El dominio del narco en las poblaciones más vulnerables de Santiago

Haga click en la imagen para ver el mapa y las fichas de las 83 poblaciones dominadas por el narco en Santiago.

Vea además: Vivir y/o morir en una zona ocupada de Santiago (2009)

El jardín infantil Raúl Silva Henríquez, en el sector San Luis de Quilicura, es como cualquier otro: sillas de colores, balancines y unos 60 niños que corretean y entran y salen de las salas. Hasta que suena el primer disparo. Entonces, Daniela Valenzuela, la directora del jardín, corre al patio donde cuelga una campana y enciende la alarma. La parvularia Ivonne Andrade tira de una cuerda de la que se afirma cada uno de los niños y los guía hacia la sala que está al fondo del recinto, al tiempo que otras les cantan para hacerles creer a los pequeños que no es más que un juego. Al llegar a la sala, Ivonne los hace tirarse al suelo. Algunos lo hacen entre risas. No saben que, si se quedaran de pie, una bala perdida podría volarles la cabeza.

-Lamentablemente es algo común y parte de lo que estamos viviendo aquí –dice Daniela Valenzuela.

Afuera del jardín, marcas de balas adornan rejas y muros de los blocks de las cuatro poblaciones que componen el sector: Parinacota, Raúl Silva Henríquez, Pascual Gambino y El Mañío. Al primer sonido de balacera, sus habitantes imitan el ritual del jardín infantil: corren al dormitorio más alejado de puertas y ventanas, ¡y al suelo! Para ellos, como cuenta Aurora, vecina de la Parinacota, no es ningún juego: “Después de tirarnos no nos queda otra que rezar”.

Los pistoleros que cada semana hacen estallar la violencia en estas cuatro poblaciones de Quilicura, pertenecen a alguna de las dos bandas rivales que se disputan el control del sector para vender pasta base: Los Chubis y Los del Cojo Juan. Ellos manejan una parte de un mercado que, según datos oficiales, es ambiguo. Mientras la información del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), indica una baja leve en el consumo de pasta base a nivel nacional en los últimos años –de 0,7 a 0,4 entre 2000 y 2010–, informes de la Policía de Investigaciones (PDI) señalan que en el último año los decomisos han aumentado un 32,5% y que las detenciones de menores involucrados en delitos de drogas han crecido un 56%.

En el barrio casi todos conocen a los miembros de cada banda, pero nadie se atreve a denunciarlos. Los pocos que lo han hecho, han terminado peor. Como le ocurrió a Elena, que pidió a CIPER que le cambiaran el nombre –como la mayoría de los entrevistados durante esta investigación– por temor a represalias. Ella puso hace unos meses una denuncia en Carabineros contra uno de los jóvenes de las pandillas. Dos días después, bajo su puerta había una carta anónima con los nombres y direcciones de sus familiares. Decidió nunca más enfrentarlos.

Al otro extremo de Santiago, justo en el límite de La Pintana y La Granja, el miedo es el mismo. El 29 de marzo, Día del Joven Combatiente, John Boles, párroco de la Iglesia Santo Tomás Apóstol de La Pintana, se acercó al altar, se persignó y como si fuera parte de un ritual, abrió el sagrario y sacó las hostias y el cáliz para resguardarlos en la casa parroquial. Lo secundaban feligreses que cargaban equipos de sonido y todo aquello de valor. Temían que Los Guarenes y Los Phillips, las dos pandillas que disputan el control de la zona (supuestamente desbaratadas en 2007), saquearan nuevamente el lugar, tal como lo hicieron meses antes.

El 11 de septiembre de 2011, unas 100 personas con palos, piedras y armas de fuego, botaron la reja del templo y arrasaron con puertas y ventanas. Se llevaron todo: equipos de amplificación, muebles e incluso la comida destinada a los más pobres del barrio, incluyendo el refrigerador. A Boles y a los aterrados feligreses que lo acompañaban, no les quedó más que observar el saqueo desde el cuarto piso del edificio que alberga las oficinas parroquiales. Aunque cerca de 20 carabineros custodiaban el supermercado Santa Isabel, frente a la iglesia, ninguno se movió para ayudar al sacerdote y los vecinos atrapados.

