Copiapó
La ciudad de los relaves peligrosos
23.09.2011
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Copiapó
23.09.2011
Vea además: «Se muere el río Copiapó (I): Consumo humano, agrícola y minero están en riesgo» y «Se muere el río Copiapó (II): Lluvia de fórmulas para salvarlo de la agonía».
La casa de dos pisos de Carolina Pérez podría ser la más privilegiada de la Villa El Palomar, en el sector de Viñita Azul en Copiapó. Está justo al frente de la plaza, el lugar ideal para que sus tres pequeñas hijas se diviertan en los juegos. Al menos eso pensó Carolina cuando compró su casa hace una década.
La ilusión se esfumó unos años más tarde cuando se enteró de que ese pequeño cerro que se levanta a un par metros del resbalín es en realidad un relave minero abandonado. Desde entonces sus hijas no volvieron a pisar la plaza. Cuenta que la junta de vecinos ha reclamado al municipio, pero que nadie hace nada. Muchos de los niños siguen jugando ahí e incluso se habilitó una cancha de skate para los adolescentes.
Mucho antes de que Carolina se mudara a ese lugar, un equipo de la cooperación chileno-alemana había ya alertado a las autoridades del riesgo de construir casas ahí. “Dentro de la futura planificación de Copiapó está prevista la construcción de urbanizaciones en la zona de Viñita Azul, lo que significa que éstas quedarían en las inmediaciones de plantas de concentración con amalgamación de oro y tranques de relaves, activos y abandonados (Victoria, Papapietro, Porvenir, San Juan, Castellón)”, se lee en el informe que en 1998 recibió el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).
Las investigaciones comenzaron en 1994 y fueron financiadas por el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales de Alemania como parte de un proyecto para crear el departamento de Medio Ambiente del Sernageomin. Se tomó la minería que rodea el cauce del río Copiapó como parte de un plan piloto. Sin embargo, sus publicaciones se archivaron sin que nadie tomara en cuenta sus resultados para el desarrollo de Copiapó. Ni siquiera todos los funcionarios que trabajaron en el proyecto vieron los resultados y sólo quedaron disponibles para el público en la biblioteca de Sernageomin cuando CIPER los solicitó recientemente a través de la Ley de Transparencia.
El año 2000 la agencia de cooperación japonesa siguió la misma línea de trabajo, rastreando las faenas abandonadas en todo Chile. Cinco años más tarde, Sernageomin publicó un libro que, nuevamente, permaneció oculto hasta que el año pasado (2010) la periodista Carola Fuentes lo solicitó a través de la Ley de Transparencia para un documental y luego CIPER dio a conocer sus principales resultados.
Los alemanes ya habían alertado que el principal riesgo en Viñita Azul era la “eventual presencia de tranques de mercurio”, una sustancia altamente tóxica que se asocia a daños neurológicos, cardíacos y en el desarrollo del sistema nervioso de fetos y niños pequeños. Luego, los japoneses concluyeron que al menos cuatro de las faenas utilizaron dicha sustancia en sus procesos. La mina San Juan, ubicada a aproximadamente 100 metros de la población El Palomar, donde vive Carolina, presenta un riesgo alto para la vida y la salud de sus habitantes, por el polvo y la posible contaminación de las aguas, entre otros, y riesgo medio de ruptura del muro del tranque de relave y colapso masivo de otros residuos.
Papapietro, de acuerdo al catastro de los japoneses, se encuentra situado exactamente bajo las casas de la población y constituye un riesgo alto de contaminación para la salud y la vida. En el caso de Porvenir, ubicada a 400 metros de las viviendas, el riesgo es medio en todas las categorías evaluadas, mientras que Castellón y Victoria, representarían un riesgo bajo para la salud y la vida. (Vea el mapa con los pasivos ambientales mineros existentes en el país)
La mayor parte de las faenas de Viñita Azul quedaron inactivas en la década de 1990 y sus desechos permanecieron acumulados en los alrededores. Poco después se realizaron los primeros estudios que alertaron del riesgo que podrían generar para la salud de las personas, pero entonces nadie avisó a los vecinos que comenzaban a poblar la zona, la que hasta hoy ha seguido densificándose a través de casas construidas con subsidios del Estado.
