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El escándalo que remeció a la manufactura de productos médicos de última generación que recicla más de 30 mil cuerpos al año
19.07.2012
Vea también: Tráfico de tejidos humanos: cadáveres son el botín en una búsqueda global de ganancias
Traducción al español: Revista El Puercoespín
En abril de 2003, Robert Ambrosino asesinó a su ex novia –una aspirante a actriz de 22 años—disparándole en la cara con una pistola calibre 45. Luego, dio vuelta el arma y se mató. Poco después, el cadáver de Ambrosino entró en el vasto sistema de donación de tejido humano de los Estados Unidos: su piel, sus huesos y otras partes del cuerpo, destinadas a ser utilizadas en la manufactura de productos médicos de última generación.
Pero antes de que entraran en el sistema, Michael Mastromarino, propietario de una compañía de recuperación de tejido con sede en Nueva Jersey, necesitaba resolver un par de problemas. No quería verse obligado a informar que Ambrosino había perecido en un asesinato-suicidio. Y no quería que nadie supiera que la familia Ambrosino no había dado permiso para que su cuerpo fuera utilizado en la donación de tejido.
Mastromarino resolvió ambos problemas del mismo modo: mintió. Afirmó que Ambrosino había muerto en un accidente de auto. Y afirmó que la familia de Ambrosino había aceptado donar sus tejidos antes de que sus demás restos fueran cremados.
Mastromarino era el líder de la ahora tristemente célebre red de tráfico de tejido humano que alimentaba el comercio internacional de partes del cuerpo. Además de los tejidos del cadáver de Ambrosino, robó partes de abuelas, ingenieros eléctricos y obreros, así como del famoso periodista Alistair Cooke.
Este cirujano dental de Brooklyn proveía la materia prima para productos utilizados por una multitud de operaciones quirúrgicas –desde reparación de rodilla a cirugía plástica e implantes cosméticos-. Se hallaba en la base de una industria que gana dinero cosechando tejidos humanos sobre todo en los Estados Unidos, pero también en Eslovaquia, Estonia, México y otros países. Uno de los principales compradores de Mastromarino era RTI Biologics, con sede en Florida, un procesador de partes humanas norteamericanas, canadienses y ucranianas que figuraba entre las compañías de alta tecnología en la Bolsa NASDAQ.
Años después de que Mastromarino fuera enviado a prisión y se aquietara la publicidad de su caso, su historia volvió a la vida por una demanda presentada ante una corte de Staten Island. El juez de la Corte Suprema de Nueva York, Joseph J. Maltese, ha dado luz verde para que RTI enfrente un juicio el 22 de octubre (de 2012) en un caso civil que escarbará en qué sabía –o debería haber sabido—la compañía sobre el robo de cuerpos de Mastromarino.
La evidencia ya presentada ante la corte plantea dudas sobre si RTI era sólo una víctima del fraude de Mastromarino o si eludió el sentido común en favor de su ganancia final. Una investigación del International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ, Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) muestra que la evidencia del caso –y de otros escándalos de robo de cuerpos en diferentes partes del planeta—también plantea interrogantes más importantes sobre la conducta de una industria que recicla más de 30.000 cuerpos humanos cada año.
La Policía de Hungría y Ucrania, y de Carolina del Norte y Alabama en los Estados Unidos, han alegado que los proveedores de tejidos robaron, cometieron fraude y falsificación o cobraron comisiones. Esos casos sugieren que Michael Mastromarino no era el único recolector de cuerpos que dobló o rompió las reglas en el afán por suplir a la industria de carne y hueso.
Mastromarino, hoy de 49 años, cumple su sentencia de hasta 58 años en una prisión de máxima seguridad fuera de Buffalo, N.Y. Se describe más como un negociante de tejido humano que como un ladrón de cuerpos.
«Esta es una industria. Es una mercancía. Como la harina en el mercado. No es diferente”, dijo. “Yo tomé unos atajos. Pero sabía dónde podía hacerlo. Proveíamos un producto fantástico”.
Durante más de tres años, hasta que sus crímenes salieron a la luz a fines del 2005, la compañía de Mastromarino proveyó huesos y otros tejidos a la subsidiaria sin fines de lucro de RTI, RTI Donor Services (Servicios del Donante RTI), y a otras cuatro compañías norteamericanas.
