Apropiación indebida, fraude al fisco y delitos tributarios, con el agravante de una asociación ilícita, están entre los posibles delitos contenidos en la denuncia que este lunes 17 de febrero presentó el Ministerio de Salud (Minsal) en la Fiscalía Centro Norte por el manejo irregular de las listas de espera. Eso quiere decir que la auditoría que encargó el ministro Jaime Mañalich no sólo encontró rastros de posibles delitos, sino que se trataría de un grupo de personas organizadas para delinquir. Así lo confirmó el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, quien explicó que ahora será misión del Ministerio Público determinar si esos son los delitos que se configuran y quiénes son los responsables.
El origen de la auditoría del Minsal está en una investigación de CIPER publicada en junio de 2013 (ver reportaje) que daba cuenta de cómo realmente se habían bajado las listas de espera de los pacientes del sector norte de Santiago en el Hospital San José: Médicos generales recién egresados atendían en el policlínico Maruri como especialistas cobrando sueldos millonarios por las atenciones que borraban a los pacientes de la lista de espera (ver registro de pagos a doctores). Algunos no tenían contrato y después se les pagaba por mano, sin registro legal. A veces las atenciones ni siquiera se concretaban y en la práctica los pacientes salían de la lista de espera por secretaría.
Revista SSMN - Julio 2012
Hasta esa publicación, la disminución de las listas de espera parecía milagrosa y se exhibía como un logro gubernamental. Así ocurrió el sábado 7 de julio del 2012, cuando alrededor de las 10 de la mañana, el presidente Sebastián Piñera desembarcaba en la comuna de Conchalí. Allí lo esperaban el ministro de Salud, Jaime Mañalich, el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, y el director del Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN), Claudio Caro, entre otros. Piñera iba a ver en terreno el cumplimiento de su promesa de terminar con las enormes listas de pacientes que esperaban por varios años a ser operados. “Afortunadamente vamos por muy buen camino”, dijo el Presidente, anunciando que de 90 mil personas, la lista de espera había disminuido a 40 mil. (Ver video del gobierno)
Hoy la milagrosa disminución de esa lista se mira con otros ojos. A la auditoría interna se suman ahora dos denuncias ante el Ministerio Público y una auditoría de la Contraloría, que en sus informes preliminares ya arrojaba duros cuestionamientos a la forma en que operó el sistema del Hospital San José y su policlínico Maruri (ver recuadro)
MEMORANDO RESERVADO
A las 10 am del martes 5 de noviembre pasado, un memorando de carácter urgente y reservado salía de la oficina de la Auditoria Ministerial del Ministerio de Salud, cuyo destinatario era el ministro Mañalich. Soraya Boada Sepúlveda, jefa del departamento,daba cuenta a su superior de que se detectaron irregularidades graves en el Hospital San José. Adjuntaba y mencionaba el reportaje de CIPER, incluyendo un punteo de las principales irregularidades ahí denunciadas.
Sólo 9 días tardó en llegar la respuesta del ministro, a través del memo reservado Nº 34, con el encabezado “Atenciones médicas realizadas en el policlínico Maruri para disminuir la lista de espera no Auge”. Tras describir algunas de las irregularidades mencionadas en el reportaje, instruyó al subsecretario Luis Castillo que se hiciera de inmediato un sumario administrativo.
Este último no fue tan solícito en cumplir la orden del ministro, ya que dejó pasar más de un mes antes de ordenar el sumario. La resolución Nº 1288 con orden de investigar salió recién el 27 de diciembre. En el punto cuatro de la misma, deja claro que la orden de Mañalich iba en serio: “Que de acuerdo a lo instruido por la máxima autoridad ministerial, el dictamen fiscal y los hechos que de este deriven deberán ser analizados y si de ellos se desprendiere la existencia de delitos o cuasidelitos, deberán ponerse los antecedentes a disposición de la justicia ordinaria”.
Susana Almendares, fiscal del sumario interno del Minsal
Y como punto final agrega: “Instrúyase sumario administrativo con la finalidad de establecer los hechos y determinar las responsabilidades administrativas de dirección y funcionarios que resulten responsables en la mala gestión e inversión de recursos públicos y la eliminación de listas de espera de pacientes que no obtuvieron las prestaciones correspondientes”.
