Las consiguen con narcos y en armerías
El explosivo aumento de armas en poder de jóvenes delincuentes: cómo las compran y cuánto pagan
08.11.2011
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Las consiguen con narcos y en armerías
08.11.2011
“Yo tenía un atado con un hombre mayor que me había amenazado varias veces. Me decía que me iba a matar. Así que hice unas monedas y compré un revólver Taurus 38 especial. Pagué $100 mil. Tenía el número de serie cambiado, así que nunca se supo de dónde salió. Comprar armas es muy fácil. Tú vas donde cualquier “angustiado” (consumidor de pasta base) de esos que se paran en las esquinas de las poblaciones y les preguntas. Ellos tienen la mano (manejan los contactos) porque los que tienen las armas son los traficantes. Y las balas son más fáciles de conseguir. Las encuentras por todos lados”.
Con la calma de aquel que tiene todo el tiempo del mundo, Luis cuenta su historia sin ahorrar detalles. Está encerrado y a sus cortos 16 años sabe que pasará un período tras las rejas. El “hombre mayor” que supuestamente lo amenazo ya partió de este mundo a sus también cortos 32 años. Luis lo mató con la Taurus 38 que compró en una población de La Pintana.
Luis es parte de una veintena de jóvenes recluidos y de otros chicos infractores que están en libertad que fueron entrevistados por CIPER. Ellos contaron cómo están consiguiendo armas de fuego los muchachos que integran las pandillas que azotan las poblaciones de Santiago. Dicen que se abastecen con “soldados” de narcos y también en armerías legales, que pagan hasta $300 mil pesos por un “fierro” de buena calidad y que normalmente hacen su primera compra para defenderse de otros pandilleros que los han amenazado.
El comercio de armas que caen en manos de jóvenes delincuentes es una espiral que crece imparable. Aunque el gobierno muestre cifras que apuntan al “desarme” de la población civil, quienes viven en poblaciones saben que, por el contrario, el fenómeno va en aumento. Lo saben por los tiroteos que escuchan en sus calles y pasajes casi todos los fines de semana. Lo saben porque los cumpleaños, matrimonios, bautizos y hasta los funerales de avezados delincuentes, jóvenes pandilleros y “soldados” narcos, terminan con descargas al aire que ya no sorprenden a los vecinos o, peor aún, en riñas y enfrentamientos donde el plomo habitualmente cobra víctimas inocentes (vea el reportaje de CIPER “Estos son los pistoleros de los narcos que siembran el terror en La Legua”).
Contra la percepción de los pobladores obligados a convivir con estos peligrosos “vecinos” armados, las autoridades prefieren indicar que la estadística de los últimos años apunta al desarme. Claro que se refieren a una baja entre las armas inscritas por particulares, no entre las que usan los delincuentes. Efectivamente, la tendencia a la inscripción de armas por parte de civiles ha declinado en los últimos cinco años. Según cifras aportadas por la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), organismo militar que controla las armas en poder de civiles, en el quinquenio 2006-2011 la inscripción disminuyó en más de un 60%.
El optimismo de las autoridades es abonado también por el incremento en el número de armas incautadas y destruidas, así como por el aumento de aquellas que -al no tener sus papeles en regla- han sido entregadas voluntariamente. Estos últimos cinco años han sido los más positivos en lo que se refiere al desarme por estas dos vías -incautación y entrega voluntaria-, ya que en este lapso se destruyó un 31% más de lo que se hizo en los diez años anteriores. Pero una cosa es lo que dicen las estadísticas oficiales y otra muy distinta es lo que de verdad se vive en las calles.
El pasado jueves 25 de agosto miles de estudiantes desafiaron la negativa del gobierno que les prohibió marchar por Alameda en demanda del fin del lucro en la educación. Ese día el inspector Jorge Aceituno, de la Brigada de Investigación Criminal de San Miguel, patrullaba con dos colegas por las calles de La Pintana. En Santa Rosa había fogatas y barricadas. Aceituno lleva diez años en la PDI “siempre trabajando en la calle”, como le gusta recalcar. Y esa experiencia le ha dado el oficio que le permitió distinguir a tres jóvenes sospechosos que nada tenían que ver con las manifestaciones.
