Nuevos correos electrónicos confirman las malas prácticas
CNA: Los métodos de presión que usó Eugenio Díaz para acreditar universidades
13.12.2012
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Nuevos correos electrónicos confirman las malas prácticas
13.12.2012
Vea también: Entrevista a Jorge Selume: Eugenio Díaz “actuaba como un operador político” de las universidades privadas
Por años la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) fue una institución de la que los chilenos supimos muy poco, pese a que decidía quiénes podían acceder a los enormes recursos fiscales del Crédito con Aval del Estado (CAE). Cultivando un bajo perfil, parecía una entidad centrada en la excelencia académica, ajena a cualquier escándalo, fome incluso, y por eso mismo escasamente conocida por los medios de comunicación.
Los email incautados a Eugenio Díaz por la Fiscalía Oriente, en virtud de la investigación en su contra por soborno y cohecho, han mostrado que al interior de la CNA, protegido del escrutinio público por la falsa pátina de “entidad técnica”, había otro mundo donde las reglas las fijaban el dinero y el lobby. A partir de 2010, cuando Eugenio Díaz asumió la presidencia de la CNA, ese mundo -con sus prácticas, sus favores y sus secretos- tomó el control de la institución y lo que es más importante, indirectamente, el control de los millones que se reparten a través del CAE.
Así lo demuestra un email incautado a Díaz y fechado el 11 diciembre de 2009. Está dirigido a Jorge Selume, Presidente de la Región Andina de Laureate International, entidad que es dueña de las universidades Andrés Bello (UNAB), Las Américas (UDLA) y Viña del Mar entre otras instituciones.
“Estimado Jorge: el próximo miércoles se verá el IP Escuela Moderna de Música (institución que también pertenece a Laureate). Yo debo inhibirme, aunque no haya una estricta inhabilidad legal. El informe está bueno. Los relatores internos (la opinión de ellos es muy importante) son – por favor esto es confidencial- Rodrigo Alarcón y Octavio Henríquez. Ya hablé con Rodrigo Alarcón y estoy llamando a Octavio. También hable con Emilio (se refiere a Emilio Rodríguez, por entonces presidente de la CNA) y la Sally (Sally Bendersky, en ese momento jefa de la División de Educación Superior y representante del gobierno en la CNA), y hablaré con Pedro Corona y Roberto Careaga. Creo que sería bueno que tú hablaras con Rodrigo para afirmarlo. Estoy pidiendo que se jueguen por cinco años aunque conociendo a mi comisión me sospecho o me temo que la discusión será entre 3 y 4. Pídele a Rodrigo que se juegue por cinco. Aunque no estaré en sesión estaré encima de la decisión. El martes los repasaré a todos. Cordialmente, Eugenio”.
(NOTA: Todos los nombres en negrita son consejeros de la CNA con derecho a voto. Vea aquí quien los eligió para estar en la CNA).
Desde 2008 Eugenio Díaz trabajaba para la UNAB como secretario ejecutivo de la Comisión de Aseguramiento de la Calidad, con una remuneración de $3 millones 800 mil mensuales. Al ser contratado ya era miembro de la CNA y, lo más delicado, la UNAB estaba en pleno proceso de acreditación. Esa coreografía suena conocida. Es lo mismo que hizo Díaz con la Universidad SEK (Ver reportaje “Las pruebas que confirman la venta de acreditaciones a universidades privadas”): Pedir trabajo para una sobrina y para sí mismo en medio del proceso de acreditación de la universidad (se sabe que al menos a la sobrina la contrataron). Y lo mismo que ha quedado en evidencia en el caso del instituto INCACEA, de propiedad de la familia del ministro de Justicia, Teodoro Ribera: mientras el instituto está en proceso de acreditación, Díaz consigue una asesoría en el Ministerio de Justicia.
Pero el correo dirigido a Selume añade elementos nuevos a la forma de actuar de Díaz. Deja registrado sus métodos de trabajo: lobby y filtrar antecedentes que sabe que son reservados.