Los escogidos por el subsecretario Castillo para llevar a cabo este sumario fueron la enfermera Susana Almendares, jefa del departamento de Calidad y Seguridad del Paciente de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, quien oficiaría como fiscal, y el ingeniero comercial Dante Villalobos, de la misma subsecretaría, en calidad de actuario. Había premura en resolver esto antes del cambio de gobierno del 11 de marzo, para evitar así que las irregularidades y posibles delitos cometidos se le sume una carga política.
La auditoría ministerial avanzó con celeridad y decenas de funcionarios del Hospital San José y el policlínico Maruri declararon en pocos días. A poco andar ya estaba claro que se configuraban posibles delitos y que sería necesario hacer una denuncia penal, lo que finalmente ocurrió este lunes.
AUTORIDADES VALIDARON A MÉDICOS COMO ESPECIALISTAS
CIPER recogió los testimonios de los principales implicados que declararon en la auditoría ministerial y por ellos tuvo acceso a documentos clave, lo que permitió reconstituir gran parte de la información que tuvo a la vista la fiscal Almendares antes de recurrir al Ministerio Público. Varios de los funcionarios han reconocido las irregularidades y ante la inminente judicialización del caso, apuntaron a los superiores que ordenaron o supieron de lo que estaba ocurriendo en el Hospital San José, el policlínico Maruri y en los operativos para eliminar las listas de espera.
Uno de los que ha sido sindicado por los médicos como principal responsable es el director del Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN), Claudio Caro. También apuntan más arriba y acusan que el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, avaló que médicos generales actuaran como especialistas. Mientras Caro aparece en las listas de médicos entregadas a la fiscal, no hay registros de la participación de Castillo.
“La orden que teníamos era rebajar las listas de espera y eso había que cumplirlo como sea. El primer problema que enfrentamos era que los pacientes del Repositorio Nacional de Listas de Espera (RNLE) si no eran vistos por un especialista no se los podía bajar de la lista. Eso se solucionó internamente por órdenes que nos llegaron de más arriba, pero como son verbales, hoy en día el que va a tener que responder por esto y está bien complicado es quien dejo constancia por escrito, el doctor Luis Leiva, quien incluso terminó subrogando al director del Servicio de Salud (Claudio Caro) justo el día que hubo que firmar el documento, porque éste se tomó dos días de vacaciones”, relata uno de los médicos responsables por las atenciones dudosas.
La constancia que dejó por escrito Luis Leiva Godoy, subdirector de Gestión Asistencial del Hospital San José, quedó estampada el 26 de septiembre de 2012 en un correo enviado al doctor Rodrigo Gutiérrez, quien organizó la brigada de médicos sin especialidad en el policlínico Maruri en su calidad de director de dicho centro asistencial. En el correo, Leiva afirma que el Ministerio de Salud les dio “la posibilidad de validar médicos en la especialidad en que están evaluando a los pacientes” y le pide a Gutiérrez la lista de modo “de tener los resguardos necesarios ante alguna fiscalización externa”. (Ver Correo).
El correo iba con copia al director del hospital, Raúl Vásquez, y al entonces subdirector, José Miguel Puccio. Ante cualquier duda de lo que significaba la validación, Puccio se apresuró en responder: “Si entendí bien, el Minsal validará médicos no especialistas, como especialistas?Si es así, estamos muy mal” (Ver correo).
De poco sirvió el correo del doctor Puccio cuestionando la autorización del Ministerio de Salud. Las atenciones por médicos generales como especialistas continuaron, ahora con una supuesta autorización ministerial. CIPER se comunicó por teléfono con el doctor Luis Leiva, quien dice no tener respaldo por escrito de haber recibido la autorización, pero reafirma que eso fue consultado y autorizado desde el departamento técnico del Minsal. Y que el correo que él mismo envió con la validación de 15 médicos generales en las atenciones de especialidades el 11 de enero de 2013 (ver correo) fue firmado por él en calidad de director subrogante del SSMN, ya que el titular Claudio Caro se encontraba de vacaciones. Pero deja claro que Caro se encontraba en antecedentes y que había autorizado esta gestión.
