La burla del gobierno ante la nueva ley que regula la pesca de investigación

El ministro de Economía, Pablo Longueira, reconoció que con las Pescas de Investigación en Chile “no se investigaba nada” y que estas se utilizaban como un “subterfugio” para entregar recursos pesqueros. Esas declaraciones son parte de la intervención que tuvo el ministro ante la Cámara de Diputados mientras se tramitaba en el Congreso la Ley N° 20.560, que regularía las pescas de investigación en Chile. La norma fue aprobada y entró en vigencia el 3 de enero de este año. Todo eso aparece en la Historia de la Ley N° 20.560, un documento público en cuya página 173, donde aparece la intervención de Longueira, se lee textual:

“… Pero, lo importante, es que estamos definiendo la pesca de investigación. Será muy simple. No se mantendrá lo que ha venido realizando desde hace muchos años, y que, en el fondo, consistía en que no se investigaba nada, lo cual era una forma de asignar recursos pesqueros al mundo artesanal. Un fallo de la Contraloría General de la República prohibió entregar recursos pesqueros a través de ese subterfugio. Por lo tanto, hemos presentado este proyecto que, como saben, requiere ser despachado antes del 31 de diciembre. Para ello, el Ejecutivo lo calificó con urgencia, a fin de que el Senado y la Cámara lo despachen hoy, durante la última sesión del Senado.

El Ejecutivo, durante su tramitación en el Senado, retiró algunos artículos, que podrán discutirse durante la tramitación de la ley larga, que ya ingresó a la Cámara de Diputados la semana pasada. Por lo tanto, en el proyecto de ley sólo quedaron los artículos referidos a cómo resolver, como país, el tema de la pesca de investigación.

El proyecto que se someterá a votación en la honorable Cámara se encuentra inserto en un conjunto de iniciativas que el Ejecutivo quiere impulsar a fin de garantizar la sustentabilidad de los recursos pesqueros”.

Teniendo en cuenta el discurso del ministro, resulta insólita la respuesta de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) –dependiente del Ministerio de Economía– al Recurso de Protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso que denuncia la Resolución N° 27 de fecha 10 de enero del 2012, dictada por esa institución, por autorizar la pesca de 14 mil toneladas de sardina austral como pesca de investigación. El documento deja al descubierto que la intención del Ministerio no fue eliminar el enriquecimiento ilícito a través del subterfugio de las Pescas de Investigación, sino una parafernalia para engañar a la ciudadanía y dejar la sensación de que ahora se están haciendo las cosas sin corrupción y en forma eficiente. Se lee en forma textual en el informe que la Subpesca envió el 8 de marzo al presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso:

1) “…, si bien las pescas de investigación tienen un fin no comercial, el destino final de las capturas puede incluir su comercialización, lo que no implica que persigan un fin de lucro”.

2) “…, que no se contrapone a la definición de investigación como aquella que no tiene fines comerciales, el hecho que se autorice su aprovechamiento una vez recopilados los antecedentes necesarios para cumplir los objetivos de investigación”.

3) “Al contrario, resulta contrario a la lógica, una vez recopilada la información necesaria para el cumplimiento de los fines de estudio, se desaprovechen las capturas realizadas, por cuanto su devolución al mar configuraría descarte, y porque no aporta a la conservación del recurso y, por ende, sería una práctica además contraria a la razón”.

La Subpesca, basada en esos argumentos, autorizó para los primeros seis meses de este año la captura de 14 millones de kilos de sardina austral, lo que equivale a aproximadamente unos 10 millones de dólares. Además, sostiene que resultaría contrario a la lógica y a la razón que estas capturas no se aprovechen para el enriquecimiento ilícito de un fabricante de harina y aceite de pescado con inversiones en la Región de Aysén y Puerto Montt. Lo que raya en la demencia es que la Subpesca no considera que la devastación de la sardina austral con esta pesca de investigación afecta a 10 mil familias de pescadores artesanales de pequeña escala de Aysén, Puerto Montt, Chiloé y Punta Arenas. No, ese no sería el problema, sino el que “se desaprovechen las capturas realizadas, por cuanto su devolución al mar configuraría descarte, y porque no aporta a la conservación del recurso”.

Estos argumentos no dejan de sorprender y dan la sensación de que en Chile tenemos “al gato a cargo de cuidar la carnicería”. O en este caso, la pescadería. Qué credibilidad puede tener el discurso sobre la sustentabilidad pesquera –que supuestamente es el fin último de la Ley de Pesca– del Ejecutivo y del ministro Longueira, si la misma Subpesca ampara que se transgreda una ley recién aprobada con ese propósito. ¿Dónde está el respeto a la institucionalidad y al estado de derecho que nuestras autoridades reclaman que debe obedecer la ciudadanía y que ellos mismos no respetan?