Mastromarino estaba familiarizado con las operaciones de RTI por su carrera previa como uno de los más ocupados cirujanos dentales de Manhattan. Utilizaba regularmente productos derivados de hueso cadavérico en sus pacientes y, en esa capacidad, había firmado un acuerdo de consultoría con la compañía en el año 2000 para ayudarla a refinar más sus productos.
Pero la vida personal de Mastromarino se estaba cayendo a pedazos. Comenzó a inyectarse analgésicos con receta para aliviar una vieja herida de football, se hizo adicto y fue arrestado por posesión de drogas. Intentó la rehabilitación tres veces antes de renunciar a su licencia médica.
Familiarizado con la industria y bueno con el escalpelo, Mastromarino abrió su propia compañía de recuperación de tejido humano. La llamó Biomedical Tissue Services.
El proceso era fácil. Mastromarino llenaba un formulario descargado del website de la Food and Drug Administration (FDA, Administración de Alimentos y Drogas), la agencia que regula la industria en los Estados Unidos. Como no quería tener que esperar a que la FDA inspeccionara sus instalaciones, comenzó a proveer partes humanas de inmediato con algo más que una pequeña ayuda, dijo, de un líder de la industria: RTI Donor Services.
“RTI me montó”, dijo Mastromarino a ICIJ. “Dijeron: ‘Oye, podemos meternos en tu negocio, podemos hacerte arrancar, podemos abrirte tu propio negocio’”.
Las partes firmaron un contrato de provisión en marzo de 2002. No mucho después, el lenguaje colorido y la mecha corta del carácter de Mastromarino provocaron quejas del personal de RTI. También había rumores sobre sus arrestos por drogas y su supuesta vinculación con el crimen organizado, de acuerdo con el testimonio de Caroline Hartill, vicepresidente de control de calidad de RTI Donor Services.
Los documentos de la corte indican que los ejecutivos de RTI estaban suficientemente preocupados como para contratar a un abogado para investigar los antecedentes de su nuevo socio.
“El buen doctor ha estado en la lista de chicos malos de Santa por algún tiempo”, escribió el abogado, Jerome Hoffman, en diciembre de 2002. “Yo los exhortaría fuertemente a no hacer negocios con alguien que tiene este tipo de currículum”.
Pocas semanas más tarde, Hoffman urgió a RTI a dar a Mastromarino “los 60 días de aviso previo, bajo los términos del contrato actual, y no firmar un nuevo contrato”. RTI no siguió el consejo del abogado. En su lugar, el 11 de febrero de 2003, Caroline Hartill firmó un contrato corregido con la compañía de Mastromarino. En el nuevo contrato, su nombre era remplazado por el de un médico de licencia flamante que vivía en otro Estado y con quien Hartill jamás había hablado. Era el director médico de la compañía de Mastromarino –según lo firmado en el papel, al menos-.
Hartill testificó en el caso civil todavía abierto que el contrato corregido fue simplemente una parte rutinaria de la acreditación ante la American Association of Tissue Banks, un cuerpo de la industria que supervisa algunos de los más grandes bancos de tejidos de los Estados Unidos. Dijo que su compañía quería que el director médico tomara el lugar de Mastromarino en el contrato porque RTI determinó que “le gustaría tener una interacción más directa con algunos de los otros socios principales”.
RTI descartó las preocupaciones del estudio de abogados –dijo Hartill -, porque si Mastromarino “había dado vuelta su vida, ¿quién era yo para juzgarlo?”.
Mastromarino recuerda los hechos de un modo diferente. Testificó que Hartill y otros ejecutivos de RTI lo llamaron confidencialmente. Le habrían dicho que estaban preocupados de que los competidores descubrieran sus antecedentes y los utilizaran contra la compañía. Y es por eso, afirmó Mastromarino, que su nombre salió del contrato.
“Okay, lo que ustedes quieran para que sea cómodo”, les dijo Mastromarino, según una deposición que hizo en el caso civil aún abierto.
La compañía rechazó pedidos de entrevista de ICIJ y no respondió a preguntas detalladas provistas más de un mes antes de esta publicación.
RTI recurrió a los recolectores de cuerpos por una simple razón: necesitaba cadáveres para obtener ganancias.
