Masivas expulsiones de líderes estudiantiles en liceos de Ñuñoa y Providencia

«Los dichos del alcalde Sabat son una injuria. Lo que dice está muy alejado de la realidad que se vivía en el colegio. Había disciplina, tranquilidad y alegría», dice Silvio Rivera, uno de los varones que permaneció en el Internado Nacional Femenino durante la toma de ese establecimiento que duró entre junio y enero. Silvio responde así a las denigrantes declaraciones hechas el miércoles de esta semana por el alcalde (RN) Pedro Sabat, quien dijo que la toma de ese internado se había transformado en un «puterío». Acusó que se había permitido el ingreso de hombres y que algunas muchachas convivían con alumnos. Dijo también que el municipio iba a tener que gastar $200 millones en rehabilitar el lugar, y que habían destrozado los computadores.

«Soy un pobre y triste alcalde que hace un esfuerzo gigantesco para que mis colegios estén en los mejores lugares”, dijo Sabat en medio de la montaña anímica en la que se subió ese día. También dijo que se pasaba la autoridad “por el traste”.

Silvio Rivera es uno de los hombres que estuvo en el internado durante los días de toma. Es hermano de una alumna, Colomba Rivera, que cursaba primero medio en dicho establecimiento. Asegura que «nadie iba a buscar una puta al internado. Si nosotros estábamos ahí era para que no les pasara nada a las alumnas porque cerca del colegio está la población Rosita Renard, que es peligrosa». Silvio permaneció acompañando a su hermana hasta mediados de noviembre: «La gente que se quedaba en la toma estaba comprometida con el movimiento estudiantil», asegura.

El Internado Nacional Femenino tiene 559 alumnas. Colomba Rivera explica que en junio, el 70 por ciento de ellas apoyó la toma para adherir al movimiento nacional por una educación de calidad. «Esto no era un puterío, nosotras tenemos convicciones. Los hombres que entraron al colegio actuaron para protegernos. Pero incluso, con ellos presentes, entraron delincuentes y robaron igual», dijo Colomba. Así habrían desaparecido los 40 computadores del colegio, robo del que las acusa Sabat.

Mientras la discusión pública se ha concentrado en ese tipo de acusaciones sexuales y delictuales, el sistema municipal ha dejado sin estudios a 109 jóvenes en Ñuñoa y a 62 en Providencia, según el recuento hecho por CIPER (ver tabla). Las familias de esos jóvenes han debido enfrentar la expulsión solas, pues nadie del Ministerio de Educación ha hecho siquiera el recuento de cuantos alumnos en Chile están hoy buscando colegio como castigo por las movilizaciones de 2011.

Las declaraciones de Sabat y de otras autoridades como el alcalde de Providencia, Cristián Labbé, pueden hacer sentir a esas familias que el semestre de manifestaciones fue sólo una distorsionada fiesta, con sexo y destrozos, sin ningún objetivo útil, sin ninguna causa noble.

Tras las declaraciones del alcalde Sabat, su hija, la diputada Marcela Sabat dijo que su padre «no estaba en sus mejores condiciones temperamentales». En las horas siguientes, Sabat pidió disculpas por perder la calma. Pero no se desdijo de sus acusaciones. De hecho trató a las alumnas ocupantes de “tontitas”.

La precisión sobre los hechos ocurridos en las tomas es muy relevante, no sólo por el relato público que se impone sino porque en estos días se discute en el Congreso la llamada “Ley Anti-tomas”, impulsada por el Ministerio del Interior. La ley que busca sancionar, entre otros hechos, el acto de “invadir, ocupar o saquear establecimientos educacionales” podría ganar respaldo público si lo que queda del 2011 es la síntesis del alcalde Sabat: la asociación de los estudiantes movilizados con degeneración, violencia y robo.

Amnistía Internacional ha sido muy crítica respecto de esta legislación y acusa que la ley del ministro Hinzpeter pasa a llevar derechos fundamentales. Para Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, lo más complejo es la definición de “desorden” que contiene y posibilita que la autoridad pueda actuar en contra de los estudiantes aduciendo múltiples y variadas causas.

