La historia de los contratos que hunden al principal asesor que tuvo la ex ministra Matte en el caso Kodama

A mediados de 2005, cuando el abogado Álvaro Baeza Guíñez se presentó ante la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina para asesorarlos legalmente, ninguno de los miembros de la asociación pensó que en vez de ser una ayuda, sería un dolor de cabeza. Para entonces, los canteros estaban en medio de dos disputas legales para conservar en su poder las 300 hectáreas de terreno donde desde hacía más de 125 años explotaban el basalto que ocupaban principalmente para la elaboración de adoquines. Como el yacimiento de Chicureo, ubicado entre los cerros La Campana y La Pedregosa, está en medio de uno de los sectores más apetecidos por las empresas inmobiliarias en la capital, de un tiempo a esa parte se había desatado una guerra en la que, sin la ayuda legal que ofrecía Baeza, los canteros parecían destinados a perder. No tenían idea de que con su asesoría terminarían cediendo el 70% de sus tierras, de que todas las platas involucradas en la transacción irían a parar a los bolsillos de su “asesor” ni de que todo acabaría con este abogado formalizado el lunes pasado por prevaricación.

En esa época, el de Baeza era un nombre desconocido. Pero cinco años después figuraría en todos los medios de circulación nacional como el hombre clave en el cuestionado monto de $17 mil millones que fijó el Serviu por los trabajos de la constructora Kodama y cuyo pago fue congelado. Su rol en esa negociación como asesor personal, abogado y amigo de la entonces ministra de Vivienda, Magdalena Matte, fue determinante para que se hiciera público lo que pasó con los canteros de Colina.

La primera batalla legal de los trabajadores del basalto fue contra la sucesión de Fidel Aguilera, a quien en 1978 le fueron traspasadas las pertenencias mineras denominadas Canteras 1 a 6 luego de que la Junta Militar disolviera el Sindicato de Canteros de Colina. Para 2005, en ese flanco los canteros ya habían salido victoriosos en dos sentencias de primera y segunda instancia que reivindicaban el dominio de esos terrenos a su favor. Y un año después, en agosto de 2006, la Corte Suprema emitió una sentencia definitiva que consolidó la titularidad de la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina sobre las pertenencias mineras en disputa. La pelea por la posesión bajo tierra había acabado, pero en la superficie la historia era otra.

Los canteros no eran dueños de los terrenos superficiales. En 1986, la Sociedad Teo Harseim S.A.C.I. adquirió unas 815,9 hectáreas del Fundo Las Canteras, que en gran parte está sobre las pertenencias mineras de la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina. A través de su filial Inmobiliaria La Reserva S.A., pretendía construir condominios y casas en un terreno considerado como uno de los más importantes trofeos en disputa por las más poderosas empresas inmobiliarias.

Como eran cerca de 260 hectáreas en que ambos detentaban derechos de propiedad y de concesión minera, los planes de La Reserva S.A. derivaron en disputas legales que obligaron a los canteros a requerir asistencia legal de forma urgente. Esa ayuda llegaría de la mano de Baeza. Aceptarla fue la peor de las decisiones de los canteros.

LA APARICIÓN DEL ASESOR

Ante la ofensiva de Inmobiliaria La Reserva S.A. por hacerse del control de los terrenos de Chicureo, el 8 de junio de 2005 los canteros firmaron un Convenio de Explotación de Pertenencias Mineras con la sociedad Inmobiliaria Santa Isidora S.A., representada por Sebastián Fernández Riesco. Por medio de ese documento, los canteros se comprometían a venderle a la inmobiliaria el material de desmonte a $100 por metro cúbico. Por su parte, Santa Isidora S.A. se comprometía a “brindar a Los Canteros todo el apoyo legal necesario obligándose a invertir una suma no inferior a 15.000 UF para el estudio de antecedentes técnicos y legales como asimismo la contratación de los abogados necesarios para asegurar el éxito en el o los juicios de recuperación de las pertenencias mineras ‘La Cantera Uno a Seis’”. La empresa de Fernández Riesco ya había decidido que la oficina que se encargaría de eso sería Baeza, Larraín y Rozas Ltda. Fue entonces cuando apareció el abogado Álvaro Baeza en medio de un negocio que, para él, terminó siendo redondo.