“No podemos estar seguros de que la provisión de tejido humano continuará estando disponible en los actuales niveles o que será suficiente para satisfacer nuestras necesidades”, advirtió RTI a los accionistas en sus presentaciones. “Esperamos que nuestros ingresos declinen en proporción con cualquier declive en la provisión de tejido”.
Y no está sola. Más de 2.500 compañías registradas ante el gobierno de los Estados Unidos se basan, en grados diversos, en los honorarios que cobran por elaborar implantes hechos a partir de tejido humano. El más grande banco de tejido humano, Musculoskeletal Transplant Foundation (MTF), recibió casi 400 millones de dólares en ingresos en 2010.
MTF está montada como una organización sin fines de lucro exenta de impuestos, como muchas de las que recuperan tejidos de donantes a través de hospitales, empresas fúnebres y morgues. La mayoría de las entidades suplen a compañías procesadoras como RTI, que limpia las piezas y las transforma en implantes utilizables. Las compañías procesadoras, a su vez, los distribuyen directamente a hospitales o utilizan un vendedor externo tal como el gigante de artefactos médicos Zimmer para despacharlos a todo el mundo.
Los competidores pelean por el acceso exclusivo a los donantes norteamericanos. Por ejemplo, la compañía de artefactos médicos Bacterin anunció el año pasado que “se aseguró con éxito derechos a primer rechazo de tejido humano ante múltiples agencias de recuperación”.
La competencia ha engendrado amargas batallas legales. MTF demandó a Bacterin el año pasado por contratar a ex empleados que, alega la demanda, utilizaron el conocimiento que tenían de su anterior empresa para lanzar un producto de hueso rival a los consumidores de MTF. “Los cimientos mismos del negocio de MTF están bajo ataque directo”, argumentó MTF en su escrito.
La públicamente cotizada NuVasive demandó a MTF y a su socia offshore Orthofix, acusándola de infringir el derecho de patente de implantes de hueso enlazado con células madre. Y la organización sin fines de lucro LifeNet Health demandó a Zimmer por el desembolso de honorarios por procesar tapones de hueso.
RTI obtiene tejido directamente a través de su subsidiaria sin fines de lucro, RTI Donor Services, y también de otros bancos de tejido sin fines de lucro en veintitrés estados (estadounidenses).
El Alabama Organ Center es uno de los proveedores de RTI. Quedó involucrado en un escándalo esta primavera (boreal), cuando el segundo al mando, Richard Alan Hicks, se declaró culpable de aceptar sobornos de una funeraria a cambio de contratos para la recuperación de tejidos.
«Hay demasiados huecos. Hay demasiadas tentaciones. Hay demasiado dinero allí afuera”, contó a ICIJ, en junio (de 2012), Richar Jaffe, abogado de Hicks. “Esta industria está fuera de control”.
El Centro de Ciencia de Salud de la Universidad de Texas (University of Texas Health Science Center, en su nombre en inglés) en San Antonio, también ha recuperado tejido para RTI. Su contrato incluye una carta de honorarios que asigna diferentes precios al mismo tejido en base a la edad del donante. RTI rembolsa al banco de recuperación 1.755 dólares por un fémur de 20 años, pero solo 553 dólares por el mismo hueso de una persona de 80 años.
En 1984, el Congreso norteamericano aprobó la Ley Nacional de Trasplante de Órganos (National Organ Transplant Act, en su nombre original en inglés), que volvió ilegal comprar y vender órganos y otros tejidos humanos. Pero permitió cobrar honorarios “razonables” por recuperar, limpiar y distribuir esas partes.
El tejido más joven es más fuerte y potencialmente más lucrativo para los procesadores de tejido porque puede ser utilizado en injertos de más alto valor. Ni RTI ni la Universidad de Texas respondieron a repetidos pedidos de aclaración acerca de por qué los mismos tejidos acarrean honorarios tan diferentes.
ICIJ recurrió a Christina Strong, abogada de una organización de obtención de órganos (OPO) y bancos de tejidos que incluían a la gigante MTF. ICIJ preguntó si podría haber otra razón diferente a la calidad del tejido mismo para que un banco pagase más por tejido joven.
«No he encontrado una respuesta satisfactoria que haga que esto me agrade. No me gusta. Le diría a mi OPO ‘No lo firmen’”, dijo, señalando el contrato.
