ENRIQUE MONASTERIO TIENE SOLO 8 MESES DE ANTIGÜEDAD
Abogado de Colonia Dignidad es nombrado por ministra de Justicia notario de Castro
21.02.2013
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ENRIQUE MONASTERIO TIENE SOLO 8 MESES DE ANTIGÜEDAD
21.02.2013
El decreto aún no ha sido publicado en el Diario Oficial pero ya su contenido circula por todo Chiloé. El abogado Enrique Monasterio Rebolledo (47 años), quien defendió a los jerarcas y los intereses económicos de Colonia Dignidad desde 2007, fue nombrado titular de la única notaría de Castro, la más importante de Chiloé. El decreto fue firmado el 4 de febrero por la ministra de Justicia Patricia Pérez, quien lo eligió de una terna confeccionada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt el pasado 14 de diciembre, a pesar de que Monasterio exhibía sólo ocho meses de antigüedad como notario de Chile Chico, cargo en el que fue nombrado el 2 de abril de 2012. Ese nombramiento fue firmado por el entonces titular de Justicia, Teodoro Ribera.
En los precisos días en que los ex jerarcas de Colonia Dignidad debieron ingresar a la cárcel de Cauquenes a cumplir condena por su rol de cómplices en la violación de menores, abuso sexual y sustracción de menores, el abogado Enrique Monasterio, quien en octubre de 2009 intentó con un recurso de inconstitucionalidad rebajar la pena de los inculpados y paralizar el juicio, recibió en premio su nombramiento como notario y conservador de Bienes Raíces de Castro.
Su relación con Colonia Dignidad arrancó en 2007. Según las fuentes consultadas por CIPER, el acuerdo por la defensa involucró un pago mensual para el abogado de $3 millones por un máximo de tres años. En la trastienda de ese juicio, en el cual los colonos terminaron enfrentados al Consejo de Defensa del Estado, estaban los millones que el líder de Dignidad, Paúl Schäfer, logró sacar de Chile secretamente. Un dinero cuya cuantía aún se desconoce y que provenía del mercado ilegal de armas, entre otros negocios oscuros (Ver reportaje de CIPER).
En paralelo, Monasterio se encargó de tramitar otros asuntos legales de los herederos de Villa Baviera y también de algunos jerarcas, como el doctor Helmuth Hopp, actualmente prófugo, por los cuales cobraba aparte. La asesoría legal terminó dilatándose por cinco años. A fines de 2011, coincidente con los meses previos en que sería nombrado notario de Chile Chico, súbitamente y sin aviso Monasterio abandonó la defensa de los colonos. Lo que en el reducto no sabían era que Monasterio había formado una sociedad con uno de sus interlocutores en la colonia: Hans Jorg Schreiber Nill, quien estudió Derecho.
La sociedad -«Enrique Monasterio Abogados y Compañía Limitada»– es el estudio jurídico que Monasterio instaló en Concepción (Aníbal Pinto 486, oficina 310) cuando asumió la defensa de Colonia Dignidad. La escritura está fechada el 19 de febrero de 2007, y en ella aparecen como socios Hans Jorg Schreiber Nill y Juan Francisco Sánchez Sanhueza. La sociedad se mantuvo hasta marzo de 2011, fecha en la cual Schreiber y Sánchez se retiran, ingresando como nueva socia su esposa, Jeannette Elena Retamal Caroca.
Consultado Schreiber por los movimientos y objetivos de dicha sociedad, dijo:
-Mire, hace seis años íbamos a hacer algo…, ese algo no estaba definido, entonces lo que se hizo fue una sociedad de servicios, pero creo que nunca tuvo ningún movimiento: se quedó en la escritura y en la publicación. Yo aporté en aquel entonces $40 mil y nada más (Ver entrevista en recuadro).
La polémica generada por el nombramiento de Monasterio como nuevo notario y conservador de Bienes Raíces de Castro no se refiere sólo a su historial con Villa Baviera. No menos importante es la escasa experiencia que exhibe para ser escogido frente a sus dos oponentes: ocho meses.