Sólo el dueño de uno de los relaves instaló una suerte de barrera natural con una reja y plantas entre los residuos y la plaza de una villa ubicada unas cuadras al poniente de la población que habita Carolina.
El pasto de la plaza y los árboles que dan sombra destacan entre el terreno polvoriento de los alrededores. Hacia allá se dirigen Valentina, Berenice, Constanza, Bárbara y Reinaldo –quienes cursan entre primero y tercero año de educación media–, con la idea de tenderse en el pasto. Cuando se dan cuenta de que está mojado, los adolescentes dan la vuelta alrededor de la reja y se sientan en el suelo, junto al relave. Sólo Reinaldo sabe que se trata de desechos mineros, pero no porque se lo enseñaron sus padres o en el colegio, sino porque lo vio en la televisión. “Yo sé que es dañino”, cuenta. Y sus amigas, asombradas, empiezan a recordar todas las veces que han corrido sobre ese cerro de arenas grisáceas, como incluso han tomado sol sobre él y se han llenado de polvo. “Nadie nos dijo nada”, comentan.
Hasta ahora no se han hecho estudios en profundidad que analicen el riesgo para la salud de estos relaves. Actualmente el Centro de Investigación y Desarrollo Sustentable de Atacama (Cridesat) está investigando las matrices ambientales del valle de Copiapó, monitoreando la presencia de cobre, plomo, mercurio y arsénico en el agua, las plantas, el aire y los sedimentos. El investigador Bernardo Sepúlveda H. cuenta que las primeras muestras arrojaron niveles más altos que los esperados en agua y plantas, los que respecto del mercurio y plomo pueden provenir de los relaves y la actividad minera. Sepúlveda espera emitir un primer informe sobre sus investigaciones antes del 10 de octubre de 2011.
Paralelamente, el Ministerio de Medio Ambiente comenzó a seleccionar relaves abandonados para someterlos a un análisis que permita conocer exactamente qué contienen. Recién ahora sabremos a qué están expuestos los niños de la Villa Palomares y los de todo Copiapó.
De todas las faenas abandonadas que rodean a Copiapó, la planta Ojancos es la única cuya presencia resulta ineludible para cualquier visitante. Su esqueleto se levanta como un lunar a la altura del centro de la ciudad, pero en la ribera opuesta al lecho del río.
El mayor problema con Ojancos –propiedad de la minera Sali Hochschild– es aquello que pasa inadvertido a ojos inexpertos. Los cerros de relaves que comienzan en el sector de Bodegas, en la entrada de Copiapó, y se extienden hasta el centro, se confunden con las montañas naturales que rodean la ciudad.
Cuando Sernageomin identificó las 14 faenas mineras más riesgosas del país, Ojancos era una de ellas. El informe señalaba que existía una probabilidad “media” de “liberación violenta de relaves depositados en tranques que podría afectar personas”, lo cual podría tener una consecuencia “catastrófica”. La información fue dada a conocer en marzo por CIPER, pero las autoridades lo sabían hace ya mucho tiempo.
En 1994 el gobierno regional firmó un protocolo de acuerdo con Sali Hochschild para que se hiciera cargo de los desechos acumulados por décadas junto a Copiapó. Pero la minera se declaró en quiebra tres años más tarde, dejando la planta abandonada y el acopio de mineral intacto. La empresa ha dicho que el compromiso sólo era cerrar y lo hicieron aún antes del plazo. En Atacama recuerdan que en algún momento se analizó la posibilidad de que el Consejo de Defensa del Estado iniciara acciones legales contra los dueños, pero los datos disponibles eran que el material particulado del que se responsabilizaba a la empresa no superaba la norma y no existía registro de que la presencia de los relaves pudiera hacer daño a la salud. Se dice también que se recurrió a la aplicación de un polímero para evitar que se levantara polvo con el viento. El hecho es que todo sigue igual ya que hasta ahora nadie se ha preocupado de exigirle a la empresa Sali Hochschild que retire los desechos.
