Ezzati exculpa a brazo derecho de Karadima a pesar de las pruebas que lo acusan

El sábado 16 de marzo, poco antes de viajar a Roma para participar de la entronización del Papa Francisco, el arzobispo Ricardo Ezzati presidió la ceremonia de inauguración del Año Pastoral de la Iglesia de Santiago. Un encuentro que reunió este año a unas 3.000 personas entre laicos, agentes pastorales y sacerdotes. En esa reunión, importante, en la que participa todo el clero, sin distinciones, y que se puede asimilar a la inauguración del año judicial, fue notoria una ausencia: el sacerdote Juan Esteban Morales, ex párroco de El Bosque y el más estrecho hombre de confianza de Fernando Karadima.

Cuatro días antes del encuentro, horas antes de la elección del Papa, y por un titular del diario La Segunda, se conoció de la existencia de una resolución que ponía fin a la investigación previa, iniciada en mayo de 2011, por denuncias de “abuso de autoridad” en contra del sacerdote Morales. El titular de portada del diario anunciaba sobre letras rojas: “Iglesia condena a brazo derecho de Karadima”, y en su interior la crónica respectiva informaba que Morales había quedado con prohibición de confesar y hacer dirección espiritual.

Esa misma noche el propio Morales desmintió la información (ver comunicado de prensa) enviando a algunos editores y periodistas el decreto firmado por el arzobispo Ezzati y el canciller presbítero Oscar Muñoz, en el que se estipula que se desecharon los cargos por abuso sexual y por “inadecuado ejercicio de la profesión médica y emisión de recetas” en contra el ex párroco de El Bosque, quien también es médico. El documento concluye que se aplicarán “medidas pastorales para corregir y consolidar” el ejercicio del sacerdocio.

En la mañana del jueves, el propio arzobispo Ezzati dijo a Radio Cooperativa que el presbítero Morales está facultado para dirigir una parroquia y seguir administrando sacramentos.

La decisión del arzobispo de Santiago cayó como “una bomba” y provocó gran desazón entre los denunciantes. “Es muy grave lo que ha ocurrido. La sensación que me queda es que el arzobispo Ezzati ha adoptado una línea clara en este tipo de casos, que es totalmente contraria a la justicia para las víctimas de sacerdotes, cuando se trata de sacerdotes influyentes”, afirmó a CIPER Gabriel Moreno, quien acusó a Morales de haber ejercido control sicológico sobre él, a través de la sobre medicación de fármacos.

La investigación previa sobre el sacerdote Juan Esteban Morales es una de las herramientas legales que usó la Iglesia para comprobar la verosimilitud de las denuncias. La llevó adelante el vicario judicial Jaime Ortiz de Lazcano, el mismo que investigó la denuncia por abusos sexuales en contra del ex vicario de la Solidaridad, Cristián Precht, quien resultó condenado por el Vaticano.

Aun cuando no se conoce el contenido del informe que emitió el vicario Ortiz –por su carácter secreto, ya que involucra a personas que declararon bajo estricta reserva-, se sabe que la investigación fue larga y acuciosa e incluyó el testimonio extenso de a lo menos diez personas que pertenecieron al círculo cercano de Morales y Karadima en la Parroquia El Bosque. Oficialmente, el comunicado emitido por el arzobispado en agosto del 2012 sostuvo que fueron “dos denuncias presentadas ante el Arzobispado de Santiago por eventuales abusos de autoridad en el ejercicio de su ministerio”.

Al interior de la Iglesia chilena hay desconcierto y estupor ante la decisión del arzobispo. No sólo por los antecedentes que son de público conocimiento contenidos en la condena de El Vaticano a Karadima y que comprometen seriamente al sacerdote Juan Esteban Morales en la red de protección a los abusos del ex líder de El Bosque. También por las contundentes conclusiones, en el mismo sentido, del fallo de la jueza Jessica González en el juicio contra Karadima. En ese contexto, la sentencia exculpatoria de Ezzati aparece además como una señal muy disonante con la declaración de la Conferencia Episcopal, emitida en abril de 2011.

En esa oportunidad, los obispos declararon: “No hay lugar en el sacerdocio para quienes abusan de menores, y no hay pretexto alguno que pueda justificar este delito. A las personas directamente afectadas y a las comunidades que en Chile han visto en algún sacerdote motivo de escándalo, les pedimos perdón, y les exhortamos a comunicarnos estos hechos. Es total nuestro compromiso de velar incesantemente porque estos gravísimos delitos no se repitan”.

También existe molestia con el pronunciamiento de Ezzati, porque distrae y “empaña” de algún modo el clima de celebración que ha empapado al mundo católico en torno a la elección del Papa Francisco.