Cuando la patrulla de Aceituno se acercaba a la esquina de Batallón Chacabuco con Capitán Layseca, un trío de muchachos cambió repentinamente de dirección y apuró el paso. Los policías les hicieron un control de identidad. El mayor de los jóvenes no perdió el aplomo: “Oiga, no pierda el tiempo con nosotros, ¿por qué no va a controlar a los que están haciendo barricadas en Santa Rosa”, les dijo, según recuerda Aceituno, pero al levantar las manos dejó ver un bulto en su cinturón. Era una escopeta recortada calibre 12, con un tiro en la recámara. El detenido, Luis Patricio Olguín (23), llevaba otro cartucho en el bolsillo.
El segundo acompañante llevaba otros dos cartuchos. Pero el tercero tenía en su poder un arma mortal. Con sólo 16 años de edad, F.A.R. cargaba al cinto nada menos que un revólver Taurus Magnun 44 con 6 balas. El trío transportaba un significativo cargamento de droga: 440 papelillos de pasta base y 155 papelillos de cocaína.
-Impresiona encontrar un menor con un arma de este calibre. ¿En qué sociedad estamos? Jóvenes de tan corta edad portando tal nivel de fuego y, además, capaces de usarlo. Es un arma que ni los policías manejamos, por su alto poder de destrucción. La droga es la causante de estos casos, porque los narcos se las pasan a menores -comenta el inspector.
La Taurus Magnun 44, un pistolón de dimensiones insólitas que intimida de sólo verlo y que se convirtió en comentario obligado de los sorprendidos agentes de la unidad de Aceituno, era utilizada para proteger la entrega de la droga. A los capos narcos pocas veces se les sorprende con armas, porque se las pasan a sus “soldados” para que custodien la mercancía o protejan a los líderes de la banda. Muchas veces los “soldados” son adolescentes, a los que reclutan porque recibirán penas menores por portar las armas.
-Los “soldados” no dudan en disparar y enfrentarse en caso de que estén transportando drogas y sean interceptados por otros delincuentes. Contra los policías es diferente. Cuando estamos efectuando algún procedimiento hacen disparos disuasivos, para ganar tiempo, con lo que dan aviso a otros narcos para que se escondan u oculten la droga. Ahora, esto no evita que en ocasiones disparen directamente a un carro policial o a un policía. Hay varios carros nuestros que han sido objeto de disparos -dice Aceituno.
Por su trabajo específico, la unidad de Aceituno se encuentra de manera habitual con jóvenes armados. A juicio del inspector, esto demuestra que el control sobre las armas de fuego está siendo insuficiente, tanto a nivel policial como en la fiscalización de los armeros (reparadores de armas) y de las armerías que venden directamente al público:
-Nos ha pasado que en la calle volvemos a encontrar armas que ya habían sido incautadas por las policías y eso se debe a que la cadena de custodia falló o simplemente que hubo fugas de material desde los Arsenales de Guerra (del Ejército) cuando estas armas fueron enviadas ahí para su destrucción. En mis diez años de servicio he visto de esos casos.
Michael Cook Barrientos, inspector jefe del Grupo Antinarcóticos del sector sur de la PDI de San Miguel, reconoce que últimamente hay un fuerte incremento en la posesión de armas de fuego de adolescentes infractores a la ley de drogas:
-Las bandas que se dedican a la venta de drogas tienen sus sectores y la manera que tienen de protegerse de las mexicanas (robos de droga hechos por otros delincuentes) es pagando a menores de edad, que llaman “soldados”, los que manejan armas.
Manuel tiene 17 años y ya acumula 11 detenciones por robo a lugar habitado. Su historia da la razón a los inspectores Cook y Aceituno, pues cuenta que los “soldados” de los narcos proveen armas a los jóvenes pandilleros:
-Mi primera arma era hechiza. Se la compre a un cabro que era “soldado” de unos traficantes. Me la vendió en cinco lucas. Me querían pegar, así que me conseguí un arma. Tenía 13 años y me la incautaron en un allanamiento de los “ratis” a mi casa por un robo. Después he conseguido varias armas más, pero no hechizas. Cuando me hacia unas monedas me compraba armas de verdad. Uno compra y vende. Cuando estai pato las vendes o las cambias por otras más malas y te haces unas monedas -cuenta Manuel.
