditoría entregó nuevas luces respecto de la pésima gestión de Patricio Rojas al mando de la fundación. Los severos desórdenes contables y administrativos detectados apuntaron a las dos vías a través de las cuales la Universidad de Chile le entregó fondos a la Fundación Valle Lo Aguirre durante 15 años (1994-2009). El monto más importante impugnado por la Contraloría alcanza a los $2.300 millones y corresponde a dineros del préstamo por US$20 millones que obtuvo la universidad del Banco de Chile para la ejecución de su proyecto estrella (en 2004).

De esos $2.300 millones, la Contraloría concluyó que $1.762 millones fueron entregados a través de simples solicitudes de reembolsos sujetas a rendición de cuentas: “No existe evidencia alguna que permita establecer si efectivamente los servicios contratados fueron realizados y si además tuvieron el impacto esperado por las autoridades universitarias”, se afirma en el lapidario informe. Otros $589 millones, entregados por la universidad a la fundación en 2004, nunca fueron rendidos. No existe documentación financiera ni contable que acredite el buen uso de esos dineros. “La fundación utilizó estos fondos exclusivamente para gastarlos en los propósitos que ella determinara, sin que la universidad tuviese participación en su aprobación, ni tuviese conocimiento de ellos”, se lee en el informe.

El préstamo otorgado a la Universidad de Chile para la ejecución de su Parque Científico y Tecnológico trajo nuevos coletazos. Y ello porque en la auditoría se constató que, a mediados de 2009, la Fundación Valle Lo Aguirre fue incapaz de pagar la primera cuota al Banco de Chile, según lo estipulado en el compromiso firmado con la universidad al contraer el crédito. Fue la propia universidad la que tuvo que hacerse cargo del pago de  $1.400 millones.

La segunda vía de entrega de dineros por parte de la Universidad de Chile a la fundación que encabezó Patricio Rojas, también fue impugnada por la Contraloría. En total, fueron $1.665 millones que la universidad le traspasó entre 1996 y 2010 y que provenían del patrimonio de la propia casa de estudios. Son los aportes anuales que Valle Lo Aguirre recibió desde su creación y que fluctuaron entre $80 y $100 millones. “Cabe indicar que la Universidad de Chile no proporcionó antecedente alguno que diera cuenta del destino de ese dinero”, se afirma en el informe de la auditoría.

En su fiscalización, la Contraloría aprovechó de supervisar el progreso de la primera etapa de urbanización del que sería el Parque Científico y Tecnológico de la universidad, la que fue adjudicada a la empresa constructora ICAFAL S.A. Pese a que los trabajos fueron recepcionados y pagados, el organismo contralor constató que ninguna de las obras de infraestructura sanitaria y de servicios contratadas estaban operativas (deficiencias en el sistema de abastecimiento de agua potable y alumbrado).

Luego de esta auditoría, se ordenó un sumario para determinar responsabilidades respecto de la fallida construcción del Parque Científico y Tecnológico. Sin embargo, no se individualizaron los responsables porque éste finalmente no se realizó. Según informaron a CIPER en Contraloría, en vez de un sumario se decidió hacer una nueva auditoría enfocada en analizar las transferencias de fondos hechas desde la Universidad de Chile a la Fundación Valle Lo Aguirre en el 2012. Este nuevo informe fue publicado en diciembre de 2013 y en él la Contraloría le pide a ambas entidades “adoptar una serie de medidas para dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen” (ver informe).  A partir de junio próximo, la Contraloría iniciará un proceso de seguimiento para velar por que estas medidas se cumplan.

El informe de Contraloría menciona también una oferta de la empresa estadounidense Laguna Carén Investment LLC., domiciliada en el estado de Nevada, la que solicitó la concesión de 400 hectáreas por 99 años. Las tratativas no se han cerrado e involucran un monto inicial de 1 millón de UF ($24 mil millones) más un canon variable de 1% de los ingresos a partir del año 11, con un piso de 25 mil UF ($600 millones).

La última jugada fue la oferta del empresario Carlos Heller, presidente de Azul Azul S.A. El arriendo de 40 hectáreas para la construcción del añorado estadio del club de fútbol de la Universidad de Chile, será una decisión que deberá asumir el nuevo rector que resulte electo en estos días en dicho plantel. Porque el beneplácito otorgado por el rector Víctor Pérez no pasó de ser un mero anuncio. No deja de resultar paradójico que el gran anhelo de los hinchas de la “U” de tener un estadio propio se haya incubado en un terreno en el que se dilapidaron millones para otro sueño de la Universidad de Chile del que sólo quedó una maqueta.