-La falta de claridad en la definición de la conducta de “desorden” puede conllevar a limitaciones a la esencia del derecho a la reunión y manifestación -señala la abogada.

ACABAR CON LOS LÍDERES

Una de las normas que contiene la ley anti-tomas le permite a la autoridad castigar con cárcel a los dirigentes de los estudiantes cuando convoquen a una marcha que termine en desórdenes. El proyecto propone “establecer claramente una responsabilidad penal para quienes participen o hayan incitado, promovido o fomentado, desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia que importe la realización de determinados hechos graves como paralizar o interrumpir algún servicio público…”.

El abogado constitucionalista Patricio Zapata ha dicho sobre esta normativa: “No nos confundamos. La idea, en este caso, no es sancionar a los encapuchados. Nótese que tampoco se castiga al que incita a los actos violentos. El propósito de este inciso es más bien castigar a quienes convoquen a una movilización social que termina en desórdenes. No es necesario haber querido ese resultado, basta con haberlo previsto como posible”.

Al abogado este artículo le recuerda uno propuesto por Pinochet en 1983 para “criminalizar a los organizadores o convocantes de las jornadas de protesta”, explica.

Pero antes de que esa norma sea aprobada, las municipalidades de Ñuñoa y Providencia ya están sancionando a los lideres de las tomas con lo que tienen a mano: expulsiones y cancelaciones de matriculas. El recuento de CIPER indica que en Nuñoa y Providencia han quedado fuera del sistema escolar 24 voceros (ver tabla). Se trata de jóvenes que en su mayoría no pertenecen a ninguna colectividad política y cuyo liderazgo ha surgido espontáneamente en las discusiones de los alumnos sobre el país en que viven. Su expulsión representa un duro golpe a la organización de los secundarios y hace pensar que en marzo próximo pueden ser pocos los dispuestos a conducir movimientos de protesta, pues arriesgan la expulsión y la cárcel, si se aprueba la Ley Hinzpeter.

Esta línea se ha potenciado en varios establecimientos con una nueva medida: se les exige a los alumnos al momento de matricularse que firmen un compromiso de que en 2012 no se movilizarán. Ese es el caso del Liceo Tajamar, de Providencia. A las 1.165 alumnas, la dirección les entregó -para firmar “voluntariamente”- un compromiso de que no participarán en movilizaciones ni tomas el próximo año. Lo mismo habría ocurrido en el Liceo Alessandri, solo que allí el documento de «apoliticismo» en 2012 lo habrían firmado “voluntariamente” los apoderados de los 1.060 alumnos. En Ñuñoa, según informan estudiantes del Liceo José Toribio Medina, los 1.127 alumnos que registra el establecimiento debieron firmar obligatoriamente un compromiso de no tener notas deficientes ni problemas de conductas ni participar en movilizaciones.

Es posible que los colegios se estén deshaciendo de alumnos que hayan provocado destrozos o robos, como alegan los alcaldes. Lo importante es que en el recuento que hizo CIPER de las expulsiones ocurridas en Ñuñoa y Providencia no se encontraron procedimientos para investigar esas acusaciones. Aunque en algunos establecimientos se seguían ciertas normas para la cancelación de la matricula o la expulsión, en la mayoría de los casos los estudiantes se enteraron de que habían perdido sus cupos a viva voz o por una notificación escrita (a veces a mano), sin tener la posibilidad de apelar. Algo así ocurrió por ejemplo en el Liceo Tajamar de Providencia, como se verá más adelante.

NO ME ARREPIENTO

Scarlett Bravo es una de las voceras expulsadas de la comuna de Providencia y como varios de los estudiantes que ejercieron liderazgo en 2011, es una alumna destacada. Tiene 17 años y cursaba tercero medio en el Liceo Carmela Carvajal de Prat.