Para mayo de 2007, en los terrenos superficiales que pertenecen al Grupo Harseim –ex dueños del Hotel Ritz Carlton– había tres sectores ya urbanizados: Alto La Reserva, San Ignacio y La Pedregosa. El día 15 de ese mes, asesorados por Baeza, los canteros firmaron un Acuerdo Marco con Inmobiliaria La Reserva S.A. que prometía dejar sin efecto los procesos judiciales previos, lograr el desarrollo sustentable de las actividades tanto de los mineros como de la inmobiliaria y dar por terminadas las controversias judiciales anteriores. Pero el resultado fue distinto y terminó despojando a los artesanos de las piedras de cerca de 210 hectáreas, equivalente al 70% del espacio destinado a la explotación minera, a cambio de prácticamente nada.

En abril del año pasado, poco después de que Baeza se hiciera conocido por su rol como asesor clave en la fijación del monto irregular de $17.000 millones por parte del Serviu a la constructora Kodama por el atraso en la construcción del corredor del Transantiago en Pedro Aguirre Cerda, CIPER publicó una investigación sobre el polémico acuerdo. Es el mismo documento que a principios de este año fue considerado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como un “ardid engañoso” y que, junto a otros 11 contratos anexos firmados el mismo día, le significó a Baeza una formalización el lunes 26 de marzo por abusar maliciosamente de su oficio de abogado, perjudicar a su cliente (los canteros) y privilegiar los intereses de otros partícipes en la negociación, donde él, como socio de una de las empresas, tenía intereses personales.

LOS FUNDAMENTOS DE LA FISCALÍA

Poco después de firmado el contrato, los canteros de Colina denunciaron ante el Ministerio Público al hombre que los “asesoró” por estafa, apropiación indebida y prevaricación.

El Acuerdo Marco que negoció Baeza, además de sellar la cesión de gran parte de los terrenos de la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina al Grupo Harseim, acordó el usufructo minero y la servidumbre negativa a favor de La Reserva S.A. Por cada uno de los contratos se estableció como precio un peso. Además, “como contraprestación económica por cualquier causa pasada, presente o futura con relación a este acuerdo, a la actividad canterera y a las causas señaladas (…) y, en particular, por el costo que ha significado a Los Canteros los distintos juicios”, se estableció que la inmobiliaria pagaría un total de 40.000 UF (poco más de $738 millones) a la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina. Pero los trabajadores no vieron ni un solo peso: todo fue para Baeza.

Esa fue una de las bases del argumento de la fiscal jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos, Ximena Chong, para acusarlo formalmente por prevaricación ante el Tribunal de Garantía de Colina. Según Chong, el monto de los honorarios que negoció Baeza directamente con su contraparte (Inmobiliaria La Reserva S.A.), además de configurar un conflicto de intereses, representa aproximadamente un 1.000% de las contraprestaciones recibidas por sus representados y alrededor del 20% del valor de los predios superficiales que posee el Grupo Harseim. La fiscal también cuestionó la entrega de dos servidumbres a los canteros avaluadas en 4.000 UF, gravámenes que según ella, los predios superficiales deben soportar por ley. En otras palabras, a los canteros les correspondían legalmente esas servidumbres sin la necesidad de que La Reserva se las otorgara.

A lo anterior, Chong sumó la serie de contratos anexos que se firmaron el mismo día y que complementan el Acuerdo Marco. El primero de ellos fue firmado sólo por Baeza y el presidente de los canteros, Elías Aravena Villarroel, quien según el periodista Nicolás Candel en una columna publicada en CIPER, después de firmado el acuerdo, “se fugó” a Casablanca donde construyó una casa y un nuevo taller de piedra. A través de ese documento, cinco de las seis canteras fueron divididas para dar origen a 54 nuevas pertenencias mineras, 25 de las cuales luego fueron vendidas a la inmobiliaria filial del Grupo Harseim, que fue en definitiva lo que selló la cesión de las 210 hectáreas.