CIPER le leyó el email a Jorge Selume. Durante la lectura, Selume escuchó con atención. Y apenas terminó la lectura, aseguró que nunca le pidieron realizar ningún tipo de lobby a Eugenio Díaz:
-Cuando lo contratamos, específicamente le dijimos que no queríamos que interviniera ni en la acreditación de la UNAB ni en ninguna otra del grupo Laureate. Rolando Kelly, el rector, le dijo que se inhabilitara – y yo lamento que no haya quedado en el contrato y no sé por qué no quedó en el contrato- de las votaciones de la UNAB en la CNA. Y yo le agregué que lo mismo debía hacer con los procesos de las otras instituciones coligadas del grupo Laureate.
Jorge Selume dice que le pusieron otras dos condiciones a Díaz: que declarara su relación con la UNAB dentro de la CNA y además, “como la UNAB no había terminado su proceso de acreditación, y faltaba sólo pasar por la comisión, le dije que cuando se viera el caso, él debía inhabilitarse porque no quiero que nadie diga después que hubo algo raro. Se lo dije delante de Kelly”.
(Según las actas de la CNA, durante la acreditación de la UNAB Díaz se inhabilitó aduciendo que aunque no estaba contratado, estaba estudiando una posible relación laboral.
-Ustedes contrataron a Díaz cuando la acreditación estaba en proceso ¿Está usted consciente que ese fue exactamente el procedimiento que se usó en los casos que se investigan de la UNIACC, la U del Mar, la SEK: conseguir un contrato por una función ficticia cuando se estaba realizando la acreditación institucional?
-No es lo mismo porque en esas universidades él nunca se inhabilitó y no hizo declaración de intereses. Incluso yo le pedí que la relación que tenía con nosotros la subiera a la página web de la CNA, de tal manera que todo el mundo se enterara de que estaba trabajando con nosotros. Y lo hizo. No queríamos que fuera algo oculto y menos clandestino. Y después vino este tema de la Escuela Moderna de Música (EMM) donde él nunca debió haberse metido. Claro, cuando leo hoy día el email que me envío, por cierto que es inadecuado.
-No es inadecuado, es impresentable.
-Está bien: es impresentable. Pero de verdad debo decirle que la EMM no estaba en mi radar.
Selume agrega que nunca habló con Rodrigo Alarcón como le pedía Díaz, ni hizo gestión alguna en relación a la EMM. “Se lo puedo jurar por mis hijos, por mi papá, por mi mamá, por quien quiera. No hablé con nadie. En ese correo también habla de Octavio Enríquez y yo a él no lo conozco. Con Alarcón he estado tres veces en mi vida: una vez almorzando en la Santo Tomás, la segunda en el cumpleaños de la Paulina Dittborn en la casa de la Paulina y Juan Antonio Guzmán y otra vez que estuvo en mi oficina. Eso sería todo. Nunca lo llamé para la acreditación de la Escuela de Música”.
-En su correo Eugenio Díaz dice que ya habló con casi todos los comisionados de la CNA para conseguir su voto para la acreditación de la EMM. Estaba actuando como un empleado de la UNAB, como un operador suyo.
-No sé por qué escribió eso, porque fíjese que el informe de los pares evaluadores venía bueno. Porque una vez que ellos terminan la visita ellos entregan el informe y por eso sabíamos que venía bueno.
En los hechos, el resultado de la acreditación de la EMM fue muy distinto a lo que Díaz aseguraba en el correo incautado. Sólo le dieron un año. Según el registro de la CNA, Díaz no acudió a la sesión. Pero la historia no termina allí.
Luego sucedió algo que hizo sospechar a Selume y al equipo de la UNAB de cuáles eran las intenciones de Díaz. Cuando al año siguiente la EMM se preparaba para un nuevo proceso de acreditación, Eugenio Díaz, asegura Selume, comenzó a presionar para que esa institución contratara para el proceso de re-acreditación a María Isabel Roldan por un monto de $4.000.000. La directora de la EMM, no aceptó la oferta y según relata Selume, eso ofuscó a Díaz.
-Vivien Wurman, la directora de la EMM, me contó que Díaz la llamó por teléfono y fue amenazante. Le dijo algo así como: “vamos a ver ahora cómo les va a ir con la acreditación”. Y para sorpresa nuestra, ¿quién aparece presidiendo la comisión de pares evaluadores?: María Isabel Roldán. La mujer fue francamente hostil en la visita. Yo no estuve pero fue lo que me contaron. En la reunión con la junta directiva a la cual yo no asisto, ella hizo preguntas muy jodidas y hace inclusive presunciones sobre el lucro.