Scarlett vivía en Angol y en 2009, cuando quedó seleccionada en este colegio, su madre, su hermano y ella se vinieron a vivir a la capital mientras su padre se quedó en el sur trabajando. Hay muchos colegios en los 550 kilómetros que separaron a la familia de Scarlett pero –y ese es el motivo del reclamos de los estudiantes en 2011- prácticamente no hay ninguno como el Carmela, que ofrece a sus alumnos una casi segura vía de ingreso a la universidad. Un indicador que lo muestra es que obtuvo el lugar 42 entre casi 3 mil establecimientos de educación media que rindieron la PSU.

-Para nosotros fue difícil tomar la decisión de separarnos, pero sabíamos que ese era el colegio en el que mi hija debía estudiar -dice el padre de Scarlett.

A ese valor simbólico que ostenta el Carmela apuntó el alcalde Cristian Labbé, cuando frente a las tomas de los estudiantes anunció primero el cierre de los colegios y luego la expulsión masiva de los manifestantes. “El 85 por ciento de los alumnos que tiene Providencia son de fuera de la comuna y reciben una educación en que el 99 por ciento ingresa a la universidad, y resulta que estos alumnos le responden a su sostenedor de esta manera. ¡No más! Nos vamos a concentrar en los alumnos de Providencia”, dijo Labbé.

Labbé piensa que los estudiantes que llegan ahí deben estar agradecidos de la educación que la municipalidad les ofrece. Y Scarlett se sentía agradecida aunque no dejaba de pensar en los que no tienen la misma suerte. Ahora es una de las 10 alumnas sin matrícula del establecimiento. La expulsaron por haber participado en la toma del ex Congreso, cuando el entonces ministro de Educación Felipe Bulnes sufrió una encerrona. Scarlett admite que en esa manifestación quebró un vidrio:

-Fue algo bastante estúpido. Toda la gente le estaba pegando a los otros vidrios para meter bulla y yo me uní y justo esa ventana era de cristal. Le pegué un golpe y se quebró. Fue un accidente -dice compungida.

Sobre los meses de toma en el Carmela reflexiona:

-No me arrepiento por nada: hay que asumir las consecuencias. Me siento más orgullosa que decepcionada. Logramos despertar a las niñas adentro del liceo y con eso me quedo: que no sólo piensen que son buenas sacándose la mejor nota en matemáticas, que quieran ser mujeres más conscientes.

Quedar seleccionada en el Liceo Carmela Carvajal no es fácil. Se requiere un promedio 6 en leguaje y matemática. Es por eso que para los especialistas en educación, la calidad de colegios que -como el Carmela- seleccionan de esa manera, es fundamentalmente un mérito de los alumnos. Frente a la idea de Labbé de que es su gestión municipal la que logra buenos puntajes, los hechos indican que son estudiantes notables pero sin ingresos para ir al sistema particular, los que hacen lucir a estos establecimientos. (Vea la columna escrita para CIPER por el profesor Fernando Atria al respecto)

Por eso, es que salvo en el caso de los llamados establecimientos «emblemáticos», que atraen a jóvenes desde todos lados de Chile, en el resto de los liceos de esas comunas el resultado es mediocre o malo. (Ver recuadro)

Los especialistas dicen que el gran aporte de colegios que seleccionan estudiantes es ofrecer la sinergia que se produce en una sala cuando hay muchos alumnos buenos. Es esa misma sinergia la que muchas veces produce política. Por eso es que los liderazgos políticos suelen salir de los llamados colegios emblemáticos. Dicho de otro modo, la discusión política es el producto de grupos de alumnos de nivel intelectual alto.

A esa idea apunta Scarlett en su argumentación: «Si finalmente no me puedo matricular para el 2012 en el Liceo Carmela Carvajal, me siento orgullosa de mi expulsión. Si alguien me pregunta por qué no terminé de estudiar ahí, responderé que por ser una persona conciente y consecuente, y que quizás el colegio no estaba preparado para tener alumnas conscientes de su país».

Sus argumentos no tienen por qué convencer a nadie, pero sirven para matizar una discusión pública que se ha cargado con descripciones de sexo y violencia.
En ese sentido es interesante reparar en una cosa que no dijo Sabat en su arremetida contra las alumnas del Internado Nacional. Antes de la toma había una pared de tabique que a la hora de almuerzo dividía a las niñas que pagaban una mensualidad de de $40 mil y a las que podían pagar sólo $10 mil. Las primeras tenían derecho a almuerzo y entraban en un comedor especial. Las segundas comían lo que traían de la casa –algunas almorzaban solo panes-, relata la estudiante Ayelen Lonconao- y entraban en otro comedor.