EL SECRETO DE UN DICTAMEN

La sentencia de este caso era esperada con atención: daría una señal importante sobre cómo actuaría la Iglesia Católica chilena frente al entorno de Karadima y sobre los actos de encubrimiento de abusos de sacerdotes. Era un fallo que afectaba a quien es y ejerció por décadas como el hombre más cercano a Karadima. De allí la sorpresa y molestia por la sentencia de Ezzati ya que Morales aparece mencionado en decenas de testimonios judiciales como la persona que secundó a Fernando Karadima, tanto en las acciones para ejercer control sicológico sobre el actuar de los jóvenes de su círculo más cercano, como para evitar que prosperaran las investigaciones por abusos en contra de Karadima, a través de distintas vías. Y así mantener la impunidad de la que gozó durante cuatro décadas.

Ya con anterioridad una decisión del propio Ezzati respecto de Juan Esteban Morales había provocado molestia y polémica. El ex párroco de El Bosque entre 2006 y 2011 fue el único autorizado por la autoridad eclesiástica chilena para mantener contacto permanente con Karadima después de que fuera condenado por El Vaticano, en febrero de 2011, por abuso sicológico y sexual reiterado.

Un primer hecho que dejó claro el reciente episodio fue la demora para dar a conocer el fallo del arzobispo de Santiago respecto de Morales. Según consta en el mismo documento, éste se firmó el 25 de enero de 2013. Sin embargo, hasta el jueves 14 de marzo su contenido permaneció  inexplicablemente bajo sigiloso secreto. Y se hizo público no por iniciativa del arzobispado, sino a raíz de la mencionada publicación del diario La Segunda.

En rigor, las normas que rigen este tipo de investigaciones sólo obligan a notificar a la persona investigada –en este caso Morales- e informar a los denunciantes sobre los resultados. Aquí, sólo se notificó al padre Morales en enero. En cambio, a los denunciantes nada se les informó  según pudo corroborar CIPER. En principio, no hay obligación de dar a conocer el fallo a la opinión pública, pero fue el propio arzobispado el que se comprometió a “mantener informada oportunamente a la opinión pública de las etapas y resultados de este procedimiento”, dada la conmoción que provocó el conocimiento de los abusos de Karadima y la importancia del asunto. Ese compromiso se hizo público en agosto de 2012, al momento de anunciar el Arzobispado de Santiago que estaba en curso una investigación previa sobre Morales.

No obstante ese compromiso, el contenido del decreto llegó a los medios por vía extraoficial. Fue el propio investigado, el sacerdote Juan Esteban Morales, quien lo envió como reacción a la información de La Segunda del miércoles 13 de marzo. Esa edición del diario fue rápidamente reemplazada por otra especial dedicada al nuevo Papa Francisco. El fallo fue relegado a la última página.

Esa misma noche, el ex párroco de El Bosque envió un correo electrónico a algunos medios, mostrándose “sorprendido” por el artículo del diario y subrayando que no había condena y que las medidas adoptadas “no constituyen restricción alguna para mi ministerio”. Temprano al día siguiente, el propio arzobispo Ricardo Ezzati ratificó los dichos de Morales y realizó una encendida defensa en radio Cooperativa. Más aún, ante la pregunta de si Juan Esteban Morales puede administrar el sacramento de la confesión o ser nombrado párroco, monseñor Ezzati respondió categórico: “Por supuesto que sí” (escuchar audio completo).

Con el dictamen en mano, el arzobispo Ezzati leyó en la emisora textualmente: “Declárase sin sustancia y por tanto se rechazan las acusaciones que tienen que ver con el delito en contra del sexto mandamiento tanto en menores como en mayores de edad”. Y “declárase sin sustancia  y por tanto se rechazan las acusaciones que tienen que ver con un adecuado ejercicio de la profesión médica, así como la emisión de recetas médicas”. El decreto suscrito por el arzobispo Ezzati no hace mención alguna al concepto específico “abuso de autoridad”, que según el comunicado del arzobispado (en agosto de 2012) había motivado esta investigación previa.

Sin mediar explicación y habiendo desestimado las acusaciones por abuso sexual y mal ejercicio de la profesión médica, el dictamen oficial concluye que se adoptarán “medidas pastorales aptas a corregir y consolidar  el ejercicio del ministerio sacerdotal, especialmente en lo que concierne al acompañamiento espiritual y la conducción del pueblo de Dios”. Luego, detalla que el sacerdote Morales establecerá con el Vicario para el Clero un programa de acompañamiento espiritual y pastoral; profundizará los temas de teología moral, espiritual y pastoral y por último “confrontará su acción” con el Vicario Episcopal de la Zona correspondiente y periódicamente dará cuenta de la misma al arzobispado.