-Llegaron cuando ya se habían robado todo. El jefe de la policía dijo que no podían hacer nada porque pertenecían a la comisaría de La Granja y la iglesia está en La Pintana –relató Boles a CIPER.

En 2009, CIPER descubrió que al igual que esos 60 niños de Quilicura y los feligreses de la Iglesia Santo Tomás, en la Región Metropolitana vivían más de 660 mil personas repartidas en 80 poblaciones donde el hacinamiento, el abandono de las autoridades y la violencia asociada al tráfico de drogas son lo cotidiano. Zonas donde carteros, taxistas, choferes del Transantiago y otros servicios básicos no se atrevían a entrar y los vecinos vivían presos en sus propias casas por balaceras, robos y otros delitos. Llamaban a las policías y no llegaban. Lo mismo con ambulancias y bomberos. Lejos de colegios, consultorios, bancos, supermercados, farmacias y centros de pago, y entre sitios eriazos y basurales, eran zonas abandonadas por el Estado donde la única ley era la de aquellos que las han ocupado: la del narco.

A tres años de esa investigación, CIPER volvió a esas zonas y constató que el escenario es aún peor. Si en 2009 eran 80 poblaciones, hoy se han sumado otras tres a la lista (ver mapa). En algunos sectores la situación se ha consolidado al punto de configurarse al menos tres macro-zonas ocupadas: San Luis, en Quilicura; Santo Tomás, en La Pintana; y Bajos de Mena, en Puente Alto. Juntas albergan a 76 villas que en total suman más de 220 mil residentes, casi el mismo número que el total de habitantes de la Región de Atacama. Allí hay cordones de cuatro y hasta 49 poblaciones donde las bandas de microtraficantes se han adueñado del territorio, arrasando con las débiles estructuras sociales.

CIPER se internó nuevamente en estos sectores para buscar la causa a los síntomas de abandono gubernamental y miedo. Para eso, geo-referenciamos más de 11 mil delitos investigados por la PDI en 2011, cifras que cruzamos con las de delincuencia de Carabineros. El resultado: al interior de estas poblaciones son muy pocas las denuncias. Los vecinos temen represalias y desconfían de las policías. ¿La causa? El narcotráfico y la espiral de violencia que las bandas han desatado para mantener su control.

DE BOLIVIA A LA POBLACIÓN

Los habitantes de la población Parinacota, donde según los datos de la PDI que procesó CIPER se cometió el 9,9% de los delitos registrados en la comuna de Quilicura en 2011, dicen que cada jueves por la madrugada despiertan con el ruido de una moto. Al sur de la capital, en la población San Gregorio de La Granja, cuentan que los sábados se pueden ver bengalas que lanzan en cuatro puntos (siempre diferentes) de la población. Distintas señales para un mismo acontecimiento: la llegada de un nuevo cargamento de droga.

Según estadísticas de la PDI, la incautación de pasta base, la droga que más se consume en las poblaciones, aumentó de 3.000 a 3.975 kilos entre 2009 y 2011. Y sólo en el norte, en lo que va de 2012, lo decomisado se ha quintuplicado respecto del año pasado: de 359 a 1.648 kilos. Ello se traduce en casi 14 millones de dosis más que en 2009. Si se considera que esas cifras no incluyen lo que sí llegó a las calles, la conclusión es clara: a Chile está llegando más droga. Y la ruta es por el norte.

-Ha empezado a entrar más droga boliviana que peruana al país. Ahora, los burreros por regla general son bolivianos. Lo que también se corrobora con el ingreso de droga que ahora se hace por Calama, por su cercanía con Bolivia, y no por Arica e Iquique como era antes –explica Héctor Barros, fiscal jefe de Antinarcóticos y Crimen Organizado de la Zona Sur de Santiago.

La PDI estima que de lo incautado, más del 60% de clorhidrato de cocaína y sobre el 75% de pasta base proviene de Bolivia. Lo que no se decomisa llega a poblaciones periféricas de las ciudades, como las 83 zonas ocupadas detectadas por CIPER en Santiago: el espacio ideal para acopiarla y distribuirla.