María Isabel Roldán tiene varias apariciones dudosa en la investigación que afecta a Díaz. Según declara el ex secretario ejecutivo de la CNA, Carlos Medrano, Díaz dio instrucciones para que la designaran a ella evaluadora de la Universidad del MAR. Según admitió Díaz ante la fiscalía, Roldán recibió pagos de la sociedad de Díaz –Gestión Limitada- la misma que firmó el contrato de asesoría con la Universidad del Mar.
Pese a las condiciones que Selume dice haberle puesto a Díaz para su contrato con la UNAB, la evidencia reunida por la fiscalía muestra que Díaz entendía que parte de su valor estaba en su capacidad de influir positivamente en las acreditaciones de todo el grupo Laureate. Por eso fue un terrible golpe que en octubre de 2010, cuando la CNA debía ver la acreditación de la Universidad Las Americas (UDLA), la jefa del departamento jurídico de la CNA, Paula Beale, le señalara que él no podía intervenir por su cargo en la UNAB.
“Por el tema de Laureate hubo muchos problemas con Eugenio Díaz, por cuanto quería participar de las discusiones de las otra instituciones de Laureate. Especialmente recuerdo la sesión en que se discutió la acreditación de la UDLA. Esa sesión, la 366, fue con fecha 27 de octubre de 2010 y el relator fue Rodrigo Alarcón. Eugenio Díaz comenzó a opinar del proceso señalando que ‘los pares habían incurrido en un error porque no podemos imponer una determinada manera de hacer planificación’. Tras esa intervención yo indiqué que debía abstenerse de participar dado que pertenecía a una institución del mismo conglomerado. Eugenio Díaz se molestó mucho e indicó que había otra personas en esa situación, aduciendo a Luis Horacio Rojas (consejero de la CNA, elegido por Conicyt y que también trabajaba en la UNAB). Rojas señaló que era necesario tener un Código de Ética. Los demás comisionados apoyaron la inhabilidad y Díaz y Rojas debieron abandonar la sala”.
Según los relatos que hacen de su actuar otros consejeros y funcionarios de la CNA, Díaz no podía resignarse a ver pasar las instituciones del grupo Laureate sin intervenir. En otro correo incautado a Díaz y dirigido a Jorge Selume le propone recurrir a la Contraloría para revertir este impedimento. Está fechado el18 de diciembre de 2010.
“Conversando con Julio Castro (se refiere a Julio Castro Sepúlveda, ex jefe de la División de Educación Superior del gobierno de Lagos que se integró al grupo Lauréate) se nos ocurrió que quizás sea conveniente solicitar un pronunciamiento a la Contraloría General de la República respecto de la supuesta inhabilidad que me afectaría -que se aplica también a Luis Horacio y ahora afectaría también a Eduardo Olivares (rector del AIEP, también del grupo Laureate)- para participar en la acreditación de las demás instituciones Laureate. La abogada jefe -que es muy sesgada – emitió un informe recomendando la inhabilidad. Enrique Montenegro, cuando íbamos a comenzar a ver AIEP, planteó que no podíamos estar en esa sesión y todos los demás estuvieron de acuerdo. Como ello nos seguirá afectando, se nos ocurrió conveniente recurrir a la Contraloría”.
Selume afirmó a CIPER que ese correo nunca se los respondió y que su contenido le abre nuevas sospechas: “Yo tengo la impresión que él estaba usando el caso nuestro para poder habilitarse para votar en otras acreditaciones en curso que le interesaban, porque fue condición desde el día cero que él debía inhabilitarse en las acreditaciones nuestras y así quedó registrado”,
Como sea, el desarrollo de los hechos indica que finalmente Díaz optó por otra estrategia que sí le funcionó. Poco después, la composición de la CNA se renovó (llegó Iñigo Díaz al cargo de presidente y Patricio Basso asumió como secretario ejecutivo). Ante ellos, Díaz planteó que no estaba de acuerdo con el informe de Beale y que se debían respetar sólo las inhabilidades que expresamente señalaba la ley (pocas y vagas) y el resto debía quedar entregado al fuero interno de los comisionados. Su posición logró apoyo unánime y así quedó zanjado en el acuerdo 857 del 18 de marzo de 2011.