“El mayor poder adquisitivo que tienen hoy los narcotraficantes les ha aumentado el acceso al mercado negro de las armas. Hoy encontramos armas que ni nosotros manejamos, calibres de alto poder destructivo en pistolas y revólveres punto 40”, dice el inspector Cook, mientras enseña varias pistolas y revólveres que su unidad había incautado a un traficante de la población Santa Julia:
-Éstas fueron incautadas en el domicilio de un sujeto que se apoda “el Chico Carlos” y que alcanzó a darse a la fuga. A las cuatro de la mañana fue detenido por otro contingente policial y ya portaba otra arma de fuego. Eso demuestra que el acceso a las armas para ellos no es problema.
Es un hecho que los principales proveedores de armas en las poblaciones son las bandas de narcotraficantes. Pero éstas no son más que las intermediarias del negocio. ¿De dónde provienen las armas de fuego, cada vez de mayor calidad, que estas bandas están vendiendo a menores en riesgo social?
La gran ofensiva oficial para evitar el incremento de la delincuencia armada comenzó en 2005, con la promulgación de la nueva Ley de Armas. Si bien la norma reformada es más restrictiva, permitió la reinscripción de armas en poder de personas que, por distintas razones, las tenían de manera irregular. Así, ese año fueron inscritas 19.578 armas, pero el alto número no preocupó a las autoridades de la época, pues, por el contrario, lo consideraron una señal de que las personas se habían tomado la ley en serio.
Entre las principales modificaciones que se hicieron a la norma se cuenta la incorporación del examen psicofísico. Éste debe ser acreditado por un médico que certifique que “la persona posee una aptitud física y psíquica compatible con la inscripción y tenencia de armas”. Otro cambio importante es que la persona no sólo debe acreditar que no ha sido condenado por crimen o simple delito, pues ahora debe demostrar que no se ha dictado en su contra un auto de apertura de juicio oral. Para estos efectos, los jueces de garantía deben comunicar mensualmente a la DGMN la nómina de las personas respecto de las cuales se dictó una resolución de ese tipo. Además, los interesados no pueden haber sido sancionados por violencia intrafamiliar.
El resultado de estas restricciones rápidamente se dejó notar. Al año siguiente de su promulgación, se inscribieron 8.796 armas y desde entonces la estadística ha ido declinando. Este año, hasta el pasado 31 de agosto, se habían inscrito solo 3.838, un 65% menos que en el mismo periodo de 2004, el año anterior a que comenzara a operar la nueva ley.
En enero de 2006, Felipe Harboe asumió como subsecretario del Interior. Harboe encabezó la campaña del gobierno de Ricardo Lagos contra la delincuencia armada, la que después continuaría bajo la Presidencia de Michelle Bachelet. En diciembre de 2007 el ahora diputado Harboe desplegó su campaña en los principales medios de comunicación, apuntando a que la principal fuente de abastecimiento de los delincuentes eran las armas robadas en casas de particulares.
En el lanzamiento de la campaña, según registró el portal de noticia Emol, Harboe dijo: «Tener un arma en la casa no es sinónimo de seguridad, ya que ocho de cada diez armas que están en manos de particulares o terminan engrosando las estadísticas de accidentes o aumentan el poder de fuego en manos de delincuentes». En el mismo acto se anunció la destrucción de 8.757 armas de fuego, presentada como la quema más grande en la historia del país.
Estas cifras en esos momentos se mostraron como el inicio del desarme y el comienzo del fin de la delincuencia armada, pero eso estaba lejos de la realidad. Al año siguiente la destrucción de armas batió un nuevo record, con la inutilización de 12.550 unidades. Y los dos años siguientes (2009 y 2010) sumaron 14.691 armas destruidas. Esto, sumado a que en 2009 las policías incautaron 4.676 armas, equivalentes a 12,8 armas diarias, demostró que no hubo una real disminución de las armas en manos de delincuentes. Por el contrario, todo apunta a que han aumentado.
Estos antecedentes comenzaban a dar indicios de que algún elemento importante no había sido considerado en la política de desarme. ¿Realmente el 80 % de las armas en manos de particulares terminaban en poder de delincuentes que asaltaban hogares?, como lo afirmó el entonces subsecretario y hoy diputado Harboe. Él asegura que la cifra se la habría entregado Carabineros. Pero fuentes de la policía uniformada lo desmienten. En tanto, en la DGMN indicaron a CIPER que tal estadística nunca pasó por sus manos.