El diagnóstico en terreno de fiscales y policías fue ratificado por un informe que emitió a fines de julio la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos: Bolivia desplazó a Colombia en entre los mayores productores mundiales de cocaína y hoy ostenta el segundo lugar, sólo superado por Perú. Otro dato se agregó al nuevo análisis: Argentina lidera las estadísticas sudamericanas de consumo de cocaína y sus derivados de acuerdo al último Informe Mundial de Drogas de la ONU. En este escenario regional, no resulta extraño que en Chile el mercado de la droga vaya en aumento: si antes nuestro país era usado principalmente como ruta para llegar a Argentina y el Atlántico, hoy es visto también como un mercado en sí mismo.

EL ÚLTIMO ESLABÓN

Ni el hombre que llega en moto los jueves con droga a la Parinacota ni los sujetos que lanzan bengalas en la San Gregorio viven en esas poblaciones. Son intermediarios: el nexo entre el traficante que importa la droga (que a veces ni siquiera tiene contacto directo con su mercancía) y los microtraficantes: el último eslabón en la cadena del tráfico y los que han hecho de las poblaciones vulnerables su centro de operaciones.

Aunque no se trata de un cartel, la familia Tirado Huilcal maneja el mercado de la pasta base en La Chimba, una pequeña población en Recoleta que apenas concentra el 0,3% de las denuncias por delitos registradas por la PDI en 2011. Luis Alberto Tirado Acevedo, El Feo; su esposa Rosa Huilcal Marileo, La Fea; y sus hijos Juan Carlos, El Ñato; y Marcos Enrique, El Feo Chico, son los principales traficantes en La Chimba. Juntos acumulan ocho causas por tráfico ilícito de drogas y otra por amenazas a carabineros.

Los dos hijos cumplen condenas: El Ñato por conducción en estado de ebriedad y El Feo Chico por tráfico ilícito. Aun así, el negocio no amaina. Los vecinos dicen que cada vez son más los “soldados” (jóvenes que ofrecen protección armada a los traficantes y captan clientes) que se instalan en los juegos infantiles de la única plaza de La Chimba y su multicancha aledaña, donde los niños ya casi no juegan.

-Prefiero que mis hijos se queden en mi casa porque si salen les van a ofrecer droga –dice María, quien conoce bien cómo operan los Tirado Huilcal.

Su ex marido era adicto a la pasta base y varias veces recorrió la población buscándolo. La mayoría de las veces estaba en el nido que El Feo y La Fea habrían habilitado en su casa: un espacio donde los clientes más asiduos se encierran a fumar pasta base por horas y, a veces, por días enteros.

La importancia de los Tirado Huilcal al interior de La Chimba es gravitante. Ximena, otra vecina del sector, admite que ellos controlan la población a punta de favores y amenazas: “Una vez me pagaron la cuenta de la luz y a varios vecinos les han pasado plata. Estamos de brazos cruzados. Si los denunciamos, cuando salen libres nos van a amenazar a la casa y esperan a nuestros niños a la salida del colegio”.

En Bajos de Mena, el sector más vulnerable de Puente Alto, con cerca de 30.000 viviendas, más del triple de esa cifra en habitantes y un cuadrante que concentra el 14,1% de los delitos atendidos por Carabineros en 2011 en la comuna, ocurre algo similar. Viviana Fuentes fue una de las primeras en llegar a la villa Francisco Coloane, una de las 49 del sector. Hoy dirige una de las dos juntas de vecinos de la población y ha sido testigo de cómo el barrio fue siendo copado por traficantes.

-Vivimos con el miedo constante de que nuestros hijos salgan un día y no vuelvan. En todas nuestras villas lo hemos visto: los niños salen y de repente se escuchan disparos. Algunos han muerto por alguna bala loca. Puede pasar en cualquier momento –relata con voz entrecortada.

Cerca de allí está La Mamiña I, zona controlada por Los Vatos Locos, una pandilla que se enfrenta a balazos y cuchillos con sus rivales de La Mamiña II por el control del territorio. Lo mismo pasa en la villa San Francisco y las poblaciones Pedro Lira, Marta Brunet o El Volcán; todas en el mismo sector y con sus propias bandas narco. Los vecinos de Bajos de Mena están resignados: “Aquí mandan los narcos, no la junta de vecinos ni el alcalde”, cuenta Silvana, a quien hace sólo unos meses le pusieron una pistola en la cabeza y le intentaron reventar el departamento por haber denunciado a unos vecinos que venden drogas.