Respecto de ese acuerdo, Íñigo Díaz siente que actuó ingenuamente. “Mirándolo retrospectivamente me parece que Eugenio Díaz quiso tener menos inhabilidades. Creo que de algún modo la comisión y yo pecamos de ingenuidad en relación con él. La mayoría de los comisionados no lo conocíamos”.
El paso de Díaz por el sistema de acreditación ha dejado una amarga cosecha de dudas sobre la veracidad del trabajo realizado por la comisión completa. Finalmente Díaz era sólo uno entre 15 consejeros, todos con derecho a voto. ¿Cómo conseguía mayoría para acreditar instituciones que hoy avergüenzan al sistema, como la U. del Mar o la Pedro de Valdivia? ¿Cómo los otros consejeros pasaron por alto tantas irregularidades, tantas filtraciones de información, tantas mociones con segundas intenciones?
Un punto que repiten diversas fuentes es que Díaz tenía un sólido y encendido discurso pro-emprendedor. Bajo esa coraza, cuando defendía instituciones impresentables, nadie pensaba que lo hacía empujado por sus contratos, sino por sus convicciones ideológicas.
-Díaz era abierta y explícitamente pro-universidades privadas. Era un verdadero operador político de las universidades privadas –afirmó a CIPER, Jorge Selume.
Tras ese toque de diana varios consejeros acudían inmediatamente a la fila. Andrea Aedo, ex secretaria ejecutiva de a CNA, recuerda que solían votar coordinadamente con Díaz los consejeros Luis Horacio Rojas (representante de Conycit), Pedro Corona (elegido por la comisión como empresario destacado), Rodrigo Alarcón (ex presidente ejecutivo de la Corporación Santo Tomás S.A y representante de los CFT) y Adolfo Arata, que llegó a la CNA igual que Díaz sostenido por las instituciones reunidas en la Corporación de Universidades Privadas (CUP).
Los antecedentes reunidos muestran que Arata participa en dos acreditaciones que hoy se miran con lupa: la de la SEK, de propiedad del actual vicepresidente de la ANFP y vicepresidente del Canal del Fútbol, Jorge Segovia; y en el de la Universidad Gabriela Mistral.
En el primer caso, como informó CIPER, (Ver reportaje “Las pruebas que confirman la venta de acreditaciones a universidades privadas”) Díaz asesoró a la SEK en la confección de los documentos que debía enviar a la CNA y luego, sin relevar nunca esas asesorías, votó por aprobar la acreditación de la SEK.
En medio de este proceso envió dos email al rector de esa universidad pidiendo trabajo para él mismo y para una sobrina; y mandó un tercer correo entregándole información interna de la CNA. Las pruebas reunidas por la fiscalía revelan que la sobrina recibió $ 2.500.000 y pese a que la SEK ha dicho oficialmente que no le pagó nada a Díaz, la fiscalía incautó un email en el que una funcionaria de finanzas de la SEK, Blanca Letelier, le dice a Díaz que puede retirar sus honorarios “igual que la vez pasada, en la caja del Campus Providencia”. Hasta ahora la SEK no ha explicado a qué se deben esos honorarios ni a cuánto ascendieron.
Pero aún hay algo que no se ha contado en esta irregular historia; el rol clave de Adolfo Arata, quien tenía como relator la responsabilidad de exponer ante los consejeros de la CNA los antecedentes relevantes del proceso de la SEK y proponer, además, una cantidad de años de acreditación. La posición de Arata quedó comprometida cuando la fiscalía incautó a Díaz un email en el que éste le enviaba a Arata documentos confeccionados por la SEK: se trata de la respuesta que la universidad daba a las críticas que le habían hecho los pares evaluadores de la CNA.
El email fechado el 7 de diciembre de 2011 tiene adjunto el borrador de la respuesta de la SEK a la CNA e incluye el siguiente mensaje:
“Estimado Adolfo, te copio el borrador de respuestas al informa de pares. Si no te complica te ruego me des tu opinión. Si te complica, no, lo comprendo. Un abrazo”.
Dos días después Díaz le envió una nueva versión del documento: “Estimado Adolfo, te envío última versión de la respuesta de la SEK. Si tienes tiempo dame tu opinión, por favor. Muchas gracias por todo”.
