Royalty: Los millones de dólares que Chile regala a las empresas mineras

Vea también: Los enormes beneficios tributarios a los que acceden las empresas mineras en Chile

En 2003, una década después del desembarco de las principales empresas mineras en Chile, la Fundación Terram denunciaba lo siguiente: “A pesar del tamaño del sector minero, éste sólo aporta por impuesto a la renta un 2,5% del total recaudado por el Fisco”. En aquel momento la minería era el segundo sector que registraba la menor contribución en términos de impuesto a la renta, detrás de los café y restaurantes.

Transcurridos ocho años, la situación es radicalmente diferente. El sector minero está entre los que entrega el mayor aporte por impuesto a la renta: un cuarto del presupuesto fiscal proviene de los tributos de Codelco y las mineras privadas. Hay dos razones para ese incremento: los increíbles precios del cobre, que en los últimos 10 años pasó de US$1 a US$4 la libra; y el Impuesto Específico a la Minería (IEM), una suerte de royalty que se aplica desde 2005 a las grandes empresas mineras.

Los últimos datos sobre el IEM son elocuentes. Con los precios actuales del cobre y los cambios aplicados al impuesto por el gobierno de Sebastián Piñera (se aumentaron los porcentajes de contribución entre 2010 y 2012 “para ayudar a la reconstrucción del país”), el aporte de las mineras se ha duplicado. Solo en el primer semestre de 2011 entregaron por IEM US$ 282,4 millones: un 91,6% más que el mismo semestre del año pasado.

Lo que también es un hecho es que, al igual que lo ocurrido con los impuestos, las mineras han multiplicado sus utilidades. Durante el primer trimestre de 2011, las principales empresas de la industria acumularon US$ 3.967,94 millones, casi un 80% más de las utilidades que obtuvieron en los tres primeros meses de 2010. “Contemplando sólo a la gran minería privada, las ganancias mostraron un notorio avance de 64,7%, con US$ 3.234,04 millones”, publicó el Diario Financiero el pasado 1 de julio.

Sobre esos porcentajes hay que poner atención. Se trata de una industria que factura en números enormes, largos como el del presupuesto de la nación.

Según las cifras de 2010, el ranking lo lidera La Escondida, con US$5.635 millones de dólares en utilidades antes de impuestos, seguida de Collahuasi, con US$2.662 millones y Los Pelambres con US$2.142 millones, de acuerdo a las estadísticas de Cochilco. (Vea el cuadro de utilidades)

En 2010 las utilidades de las grandes empresas del sector sumaron US$14.300 millones, cifra similar a la de 2007, el mejor año de su historia. Para hacerse una idea: US$14 mil millones es lo que se estimó costaría la reconstrucción de Haití tras el devastador terremoto de 2010; o la reparación de toda la infraestructura pública dañada tras el sismo ocurrido en Chile el mismo año.

Hacia esos números apuntan las críticas de quienes consideran que el IEM es un royalty demasiado a la chilena: insuficiente para las enormes necesidades de un país como Chile; casi insignificante para un Estado que es dueño de un recurso valioso y que podría cobrar mucho más por su explotación.

UTILIDADES SIMILARES A LAS DEL NARCOTRÁFICO

En general, el objetivo de un royalty es cobrar por la extracción de un recurso valioso que se agota y que genera enormes ganancias para la industria. La mejor muestra del valor del cobre chileno según los expertos, son las utilidades extraordinarias que hoy están mostrando las grandes empresas mineras. Una compañía exitosa, analizan diversos economistas consultados por CIPER, obtiene utilidades antes de impuestos que bordean el 20%. Pues bien, en los últimos años, el promedio de las grandes mineras muestra rentabilidades de 50% y más. Incluso hay casos donde se han registrado utilidades de más del 100 por ciento.

-Utilidades como ésas no se ven en otras industrias a nivel mundial, salvo en el área del narcotráfico -ilustra un experto tributario.

Las razones de esas utilidades extraordinarias no están en la gestión de las grandes mineras, sino en el valor actual del recurso que extraen y en otra serie de buenas condiciones que les ofrece Chile y que transforman al país en un verdadero paraíso para la industria (Vea «Los enormes beneficios tributarios a los que acceden las empresas mineras en Chile»).

Todos esos factores tienen un valor económico, y por eso los estados cobran royalty. Sin embargo en Chile, hasta 2005, el Estado entregó el cobre gratis. Por razones históricas: la traumática nacionalización del cobre en los ’70; y estratégicas: para incentivar la llegada de capitales extranjeros, sobre todo en los ‘80 y ‘90. En la Universidad de Chile, un equipo de académicos calculó el costo de esa decisión:

-De acuerdo a nuestros estudios, lo que las empresas debieran haber pagado en royalty a partir del valor del cobre, en promedio entre el año 85 y el ‘2004, son US$461 millones anuales -afirma Eugenio Figueroa, director del Centro de Economía de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente (Cenre) del Departamento de Economía de la Universidad de Chile.