CALDO DE CULTIVO

En el sector San Luis de Quilicura, CIPER comprobó en terreno cómo los “soldados” de la banda de Los Chubis se pasean por plazas y pasajes mientras, a su paso, los vecinos deben refugiarse en sus departamentos, los que han debido reforzar con doble chapa y rejas metálicas en las puertas.

El fiscal Héctor Barros sabe que esta situación se repite en muchas poblaciones de Santiago y también dónde radica el origen del poder de los narcos: “Si ves que no hay control, que hay problemas de diseño urbano, pobreza, cesantía y tantos otros, tienes un caldo de cultivo para transformarte en buen traficante”, sentencia.

Otro fiscal consultado por CIPER explica: “Al principio, el microtraficante se expande con mayor rapidez porque se transforma en una autoridad que ayuda a los vecinos o incluso en una fuente laboral. Muchas de las personas que hemos detenido por tráfico en estas poblaciones nos cuentan que se metieron en el negocio porque en un día ganaban lo que antes obtenían en un mes”.

Los fiscales que conocen cómo operan cuentan que lo primero que hacen es comprar camas anti escaras y sillas de rueda a los ancianos, bolsas de mercadería a los que están cesantes, prestan dinero u organizan fiestas para los niños. “Así la gente los acepta rápidamente”, dice Barros.

En la población San Gregorio –que concentra el 26% de los delitos que la PDI investigó en La Granja en 2011–, René Dionisio Morales, El Lauchón, reinó hasta su muerte en 2009. En el pasaje donde residía hay animitas homenajeándolo e incluso le han escrito canciones: “Porque tú fuiste pa’ mí el rey de los choros / Lauchón era tu apodo siempre hacías las cosas a tu modo / tus armas favoritas las pistolas. Pero para todos siempre tú serás el Lauchón de la San Gregorio / Sangre, cuchillo y velorio”, reza el rap “Siempre estarás en mi corazón, Lauchón«, que uno de sus sobrinos cantó en su funeral.

También conocido como El Señor de la San Gregorio, para muchos Morales no era sólo un ex lanza internacional y experto en quitadas de droga; también era un héroe: nadie olvida las lujosas fiestas de año nuevo que organizaba en el barrio. “Los fuegos artificiales eran mejores que los de Valparaíso. Regalaba trago, comida y traía músicos para que la fiesta durara hasta la mañana siguiente”, cuentan los vecinos.

-Cuando estaba vivo a nadie le faltaba nada –afirma Marina, una pobladora de la San Gregorio, frente a un mural con el rostro de El Lauchón en el pasaje 8 Oriente.

Lo mismo hacían Manuel Fuentes Cancino, El Perilla, en La Legua (San Joaquín) o Los Care’ Jarro antes de caer presos en La Victoria (Pedro Aguirre Cerda). Su poder es el que se disputan las bandas locales, y su fama –aún sin relevo–, la que ha hecho que muchos niños no aspiren a otra cosa que ser traficantes.

La PDI emitió en septiembre un informe que señala que en sólo seis meses fueron detenidos 124 menores de 14 años por infracciones a la Ley de Drogas y otros 970 jóvenes de entre 15 y 18 años: un 56% más que en 2011. Marina sabe bien de eso: hasta hace poco, su hijo de 12 años soñaba con ser como un vecino que hoy vende drogas en Suecia: “Empezó a usar su misma ropa y me decía que para tener dinero y ser exitoso había que ser lanza o narco”.

Xiomara Navarrete, profesora de la Escuela María Luisa Sepúlveda en el sector San Luis de Quilicura, cuenta que en abril expulsaron a un alumno de sexto básico por vender pasta base en el patio del colegio. Semanas antes, el mismo menor llevó una pistola al colegio y amenazó a un compañero. Otro profesor explica que la escuela recibe a los niños que el resto de los colegios de Quilicura no quiere. Si en ésta los expulsan, el paso siguiente es desertar. Pero a veces no les queda más opción que cancelarles la matrícula.