En esa época, Hernán Hochschild era presidente de la Sonami, el gremio minero más grande del país. Al mismo tiempo, la planta de su familia permanecía abandonada y estaba hipotecada a nombre de Enami, pues acumulaba deudas por US$ 3 millones con la firma estatal, en la que la Sonami tenía representación en el directorio.
Aunque nunca se hizo nada concreto, la sombra de Ojancos siempre estuvo presente. El año 2000 las autoridades locales encargaron a la empresa ProAmbiente un estudio para que analizara las alternativas para relocalizar los relaves. Dicho estudio también entregó información sobre sus riesgos. El principal: el muro del tranque 1 y el depósito de arenas 2 es “inestable frente a eventos sísmicos importantes”. La advertencia recuerda el derrumbe de un tranque de relave en Pencahue tras el terremoto de febrero de 2010, que se derrumbó sobre una vivienda causando la muerte de una familia, aunque en este caso el depósito está seco y no hay casas tan cercanas.
El informe de ProAmbiente propuso tres alternativas de relocalización de los desechos. Se trata de 3,7 millones de toneladas de relave y según los cálculos de la consultora, el traslado tardaría nada menos que 8 años. Otro escollo era el costo: entre US$ 1,8 y US$ 3 millones.
CIPER preguntó al seremi de Minería de la región, Mauricio Pino, si existía en la actualidad algún plan para hacerse cargo del problema. Pino respondió con una pregunta: “¿De quién son los relaves? ¿A usted la gustaría que le movieran la casa?”. Al ser consultado por la responsabilidad estatal de resguardar la salud de las personas, Pino enfatizó: “las autoridades están para resguardar la propiedad privada y esos relaves pueden tener trascendencia económica”.
Y al parecer lo tienen. Como menciona el propio Pino, la ubicación estratégica de la planta Ojancos atrajo a Mall Plaza, que instalará un centro comercial en el lugar donde antiguamente funcionó la planta. Si bien no ha trascendido el valor de la transacción, el corredor de propiedades Marcelo Molina, de UrbeNet, hace cinco años tasó el terreno en US$2,5 millones, por lo que cree que ahora el precio debería ser mayor. Molina recuerda que en algún momento hubo una inmobiliaria interesada en construir torres en el lugar, pero desistió ante los eventuales riesgos para la salud que podría tener la cercanía al relave.
Considerando el comportamiento histórico de Sali Hochschild, es difícil imaginar que invierta ese dinero en sanear la contaminación que dejó en esa zona por décadas. Sin embargo, todo indica que hacerlo podría ser rentable. Según comentan en Sernageomin, la empresa pidió autorización para hacer una prueba para re-procesar sus relaves. El alza del precio del hierro podría hacer conveniente la extracción de dicho mineral desde los restos que permanecen abandonados.
Si el experimento resulta exitoso, Hochschild tendría que ingresar al sistema de evaluación ambiental un proyecto de saneamiento que le permitiría extraer hierro y de paso remover el relave desde el centro de Copiapó a una planta de procesamiento, para luego llevar los restos en un lugar que cumpla con los estándares actuales para depósito de relaves.
Así, el doble negocio de los Hochschild –inmobiliario y minero– podría ser la única fórmula para terminar con la sucia herencia que ellos mismos dejaron en Copiapó.
Son 37 los depósitos de relave inactivos detectados en la comuna de Copiapó en el catastro realizado el año pasado por Sernageomin. Gran parte de ellos está a orillas del cauce por el que antiguamente corrió el río y que hoy no es más que un triste recuerdo.
Río abajo la huella minera parte con los relaves de Hochschild, pero no es el único vestigio visible y cercano a la ciudad. Un muro de piedra que tiene pintado el nombre de Guggiana recuerda que ahí, justo a un costado de la discoteca Costa Varúa, a la entrada de Copiapó, funcionó una planta minera. El estudio hecho con fondos de la cooperación alemana señala que sus viejos tranques de relave no tenían ningún sistema de retención y que durante las últimas lluvias considerables, en 1997, las aguas “movilizaron cantidades no calculables de relave al río Copiapó”.