Arata no informó en la CNA que Díaz evidentemente estaba asesorando a la SEK y se debía inhabilitar. Lo dejó votar en dos ocasiones y argumentar en ambas sesiones. No está claro si accedió a comentar los documentos enviados por Díaz o se “complicó”. Si así lo hizo, también guardo silencio al respecto. CIPER intentó contactarse con Arata sin obtener respuesta.
La Universidad Gabriela Mistral (UGM) es otra de las casas de estudio en cuya acreditación intervinieron de manera decisiva Arata y Díaz.
Creada y dirigida por Alicia Romo, la UGM pasaba en 2010 por una fuerte crisis económica. En palabras de la propia rectora Romo la única forma de salvarla de la “ruina total” era acreditarla. (ver reportaje) No porque la UGM necesitara incorporar alumnos con CAE, sino porque para los sectores medios y altos que optan por esa casa de estudios, el sello que entregaba el organismo dirigido por Díaz representaba una suerte de garantía estatal de calidad. En medio de la grave crisis que vive la CNA, hoy eso suena a ironía, pero en 2010 la UGM estaba siendo castigada por no haber sido aprobada por ese organismo.
María Elena González, sicóloga y ex consejera de la CNA entre 2007 y 2010, declaró ante la fiscalía que Eugenio Díaz y el consejero Adolfo Arata “fueron muy insistentes con hablar con la UGM” para convencer a Alicia Romo de que se acreditara, pues pese a sus urgencias económicas, la mujer mantenía un histórico recelo a cualquier forma de control público de su universidad. “Hubo un almuerzo en la UGM para conocer esa institución y se notaba un conocimiento previo de Díaz y Arata (que había hecho clases en la UGM) con Alicia Romo y un pro-rector que había”, contó González.
Una vez que Romo accedió a postular, comenzaron los problemas. Andrea Aedo, secretaria ejecutiva de la CNA entre 2008 y mediados de 2010, entregó a los fiscales un antecedente revelador: en esta acreditación Díaz vulneró un acuerdo que habían tomado los consejeros de la CNA en 2008 y que les impedía tener contacto con instituciones que hubiera iniciado su proceso de acreditación.
Díaz respetó esa norma mientras fue solo un consejero. Pero cuando en 2010 asumió como presidente de la CNA, declaró que había cambiado de opinión, explicó Aedo.
“La norma tenía una lógica: como los comisionados son los que toman las decisiones de acreditación, tienen que estar lo más limpios posibles de subjetividades y por ello se trató de evitar contacto con los acreditados. Esto implicaba no poder asistir a actividades académicas, protocolares o sociales”, explicó Aedo a la fiscalía. Y agregó que apenas Díaz se hizo del control de la CNA, “asistió en varias ocasiones a instituciones que estaban en proceso de acreditación. Recuerdo específicamente que con la UGM asistió a tres almuerzos con la rectora Alicia Romo, concurriendo también los consejeros Adolfo Arata y Pedro Corona. Yo le indiqué a Díaz que había un acuerdo de no ir a estas actividades pues la UGM ya había enviado la carta en la que informaba del inicio del proceso. Sin embargo, él desoyó mis palabras y acudió igual. Creo que lo mismo ocurrió con la Universidad Autónoma” (de propiedad de la familia del ministro de Justicia, Teodoro Ribera).
La consejera González declaró además que, cuando se vio la acreditación de la UGM en la sesión 383 del la CNA, realizada el 1 de diciembre de 2010, “Arata y Díaz hicieron una defensa apasionada de esa universidad, que me llamó la atención”.
No solo para la consejera González esa defensa resultó extraña. También lo fue para el secretario ejecutivo de la CNA en ese momento, el abogado Carlos Medrano. Esto, porque los especialistas que había mandado la CNA a examinar la universidad (pares evaluadores), entregaron un informe muy desfavorable para esa casa de estudios. “El informe de los pares evaluadores fue bien duro respecto a puntos como la falta de formalización en la toma de decisiones. Decía, por ejemplo, que la UGM se manejaba como una empresa familiar”, declaró Medrano ante la fiscalía.
Ese informe hizo que al llegar a la votación, cinco consejeros opinaran que había que rechazar a la UGM y cinco – entre ellos Díaz y Arata-, que había que darle al menos tres años.