La segunda voz que se levantó contra esta dudosa autorización fue la de la médico dermatóloga María Fernanda Martin. En un correo enviado tres meses más tarde de la primera voz de alerta del doctor Puccio, se queja de que médicos sin especialidad dermatológica estén atendiendo pacientes y mandando tratamientos con fármacos que deberían prescribirse solamente previo exámenes. Y termina su correo, advirtiendo: “Creo que se están gastando recursos innecesariamente y no se está logrando reducir la lista de espera con eso”. (ver correo)
Este correo cayó muy mal en el director del Hospital San José, Raúl Vásquez, quien se sentía respaldado por la autorización ministerial, y le mandó una respuesta categórica cerrando la discusión. “Hay que generar protocolos, pero los recursos los manejo YO y YO decido si son bien o mal gastados y segundo si trabaja en el San José, que por favor tenga la mínima deferencia de enviar este tipo de correos en formato institucional y no de una clínica privada. Raúl Vásquez” (Ver correo)
La apreciación de la doctora Martin coincide con otros testimonios que dan cuenta de que los médicos sin especialidad rebajaban de manera impropia las listas de espera. Al desconocer los diagnósticos a los que se enfrentaban y la complejidad de algunos pacientes, su atención en muchos casos buscaba simplemente una excusa para sacarlos de la lista.
“Eran muchos los pacientes que debíamos atender de las listas de espera. Gente que hacía años había sido derivada a un especialista para ser evaluada y así poder ir al quirófano, o esperando una segunda opinión para no operarse. Se te sentaban enfrente pacientes fáciles de resolución y otros bien complejos. Al final lo que uno hacia era derivarle la responsabilidad de seguir esperando al mismo paciente. Así que con preguntas clínicas tratabas de averiguar qué impedía al paciente pasar a la operación. Por ejemplo uno atendía a una persona que venía con un bocio y le empezábamos hacer preguntas sobre cómo estaba su diabetes, su presión, etc. Cuando descubrías que estaba con algo que impedía ser operado, le dabas cita para dentro de unos meses más. Así ese paciente salía de la lista de espera”, relata a CIPER uno de los médicos que atendió durante el 2012 y 2013 pacientes de la lista de espera en el San José.
Otra forma de deshacerse de los pacientes era enviarlos donde otro supuesto especialista para que los atendiera por la dolencia que impedía la operación. Como el pool de doctores era pequeño, varios de ellos recuerdan que en más de una oportunidad los pacientes se encontraron con que les tocaba el mismo médico. Por ejemplo, el endocrinólogo los derivaba a un cardiólogo y cuando el enfermo llegaba resultaba que era el mismo doctor. Por eso se registraron reclamos de pacientes que no entendían cómo doctores tan jóvenes podían haber estudiado dos especialidades tan complejas.
PACIENTES QUE NO ESPERAN
La auditoría ministerial explora además una nueva arista: de un total de 10.614 atenciones pagadas en los operativos, 6.025 pacientes no eran parte del Repositorio Nacional de Listas de Espera (RNLE). El problema es que los fondos extraordinarios autorizados para estas atenciones tenían como objeto disminuir las listas de espera.
Otras 1.277 atenciones que también fueron pagadas, aparecen sin siquiera estar asociadas a un médico. La auditoria que encabeza la fiscal Susana Almendares deberá dilucidar a dónde fue el dinero de esas atenciones. CIPER accedió a uno de los documentos que hoy forman parte de la investigación donde queda claro que muchos de los médicos que se presentaban en los operativos no tenían ningún contrato vigente ni relación con el hospital San José, (ver documento) ni con el policlínico Maruri.
Hubo operativos hechos para cumplir el compromiso presidencial en que los pacientes de las listas de espera no llegaban al 10% de los atendidos. Por ejemplo, en el 6º operativo de Conchalí, al que llevaron al presidente Sebastián Piñera, fueron atendidos 457 pacientes, de los cuales 286 no estaban en lista de espera.
Dr. Claudio Caro junto al presidente Piñera en el sexto operativo en Conchalí
De acuerdo a los registros a los que tuvo acceso CIPER, ese día el director del SSMN, doctor Claudio Caro, atendió sólo a una paciente, quien nada tenía que ver con las listas de espera. La señora. M.C.P. ni siquiera había sido citada y llegó ese día al consultorio por unas molestias que la aquejaron la noche anterior. “Tuve mucha suerte, justo estaba el operativo del presidente con muchos médicos. Al parecer yo era la única que venía por ginecología. Así que me atendieron a la primera, fui muy bien atendida, y me dijeron que al año me volviera a hacer un control”, recuerda hoy.