Hasta el jueves 14 de marzo el desmentido de Ezzati parecía zanjar definitivamente un entredicho a propósito de una publicación de prensa. Es decir, no había condena y Morales seguía habilitado para ejercer el sacerdocio. Sin embargo, nuevos antecedentes conocidos por CIPER dan cuenta de que efectivamente la publicación de La Segunda se ajusta al contenido del informe del vicario Ortiz respecto del “abuso de poder” en la dirección espiritual de Morales. Entonces, el error del vespertino habría sido hablar de “condena” en el titular, cuando finalmente no la hubo.

En este caso, por tratarse de una investigación previa que descartó el abuso sexual de menores, no se requería enviar los antecedentes a Roma. El arzobispo Ezzati ofició como juez con exclusiva responsabilidad sobre su dictamen, secundado por el canciller Muñoz.  El Código de Derecho Canónico le concede potestad para ratificar o modificar las conclusiones del informe que recibe del investigador de la causa. Es decir, aun cuando el vicario Ortiz pueda haber argumentado en su informe que sí hubo abuso de poder, Ezzati en su “discernimiento” pudo considerar lo contrario. La pregunta es por qué y en virtud de qué antecedentes. Nada de eso está explicitado en el documento oficial firmado por Ezzati.

Los antecedentes que entrega el decreto –de dos páginas- son muy escuetos. Sólo consigna que se realizó una investigación previa “para verificar la verosimilitud” de las denuncias contra Morales (no especifica cuáles ni cuántas); que debe investigarse tomando en cuenta las normas vaticanas contenidas en “Sacramentorum Sanctitatis Tutela”, las normas de la Congregación para la Santa Fe sobre el delito de abuso sexual de menores (“Normae de Gravioribus Delictis”) y el “Protocolo ante Denuncias contra Clérigos por abuso de menores” emitido por la Conferencia Episcopal en 2003 y actualizado en abril de 2011. Por último, se consigna que la investigación previa se realiza por “la necesidad de hacer justicia y de buscar el bien de las almas que es la ley Suprema de la Iglesia”. (Ver documento).

“ESPERABA QUE EZZATI ENCUBRIERA ESTO”

Gabriel Moreno (28 años) es uno de los denunciantes que acusó al sacerdote y médico Juan Esteban Morales de haberle recetado en 2002 antidepresivos en dosis más altas de lo recomendado para su edad y contextura. En la investigación declaró que las elevadas dosis le provocaron pérdida de memoria y luego una crisis que lo obligaron a ser hospitalizado. En su testimonio de 22 páginas, el ingeniero que formó parte del círculo de confianza de la Acción Católica de El Bosque desde fines de los 90 hasta 2002, acusó que fue objeto de fuertes presiones para que continuara asistiendo a la parroquia, bajo la amenaza de que podría condenar su alma si no lo hacía.

El relato detallado, dirigido al arzobispo Ezzati, lo entregó el 16 de marzo de 2011 al presbítero Oscar Muñoz, el mismo que firma el decreto con la sentencia junto a Ezzati. Había transcurrido un mes desde de que se conociera la condena a Karadima. Lo extraño es que –según cuenta Gabriel Moreno- transcurriría más de un año antes de que lo llamaran nuevamente del arzobispado. El 24 de agosto de 2012 lo contactó por mail el vicario que investigaba la causa –Jaime Ortiz de Lazcano- para que declarara en la investigación.

-El sólo había visto mi entrevista en La Segunda y por eso me llamó, pero no sabía nada de mi declaración escrita. Así es que le entregué copia de todo lo que había entregado un año antes, incluida una receta que tenía guardada y que había emitido Juan Esteban Morales. Me dijo que estaba muy sorprendido de no tener esa información a la vista –afirmó Moreno a CIPER.

El 30 de agosto del 2012, el mismo día en que el arzobispado comunicó oficialmente que existía una investigación en curso, Gabriel Moreno ratificó su denuncia ante el vicario Ortiz. Cuenta que, en esa oportunidad, el vicario abrió en su presencia un sobre que contenía todos los antecedentes que él había entregado un año antes al presbítero Oscar Muñoz. El investigador de la causa se enteraba recién ahí de su existencia en forma oficial.

– ¿Cómo fue la actitud del vicario Ortiz frente a su testimonio?
-Tremendamente empático. Tuve la sensación de una persona seria, que hace profesionalmente su trabajo y que tiene la convicción de que se puede limpiar la Iglesia. Y sentí que su interés era genuino, que se estaba esforzando por hacer bien el trabajo, a pesar de que mi confianza en el tribunal era nula.