Aunque hay ejemplos como el de la potente Taurus Magnum 44 que efectivamente fue sustraída en un robo a un cazador de jabalíes, es difícil suponer que el alto número de armas en poder de narcotraficantes y vendidas a jóvenes pandilleros proviene mayoritariamente de asaltos a casas. Manuel, el chico de 17 años detenido 11 veces por robo en lugar habitado, cuenta una experiencia que no concuerda con la política que ensayó el gobierno:
-Me detuvieron 11 veces, pero debo haber entrado a unas 30 o 40 casas. Solo en una encontré un arma. Era una escopeta, pero no me la pude llevar, porque era una casa en Huechuraba a la que habíamos entrado saltando los muros y con la escopeta era difícil salir. Así que la tuvimos ahí mientras robábamos, por si aparecía alguien, y la dejamos en el jardín. En otra casa, en Vitacura, encontré unos cartuchos. Esos sí los llevamos, pero esa fue una de las veces que me pillaron.
A seis años de la promulgación de la nueva ley se ha comprobado una notable disminución en las inscripciones de armas por parte de particulares, pero la delincuencia armada, lejos de haber disminuido, ha ido creciendo. ¿En qué falló la política pública? La principal fisura es que aún no se detecta el origen de las armas que están en el mercado negro porque ambas policías fracasan en esas pesquisas debido a que los delincuentes les borran los números de serie. Desde los laboratorios policiales informan a los fiscales que los números están adulterados y hasta ahí llega la investigación.
Una vez que se ha incautado un arma, es enviada a los laboratorios policiales para rastrear su origen. Pero la mayoría de los informes de estos laboratorios son frustrantes para los fiscales, porque indican que no hay no antecedentes sobre la procedencia debido a que se les borró o adulteró el número de serie, según explica un fiscal de la zona Centro Norte, jurisdicción donde se concentra la mayor cantidad de investigaciones de delitos cometidos con armas de fuego: 266 hasta el 31 de julio de 2011.
El teniente coronel Eric Gajardo, jefe del OS 9 de Carabineros, dice que no puede hablar a nombre de su institución ni ofrecer una “visión integral” respecto de dónde proviene la creciente cantidad de armas en poder de delincuentes: “Yo puedo hablar sólo desde la experiencia investigativa del OS 9”, aclara.
La evidencia que acumula el OS 9, dice su comandante, indica que la mayoría de las armas detectadas por esa unidad -principalmente de bandas dedicadas al robo con violencia-, proviene “del mercado nacional”. Se trata de armas, sostiene el oficial, compradas de manera legal. Algunas efectivamente caen en las manos de delincuentes en asaltos a residencias de personas que guardan armas inscritas. Pero Gajardo estima que muchas otras son adquiridas en armerías por “palos blancos” que abastecen el mercado negro.
-Existe un porcentaje de armas que llega al mundo delictual por gente que se aprovecha de una ley que fue hecha para personas de buena fe, y que adquieren armas adulterando documentación o utilizando personas ficticias. Esto es lo que se llama “palo blanco” y que son personas que no tienen antecedentes y a las que piden, por ejemplo, que compren dos armas. Esa persona después las vende (ilegalmente) y da cuenta de que se le extraviaron -señala el jefe del OS 9.
Ennio Mangiola, presidente de la asociación gremial que agrupa a las 25 armerías más importantes del país, y Cristián Gamboa, fundador de la Agrupación Nacional por la Tenencia Responsable de Armas (ANTRA), objetan que las armerías y compradores de armas legales sean una fuente importante en el aprovisionamiento del mercado negro.
Gamboa, cuya agrupación tiene unos 300 miembros, asegura que hay muchos prejuicios contra los compradores de armas y sostiene que no se deben establecer más restricciones, sino aplicar cabalmente las normas actuales: “La ley que tenemos está bien, ahora lo importante es que se dediquen a aplicarla. Hay que prevenir que la gente pierda las armas, se las pase a un amigo, etc. Si se aplica la ley que hay, el mercado informal va a disminuir notablemente”.