En la terna escogida por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, figura en primer lugar la abogada Martita Wörner, con 14 años de trayectoria como notaria y archivera de Ancud y quien por más de quince años fue cabeza de la Vicaría de la Solidaridad de Concepción. En tercer lugar quedó ubicado el abogado Pedro Larrere, notario de Quellón, también con 14 años de oficio y siempre en lista sobresaliente en las calificaciones de la misma corte que lo escogió.
La disputa por la preciada plaza de notario de Castro partió el 24 de octubre de 2012, con la renuncia voluntaria al cargo de Arcadio Pérez Bórquez, quien cumplió esa función por casi 25 años. Días más tarde, el 16 de noviembre, se hizo el llamado oficial para el puesto de notario y conservador de Bienes Raíces de Castro. Treinta abogados se presentaron en los diez días de plazo para las postulaciones.
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt se reunió el 14 de diciembre para dirimir la terna. Y para sorpresa de muchos, junto a los dos profesionales con 14 años de antigüedad como notarios en la misma región -Martita Wörner y Pedro Larrere- la votación de los ministros dejó en segundo lugar a un abogado que hacía sólo ocho meses se desempeñaba como notario de Chile Chico: Enrique Monasterio (Ver acta con la votación de los ministros de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt).
Todas las fuentes consultadas por CIPER en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt afirmaron que, a pesar de la sorpresa, la terna no fue impugnada por estar encabezada por dos profesionales con 14 años de experiencia como notarios en la misma región y con excelentes calificaciones. En ese cuadro, Monasterio tenía casi cero posibilidades de ser escogido por el ministro de Justicia.
La sorpresa fue mayúscula cuando a principios de febrero, y a pocos días de la bullada renuncia de Teodoro Ribera, la nueva ministra de Justicia, Patricia Pérez, nombró precisamente al hombre de la Colonia Dignidad como nuevo notario de Castro. El abogado más novato, Enrique Monasterio Rebolledo, recibió el premio de la notaría más importante de la Isla de Chiloé, que incluye en su jurisdicción a otras cuatro comunas: Chonchi, Queilén, Puqueldón y Dalcahue.
En el Ministerio de Justicia, su titular está de vacaciones. CIPER le preguntó entonces al ministro subrogante, Juan Ignacio Piña Rochefort, cuál fue el argumento para que se escogiera a Monasterio entre los tres abogados de la terna. Piña no quiso acceder a una entrevista y optó por responder por escrito:
“La evaluación de los candidatos la realiza la Corte de Apelaciones. El Ministerio de Justicia recibe una terna desde el Poder Judicial y cualquier persona que la integre se entiende apta para ocupar el cargo que se requiere. Esta repartición recibe anualmente 660 ternas para el nombramiento de diversos cargos y confía plenamente en la confección que realiza el Poder Judicial, por lo que dentro de los candidatos propuestos puede nombrar a quien se considere que reúne los méritos para ocupar el cargo”.
Mientras en Castro y en Concepción se dice que un rol clave en este nombramiento le cupo al diputado (UDI) Jorge Ulloa, uno de los políticos más cercanos a Monasterio, en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt la responsabilidad por el polémico nombramiento lo dirigen hacia el Ministerio de Justicia.
Independiente de quien sea el responsable, el nombramiento de Monasterio no hace sino agravar el cuestionamiento hacia el sistema de designación de notarios y conservadores de bienes raíces. A ello se suman las frecuentes denuncias que surgen desde todos los niveles por las múltiples irregularidades de que adolece el sistema.
Así lo entendía también el ex ministro Teodoro Ribera, a juzgar por sus declaraciones a la periodista Mónica Pérez para el programa de TVN Esto no tiene nombre, a raíz del reportaje “Irregularidades en Notaria” emitido el 1 de octubre de 2012: “A mi no me parece transparente el sistema de nombramiento (notarios)”.
Al día siguiente, Ribera precisó más su desacuerdo con el sistema de nombramiento de notarios, en entrevista con el periodista de 24 horas (TVN) Gonzalo Ramírez. Invocando al Presidente Sebastián Piñera como un gran convencido de que el sistema no estaba funcionando bien y que había que reformarlo, afirmó:
-El Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, es de la opinión de que el sistema actual debe ser modificado. Porque es mucho poder, porque no garantiza la transparencia, porque no permite que un hijo de vecino que tenga buenas calificaciones tenga tantas posibilidades de ser notario como una persona mejor contactada. Porque, en definitiva, queremos un sistema más elitista desde el punto de vista de las calificaciones académicas”.