En marzo, un menor de octavo básico amenazó con un cuchillo a un inspector que lo retó. Cuando hablaron con los padres, tres profesores fueron amedrentados. Hoy ese niño es soldado de Los Chubis.

FASE 2: LA DEFENSA ARMADA

“En todos lados hay sectores malos, pero Bajos de Mena es demasiado peligroso”, confiesa un chofer de Transportes Matta, que realiza despachos para Almacenes París en el sector sur de la capital. CIPER conversó con varios funcionarios de esa y otras compañías similares y todos coincidieron en que ese sector –al igual que otras 29 poblaciones de la lista– es zona vetada en su hoja de ruta. Lo mismo corre para los taxistas de Puente Alto: “Todos hemos sido asaltados más de una vez en Bajos de Mena o Santo Tomás. Es lo más peligroso de Santiago”, dice Abelardo Fredes.

Entre 2009 y 2011, el cuadrante de Carabineros que atiende a las 49 villas de Bajos de Mena aumentaron en 32,3% las denuncias atendidas. Los robos con fuerza pasaron de 477 a 587 y los con violencia de 432 a 473. Y en el cuadrante correspondiente al sector Santo Tomás, en el mismo período Carabineros registró un aumento de 9,8% en delitos denunciados. De los 637 casos registrados en 2011, el 52,4% fue por delitos violentos.

¿Por qué la violencia en estos sectores ha aumentado? En la Fiscalía Sur tienen respuesta: “El traficante en una primera fase trata de ganarse a la gente con favores, hasta que lo aceptan, pero cuando el negocio crece, tienen que contratar ‘soldados’ que expandan las ventas y protejan el sector de quienes quieran quitárselo. Ahí pasan a una segunda fase en que el traficante tiene que abrirse camino por la violencia”, explica el fiscal Barros.

La mayoría de las 83 poblaciones detectadas por CIPER se encuentran en esa segunda fase: la defensa armada de sus territorios.

Desde hace tres años, dos bandas se enfrentan por controlar la venta de drogas en el sector San Luis de Quilicura. El oriente es de Los Chubis; el poniente, de Los del Cojo Juan. Las balaceras a veces duran días enteros y con los primeros nadie se mete: “Hacerlo es firmar tu propia sentencia”, dice un vecino. Varios cuentan que en la 49ª Comisaría de Quilicura los conocen bien pero que nunca los han sorprendido con grandes cantidades de droga. Su líder, Marco Antonio Meza Vílchez (El Cojo Marco), tiene 18 años y antecedentes por receptación, lesiones, amenazas y consumo o porte de drogas en lugar público. Sus hermanos –Hugo Orlando (24) y José Manuel (29)–, tampoco registran detenciones por droga.

La droga la esconden en cinco departamentos que se han tomado en los blocks del pasaje Coposa. Su madre tiene un local de máquinas de juego y sanguchería que no es más que una fachada donde se venden “chacareros”, “completos” y “barros luco”. No son sándwiches, sino que códigos: minutos después uno de Los Chubis entrega pasta base, cocaína o marihuana, respectivamente.

En el extremo poniente de la Parinacota, fuera del área de dominio de Los Chubis, Juan Manuel Torres Escobar (El Cojo Juan) defendió su nicho a balazos con su pandilla hasta diciembre de 2011, cuando cayó por tráfico menor. Pero la guerra en la Parinacota no se detuvo. Su único hijo, Diego Nicolás Torres, con 21 años y cinco detenciones por tráfico y otras tantas por robo con intimidación, amenazas y porte ilegal de arma de fuego, quedó como jefe del negocio y de la banda.

Tampoco a ellos los denuncian. “Con préstamos de dinero nos mantienen ciegos, sordos y mudos”, dice un vecino. Y si alguien se atreve, probablemente deba abandonar la población. Así ha ocurrido con algunos habitantes del sector Santo Tomás, en La Pintana: sus viviendas abandonadas son tomadas por las pandillas como nuevas sedes del negocio.