Según las normas de la CNA, en caso de empate dirime el presidente. Y Díaz lo hizo del modo previsible. “Fue un ejemplo de una decisión muy alejada de los criterios de acreditación”. No sólo porque contradecía lo observado en terreno por los pares evaluadores sino porque parecía responder a otro asunto, completamente extra académico: coincidía con que dos de sus votantes (Arata y Díaz) estaban siendo promovidos por la rectora Alicia Romo para continuar un nuevo periodo en la CNA como representantes de las universidades privada” opinó el abogado Medrano.
La fiscalía no ha logrado detectar en este caso un pago en dinero por la acreditación. Pero es claro que haber conseguido el respaldo de Alicia Romo para acceder a un nuevo periodo en la CNA no es una retribución modesta para un hombre como Díaz, quien había hecho de su cargo en ese organismo una activa plataforma de negocios privados.
Luis Eugenio Díaz también logró tener control de un área muy central del proceso de acreditación: el trabajo que realizan los pares evaluadores, los especialistas que la CNA envía a las distintas instituciones y que en la práctica son los ojos y oídos del Fisco en un sistema que ha desperdigado sedes por todo Chile.
”En la selección de los pares evaluadores se juega la acreditación tanto o más que en la sesión en que vota los consejeros, porque los datos que entrega la propia universidad a la CNA son contrastados con lo que informan los pares evaluadores. Si ellos no informan bien, no se puede efectuar una evaluación real”, dijo a los fiscales, Emilio Rodríguez, ex presidente de la CNA.
Rodríguez cree que esa puede ser la respuesta para el hecho que califica de Increíble: que la CNA haya acreditado a la Universidad del Mar, institución que el gobierno quiere cerrar: “Me parece imposible que algunas universidades se hayan acreditado, salvo que hubiese habido errores técnicos en los proceso de acreditación. Por ejemplo la U. del Mar no es acreditable porque la ley establece con claridad que tiene que lograr niveles satisfactorio en cada una de las sedes y eso la U. del Mar no lo logra porque tiene una diversidad amplia de sedes. Por ejemplo, en Arica tiene una seda paupérrima. Por lo tanto, sólo se puede acreditar por un error técnico que puede ser involuntario o no. Por ejemplo, se pueden seleccionar arbitrariamente las sedes que se van a visitar y elegir a los pares evaluadores”.
La investigación de la fiscalía recogió testimonios de que durante 2010 Díaz efectivamente participó directamente en la designación de pares evaluadores. Así lo sostuvo Carlos Medardo, ex secretario ejecutivo de la CNA en 2010: Díaz había influido en la designación de los pares que visitaron a la Universidad Pedro de Valdivia y del Instituto AIEP. También eligió a los pares evaluadores de la Universidad Autónoma y de la Del Mar. Respecto de esta última, dijo Medrano, Díaz también designó el relator: su amigo Adolfo Arata.
Usando esos mecanismos, durante 2010 Díaz pudo llevar las acreditaciones al puerto que deseaba. La ex consejera María Elena González, recordó: “Siendo presidente comenzó a ejercer el cargo con mayor autonomía, sin consultar a los demás. Las tablas las definía él. Podía alterar el orden de los temas que se trataban en la sesión para posibilitar que algún comisionado que estuviera atrasado y que fuera afín a sus ideas, alcanzara a votar. Usaba su rol de presidente para poner el foco en determinados asuntos y pasar por alto otros. De esta manera podía manejar el tiempo, el clima de la sesión y los resultados de las propias votaciones”.
¿Hacia donde dirigía las votaciones? Siempre hacia la acreditación. Sus intereses los disfrazaba en la defensa de los principios de la libertad de enseñanza y de apoyo a los emprendedores. “En general, había un sesgo positivo hacia las instituciones privadas. Esto a veces incidía en el resultado final de las votaciones porque se presionaba al pleno para generar una especie de conciencia social con esa institución. Comentarios del tipo, ‘si no acreditamos a esta institución se va a morir’ hacían poner la mira en los estudiantes de escasos recursos que no iban a poder acceder al CAE o de trabajadores que podían ver afectada su fuente laboral, etc. Hacían que la discusión dejara de ser eminentemente técnica y nos llevara a apostar que en el futuro la institución conseguiría cambios positivos en su desarrollo”, declaró González a la fiscalía.