En un video del SSMN aparece el doctor Caro atendiendo en otro operativo de Colina el 21 y 22 de abril de 2012. Dice que se atendieron 1.200 pacientes esos días, pero la revisión de los registros arroja que 884 de ellos no estaban en el RNLE, pese a que Caro aparece diciendo que el objetivo del operativo es disminuir esa lista de espera. Los supuestos especialistas con que trabajó ese día eran los médicos generales de Maruri. (Ver video)
El doctor Caro, según los mismos registros que fueron entregados a la fiscal Almendares, participó de 12 operativos, en los que atendió 103 pacientes, de los cuales 59 no se encontraban en los registros del RNLE. Al igual que los jóvenes médicos, las atenciones del director del SSMN fueron más allá de su especialidad en ginecología: atendió como si fuera cardiólogo, neurólogo, traumatólogo, urólogo y al menos 10 especialidades más.
CONTRATOS DUDOSOS
En la trama del recorte irregular de las listas de espera parece haber un sistema que no repara en formalidades o trabas legales a la hora de operar. Ese primer capítulo incluye prestaciones médicas canceladas por especialidades a médicos generales; pagos por mano de atenciones que figuraban a nombre de un médico pero fueron realizadas por otro, sin ningún tipo de relación contractual con el Hospital San José o el policlínico Maruri; además de la baja arbitraria de miles de pacientes de la lista de espera. Pero hay otros capítulos que recién comienzan a conocerse.
El 5 de febrerorecién pasadoel director del SSMN, Claudio Caro, y el director del Hospital San José, Raúl Vásquez, se presentaron en la Fiscalía Centro Norte, para poner una denuncia basada en el reportaje que CIPER publicó el 13 de enero de 2014: “Hospital San José externaliza hospitalización domiciliaria sin licitación”. Se cuestionaba el pago de $120 millones a una empresa de hospitalización domiciliaria que estuvo relacionada con un médico que trabajaba para el hospital y que no mantenía ni contrato ni toma de razón por la Contraloría, pero estaba recibiendo cuantiosas sumas de dinero mensuales.
Otro caso que ha sido cuestionado es el acuerdo que hicieron con la Clínica San Miguel Ltda, de la afamada empresaria de parrilladas, discotecas y colegios Gladys González, más conocida como “La Cuca”. En 2012 desde el policlínico Maruri salieron 40 pacientes derivados para hospitalizarse, ocupando gran parte del recinto, que cuenta con 60 camas. El costo para el hospital fue de más de $ 88.296.000 millones y según uno de sus directivos, hubo serios problemas cuando intentaron pagar desde el Hospital San José, ya que no tenían ningún contrato o licitación. Pero según este mismo funcionario público y uno de los encargado de solucionar el tema, no había cómo negarse, ya que el “negocio” se había hecho por orden del director del SSMN el Claudio Caro y al final fue cancelada por el mismo SSMN con el número de factura Nº 5.
Caro fue director de de esta clínica, que cuenta con precarias condiciones de atención de los pacientes. El 23 de marzo de 2012, la Seremi de Salud sancionó al establecimiento de larga estadía de adultos mayores, ya que ni siquiera contaba con auxiliar de enfermería o personal exclusivo para el aseo.
Sala de atención policlínico Maruri
Otro de los contratos que llaman la atención es el que se viene adjudicando en los últimos tres años la Sociedad Médica Oyarzún y Oyarzún Ltda., empresa del doctor Andrés Fernando Oyarzún Tejeda y la periodista Glenda Marcela Oyarzún Atala. El doctor Andrés Oyarzun se desempeña como médico cirujano del mismo hospital, con un contrato de 22 horas y bajo las órdenes del jefe de Traumatología del hospital, el doctor Álvaro Martínez Herold, casado con su socia, la periodista Glenda Marcela Oyarzún.