Más arriba, los ya mencionados relaves de Viñita Azul son fácilmente identificables para ojos entrenados. Incluso algunos están verdosos, haciendo visible la oxidación de los metales que aún contienen.
Siguiendo el curso del río, el siguiente hito identificable lo dejó la compañía San Esteban, la misma empresa dueña de la mina donde quedaron sepultados los 33 mineros el 2010. Tras el rescate, la empresa quebró y se remataron los bienes de la planta de procesamiento. Aún trabaja allí maquinaria pesada despejando los últimos restos. Lo curioso es la superficie rectangular de arcilla rojiza que recuerda que aquí hubo una cancha de tenis, la que según cuentan en la zona, solían usar los dueños. Y debajo de la cancha, relaves. Relaves que continúan y se extienden al otro lado del lecho del río, donde se depositan como enormes montañas.
En los alrededores hay cultivos y los agricultores solían reclamar por la contaminación generada por la planta de chancado, al punto de entablar acciones judiciales contra la empresa San Esteban. En 1993, los propietarios de San Esteban firmaron un protocolo de acuerdo con las autoridades en que se comprometían a realizar inversiones para mitigar y disminuir la contaminación que generaba, y más adelante trasladar la planta más lejos del radio urbano y las zonas cultivables. En 2007 ingresó al sistema de evaluación ambiental el proyecto de traslado, pero San Esteban terminó cerrando sus instalaciones a la fuerza el año pasado. Se vendieron las máquinas, pero los relaves siguen ahí.
No son los únicos restos abandonados en esa zona. Los más llamativos son los relaves de las plantas Llaucavén, conocidos como “la pirámide” por la forma en que se levantan en medio de un terreno baldío. A un costado están los restos dejados por la planta Tania, más pequeños y amorfos. La explicación podría estar en el estudio de los alemanes: “evacuó sus relaves durante muchos años en la vega del río Copiapó, ya que se había cumplido el plazo máximo de uso del tranque de relaves”.
Los depósitos de Hochschild, San Esteban y Llaucavén ocupan, en total, una superficie de 63,19 hectáreas. El proyecto de modificación de plan regulador de Copiapó, cuyo trámite ambiental se aprobó en enero, contempla que los tres terrenos sean clasificados como zonas destinadas a áreas verdes y parques. Sin embargo, se establece que cada uno debe pasar antes por un plan de recuperación de relaves.
“Los pasivos mineros resultaron ser, en parte, una amenaza imprevista y grave para el medio ambiente”, fue una de las principales conclusiones del estudio realizado a lo largo del curso del río Copiapó que expertos alemanes y chilenos hicieron para el Sernageomin entre 1994 y 1998.
Copiapó, dice el estudio, “está rodeado por numerosas plantas de concentración, en parte con tranques de relaves contaminados con mercurio”. Por eso los expertos estimaron “absolutamente necesario” revisar la historia minera de la zona y hacer un análisis integral para identificar con mayor precisión las posibles amenazas ambientales.
El alemán Walther Eberle, experto en mineralogía, geología y química inorgánica, lideró el proyecto. “La tarea del sector público es investigar qué hay aquí”, dice Eberle y agrega que no sabe por qué se permitió que la ciudad se expandiera cada vez más cerca de los relaves. “Se permite el crecimiento y yo no sé hasta qué punto las autoridades correspondientes tenían información”, reflexiona.
Los datos estaban en su informe: “La directa coexistencia de zonas pobladas y plantas de concentración, tranques contaminados con mercurio y laboratorios para la reducción de la pella, representa un serio peligro para la salud y requiere un control adecuado por parte de las autoridades competentes”.
Quizás lo más delicado del informe de Eberle es que, además de los relaves visibles, el estudio histórico determinó que en el lugar donde hoy está construida la ciudad de Copiapó existieron ocho plantas de amalgamación de oro, lo que podría implicar la presencia de mercurio. Sólo se conoce la ubicación de una de ellas, donde actualmente hay un restorán: “Se recomienda encarecidamente incluir esta área en el catastro de Hg (mercurio) y, en caso necesario, tomar medias especiales de protección, en vista de la afluencia de público”. Para este reportaje no fue posible localizar el local, ninguna de las autoridades consultadas sabía de su existencia y no hay registro de que se hayan tomado medidas.