Con tanta competencia por los cadáveres norteamericanos, algunas compañías buscan materia prima en el extranjero. Esto ha creado un mercado fértil en Europa del Este para negociantes de cuerpos y otros intermediarios que ayudan a abastecer al mercado de tejido humano.
Uno de esos intermediarios era Igor Aleshenko, un forense ruso que trabajaba en Ucrania. En coordinación con el ministro de Salud de Ucrania lanzó BioImplant, un centro estatal de obtención de tejido para abastecer a Tutogen, una compañía alemana de productos médicos. Bioimplant proveyó tejido a Tutogen. A cambio, iba a recibir una porción de ese tejido procesado para utilizar en hospitales ucranianos.
Pero los ejecutivos de Tutogen plantearon preguntas internas, ya en 2001, sobre la posibilidad de salir de Ucrania, según un memorándum interno marcado «¡¡¡¡Estrictamente Confidencial!!!!”.
Aleshenko estaba pidiendo más y más dinero para jugar el rol de intermediario entre las morgues regionales satélite en Ucrania y Tutogen en Alemania. «La ruta del dinero es difícil de rastrear”, rezaba el memorándum. “Es imposible un control directo sobre nuestros recursos”. Permanecer en Ucrania sería un alto riesgo, determinaban los autores.
«No podemos controlar las actividades de los intermediarios y los compromisos no están siendo honrados”, decía el memorándum. Pero la relación no se detuvo.
Con el tiempo, otras 25 morgues ucranianas se registraron ante la FDA, cada una anotando el teléfono alemán de Tutogen en sus formularios. Desde 2002, BioImplant y Tutogen han exportado colectivamente a los Estados Unidos 1.307 embarques de tejido, en su mayoría hueso, piel y fascia enviados desde Alemania.
Las familias de Kiev comenzaron a denunciar ante la Policía en 2005 que una morgue que estaba supliendo las necesidades de Tutogen tomaba tejidos sin consentimiento adecuado. El caso criminal fue cerrado después de una investigación inicial. Los fiscales determinaron que, bajo la ley ucraniana, no podían probar que un crimen había sido cometido si no podían probar que el tejido había sido trasplantado a alguien, muestran los registros judiciales.
Tres años más tarde, la policía ucraniana investigó a otro proveedor de Tutogen –esta vez en Krivoy Rog, en la región central. Los cargos fueron desestimados después de que el director de la morgue muriera mientras el jurado deliberaba. Luego, en febrero de este año (2012), la policía allanó la morgue de Nikolaev, en el sur de Ucrania.
Algunas familias afirmaron que habían sido engañadas, presionadas o amenazadas para dar su consentimiento. La policía dijo que en algunos casos las firmas habían sido fraguadas.
Aleshenko se ha ido, según informes, de Ucrania a su Rusia natal. La policía no responde preguntas sobre su paradero y el Ministerio de Salud ha declinado revelar a quién ha tocado tomar su lugar.
Roman Hitchev, fundador de un importante banco de tejido búlgaro y hoy presidente electo de la Asociación Europea de Bancos de Tejido Humano, dijo que fue invitado a Ucrania hace pocos años a pedido del gobierno regional de Odessa. Unos funcionarios querían operar un banco similar al de los proveedores de Tutogen en Kiev. Hitchev dijo que se marchó con dudas.
«No tenían infraestructura legal. Las regulaciones eran insuficientes”, dijo. “Había demasiada vaguedad, demasiada incertidumbre respecto de quién era responsable en términos de control, posibilidad de rastreo. No me gustó lo que ví y me marché”.
El mercado de cuerpos frescos de las ex repúblicas soviéticas era suficientemente atractivo para que incluso Michael Mastromarino –el cirujano dental de Nueva York que se había vuelto negociante de cuerpos—trataran de sacar tajada. Tenía conexiones en Kirguistán. Voló allí para encontrarse con un alto funcionario de prisiones. El funcionario bebió y cenó con él, dijo Mastromarino, y prometió venderle cuerpos de prisioneros ejecutados.