Después de ese encuentro, Moreno no tuvo más noticias de la investigación, hasta que leyó el titular de La Segunda del pasado 13 de marzo y al día siguiente, se enteró del desmentido del arzobispo Ezzati.

-Cuando leí la información de que el obispo negaba todos los cargos contra Morales y desestimaba mis acusaciones, fue muy fuerte para mí. La verdad es que yo no esperaba nada cuando presenté los antecedentes en el arzobispado. Lo que esperaba íntimamente era que Ezzati encubriera todo esto. Y a la luz de lo que hemos visto, es lo que ocurrió.

-¿En qué se basa para afirmarlo?
-Yo presenté antecedentes importantes, un extenso relato detallado e incluso una receta médica como prueba. Les entregué toda mi historia, sé lo que sabe la Iglesia y resulta que finalmente salen diciendo que no hay mérito para creer que se ejerció control y que se abusó de autoridad en mi caso. Lo que veo es que me están diciendo que no es verdad todo lo que presenté y eso me parece inaceptable.

Gabriel Moreno afirma que en dos oportunidades le escribió al vicario Ortiz para preguntar si había novedades en la investigación. La primera, el 5 de diciembre de 2012. Luego intentó contactarlo nuevamente, el miércoles 13 de marzo, cuando leyó el titular de La Segunda anunciando una condena a Morales. En ninguna de las dos oportunidades recibió respuesta por parte del vicario. Tampoco fue informado oficialmente del resultado de la investigación.

QUÉ SIGNIFICA LA SENTENCIA

Ezzati aseguró que Juan Esteban Morales no tiene restricción alguna para seguir ejerciendo el sacerdocio. No obstante, especialistas en derecho canónico consultados por CIPER, sostienen que estas “medidas pastorales” pueden leerse bajo dos interpretaciones: la primera es que no se haya encontrado mérito suficiente para establecer un delito y, por lo tanto, se considere que sólo hay que “alinear” la formación del sacerdote para que no haya riesgo de prácticas reñidas con las directrices de la Iglesia Católica a futuro.

Aun así, llama la atención que no se haga ninguna alusión al tema del abuso de poder o de autoridad, aunque sea para descartarlo. O para establecer que, atendidos los antecedentes, se resolvió liberarlo de responsabilidad.

La segunda interpretación, es que la medida pastoral de acompañamiento dé cuenta de una sanción leve, en el rango de lo que estipula la normativa canónica para el abuso de poder. La pregunta nuevamente es por qué el obispo Ezzati no hace mención alguna al “abuso de poder” en su dictamen, así como lo hizo con las dos acusaciones sobre abuso sexual y ejercicio de la medicina. ¿Cuál es entonces, el sustento para estas medidas de acompañamiento, si se considera que no hay “sustancia” para los dos cargos que se le imputaron?

Según subrayó el arzobispo Ezzati, el sacerdote Morales está capacitado para dirigir una parroquia y realizar dirección espiritual. Sin embargo, llama la atención que este año no se le haya asignado una sede parroquial, como correspondería en su caso, habiendo dejado la Parroquia de El Bosque en junio de 2011. El proceso de asignación concluyó a fines de enero (cuando Ezzati ya había firmado el decreto) y a él no se le entregó esa responsabilidad. Actualmente, Morales vive en la Casa del Clero y no tiene “encargo pastoral”, según la información entregada por el Arzobispado.

TESTIMONIOS QUE ACUSAN

Cuando Ezzati tuvo a la vista el informe del vicario Jaime Ortiz, ya conocía los detalles de la sentencia de la magistrado Jessica González en el juicio a Karadima -con directas alusiones a la responsabilidad de Juan Esteban Morales- y también conocía el dictamen de El Vaticano que condenó a Fernando Karadima por abuso “de su ministerio” y abuso sexual contra un número indeterminado de menores, con la prohibición de ejercer públicamente sacerdocio. Dos antecedentes que aportaban elementos contundentes de juicio con respecto a la actuación de Morales en los delitos perpetrados por Karadima.

El fallo de 84 páginas que emitió la magistrado González en diciembre de 2011, concluyó que ocurrieron los delitos por abuso sexual en contra de menores entre los años 1980 al 83 y 1990 al 95, pero no se asignó responsabilidad penal a Karadima porque estaban prescritos. En ese dictamen judicial, se incluyen numerosos testimonios de sacerdotes y ex miembros de la Acción Católica de la Parroquia El Bosque, que apuntan con precisión a Morales como pieza esencial en el control sicológico, la manipulación de conciencia y las presiones que ejerció Karadima durante años sobre los jóvenes de su círculo más íntimo. En algunos casos, describen que esta fue la vía que utilizó para los abusos sexuales posteriores, incluyendo menores de edad.