El informe señala que para proteger la salud de los habitantes hay que intentar localizar las otras siete plantas mediante estudios geoquímicos y “considerar también la posibilidad de una vulnerabilidad del agua subterránea, la que en el centro del área urbana de Copiapó se considera muy alta”.
Hay registro de que el equipo chileno alemán realizó un estudio llamado “Investigación sobre la permanencia del mercurio en el proceso de amalgamación de oro en la pequeña minería de Copiapó”, pero Sernageomin no lo encontró en sus archivos cuando fue solicitado a través de la Ley de Transparencia. Simplemente desapareció. Sólo se pudo obtener copia de otros dos estudios del mismo proyecto: “El Desarrollo histórico y los pasivos de la explotación minera en el curso medio alto del valle de Copiapó” e “Informe: La influencia ambiental de la Minería Pasiva y Activa en el área de Copiapó, III región Chile, incluyendo aspectos geológicos ambientales”.
Al trabajo de los alemanes siguió el de los japoneses y su informe que permaneció oculto a la opinión pública hasta el año pasado. A trece años de la entrega del primer estudio con todas sus alertas, aún no se hacen los estudios en profundidad que se recomendaron en ese momento.
Recién durante la primera parte de este año la secretaría regional ministerial de Medio Ambiente de Atacama comenzó a revisar el estudio de los japoneses y el catastro de relaves hecho por Sernageomin en 2010 con el objeto de seleccionar los más delicados. Se trata de un programa de evaluación y riesgos ambientales para la salud de la minería metálica abandonada. En la primera fase se decidió priorizar aquellos que están cerca de poblaciones, cursos de agua y agricultura.
Hasta ahora se han propuesto 16 relaves en Copiapó y 7 en la vecina comuna de Tierra Amarilla. “La idea es hacer una investigación confirmatoria de la presencia de contaminantes en los lugares. Se van a tomar muestras, ver qué contaminantes hay y hacer una evaluación de riesgo ambiental”, cuenta Solange Aguilera, quien está a cargo del proyecto.
Casi todos los relaves mencionados anteriormente están en la lista corta: Ojancos (Sali Hochschild), los que están cerca de la población El Palomar de Viñita Azul (Castellón, San Juan, Porvenir, Papapietro y Victoria), San Esteban, Llaucavén y Tania. Aguilera explica que luego se propondrán medidas para enfrentar el problema, pero que en aquellos casos en que los relaves tienen dueños, es difícil que el Estado ponga recursos.
Según cuenta el seremi de Medio Ambiente, Mario Manríquez, la idea no es remover los relaves, sino realizar un proceso de fitosaneamiento:
-Los principales problemas del relave vienen dados por contaminación de napas o por liberación de material particulado al aire. Si pones una cubierta vegetal sobre el relave, no sólo estabilizas la superficie –evitando el riesgo de escurrimiento o derrumbe–, sino que hay plantas que captan los metales pesados y los extraen de la primera capa del relave. Por lo tanto, la superficie queda saneada y ya no se convierte en una sustancia peligrosa. El bloque del relave queda metido adentro, pero cubierto por una capa gruesa, de 1,2 metros aproximadamente, ya saneada.
¿Será suficiente para enfrentar la deuda histórica de la minería en Copiapó? Sólo a finales de este año estará claro, cuando se conozcan verdaderamente los riesgos de los relaves, trece años después de que las autoridades recibieran la primera alerta seria. Es de esperar que para entonces esté en plena vigencia la Ley de Cierre de Faenas Mineras, aprobada por el Parlamento en julio pasado y que sólo espera para su promulgación la firma del Presidente Sebastián Piñera. Será entonces, y por primera vez, que la normativa condicionará las autorizaciones de las explotaciones mineras a que las empresas se hagan cargo de sus desechos. Una ley que puede quedar convertida en letra muerta si no se fiscaliza su aplicación.
* Esta investigación fue realizada gracias al financiamiento de la Fundación Ford.