Pese a dichos vínculos, en los últimos tres años la empresa se ha adjudicado contratos por más de $1.000 millones en intervenciones quirúrgicas de traumatología. El año más exitoso para la sociedad médica fue 2013, cuando se le asignaron $617 millones (ver órdenes de compra).
El hospital San José mantiene en estos momentos al menos 14 externalizaciones de servicio por trato directo y otras con licitaciones de dudosa legalidad, que recién empiezan a emerger a la luz pública.
El duro preinforme de la Contraloría
Prestaciones pagadas sin que se constatara que fueran efectuadas, pagos a médicos que no tienen contrato e incluso evasión de impuestos son algunas de las observaciones que realizó la Contraloría en un preinforme de auditoría realizada a los contratos a honorarios del policlínico Maruri, dependiente del Complejo Hospitalario San José. El documento está fechado en octubre de 2013 y aún se está a la espera del informe definitivo, que podría tener modificaciones.
El objetivo de esta auditoría fue fiscalizar el cumplimiento y pago de honorarios a profesionales médicos en 2012. La auditoría determinó que “no existen antecedentes que respalden íntegramente el pago de las prestaciones que habrían ejecutado los médicos contratados bajo esa modalidad, siendoel total de los gastos insuficientemente acreditados ascendente a la suma de $367.963.482”. Incluso, señala el preinforme, no siempre se realizó la función “atención de lista de espera”, según propia declaración del doctor Rodrigo Gutiérrez Soto, quien dijo que se atendieron 11.000 pacientes que no cumplían con los objetivos del convenio.
Además, estos pagos se habrían efectuado sin que se entregara un informe de respaldo de las prestaciones realizadas. La entrega de estos informes debía ser supervisada por Raúl Vásquez Cataldo, director del Hospital San José, quien no los exigió ni suspendió los pagos al comprobar que no se estaba cumpliendo este requisito.
Sólo eran entregadas unas planillas en que se indicaba los días y el horario en que se realizaron las prestaciones, las cuales eran certificadas por la jefatura médica del servicio, es decir, Rodrigo Gutiérrez Soto, sin que en ellas contara las prestaciones ejecutadas ni el horario en que se efectuaron, condición indispensable para el pago de los honorarios.
Otro aspecto que señala el preinforme es que a pesar de que los médicos eran contratados por un cierto monto mensual, la suma que recibían finalmente quedaba a su propia discreción, ya que eran ellos quienes determinaban el número de prestaciones que ejecutaban diariamente, sin que la autoridad del recinto interviniera fijando la cantidad de prestaciones según la necesidad y el presupuesto con que contaba el recinto asistencial. Además, las prestaciones que podían ser sumadas a los honorarios establecidos preliminarmente en el contrato eran fijadas en relación a los aranceles de especialidades de Fonasa, en circunstancia que quienes realizaban las atenciones eran médicos generales sin especialidad.
Según declaraciones de algunos médicos contratados bajo esta modalidad, las planillas Excel enviadas mensualmente a la unidad de recursos humanos por Rodrigo Gutiérrez no dicen relación con el número real de atenciones prestadas por ellos. Declararon, además, que Gutiérrez aceptó que ellos cobraran, en algunas oportunidades, honorarios mayores a los que correspondía, cuyo excedente le era entregado a él sin que haya registro del destino de los recursos. Indica el preinforme que entre septiembre y diciembre de 2012, Vásquez y Gutiérrez certificaron la totalidad de las prestaciones de todos los facultativos sin registro fehaciente de su realización, para luego dividir el monto global de los honorarios en partes iguales, independiente de las prestaciones realizadas. Para esto, se constató que Gutiérrez y otros médicos contaban con autorizaciones notariales para retirar los cheques, cobrarlos y luego repartir el monto girado entre los profesionales, según lo que definiera su criterio.
Así, por ejemplo, durante el mes de junio de 2012 se realizaron 1.907 atenciones médicas y no las 4.971 que informó la jefatura. Durante ese mismo mes, se habrían pagado atenciones médicas a profesionales que no tenían contrato a honorarios con ese complejo hospitalario, sin que conste el nombre esos médicos, el pago, las prestaciones realizadas ni el nombre de los pacientes atendidos. Además, el preinforme identifica a 7 médicos que, según la declaración de otros doctores, habrían recibido pagos por medio de terceros o de Gutiérrez, ya que serían sus amigos y compañeros de universidad.