Mastromarino volvió a casa entusiasmado ante la perspectiva de una nueva provisión y nuevos ingresos. Preguntó a la FDA sobre la importación de tejido humano desde ese país. La FDA estaba preocupada por el riesgo de que los tejidos cosechados en Kirguistán pudieran portar la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, un mal neurológico fatal similar a la enfermedad de la vaca loca. Le dio a Mastromarino una respuesta que no quería escuchar: “No”. Así que tuvo que contentarse con sus fuentes domésticas de cuerpos. Durante un tiempo, estuvo bien. El negocio era bueno y lograba evitar excesivo escrutinio de sus compradores o reguladores.
Durante las auditorías a la compañía de Mastromarino realizadas por la FDA y RTI, nadie intentó verificar si los consentimientos de las familias de los donantes eran legítimos. A menudo, los consentimientos estaban marcados como obtenidos por teléfono. La ley norteamericana exige que los consentimientos telefónicos sean grabados, pero nadie confirmó si estaban en efecto grabándolos o siquiera consiguiéndolos.
Un gran jurado de Pennsylvania condenó más tarde el entero proceso de inspección. “Si las mentiras en los registros afirmaban cumplir con las regulaciones, eso, aparentemente, era suficiente”, rezan sus hallazgos de 2007.
Aun cuando la compañía de Mastromarino estaba pasando las inspecciones y registrando ganancias, observadores externos plantearon su preocupación por sus prácticas de negocios. Maryann Carroll, directora de la asociación de Nueva Jersey de directores de funerales, se quejó a la RTI de que Mastromarino se acercaba a las funerarias utilizando el encabezado de RTI.
«Maryann siente que ese rembolso es excesivo y luce como si estuviera comprando donantes”, escribió un empleado de RTI a los ejecutivos, según correspondencia sin fecha detallada en los registros judiciales. “Afirma que si la prensa se entera de la historia y critica la donación, RTI será arrastrada al asunto y su asociación afirmará que es la segunda vez que fuimos notificados y no hicimos nada”.
La organización sin fines de lucro de RTI, la unidad Donor Services, firmó un nuevo contrato con Mastromarino en junio de 2005. RTI no sabía en el momento en que firmó el nuevo contrato, dijo la compañía luego, que investigadores penales habían comenzado a examinar las operaciones de Mastromarino.
RTI no era la única gran compañía que quería hacer negocios con Mastromarino. En agosto de 2005, LifeCell Corporation, un proveedor de injertos para quemaduras, cirugía estética y cintas uretrales, entre otros procedimientos, invitó a Mastromarino a su sede en Nueva Jersey. Le dijo que podía pagar cerca de 10.000 dólares por cuerpo si podía proveer la piel de al menos 400 donantes al año, de acuerdo con una copia de la presentación. Esto podría equivaler a millones de dólares al año para Mastromarino.
Dos semanas después de hacer su oferta, LifeCell recibió una carta del Fiscal de Distrito de Brooklyn. La policía de Nueva York había estado investigando la cadena de robos de cuerpos de Mastromarino por meses, después de descubrir formularios de consentimiento falsificados en una casa fúnebre de Brooklyn. El Fiscal pidió a LifeCell que le girara cualquier información relacionada con la compañía de Mastromarino.
El 28 de septiembre –tres semanas después de que los fiscales pidieron los registros de LifeCell–, el doctor. Michael Bauer estaba revisando las cartillas de donantes para LifeCell. Siempre había manejado a los donantes provistos por la compañía de Mastromarino. Pero nunca había intentado verificar la información por su cuenta. No estaba enterado, dijo más tarde, de la investigación policial en marcha, pero esa noche algo lo hizo hacer lo que nunca antes había hecho. Intentó llamar al número de uno de los médicos que figuraban en la lista de un archivo de donantes.
Lo atendieron en una pizzería.
En el escándalo que siguió, LifeCell, RTI, Tutogen, Lost Mountain Tissue Bank y Central Texas Blood and Tissue retiraron un total de 25.000 productos, 2.000 de los cuales habían sido vendidos a Australia, Corea del Sur, Turquía, Suiza y otros países.
El caso de Mastromarino trajo un torrente de mala publicidad a la industria. Esta no agradecida atención se repitió en agosto de 2006, cuando un caso similar estalló en Carolina del Norte.