Ribera hizo también alusión a la inexplicable dilación que ha tenido en el Congreso el proyecto de ley que reforma el sistema. Y afirmó que, a pesar de que los tres o cuatro proyectos de ley que se habían enviado al Congreso para materializar estos cambios habían muerto en el camino, esta vez las cosas serían diferentes. Que él mismo había hablado con la Asociación de Notarios y que ellos “entendían que el tiempo se acabó y el agua se estaba acabando”. Al finalizar la entrevista, Teodoro Ribera aseguró que su cartera llevaría adelante el cambio y mencionó algunas de las modificaciones contempladas.
-Queremos que exista la PSU de los notarios: que una vez al año se haga una prueba de conocimientos relevantes, una persona obtenga un puntaje y ese puntaje le permita mantenerse en un listado, en un escalafón, durante dos o tres años, y si se produce una vacante, sube el primero, luego el segundo y luego el tercero. Se acabó el proceso y designación de la terna por la Corte de Apelaciones, y se acabó la gran atribución que tiene el ministro de Justicia de hacer personas millonarias”.
Poco después, el ministro Ribera debió renunciar por sus conflictos de intereses surgidos con el principal imputado por cohecho y fraude al Fisco en el escándalo de las acreditaciones de las universidades: Luis Eugenio Díaz, ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Ribera, uno de los dueños de la Universidad Autónoma y del INCACEA, sostuvo un ambiguo intercambio epistolar con Díaz en los momentos de la acreditación del instituto de su propiedad y le otorgó un contrato por asesorías hasta ahora no fundamentadas a Eugenio Díaz en Gendarmería.
La elección de notario de Castro por parte del ministro de Justicia está lejos de cumplir con los cánones de excelencia académica y experiencia profesional que pregonaba Teodoro Ribera. Así opinaron muchos de nuestros entrevistados y también el notario de Quellón, Pedro Larrere, con 14 años en el oficio, quien estaba en la terna que definió la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
-En otros casos, entre dos candidatos de igual experiencia y calificaciones, evidentemente el tinte político ha influido, pero no tan evidente como ha sido aquí. La antigüedad e idoneidad indudablemente deben tener peso, pero aquí simplemente no fueron consideradas. Porque si hay un candidato que lleva 14 años en el cargo, evidentemente debe tener más idoneidad que alguien que lleva sólo meses. Si se compara la experiencia e idoneidad del elegido con la de Martita Wörner, lo que pasó aquí fue escandaloso –dice Pedro Larrere.
La abogada Martita Wörner, quien fue diputada PPD antes de ser notaria, tiene reticencias a opinar por estar directamente involucrada. “Yo no voy a ocultar mi pasado político. Trabajé 17 años en la Vicaria de la Solidaridad, fui diputada y subsecretaria de Justicia en el primer gobierno de la Concertación una vez recuperada la democracia, y ahora no tengo militancia ni participo políticamente porque soy miembro del Poder Judicial. Ahí está mi carrera funcionaria en estos 14 años. Es pública”.
Wörner dice sentirse discriminada. Y lo fundamentó así:
-Con 14 años de experiencia, buenas calificaciones y estando en el primer lugar de la terna, era lógico que se me nombrara a mí. Y estaba Pedro Larrere, también siempre en lista sobresaliente en sus calificaciones. Ahora, esta es una designación en la que naturalmente influye el factor político, ya que las hace el ministro de Justicia por delegación del Presidente, pero hay que tener un poquito de pudor. Y en este caso no se tuvo porque resulta grosero designar a una persona que tenía nueve meses de experiencia, contra otra que tenía 14 años, con buenas calificaciones y a la que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt siempre calificó muy bien, sin ninguna sanción ni suspensión ni amonestación. No tengo nada contra el señor Monasterio, pero esta fue una decisión política donde no se respetó la carrera funcionaria y tampoco el fundamento de la reforma que pretendía llevar adelante el ex ministro Teodoro Ribera.