En ese contexto, a fines de 2010, la CNA era literalmente un mundo parte, ciego y sordo a la tormenta que al año siguiente estalló en las calle gracias a los estudiantes. En el corazón de esa tormenta estaban los universitarios endeudados con los créditos CAE en instituciones de mala calidad. Eran jóvenes cuyo futuro se había visto afectado, en buena parte, por lo decidido en las oficinas de la CNA donde reinaba Díaz.
Para muchos funcionarios de la Comisión Nacional de Acreditación, 2010, el año en que Luis Eugenio Díaz asumió como presidente, fue de terror. Testimonios reunidos por la Fiscalía Oriente y que buscan demostrar que Díaz recibió sobornos para acreditar a algunas universidades, dan cuenta también del estilo despótico y grosero que desplegó en el ejercicio de ese cargo y que le sirvió para cumplir los acuerdos comerciales secretos que tenía con algunas universidades.
La consejera María Elena González fue una de las que debió soportar esos ataques su furia.
“Díaz tenía una relación cordial con los comisionados salvo con María Elena González, con la que tenía discusiones fuertes dentro de la sesión. Básicamente tenía que ver con temas técnicos. La señora González le rebatía técnicamente y Díaz en alguna ocasión, utilizó groserías para referirse a ella”, explicó a la Fiscalía Oriente la abogada Paula Beale. La ex secretaria ejecutiva de la CNA, Andrea Aedo, detalló que al final de una sesión muy intensa Díaz dijo a los consejeros que estaban cerca de él “¡qué se cree esta hueona!”. González lo escuchó y se retiró furiosa.
El trato que le dispensaba a González se debía a que constantemente cuestionaba y se oponía a las acreditaciones que se daban a instituciones dudosas y que hoy escandalizan a las autoridades de educación. Un buen ejemplo es el caso de la acreditación de la Universidad Pedro de Valdivia (UPV), cuyo socio fundador y ex rector, Ángel Maulén (ex subsecretario de Economía durante el gobierno de Eduardo Frei) está detenido, igual que Díaz por los delitos de soborno, cohecho y lavado de activos.
Tal como hizo con la Universidad SEK, (Ver reportaje “Las pruebas que confirman la venta de acreditaciones a universidades privadas” ) Luis Eugenio Díaz asesoró a la UPV en los informes de “auto evaluación” que debía mandar a la CNA, informes que más tarde él mismo debía evaluar. Luego, llegado el momento de someter la universidad al análisis de los consejeros (el 22 de diciembre de 2010), cometió otra grave falta: agregó un documento favorable a la universidad de modo de mejorar la imagen de UPV ante sus colegas.
En su declaración a la fiscalía, María Elena González recordó ese episodio: “La UPV tenía problemas con el manejo financiero, malos números en la retención de estudiantes, sistemas de admisión poco claros, etc. Cuando se analizó la acreditación de la UPV quedó en evidencia que Eugenio Díaz le había solicitado a la UPV información adicional, lo que no era posible pues no tenía las atribuciones. Yo representé este hecho e indiqué que esto complicaba fuertemente a la CNA. En esa reunión se generó un clima bien complicado pues Juan José Ugarte (jefe de la División de Educación superior del Mineduc y representante de ese ministerio en la CNA, con derecho a voto) respaldó nuestra posición pues era un hecho grave. Finalmente se rechazó la acreditación de la UPV y Eugenio Díaz se vio obligado a abstenerse.
La ley de acreditación permite a las universidades apelar y así lo hizo la UPV siete días después de haber sido rechazada. En esta oportunidad el material entregado fuera de plazo por la universidad sí se incluyó en el análisis. Y Díaz no se abstuvo de votar: aprobó el informe que él había ayudado a redactar. La UPV consiguió un año de acreditación, es decir un año de Crédito con Aval del Estado, financiado con dineros de todos los chilenos para que estudiantes de escasos recursos pudieran endeudares con una institución cuya calidad hoy está puesta en duda.
La consejera María Elena González mantuvo su negativa a la acreditación. “Pedí expresamente que se dejara constancia en el acuerdo de mi voto en contra. Esto lo hice porque me parecía que esa universidad no cumplía con los requisitos mínimos para acreditar”. (Vea acta donde se informa de la acreditación de la UPV)
La ex secretaria ejecutiva de la CNA Andrea Aedo se encontró en un restaurante con Eugenio Díaz que almorzaba con el rector de la Universidad del Norte, institución que en ese momento estaba en proceso de acreditación. Cuando volvió a la CNA, Aedo le dijo a Díaz que no se podía reunir con ellos.”Delante de todos Díaz me gritoneó y me dijo que no tenía que meterme en esos asuntos”.