Phillip Guyett había estado trabajando en la industria del tejido humano por más de una década, empezando en California y extendiéndose luego a Nevada y, eventualmente, a Carolina del Norte. En el camino, Guyett descubrió que la mejor manera de encontrar cuerpos jóvenes y sanos era ir a la pesca a morgues de condados y casas fúnebres en sitios de bajos ingresos con altos índices criminales, o concentrándose en ciudades como Las Vegas, donde la gente joven actúa estúpidamente y muere pronto.
Como Mastromarino, Guyett facilitó el proceso de vender partes del cuerpo con una contabilidad creativa. Fraguó información de los archivos de donantes, en un caso vendiendo tejido infectado de hepatitis con una muestra de sangre limpia de un cadáver diferente.
«Es ridículo. Yo nunca debería haber estado en condiciones de comenzar una empresa de recuperación (de tejido humano)”, dijo a ICIJ en una reciente entrevista desde la prisión. “Envié el formulario online y en tres días ya era un banco de recuperación de tejido oficial, registrado ante la FDA. Es más difícil vender un hot dog en la calle que recuperar tejido para trasplante”.
Guyett se declaró culpable de tres cargos de fraude y está cumpliendo ocho años en una prisión federal.
Los casos de Mastromarino y Guyett llevaron al senador Charles Schumer, demócrata de Nueva York, a impulsar legislación para ayudar a frenar a la industria de procesamiento de tejido humano. La propuesta exigiría a los nuevos bancos de tejido mínimos estándares y pasar por inspecciones regulares de la FDA. También habría exigido al gobierno federal definir los honorarios “razonables”. Un cambio que, según compañías como Integra LifeSciences dijeron a los accionistas, podría poner en peligro sus ingresos futuros.
Su proyecto murió por un duro lobby de la industria, dijo Schumer. «Dijeron que no era necesario. Dijeron que ‘todo está bajo control’, pero yo tenía serias dudas», recordó. «El fondo de la cuestión es: lo que vimos pasar en la casa fúnebre de Brooklyn bien podría estar pasando en muchos otros lugares aquí y en el extranjero, y no hay protección real”.
Mastromarino concuerda: «Nada va a cambiar. Hay demasiada gente haciendo demasiado dinero”.
Después de declararse culpable para evitar una posible sentencia en juicio a 8.673 años de prisión, Mastromarino declaró a los fiscales que sus compradores –RTI, Tutogen y LifeCell– no eran simples víctimas de sus crímenes. “Sólo miren cómo funciona”, les dijo.
Los fiscales dijeron que no encontraron evidencias que corroboraran sus afirmaciones. Pero las familias de los muertos profanados están impulsando demandas civiles en las que acusan a RTI de negligencia «no tanto por lo que exactamente sabían, sino por lo que deberían haber sabido», explicó un abogado de los demandantes al juez durante la batalla previa al juicio.
Si el caso llega a juicio, como está programado, en octubre (de 2012), se espera que la versión de Mastromarino sea una pieza central de la evidencia de los demandantes. Suficientemente importante para el caso de los demandantes, de hecho, como para que los abogados de RTI Biologics lucharan para que su testimonio fuera descartado. Mastromarino ya se había declarado culpable de haber defraudado a RTI y Tutogen, observó la abogada Nancy Ledy-Gurren al juez Maltese. No podía dar la vuelta ahora y apuntarlos con el dedo, dijo.
El juez Maltese no estuvo de acuerdo: «Ustedes quieren, básicamente, amordazar a Mastromarino para que no diga algo que incluya lo que sus clientes le dijeron –ese diálogo que despierta el fantasma de ‘¿Qué sabían y cuándo lo supieron?’”, dijo el juez a los abogados de la compañía durante las audiencia del otoño (boreal) pasado.
Para el juez, el solo hecho de que el fiscal de distrito no acusara a los ejecutivos de las compañías más grandes no significa, necesariamente, que no “participaran en el emprendimiento”.
Al menos, dijo el juez, las familias de las víctimas tienen el derecho de argumentar: “Deberían haber sabido. Quiero decir, ¿cómo podían ser tan ingenuos?”.
Colaboraron con este artículo: Thomas Maier, Sandra Bartlett y Mar Cabra.
*El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación es una red global independiente de reporteros que colaboran en historias de investigación internacionales. Para ver videos, gráficos y más historias de esta serie, ir a Icij.org.