Precisa además el organismo contralor, respecto a la hoja funcionaria y las liquidaciones de sueldo de Rodrigo Gutiérrez Soto, que se observa el pago indebido de $9.716.095, ya que no cuenta con el acto administrativo que autorice dichos pagos. En el último punto de sus observaciones, el preinforme concluye que, en virtud de las declaraciones realizadas, una de las razones que habrían tenido los médicos de dicho recinto para cobrar las prestaciones hechas por otros facultativos era “no reflejar los verdaderos ingresos percibidos por los médicos y evadir de ese modo los impuestos correspondientes, incumpliendo de esta manera con la normativa tributaria que los obliga a declarar todas sus rentas”.
Es importante mencionar que la información contenida en dicho preinforme ya es conocida por algunos médicos del Policlínico Maruri, quienes ven poco auspicioso el resultado del informe final que aún está en trámite en la Contraloría. En dicho informe final estarían incluídas las respuestas de parte de los médicos y administrativos mencionados a cada una de las observaciones aquí descritas, por lo que estas observaciones podrían ser respaldadas.
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Caso Monsalve: conserje del hotel declaró que el exsubsecretario "venía mucho más consciente que ella"
De acuerdo a lo comentado por la Dra. Villarroel, me parece absurdo que Uds. como centro de investigacion periodística validen una investigacion con informacion de fuentes de muy dudosa procedencia y/o con información distorsionada la cual lleva a crear una especie de odiosidad y no dejan ver la realidad que no es de este gobierno solamente, sino que se arrastra desde principios de 1990, cuando internet no existia y todo se hacia bajo cuerda.
mas cuidado al momento de investigar.
funcionarios | 19.03.2014
GRACIAS CIPER !!!!!!!!
Margarita | 24.02.2014
Concuerdo plenamente con Rita acerca de los abusos ,el pasar a llevar la carrera funcionaria,llegan profesionales recién salidos de la U y en grados tope ,pagan horas extras por trabajos que ni supervisan y los jefes ni ahí , solo pagan favores políticos  con platas publicas
Espero que con la llegada del nuevo gobierno se sanee ,al menos un poco el sistemaÂ
y el sistema de Alta dirección publica ...un chiste,llegan los jefes nuevos con todo su clan de "apitutados" y los jefes de carrera solo sirven para hacerle la pega al nuevo...y dejan la escoba.
Un acierto de Ciper,felicitaciones !!, hay que cuidar las platas del Estado ,que se usen bien.
patty | 24.02.2014
Leo este reportaje y siento un dolor en el alma ...yo formo parte de ese famoso listado no AUGE, del listado presidencial que y que nunca podre ocupar ese beneficio....es terrible sentir la inpotencia, el saber que gente tan maldita puede hacernos esto. No se llevaran nada cuando se mueran ...tanto por lo que han peleado y sinverguensiado a lo largo de todo este tiempo... ha sido tanto su afan por el maldito dinero que ya su olor es a azufre..Solo espero en la justicia divina y ardan en el infierno , el mismo que nos han hecho pasar a miles de personas esperando una solucion digna y pronta para nuestra enfermedad.
Pablo Rodríguez | 20.02.2014
Desalentador  resulta leer  este excelente reportaje, creo que el robo y mal uso de los recursos públicos se produce en muchos otros hospitales y uno de ellos es el Barros Luco. Aún recuerdo exámenes repetidos hasta cinco veces sin llegar a ninguna conclusión a pesar de haberme diagnosticado  la enfermedad hacía varios años y estar esperando una cirugía que por lo demás nunca llegó. De gran valor sería una auditoría a este hospital.
Jorge Nieto | 19.02.2014
Sería muy interesante realizar una completa auditoría a las compras del mismo Hospital y de todo el sistema y de como se arreglan estas entré cuatro paredes o con propuestas y previamente discutidas y cerradas que luego salen por mercado público y se adjudican, los mismos productos, a precios, que incluso duplican otras ofertas.
rita | 19.02.2014
Es horroroso saber que calidad de personas nos rodea realmente se siente mucha impotencia de ver y saber los abusos que se cometen, lo mas triste que se hace con los mas desvalidos, y todo por el poder del dinero.