En esa compraventa, también se incluyó la Cantera 3 (la única que no fue dividida), la que de acuerdo a un peritaje geológico tiene un contenido de basalto de 40 millones de toneladas de piedra, estimadas en un valor de $35.000 por tonelada, equivalentes a unas 63,6 millones de UF. El precio de esa transacción se fijó en sólo 5.000 UF que la inmobiliaria pagó mediante el otorgamiento de las servidumbres de ocupación y tránsito -una por 12 años y la otra por 20-, las mismas que el CDE dice que debió haber cedido gratuitamente.

LOS INTERESES PERSONALES DE BAEZA

De las pertenencias mineras restantes, nueve fueron arrendadas a Canteras Quintay S.A., una sociedad de Sebastián Fernández Riesco. Ese contrato, a juicio de la fiscal, resultó particularmente perjudicial para los canteros por varios motivos. Uno de ellos es que se trata de una empresa que también fue representada por Baeza, por lo que en el documento figura como representante de ambas partes, pero velando sólo por los intereses de una. Otro es porque el precio fijado del arriendo, $100 por metro cúbico de piedra de desmonte (reajustable según el IPC anual), es indirecto y fijado de forma unilateral por la empresa y porque el arriendo es por 50 años con una cláusula muy particular: a contar del año 12, el contrato es transferible. Otro documento señala que a partir de entonces, Canteras Quintay S.A. lo cederá a Inmobiliaria La Reserva S.A. a cambio de 5.000 UF que ya se pagaron y que no fueron a parar ni a las arcas de los canteros ni a la cuenta de la sociedad de Fernández Riesco, sino que a la billetera del abogado Baeza.

Lo anterior, según la fiscal Chong, agudiza el carácter perjudicial del contrato para la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina y la preferencia de los intereses de La Reserva S.A., del mismo Baeza y de Canteras Quintay S.A. Pero la fiscal no agregó otro dato que podría resultar agravante: a la fecha en que se firmaron estos contratos –mayo de 2007- y hasta septiembre de 2009, Baeza participó en la propiedad de Canteras Quintay S.A. a través de su sociedad Inmobiliaria, Asesoría e Inversiones Los Pellines Ltda.

A eso se suma el contrato donde Baeza representa a otra sociedad, Inmobiliaria Santa Teresita de Chicureo Ltda., y a través del cual la empresa recupera unos terrenos que en una transacción previa había cedido a los canteros para luego venderlos a La Reserva S.A. en cerca de 27.000 UF.

Al final de todos los movimientos ocurridos a mediados de 2007, los canteros de Colina perdieron 210 hectáreas y cinco lotes a cambio de dos servidumbres avaluadas en 4.000 UF a las que podrían haber accedido por la vía jurisdiccional sin que les puedan ser negadas. Baeza, en cambio, recibió unas 45.000 UF (aproximadamente $800 millones).

El 19 de noviembre de 2009, dos años después de firmados los contratos que despojaron a los canteros, según consta en una escritura pública, Baeza le prestó 58 millones de pesos a Matte para que comprara ese mismo día 11 lotes en Santo Domingo (donde el abogado posee dos propiedades), cuatro de ellos a Inmobiliaria Madreselva S.A., representada por el presidente de Unión Española, Jorge Segovia, y otros siete predios al ciudadano español Ramiro Núñez Navarro. Cuatro meses después, Matte asumió como ministra de Vivienda y le pidió a Baeza que fuera su asesor. Después vino el escándalo por el monto irregular que se le pretendió pagar por sus trabajos a Kodama. El cuestionamiento y las acusaciones al rol jugado por Álvaro Baeza en la determinaciòn de la cantidad y la oportunidad en que se le pretendía pagar a Kodama, sellaron la salida de Matte del ministerio. La ex ministra declaró ante la justicia que no tuvo ninguna relaciòn directa en la fijación de los montos que involucró esa transacción. La investigación del Ministerio Público por lo que se denominó el «caso Kodama» sigue abierta y pronto podría llevar a Baeza nuevamente al banquillo de los acusados junto a otros funcionarios del Serviu y el Ministerio de Vivienda, esta vez por fraude al fisco.