Para la ex consejera de la CNA una de las cosas más graves de toda esta secuencia de irregularidades es el hecho de que Díaz haya asesorado a la UPV en la redacción de su informe de Auto-Evaluación. Así lo declaró ante la fiscalía: “Me parece que es un escándalo, no tiene nombre, es totalmente poco ético. No es posible que el presidente o cualquier comisionado revise previamente un informe de autoevaluación”. La gravedad de este hecho radica en que el informe que entrega la universidad es la base de todo el proceso que realiza la CNA. Si eso es falso, nada se puede construir a partir de ahí. Todo está viciado. De acuerdo a los antecedentes recopilados por la fiscalía, Díaz habría colaborado decisivamente en la elaboración de los informes de la U. del Mar (que recibió dos años de acreditación); Universidad SEK (recibió tres); Uniacc (que no resultó finalmente acreditada); y una universidad muy importante para Díaz: la Universidad Gabriela Mistral, que recibió tres años de acreditación tras la decisiva intervención de Díaz.
Andrea Aedo, ex secretaria ejecutiva de la CNA, también debió soportar los insultos de Díaz. El conflicto con ella se debía al acuerdo de la CNA que los consejeros no tuvieran contacto con las instituciones que se estaban acreditando. Como se ha visto, Díaz usaba esos periodos para conseguir asesorías. Y cada vez que Aedo se enteraba de una nueva reunión y le recordaba los acuerdos, Díaz reaccionaba furioso. El peor episodio lo vivió Aedo cuando fortuitamente se encontró a Díaz en un restorán. “En una ocasión concurría a almorzar al restaurante Squadritto y me encontré con Eugenio Díaz almorzando con el rector de la Universidad del Norte que estaba en ese momento en proceso de acreditación. Tras ello en la oficina le dije que le recordara que la UCN estaba en proceso de acreditación y él, delante de todos me gritoneó y me dijo que no tenía que meterme en esos asuntos”.
Sintiéndose señor absoluto del escenario Díaz intentó cosas peores ya no en el plano de los negocios y las acreditaciones sino el de los derechos humanos. Así lo relata la abogada Paula Beale. “Su trato era, en general agresivo con las personas, siendo usual que tratara con gritos y garabatos a los jefes de departamento y de área. En cambio, con las secretarias era más amable. Recuerdo que en una ocasión ingresó a mi oficina, cerró la puerta y se acercó de un modo que me pareció indebido. Le pedí que abriera la puerta y saliera. Eso ocurrió con él siendo presidente. Supe, porque ella misma me lo contó que otra persona, jefa del área de finanzas, tuvo un incidente parecido con el señor Díaz”.
Composición de la CNA entre 2007 y 2010
Durante el periodo, hubo algunos cambios. Por ejemplo Julio Castro fue reemplazado por Sally Bendersky y tras el cambio de gobierno, ella dejó su puesto a Juan José Ugarte.
Emilio Rodríguez Ponce, presidente CNA. designado por el Presidente de la República.
Rodrigo Alarcón Jara, designado por los Centros de Formación Técnica (CFT).
Adolfo Arata Andreani, designado por las universidades privadas.
Roberto Careaga Medina, designado por los Institutos Profesionales.
Julio Castro Sepúlveda, participa como Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación.
Pedro Corona Bozzo, designado por los otros miembros de la Comisión como figura destacada del sector productivo nacional.
Eugenio Díaz Corvalán, vicepresidente, designado por las universidades privadas.
Octavio Enríquez Lorca, designado por los otros miembros de la Comisión como figura destacada de las Asociaciones Profesionales y Disciplinarias del país.
María Elena González Plitt. designado por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH).
Enrique Montenegro Arcila, designado por el Consejo de Rectores de las universidades chilenas.
Luis Horacio Rojas Mancilla, designado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT).
Eduardo Rosselot Jaramillo, designado por el Consejo de Rectores de las universidades chilenas.
José Weinstein Cayuela, designado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT).
Gonzalo Zapata Larraín, secretario ejecutivo CNA, designado por la Comisión en pleno, sólo con derecho a voz.