Pero, en contraste con lo declarado por el presidente de ANTRA, el comandante Gajardo dice que el OS 9 tiene evidencia de que compradores habituales de armas se prestan para abastecer el mercado ilegal: “Hemos encontrado que aquellos que tienen permiso para coleccionista o para hacer deporte también aprovechan estos espacios que genera la ley para comprar armas y las derivan de manera ilegal al mundo delictual. Los hechos investigativos nos dan la evidencia”.
M.H. tiene 16 años y está detenido por porte ilegal de armas de fuego. Lo sorprendieron con dos pistolas 9 mm. “Pagué 240 lucas por las dos. Se las compramos a un armero. Un amigo tiene la mano (el contacto). Las compramos ahí en el Paseo Bulnes. Son armas usadas que ellos venden, pero te las venden sin número de serie. Las balas es más fácil conseguirlas. En el persa Biobío o en las mismas armerías te las venden, sin cajas, pero te venden las que quieras”.
El detalle de que la munición se vende sin cajas no es menor. Las cajas son seriadas y, si las balas o cartuchos no provienen de un contrabando, la policía puede establecer quién las importó si son incautados los empaques. Pero rara vez se obtienen las cajas.
En la misma línea del comandante Gajardo, otros policías consultados por CIPER manifestaron sus serias sospechas respecto de que las armas y municiones que están llegando a las poblaciones provienen de armerías legales. A mediados de los años 90 se veían muchas armas hechizas en manos de los delincuentes, pero ahora portan pistolas y revólveres cada vez de mejor calidad. Las mismas fuentes estiman que, si bien es probable que estas armas ingresen como contrabando de países vecinos, es difícil creer que acá son recibidas y revendidas por delincuentes comunes y no por gente que conozca el negocio y maneje el valor y características de este tipo de mercancía.
El dirigente gremial de las armerías, Ennio Mangiola, se defiende:
-La delincuencia armada no se acaba porque está mal enfocado el problema. Esto se soluciona con algo muy simple: más mano dura en las penas efectivas a las personas que se las encuentre con armas en su poder ilegalmente. Ahí sí estaríamos restringiendo el uso de armas a los delincuentes. No puede ser que la ley no distinga entre un delincuente que lo pillan con un arma con el numero serial borrado y una persona con su permiso al día que está trasportando su arma al polígono de tiro pero dejó el padrón en su casa. La ley, en estos dos casos, les aplica la misma pena. ¡Los costos para los delincuentes por andar con armas ilegales son muy bajos!
Mangiola asegura que se debe atacar el “mercado ilegal” y menciona a “los armeros que hacen armas hechizas” o que modifican armas para que no pueda detectarse su origen: “Los esfuerzos deberían ponerse ahí, en fiscalizar más y mejor ese mercado, más que fiscalizar al comercio establecido que debe cumplir con todas las normas”.
A.R. tiene 16 años y 14 detenciones. Tres veces ha caído con armas de fuego en su poder. Él ya tiene sus armeros preferidos, a los que encarga que le modifiquen las armas que consigue:
-Te cobran 20 lucas y te borran el número de serie. Hay unos viejos de Renca, unos armeros, que hasta te pueden cambiar el caño por otro o cambiar algunas piezas para que no se sepa de dónde viene el arma si te la pillan.
Pero así como los policías sospechan de armerías, deportistas y coleccionistas, hay otras versiones que apuntan a que podría haber agentes de la PDI y de Carabineros envueltos en el negocio. En esa dirección apunta el relato que hace el menor infractor A.S.:
-Cuando te pillan en la calle, si no estás haciendo nada, a veces te dejan ir y se quedan con el arma. Una vez me pillaron en la plaza de Maipú unos pacos en moto. Nos quitaron la plata que andábamos trayendo, el arma y nos soltaron. Esa vez andaba con un revólver 32 con balas.
S.A. es un chico de 16 años que ya apunta en su bitácora nueve detenciones por robo con violencia y dos por porte de arma. Ahora está recluido porque lo sorprendieron con un arma calibre 9 mm. que pretendía vender en San Joaquín. Según cuenta, era una pistola “limpia”, sin número de serie ni registro, que le compró a unos “narcos” que se abastecen en una armería.