-Si no tenías para pagar o no llevabas comida, no comías -explica la alumna.

Durante la toma, un grupo de jóvenes empezó a conversar sobre la muralla y lo que significaba para ellas. Partieron rayando la pared y luego en septiembre, cuenta una alumna, “decidimos botarla. Teníamos mucha rabia de lo que significaba que esa muralla estuviese ahí y que antes nunca nos habíamos cuestionado”.

Por cierto que ese acto no cambió el hecho de que hay jóvenes que pueden pagar $40 mil y otras sólo $10 mil; y que unas tienen almuerzo y otras no. Pero para Ayelen, actos como ese significaron tomar conciencia sobre temas que antes no habían considerado.

Expulsiones en el Liceo Tajamar

Francisca Chávez (17 años) llegó a Santiago el 2009 desde Valparaíso y entró a estudiar en el Liceo Tajamar. Cuenta que esta semana, cuando acudió a matricularse para cursar Cuarto Medio, la directora del establecimiento, Sara Infante, le dijo que no había cupo para ella. Y le acotó: “Gracias a ti hemos tenido inestabilidad laboral estos meses. Gracias a ti es que hemos tenido que trabajar en condiciones precarias”.

En ese establecimiento otras 13 alumnas fueron expulsadas. Oficialmente no se mencionó la toma y las movilizaciones como causal. Pero Francisca no ve otro motivo: ella dice tener un promedio 6,0 y que no registra problemas de conducta. Sus planes, antes de la movilización, eran mejorar las notas para estudiar becada en una universidad. «Todo el esfuerzo que hice, ¿para qué? Para que después me echen por tonteras, por razones políticas”.

Francisca votó que sí a la toma del Tajamar “porque estaba de acuerdo con el movimiento que se estaba armando a nivel nacional, quería cambiar las cosas, el sistema”, y participó activamente, yendo todos los días al liceo durante los primeros cinco meses de toma. Después, por problemas con otras alumnas y de salud, empezó a ir día por medio, pero siguió ayudando a sus compañeras. No se arrepiente: “Si me quedo sin matrícula, da lo mismo. Me importa quedar sin colegio, pero me hago cargo de mi decisión”.

De las 14 alumnas sancionadas, ocho se enteraron esta semana. Las razones que les dio la directora fueron distintas en cada caso. A una le dijeron que era por faltas gravísimas según el Manual de Convivencia (el colegio considera “faltas gravísimas” los comportamientos que “alteren el normal funcionamiento del liceo, impidiendo el ingreso al colegio a otros miembros de la comunidad pues vulneran el derecho de ellos a estudiar garantizado por la Constitución Política del Estado”); a otra alumna le explicaron que era porque no quedaban cupos. A todas les entregaron un certificado explicando las razones de su cancelación de matrícula, escrito a lápiz pasta azul sobre una hoja de cuaderno firmado por la directora.

Según el reglamento del Liceo Tajamar, las alumnas y sus apoderados tienen derecho a apelación. El Manual de Convivencia explicita que las alumnas podrán “hablar en privado con la persona que les aplicó la normativa y presentar sus descargos respetuosamente”. También fija una » segunda instancia».

En el caso de las alumnas a las que se les canceló la matrícula, no se siguió ese procedimiento. Las estudiantes fueron informadas el mismo día en que debían matricularse de lo que estaba ocurriendo y, por lo tanto, no tuvieron la posibilidad de apelar ni mucho menos de recurrir al consejo de profesores extraordinario que se convoca para estos casos.

Las ocho estudiantes que fueron expulsadas del Liceo Tajamar mediante cancelación de matrícula anunciaron que presentarán un recurso de protección. En el caso de Paula Romero, presidenta del centro de estudiantes, presentarán además una denuncia por persecución política contra las autoridades del liceo.