La cifra no es menor: US$461 millones por 9 años son más de US$4 mil millones: una cifra similar a lo que destinó la presidenta Michelle Bachelet para estimular la economía tras la crisis de ‘2008. O el costo total del “Plan Araucanía” anunciado por Sebastián Piñera para sus cuatro años de gobierno.

Desde 2005, a través del IEM, el Estado participa en un porcentaje de las ganancias que obtienen las empresas mineras. Pero diversos expertos señalan que ese porcentaje es aún muy insuficiente.

-A un precio como el que se transa hoy el cobre, el margen operacional de las empresas mineras debe estar en más del 60%. Eso significa que de cada 100 pesos que vendo, tengo una utilidad operacional de 60, lo que es absolutamente extraordinario, pues utilidades operacionales por sobre el 30% son extrañas. Mi propuesta es que, pasado cierto piso, esa utilidad debe ser gravada. Porque la empresa no se la puede llevar, no le corresponde hacerlo. Cuando el inversionista hizo sus cálculos para evaluar el proyecto nunca pensó en precios de US$3 por libra. No puede pretender aprovecharse de una coyuntura externa y pasar por encima del país que es dueño de los recursos -afirma Juan Villarzú, ex presidente ejecutivo de Codelco y actual presidente del directorio de Minera Apoquindo, una compañía canadiense con inversiones en Chile y Perú.

Eduardo Titelman, economista, ex asesor de los ministros (de Minería) De Gregorio, Rodríguez y Dulanto y ex jefe de Estudios de Cochilco, publicó en 2010 un artículo para el que calculó las rentabilidades de las mineras entre 2005 y 2009, los mejores años del precio del cobre. A partir de los Estados Financieros publicados por el Consejo Minero, según Titelman, las grandes compañías han obtenido, en promedio, una rentabilidad extraordinaria del 80 por ciento.

-El negocio de la Gran Minería Privada, que involucra grandes inversiones, ha sido magnífico para las empresas durante el último período, con rentabilidades muy por encima del mínimo requerido para incentivar la inversión -plantea Titelman.

En la misma publicación, el economista calculó el valor de la renta extraordinaria que han obtenido las grandes mineras: US$10 mil millones por año. Esa sería la rentabilidad del cobre por la que el Estado chileno debía haber cobrado, afirma Titelman.

LAS OTRAS PROPUESTAS

Quienes defienden los intereses de las mineras señalan que los resultados que estas empresas están mostrando actualmente son consecuencia de muchos años de inversión y de un precio del cobre inédito. La respuesta a este argumento es que, si eso es así, el royalty podría activarse cuando las ganancias superen determinados niveles.

-Podríamos tener un sistema que dijera lo siguiente: “cuando las rentabilidades son normales, o sea 20%, no hay royalty”. Pero cuando empiezan a subir, la pregunta es cuánto puede recuperar el Estado sin ahuyentar a los inversionistas. Lo que yo digo es que, según estas cifras, si uno pusiera un IEM del 40% (el actual es aproximadamente 8% promedio), la recaudación sería tremendamente más grande, y la rentabilidad promedio de estas empresas estaría aún muy por encima del 20%. Por lo tanto, esa es una tasa perfectamente factible. Esta es una propuesta que se puede discutir. Puede ser 40, 50 ó 30%, no me jugaría ahora por eso. Sí me jugaría por aumentarlo sustancialmente, porque estamos dejando sobre la mesa mucho más de lo necesario -subraya Titelman.

Villarzú también presentó una propuesta a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el año pasado, justo antes de la aprobación del Royalty 2. Su planteamiento es sustituir el IEM por una sobretasa que grave las utilidades extraordinarias. Cuando éstas se sitúen entre el 30,1% y el 40% de la venta, se les aplica una tasa marginal del 30% y así progresivamente.

El ex presidente ejecutivo de Codelco ha propuesto aplicar esa fórmula a todo sector económico que genere este nivel de ganancias. «Así, todas las empresas quedarían afectas al mismo régimen de tributación a la renta», declaró.

Los dos expertos dicen que esta batalla pudo haberse dado cuando se tramitó el último de los royalty, a mediados del año pasado, pero entonces nuevamente el Congreso sucumbió a las amenazas de la industria. Y también a una inercia que arranca de otro problema: que buena parte de los senadores y diputados llamados a decidir y votar sobre estos temas no los conocen con la profundidad necesaria.

-Mis amigos de la Concertación…Me llamó mucho la atención que estuvieran todos felices, cuando lo que hicieron fue bajar los impuestos. El problema es que hay tres años con impuestos más altos, que son los años que Sebastián Piñera necesita para la reconstrucción; pero después el régimen general es más bajo que el que existía. Yo estuve en un par de reuniones con el senador Lagos Weber (PPD), también me reuní con representantes de la DC y el PS; les mandé los documentos, pero no me dieron pelota… Es que todo esto ha sido muy raro. En el gobierno de Ricardo Lagos, el propio Lagos era absolutamente contrario. Yo hablé con él varias veces: “Presidente, vamos con el royalty”. Y él me decía, mire, hay que pensarlo mucho. Siempre se me corrió. Y cuando se hizo, fue porque el escándalo de La Disputada era muy alto. Yo no encuentro ninguna razón lógica para no haber puesto el royalty en un 10%, salvo el miedo. En la Concertación decían: “es que la derecha va a declarar esto inconstitucional”. ¡Me carga ese argumento! Por último que nos ganen, pero estaba la posibilidad de dar la pelea -se lamenta Villarzú.