-Se la llevaba a un amigo al que le querían pegar en su población y no podía ni salir de su casa porque lo estaban esperando. Se la compré porque yo tenía la mano (el contacto), porque conozco a varios traficantes y ellos la llevan con las armas. Se la iba a vender a mi amigo en cien lucas, porque el cabro me había ayudado a mí antes. El arma estaba “limpia”. No tenía ninguna causa. Era sacada de una armería. Si tienes la mano en las armerías puedes comprar armas que no están ni registradas. Yo tengo amigos que las compran “limpias”. Son más caras y de repente están escasas, así que cuando llegan lo mejor es comprarlas al tiro. Después les puedes sacar hasta el doble de plata.
El dirigente Mangiola reconoce que hay casos de armeros coludidos con bandas y delincuentes. Un ejemplo es el de Daniel Santander, acusado de haber vendido armas ilegalmente a Italo Noli, el hombre que disparó contra una patrulla de la PDI y luego murió en un enfrentamiento a tiros en el centro de Santiago en marzo de este año. El mismo Santander fue acusado de vender armas a la banda de narcotraficantes “Los Cara de Jarro”.
-Como asociación hemos luchado para eliminar las lacras del mercado, como pasó por ejemplo con Santander. Pero es muy difícil que hoy una armería esté metida en una asociación ilícita. Con el caso de Noli a todas las armerías nos tenían los teléfonos intervenidos. Y nos estuvieron investigando largo tiempo -dice Mangiola. Y agrega “las policías y el Ministerio Público en ese caso se fueron por lo más fácil, que era investigar las armerías, siendo que solo dos armas del arsenal de Noli habían sido vendidas en una armería. Las otras eran de contrabando y al parecer entraron desde Argentina”.
No obstante, el pasado 3 de noviembre Carabineros detuvo al dueño de la armería Los Vascos, el que fue identificado con sus iniciales: F.A.E.S. (63). En su local, ubicado en Los Andes, la policía encontró 14 revólveres, seis escopetas, cuatro pistolas, un fusil Mauser, una escopeta hechiza, una granada de fragmentación (activa), una munición de mortero, siete cajones con mecanismos de rifle y cargadores de pistolas. Según la versión publicada por el diario La Cuarta, toda esta mercancía es de origen desconocido, pues el comerciante no tenía documentos para acreditar su compra legal.
El coronel Ricardo Burlé, jefe del Departamento de Control de Armas y Explosivos de la DGMN, coincide con Mangiola y también apunta al contrabando como fuente de las armas en manos de delincuentes:
-Te puedo decir que existe un “tráfico hormiga” de armas por las fronteras. Eso lo puedo afirmar. Pero no es un tráfico masivo. Es un tráfico menor que está entrando desde los países con los cuales Chile tiene frontera.
Burlé lleva tres años y medio en su actual puesto y aún le resulta difícil comprender por qué siempre que hay algún incidente con armas -como el del pistolero Noli- las críticas apuntan contra su unidad. No lo entiende, dice, porque a ellos les corresponde la fiscalización de las armas legales y “la mayoría de estos incidentes ocurren con armas que no se sabe cuál es su origen”.
El coronel asegura que la DGMN ha hecho bien su trabajo: “Hemos conseguido que con las modificaciones a la ley disminuya el numero de personas que quieren poseer un arma, porque se les ha hecho difícil obtenerla. En cuanto al control de las armas ilegales, no registradas, esa no es nuestra función. Eso es parte del rol del Ministerio Publico y del Ministerio del Interior (Vea las estadísticas de inscripciones y destrucción de armas desde 1991 a la fecha).
El director regional metropolitano subrogante del Servicio Nacional de Menores (Sename), José Barrera, habla con la autoridad que le confieren los 30 años que lleva trabajando con adolescentes infractores; tres décadas en que ha dirigido los más importantes centros de cumplimiento de penas en régimen cerrado. Y él sabe que las armas en poder de jóvenes han aumentado dramáticamente en los últimos años. Barrera recuerda nítidamente cuándo comenzó la explosiva mezcla entre armas de fuego y menores:
-En 1982, cuando empecé a trabajar con los jóvenes que llegaban a los centros a cumplimiento de penas, no existían prácticamente menores que llegaran por porte de arma. Uno que otro, y normalmente ligado al mundo rural, al campo. Fue a mediados de los 90 cuando empezó a hacerse más presente el tema de los jóvenes con armas y asociados al narcotráfico.