Uno de los testimonios más elocuentes lo aportó el sacerdote Andrés Ferrada, miembro activo de la Unión Sacerdotal que dirigía Karadima e integrante de su círculo de confianza. Ferrada declaró que llegó a la parroquia siendo seminarista para hacer una práctica pastoral entre 1995 y 1996.

En su relato consigna que fue testigo de cómo ejercía la autoridad espiritual Fernando Karadima y “el grado de violencia moral” que aplicaba para obtener lo que él quería. En su opinión, el sacerdote Morales “llegó a ser colaborador estrecho de Karadima en la creación de este misticismo” y sostuvo que le “es muy difícil creer que no supiera de los abusos”. Explica que esta suerte de “misticismo” consistía en aplicar castigos a quienes contrariaban las órdenes o deseos de Karadima, los que iban desde “perder la relación espiritual con él, lo que amenazaba la salvación, hasta el aislamiento total de la comunidad”. Ferrada agrega que generaba conflictos entre quienes se oponían a sus designios y el resto de la comunidad de El Bosque “mediante ardiles como intrigas, mentiras y calumnias” para provocar división y acusaciones cruzadas; que fue testigo de “manipulaciones abiertas” de Karadima respecto de sus dirigidos y que creó un sistema de abuso de autoridad que hace creíbles las denuncias en su contra.

Juan Esteban Morales sucedió a Karadima como párroco de los Sagrados Corazones de El Bosque en 2006 y, con ello, tomó el control de los dineros y propiedades de la Pía Unión Sacerdotal. Aunque el obispo Andrés Arteaga era oficialmente su director, quien manejaba las platas era Morales, según admitió el propio Arteaga en Tribunales. Este factor tiene relevancia, porque luego se comprobaría que hubo millones de pesos destinados a comprar el silencio de testigos de los abusos de Karadima, para evitar que prosperaran las denuncias y que esos fondos fueron autorizados por Morales durante el periodo en que se desempeñó como párroco.

Su nombramiento para suceder a Karadima en El Bosque fue decidido por el entonces arzobispo de Santiago, cardenal Francisco Javier Errázuriz. Según testimoniaron numerosos miembros de la Unión Sacerdotal en el proceso eclesiástico y en la investigación judicial ordinaria, en los hechos eso significó que “nada cambiara” y que Karadima mantuviera el control a través de Morales.

La huella de Morales no sólo quedó plasmada en las víctimas de las “encerronas” que se le hacían a los que contradecían la voluntad de Karadima en El Bosque, como las calificó el sacerdote Andrés Ariztía. También quedó registrada en la investigación del Arzobispado de Santiago sobre la filtración que quebrantó el secreto en el juicio por la nulidad eclesiástica del matrimonio del doctor James Hamilton, uno de los principales acusadores de Karadima.

El testimonio de Hamilton fue filtrado por el entonces presidente del Tribunal Eclesiástico, Francisco Walker –miembro de la Unión Sacerdotal-, a Morales. Allí se detallaban los abusos sexuales de Karadima. Morales irrumpió en la consulta médica de Hamilton y le pidió que cambiara su testimonio. La respuesta fue un tajante no.  Acto seguido, Morales intentó con el fiscal de la Clínica Alemana conseguir información que desacreditara a Hamilton. Esos antecedentes eran inexistentes. Fue entonces que pidió declarar en el juicio de nulidad matrimonial, acusando a Hamilton de falsificar recetas médicas y de numerosos “pecados”. Todo fue inútil. El tribunal desechó las imputaciones de Morales y declaró nulo el matrimonio de Hamilton precisamente por haber sido abusado sexual y sicológicamente antes, durante y después de su matrimonio por su director espiritual, Karadima.

Ese fallo, el que tanto bregó Morales por impedir que se consumara, se convertiría en el primer reconocimiento oficial de la Iglesia Católica de los abusos de Karadima.

El sacerdote al que ahora exculpó el arzobispo Ezzati es uno de los tres integrantes de la Unión Sacerdotal de El Bosque que no dieron la señal de obediencia que correspondía ante el fallo de El Vaticano que condenó a Karadima. Morales lo defendió públicamente durante todo el proceso, llegando incluso a omitir las partes esenciales del dictamen romano en la misa dominical en la que debía ser leído íntegramente por instrucción del arzobispo Ezzati.