Habrá que ver ahora si el último nombramiento de notario que vuelve a encender las alarmas sobre el sistema, saca de su letargo al proyecto que busca terminar con privilegios e irregularidades en una función que mueve muchos millones al año. Lo que nadie entiende es cómo hasta ahora el lobby ejercido por los notarios ha hecho imposible el cambio. Sólo se compara a las fuerzas que sostienen el sistema binominal. Un apoyo transversal.
Hans Jorg Schreiber Nill, colono de Villa Baviera y ex socio de Enrique Monasterio
-¿Por qué motivo formó usted en 2007 una sociedad de abogados con Enrique Monasterio?
Mire, hace seis años íbamos a hacer algo…, ese algo no estaba definido, entonces lo que se hizo fue una sociedad de servicios, pero creo que nunca tuvo ningún movimiento: se quedó en la escritura y en la publicación. Yo aporté en aquel entonces $40 mil y nada más.
-Pero en la escritura dice que usted aportó un capital de $500 mil. Aquí dice: Capital social: $5.000.000. Enrique Monasterio Rebolledo aporta $2.250.000, Juan Francisco Sánchez Sanhueza aporta $2.250.000 y Hans Jorg Schreiber Nill aporta $500.000.
Ah sí, eso lo pusieron. Como acá en Chile se hace, el socio A aportó $3 millones, pero la verdad es que no aporté esa suma, era un capital nominal no más, de papel. Esa es la verdad, entiendo que así se hace.
-¿Qué trabajos hicieron con esa sociedad?, ¿recibió algún pago?
No, la verdad es que no hacíamos nada. No me pagaron nada, era una idea que nunca llegó a concretarse… La verdad es que yo me recuerdo haber salido de ella en algún momento.
-¿Y a usted no le preocupaba ser parte de una sociedad que no sabía qué estaba haciendo? Se lo pregunto porque si esa sociedad hubiese hecho algo indebido, usted debía responder por ello.
Sí, pero como es una sociedad de responsabilidad limitada, obviamente yo respondo por el monto de mi aporte; y como era nominal, según yo sepa nunca tuvo ningún movimiento. Y para mi era una idea que quedó en nada y por eso no me preocupé de nada. La verdad es que yo era un poco ingenuo y confiaba en que no iba a pasar nada malo. De hecho, como conocía a Enrique y a Juan Francisco Sánchez, que era un estudiante conocido mío de Concepción; y como no me avisaron que se hacía algo, de hecho yo la olvidé y no estaba dentro de mis realidades.
-¿Se preocupó de saber los movimientos de capital de esa sociedad y los dineros que ganó con ciertas asesorías?
No. La verdad que no.
-A Monasterio los colonos le pagaban por su defensa $3 millones mensuales, ¿cuánto recibía usted por esa defensa?
No, no, el tema de los pagos corrió por otra cuerda: no pasaban por mí.
-¿Dónde conoció a Enrique Monasterio?
A Enrique lo conocía de Concepción, en algún momento de mi tempo de estudiante lo conocí.
-¿Y le tenía confianza como para prestar su nombre para una sociedad?
Sí.
-¿Usted sabía de la amistad de Monasterio con el diputado (UDI) Jorge Ulloa?
Esa amistad no me constaba, solamente de oídas, así como que Enrique militaba con el sector de la UDI, pero más allá no sabía. Porque yo no milito en ningún partido y no me interesaba.
-¿Fue usted quien lo puso en contacto con la gente que administraba los bienes de Colonia Dignidad?
No, fue un proceso paulatino que me gustaría conversarlo personalmente… Pero fue en los años 2005 y 2006, cuando a la par de mis estudios de derecho, yo notaba un cierto desacuerdo de los alemanes con su grupo de abogados. Yo estaba siempre pendiente de esa situación. Y en el 2007 pensé que se podía hacer un cambio y comenté que conocía a Enrique. Fue para ayudar a la gente de la Colonia.
-Cuándo usted se retiró de la sociedad, ¿le devolvieron el capital que aportó?
No, no. Creo que como yo tenía una partecita, yo tenía que ir con los gastos notariales y era un montito.