Entre enero y agosto de este año, 574 menores infractores e inimputables ingresaron a centros de reclusión del Sename por porte ilegal de arma de fuego. La cifra apunta a que, a pesar de las campañas gubernamentales de desarme de la población civil, 2011 se cerrará como el tercer año consecutivo con más de mil jóvenes recluidos por esta razón.
-En la medida que iba creciendo el narcotráfico en las poblaciones, comenzaban a aparecer más menores con armas. Esto, desde una lógica muy territorial de familias que empiezan a dedicarse al negocio de la droga y a tener “soldados” para protegerse de otras bandas. Los “soldados” menores de edad les convienen por las razones legales que se conocen -cuenta Barrera.
El especialista cree que ahora estamos entrando en una etapa distinta, más peligrosa: “Si bien las armas siguen vinculadas al narcotráfico, el tema de los jóvenes armados está tomando vida propia. En este momento es un tema de estatus entre las pandillas tener armas. Y vemos que en algunos sectores, como en la zona sur metropolitana, esto se está masificando. Son cada vez más los jóvenes que acceden a un arma”.
Las pandillas juveniles se han convertido en la clientela de un mercado negro cada vez mayor. Los jóvenes compran y venden armas en un negocio que ya cuenta con sus propias reglas no escritas. Así lo describe el adolescente A.R.:
-Si tienes 300 lucas te compras hasta una calibre 45. Teniendo la plata te la compras al tiro. Los que la llevan son los narcotraficantes, tanto para vender como para que te las compren. Yo a veces andaba necesitado de monedas y se las ofrecía a los traficantes de la población. Te las compran al tiro. Claro que te pagan una cagá y después, cuando tú andas necesitado, te las venden más caras.
“Con los cabros que me juntaba en la población casi todos andábamos con armas. Y la gente sabe a quién venderle, porque saben que uno no los va a sapear, porque después necesitas la mano. Te dicen: Si te pillan tú asumís, porque si no, se corta la mano. Así, después tienes la mano para comprar otra”, cuenta M.H.
José Barrera indica que dos directores de cumplimiento de pena de centros semicerrados solicitaron formalmente que se estudien los factores que están multiplicando las armas en poder de jóvenes: “Ya llevan algunas reuniones de trabajo exclusivas para ver cómo enfrentar solo el tema de las armas, porque, la verdad, se está escapando de las manos”.
El 16 de junio pasado la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas de la Cámara de Diputados aprobó tramitar una modificación a la Ley de Control de Armas tendiente a evitar que narcotraficantes recluten como “soldados” a menores de edad. La diputada María Angélica Cristi explica la reforma propuesta, que pretende ampliar las penas para los adultos que faciliten armas a menores:
“Entregar armas a menores y enviarlos a delinquir actualmente no tiene grandes consecuencias legales. Soy partidaria de sancionar a todos los que entreguen armas a menores, así como a los padres que permiten que tengan armas. Poseer un arma no inscrita acarrea una pena de 541 días a 10 años. Pero si la posee un menor de 14 años, al ser inimputable por su edad, quedará en nada”.
-¿Qué se pretende concretamente con este proyecto?
Se hace urgente establecer la responsabilidad de los adultos por hechos que cometan menores con su condescendencia. En el proyecto se establecen penas de cárcel y una multa. Si un menor roba utilizando un arma, no se puede castigar al padre penalmente por el robo, pero se lo podría sancionar penalmente si no tomó los resguardos para impedir el ilícito. Estados Unidos cuenta con leyes que establecen la responsabilidad penal de los padres por sus hijos. Estas normas son similares a las que castigan el abuso o negligencia parental, que sancionan al adulto por causar o contribuir, con acciones u omisiones, a que un menor cometa actos delictivos.
-En el texto de la modificación legal que se propone se menciona que habría 2 millones de armas ilegales en Chile. ¿De dónde salen estas cifras?
Conforme a lo que nos informó el director general de Movilización Nacional cuando se discutió en la comisión, actualmente existen 750.933 armas inscritas en Chile y sin que se cuente con una base estadística se podría afirmar que las armas hechizas o no lícitas alcanzarían a los 2 millones. Esto, por sí solo, es un dato preocupante, que en Chile existan tantas armas no inscritas sin ningún control y en manos de menores de edad; ello no solo por un tema de seguridad pública y en resguardo del orden, sino que también para evitar la violencia intrafamiliar.