Me alegra mucho saber que todo en algún momento sale a la luz y ese momento es hoy cada uno deberá dar cuenta por el mal que ha hecho. Nosotros funcionarios antiguos cuanto nos demoramos para que nos den un grado (años), totalmente desplazados esperando en este momento que se regularice una llegada de grados que correspondería al 2010, en cambio han regalado grados no sabemos con que criterios a funcionarios relativamente nuevos y nosotros con 24-25 y mas años en grados bajísimos, además cuantos profesionales están en este momento en las unidades realizando trabajos administrativos, con horas extraordinarias haciendo que trabajos extras? que no alcanzan de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs., realmente ocupan bien su tiempo honradamente o pasan fuera del establecimiento con su celular y fumando en hora laboral. Tanto dinero hay que lo botan de esta manera. (ej. 3 administrativos y 5,6,7...profesionales en algunas unidades que ingresaron en estos 4 años, han sido los mas descarados que he visto en muchos años)
Ricardo | 19.02.2014 | Socio/a poco
Quien no recuerda al ministro Mañalich saltando como un vendedor de baratelas en un mercado callejero y voceando "...CUMPLIMOS!! CUUMMMPLIMOS!! fin de las listas de espera!!..."
Ahora sus seguidores lo intentan sacar con pinzas de la responsabilidas que le toca cuando lo elogian por haber ordenado la investigación respectiva. Solo podía hacer eso. El subsecretario Luis Castillo debe tener un argumento muy muy poderoso, que dará a conocer a la justicia, el porqué se permitieron estos hechos y el porqué tardó mas de un mes en iniciar el sumario. No olvidemos que el Dr Caro es hombre de su confianza.
Se va el gobierno de los mas capaces.... capaces de qué???
Ufff | 18.02.2014
Esto es asqueroso, porque realmente ocurrió, se juega con la salud de los que no pueden luchar. Solo puedo decir que en el Servicio de Ginecología y Obstetricia esto no ocurrió, es el único que lucha por la salud y felicidad de nuestras pacientes, ellas son concientes de eso.
Daniela | 18.02.2014
Esto no es otra cosa que corrupción...nos jactamos de que somos un país probo comparado con nuestros vecinos de la región...esto se sabe ahora?...los gremios y las autoridades no estaban enterados de esto?...y finalmente me pregunto a quién le importa los pacientes?porque hablamos de personas enfermas vulnerables deprivadas social y culturalmente.
Debieran publicar los reclamos de usuarios y familiares de los distintos profesionales que laboran ahí de la "clinica maruri" llamada "maluli" ,la morgue entre otros...
Galo Nómez | 18.02.2014
Es cierto que algunos médicos van a los centros públicos de salud a hacer cualquier cosa salvo ejercer su profesión. Un grupo menor pero significativo firma el libro de asistencia, permanece sentado media hora en los pasillos y luego se va a su clínica privada, obteniendo a fin de mes sueldos de uno y otro lado. Sin embargo, quien menos autoridad tiene para intervenir en estos asuntos es el ministro del ramo, quien no tiene escrúpulos en acusar a sus propios colegas por errores cometidos por él. Claro, si estaba cómodamente sentado en el sillón de director de un hospital privado antes de ser nombrado en la cartera, y ni por asomo había puesto los pies en un centro estatal. Es el rostro más emblemático de quien accede al servicio público para ganar un dinero extra. ¿Qué se puede esperar de alguien así, si es el máximo exponente de una conducta réproba? Por eso lo vemos insultar a sus pares cuando desvía el bisturí, como le sucedió con los anestesistas, caso que por poco llega a los tribunales. Jaime "John Zoidberg" Mañalich hace rato que perdió la decencia en un volcán.
Rafael | 18.02.2014
Lo mejor de todo, que pesé a lo consignado en este reportaje los directivos se limpian las manos y culpan a los médicos, como siempre se salen con suya, y nadie puede hacer nada....