No obstante los fríos números, el sólo enunciado de cambios al royalty desata una verdadera guerrilla de miedos y anuncios catastróficos en el ámbito de la inversión extranjera. Así ocurrió desde un inicio, una época que bien conoció Juan Villarzú:

-Ahí es donde empiezan los contrasentidos, la locura de este país. Cuando uno empieza a hablar de estas cosas, los empresarios se asustan. El royalty es como la bestia maldita. Las dos veces que se ha discutido el tema se plantea que si pones un royalty se va a acabar la inversión. Incluso, la primera vez que yo propuse el tema públicamente siendo presidente de Codelco -creo que el ’95-, al día siguiente el ministro de Economía, Álvaro García (PS) señaló: “El señor Villarzú no representa la opinión del gobierno”, cosa que nunca pretendí. Y nunca ha pasado nada. ¡Las compañías no se han ido! Siguen invirtiendo. Y tampoco habría pasado nada, aunque hubiesen gritado mucho más, si se aplica mi propuesta. Porque están ganando mucha plata, tan simple como eso.

“AQUÍ ESTÁ LA PLATA PARA LA EDUCACIÓN”

Las reglas del nuevo IEM, que rige hasta el 2023, son las siguientes: se eleva la tasa actual que pagan las mineras de 4 ó 5% a una de 4 a 9%. Eso, entre 2010 y 2012. Luego, en 2013, se vuelve al esquema inicial, para elevar nuevamente la tasa a contar de 2018 y hasta 2023. Eso, en un rango de 5 a 14%, según el margen operacional de la compañía. Como incentivo, la ley define una invariabilidad tributaria que se extiende hasta el año 2023.

Según Villarzú y Titelman la fórmula terminó favoreciendo a la industria. Por varias razones: se extiende la invariabilidad hasta 2023; se establece un período de tres años con tasas un poco más altas, a cambio de muchos años de tasas bajas; y se fijan techos de 14% que son falsos, imposibles de alcanzar. En este último punto coinciden expertos de los más diversos mundos.

“Es difícil que se llegue a tributar al 14%. Para pagar el máximo se requiere un margen operacional de 85%, y eso es difícil”, reconocía a mediados del año pasado Gustavo Lagos, director del Centro de Estudios de la Minería de la Universidad Católica.

Titelman insiste en que con la aplicación del Royaltie 2 son las empresas mineras las que obtienen los mayores beneficios. Y explica:

-Con el Royalty 1, las empresas tenían una cierta tasa promedio por un período, al final, lo que pasó es que se les subió un poquitito esa tasa y se les dio a cambio más invariabilidad. La mejor prueba de que era conveniente para ellas es que ese impuesto era voluntario y todas adhirieron. Es evidente que si le preguntas a una empresa que si quiere un cambio en sus impuestos, te va a decir que sí solo si le conviene… Y les conviene: porque les estás subiendo marginalmente la baja tasa y a cambio de eso les estás dando cinco años más de invariabilidad. Te comprometes a mantenerles esa tasa. Si tomamos el nivel de precios de los últimos años, que tiene alta probabilidad de perdurar en el tiempo, con este impuesto las empresas están asegurando un pedazo de la torta tremendo, y ese seguro les conviene con creces. Lo asumen con reclamos, quejas y muestras de dolor, pero en el fondo saben que es un gran negocio.

Los dichos de Titelman tienen asidero. Las más grandes empresas mineras, que representan al 80% de la producción privada de cobre, fueron las primeras en confirmar que se acogían al royalty: BHP Billiton, Antofagasta Minerals, Anglo American, Xstrata y Freeport-McMoRan.

“El tema es que hoy pasamos por un período espectacular de precios del cobre, que durará entre 5 y 10 años más. Esta era la oportunidad de aprovechar de captar una mayor parte de los excedentes extraordinarios que genera la industria minera. El escenario mundial ha cambiado y Chile debería hacer ajustes a la forma en que capta los aportes de la minería”, reflexiona Villarzú.

-No hay una conciencia real de las cifras y del significado de éstas. Cuando se habla de la educación y de lo que haría falta para cambiarla…, bueno, aquí está la plata. Además, el cobre es un recurso agotable y anualmente se extraen en Chile varios millones de toneladas del metal. Entonces, estamos contra el tiempo, y en esta última instancia perdimos una batalla importante: perdimos 5 años más y estamos atados de manos hasta el 2023, por lo menos para los proyectos ya existentes -concluye Titelman.

* Esta investigación fue realizada gracias al financiamiento de la Fundación Ford.