“SI DENUNCIO ME MATAN”

En julio de 2007, el ruido de helicópteros despertó a los habitantes de las 23 poblaciones del sector Santo Tomás, en La Pintana. En el operativo, la PDI allanó el pasaje Pablo VI en busca de miembros de Los Phillips y Los Guarenes, las dos pandillas rivales que durante años se han disputado a balazos el territorio. Con las posteriores condenas (2008), la violencia y el temor parecían abandonar el sector. En esa fecha, Christian Toledo, el fiscal a cargo del caso, indicaba a El Mercurio: “Se limpió un importante sector de la zona sur de Santiago”.

Pero no fue así. Los feligreses de la Parroquia Santo Tomás Apóstol conviven a diario con el miedo que han impuesto ambas bandas. Liderados por El Rucio Loco, las dos bandas rivales se unen cada 11 de septiembre y 29 de marzo para saquear el supermercado y las dos farmacias del sector. El resto de los días, se enfrentan en plazas y pasajes. En la cancha del club deportivo Inter de Jamaica, atrás de la iglesia, se puede ver a Los Guarenes drogándose o mostrando sus pistolas. Los fines de semana, sus fiestas suelen terminar en balaceras. Y para los campeonatos de fútbol, el Jamaica es el único equipo que estrena camisetas nuevas y celebra sus triunfos con champaña y fuegos artificiales. Varios vecinos consultados por CIPER dicen que el club es una fachada: “Si querís comprar vai a la sede del Jamaica y te ofrecen lo que querai”, dice uno de ellos.

Las estadísticas policiales grafican el temor a denunciar. Si bien en La Chimba los vecinos identificaron una gran cantidad de casas donde venden o guardan droga, durante 2011 la PDI no recibió allí ninguna denuncia por drogas. En el mismo año, en la Francisco Coloane sólo hubo una. En las 81 poblaciones restantes, el panorama es igual.

-Cuando iba a las casas de mis compañeros de colegio que tenían papás narcos, veía cómo los pacos llegaban. Un día, me topé con uno fumando marihuana arriba del furgón. Aquí todos sabemos que los carabineros están coludidos con los delincuentes. Si los denuncio me matan –contó a CIPER una joven pobladora de la San Gregorio.

Esa acusación se repitió en la mayoría de las 83 poblaciones investigadas por CIPER. Hace poco, a María, una vecina de la Francisco Coloane, le pusieron una pistola en la cabeza apenas volvió de poner una denuncia en Carabineros. “Me dijeron que los pacos les avisaron que los había sapeado”, dice. Algunos fiscales explican que parte del problema es que muchos de los policías destinados a comunas periféricas llegan ahí por castigo, lo que hace muy fácil que sucumban a coimas de los traficantes. La ex asesora de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Catalina Mertz (dejó el cargo en abril), reconoce que muchos vecinos desconfían de las policías. Por lo mismo, en 2010 esa cartera implementó el programa “Denuncia Seguro”, que recibe información anónima.

-Cuando llamas a Carabineros te piden todos tus datos personales. Un canal de denuncia anónima facilita la labor investigativa –cuenta Mertz.

A un año de su puesta en marcha, en octubre de 2011 el subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, informó que el programa aumentó en más de 13 mil las denuncias telefónicas. Más del 40% de ellas fue información fidedigna traspasada a las policías.

El sacerdote inglés John Boles, de la Santo Tomás, conoce la pasividad policial. Los días previos a cada 11 de septiembre y Día del Joven Combatiente, va a la 41ª Comisaría de La Pintana a solicitar refuerzos para su parroquia. “Dicen que tienen pocos efectivos y que tratarán de hacer lo posible”, cuenta. Como alambres de púa, alarma, cámaras, rejas y puertas blindadas no le han bastado para evitar robos y saqueos en el templo, no descarta rodear el recinto religioso con un cerco eléctrico. Pero rendirse es lo único que no hará:

-Aquí los delincuentes y traficantes son una minoría. He conocido gente tremendamente valiosa que no tiene la culpa de las circunstancias que les tocó vivir y por ellos me quedo: este es el lugar que más necesita mi ayuda.

Una versión de este reportaje se publicó en revista Qué Pasa el 19 de octubre de 2012.