Carmen | 18.02.2014
Qué pena esta serie de situaciones que han desprestigiado a esta institución. Como es posible tanta mediocridad y tanto robo. La idea que me surge era si querían hundir el hospital para después concesionarlo o qué?. Â En el lugar existe mucha gente buena y trabajadora que realmente quiere al hospital. Ahora hago notar que los gremios que defienden a los trabajadores y profesionales durante administraciones de concertación reclamaban y hacían paros cada mes y después que asumió la derecha nunca más hubo problemas. O era de derecha y se disfrazaban de izquierda o fueron comprados porque no tengo otra explicación?. Â Porque las nuevas autoridades no lo intervienen de una vez y lo depuran. Sería lo más justo.
MARCELO | 18.02.2014
el gobierno de los tongos
jorge | 18.02.2014
csm, con razón el gobierno ya no menciona el fin de las listas de esperas como uno de sus logros
antonio ferrari | 18.02.2014
Muy completo el reportaje denuncia, felicitaciones al Sr. Ministro por su coraje de denunciar a todos los cárteles de toda índole, pésimo el Subsecretario Castillo que como siempre no es capaz de tomar decisiones de manera inmediata (caso bacteria en posta central entre otras etc) ojala la justicia deje caer todo el peso de la ley a los responsables de este fraude y colusión que se fraguó para enriquecerse de manera ílicita, mal los médicos que se prestaron para burlar el sistema y el Director del Servicio debe presentar su renuncia de manera inmediata por engañar desde el Presidente hacia abajo, lo mismo que los otros involucrados.
Andres | 18.02.2014
Esto lo sabía desde mucho antes mañalich y se hizo en muchos servicios de salud. ... Pero como es un viejo zorro tiene a todos los medios hablando de hanta y de puras weas que ÉL. Quiere
@pornuestrasalud | 18.02.2014
Esta denuncia por parte del Ministerio de Salud es sólo una cortina de humo. Real, pero útil para ocultar sus propias mentiras. La principal responsabilidad del fraude de la reducción de la lista de espera AUGE es del Ministerio. La genial idea de "resolver" lista de espera vía administrativa es de la autoridad central. Por otro lado, el llamado "Compromiso Presidencial" se limitó a intentar resolver una lista de espera NO AUGE "fija". Una foto que sólo puede disminuir sin considerar el crecimiento ocurrido mes a mes. Así de burdo. El ministro de salud sabe muy bien del crecimiento, año a año, de la lista de espera NO AUGE, por problema de salud y tiempo de espera. En 20 días conoceremos la verdad. Una verdad que daría para una acusación criminal contra el ministro de salud porque omitió las cifras reales, y al hacerlo ni siquiera se explicitó una estrategia para resolver la lista de espera efectiva.
Patricio Lagos | 18.02.2014
En mi larga trayectoria gestión en el sistema público de salud, no había presenciado tanta desverguenza y desparpajo y una soberbia impunidad para robar recursos públicos y engañar a los beneficiarios en su condición más precaria que es la enfermedad y estafar sus esperanzas de salud. Lo más desolador es la conducta obsecuente de las autoridades de la Subsecretaria de Redes para no actuar éticamente ante tamañas transgresiones éticas médicas y de probidad. El Subsecretario de Redes debe tener una respuesta a la demora de sobré 30 días en instruir el sumario requerido por el Ministro de Salud, inexplicable si se consideran la gravedad de las denuncias. Quizás sería recomendable para las autoridades reflexionar, se sugiere Marcos 4, 21 - 25 en el Nuevo Testamento.
Teresa | 17.02.2014
Ahora que se van hacen la denuncia ,está claro que la asociación la autorizaron y validaron Claudio Caro, y el director del Hospital San José, Raúl Vásquez; como el mismo dijo el era el que mandaba y nadie lo podía cuestionar
Ahora que responda,pero que pase algo , porque si no se va a ir a otro Hospital a ser Director mediante el sistema de ADP, donde ni siquiera le preguntan porque salieron de sus anteriores cargos
La segunda voz que se levantó contra esta dudosa autorización fue la de la médico dermatóloga María Fernanda Martin. En un correo enviado tres meses más tarde de la primera voz de alerta del doctor Puccio, se queja de que médicos sin especialidad dermatológica estén atendiendo pacientes y mandando tratamientos con fármacos que deberían prescribirse solamente previo exámenes. Y termina su correo, advirtiendo: “Creo que se están gastando recursos innecesariamente y no se está logrando reducir la lista de espera con eso”. (ver correo)
Socio/a poco
