Las pruebas que inculpan al presidente de la Asociación de Municipalidades en un emblemático caso de corrupción

El 20 de abril de 2009, a un año de que el Ministerio Público abriera una investigación en su contra por irregularidades en el arriendo de un terreno municipal donde se construyó un supermercado Tottus, el alcalde Mario Olavarría llegó hasta la fiscalía local de Colina para entregar la primera de dos declaraciones. A sabiendas de que la fiscalía había conseguido levantar el secreto bancario de sus cuentas corrientes, y por tanto conocía los millonarios depósitos que desde 2006 le realizaba su ex jefe de gabinete, Domingo Soto López, el alcalde de Colina adjudicó los pagos a “préstamos” que le realizó su subalterno ante un prolongado apuro económico derivado de su separación matrimonial.

“Domingo Soto me ofreció depositarme alrededor de 2 millones 350 mil pesos mensuales y ante esa oferta le señalé que entendía esos dineros como un préstamo (…) La deuda que tengo con Domingo Soto es de 60 millones”, dijo Olavarría, agregando que a la fecha de su declaración no había devuelto un solo peso de la supuesta deuda.

No fueron los únicos ingresos adicionales a su sueldo de alcalde que Olavarría se vio obligado a reconocer en esa oportunidad. Además de dar cuenta de sus rentas como abogado independiente que variaban entre los $500 mil y los $800 mil, en una segunda declaración dijo haber realizado trabajos de asesoría legal para una empresa llamada Inversiones Patagonia y cuyo dueño es el mismo jefe de gabinete que le realizó millonarios depósitos. Por esa aparente asesoría el alcalde dijo haber recibido honorarios por $10 millones.

Hasta ahí la versión pudo responder a una cierta lógica. Al menos tener una explicación medianamente razonable. Pero lo que definitivamente el alcalde UDI no pudo explicar es el origen de cerca de 60 millones adicionales a su sueldo de alcalde que reportan dos de sus cuentas corrientes entre 2006 y 2007 y que no dicen relación con los préstamos de Soto López ni con ingresos suplementarios como abogado.

Esa inconsistencia fue precisamente uno de los principales argumentos utilizados por la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Alma Sánchez, querellante en la causa, para conseguir que la Corte de Apelaciones volviera a abrir la investigación que se seguía al alcalde de Colina, su ex jefe de gabinete, el agente inmobiliario Nabil Mansour y el vicepresidente ejecutivo del Tottus Francisco Leyton. La apelación obedeció a una acuerdo de suspensión condicional propuesto por la fiscalía local de Colina que eximía de responsabilidad a los imputados a cambio de firma mensual y la devolución de los dineros comprometidos en el fraude.

En un fallo unánime, a principios de junio la segunda sala de la Corte de Apelaciones le dio la razón al CDE por considerar que “los hechos materia de la formalización, hasta ahora reunidos, aparecen como graves y reiterados”. El pronunciamiento excluyó al ejecutivo del Tottus, por cuanto el CDE no apeló en su caso. Con esta salvedad, la justicia ordenó a la fiscalía que siguiera adelante con la investigación y echó abajo un controvertido acuerdo que, además de garantizar impunidad, allanó el camino para que a fines de mayo Mario Olavarría volviera a ser elegido Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. Su suerte ahora depende de un recurso de queja presentado por sus abogados ante la Corte Suprema.

CAJA PAGADORA

Descontando su sueldo como alcalde, entre 2006 y 2007 las cuentas corrientes del edil reportaron depósitos por $129.213.134. Una suma que se acerca a las 6 mil UF que el ejecutivo del Tottus Francisco Leyton admitió haber pagado como “comisión” al agente inmobiliario Nabil Mansour, quien decía actuar en representación del municipio de Colina. Los pagos se efectuaron en dos cheques por $64 y $47 millones.

De acuerdo con la tesis del CDE, cerca de la mitad de esos dineros que se suponen coimas llegaron a manos de Olavarría por medio de su jefe de gabinete, Domingo Soto López, quien actuó como caja pagadora al intermediar entre el agente inmobiliario y el alcalde.

Soto López compareció en abril de 2009 en la fiscalía local de Colina. Al ser consultado sobre su relación con el agente inmobiliario, admitió que si bien no lo recordaba con precisión, “pude haber prestado servicios a Nabil Mansour” por medios de las empresas Inversiones Patagonia y Decsa S.A., ambas de propiedad del asesor del alcalde. Así Soto López intentó explicar por qué el agente inmobiliario aparece pagando $41 millones a la primera empresa y cerca de $20 a la segunda.

Domingo Soto es un antiguo operador de la UDI que trabajó con el ex senador y ministro de Pinochet Sergio Fernández antes de hacerse cargo de las piletas municipales de Providencia. Su ascenso definitivo a las grandes esferas de la política ocurrió de la mano de Mario Olavarría, quien en 2000 ganó la alcaldía de Colina y lo nombró su jefe de gabinete.

Desde 2003, mientras asesoraba al alcalde, Soto López abrió una serie de empresas que prestaron servicios al municipio de Colina y a la UDI. En su declaración de abril de 2009, Soto dijo que entre 2004 y 2005, a través de las empresas Impacto y Decsa S.A. -la misma que sirvió para pagar las coimas del Tottus-, “hice prácticamente toda la campaña de la UDI en pendones y marketing”.

Según declaraciones de los imputados del caso Tottus, estuvo presente en que se decidió el arriendo de los terrenos municipales. También fue objeto de indagaciones en una causa paralela por irregularidades por $700 millones en contratos para la venta externa de permisos de circulación emitidos por la municipalidad de Colina.

En esta última causa fueron formalizados Débora Sepúlveda y Carlos García, administradora y secretario municipal, respectivamente. Aunque se descubrieron millonarios depósitos entre el jefe de gabinete del alcalde y su administradora municipal -depósitos que también fueron justificados como préstamos y pagos por servicios y asesorías-, la fiscalía propuso a los involucrados una suspensión condicional por considerar que arriesgaban penas bajas.

De esta forma, a comienzos de 2011 los dos más altos funcionarios municipales después del alcalde quedaron libres de toda sanción a cambio de firma mensual y la devolución de los dineros en cuestión. La misma fórmula que unos meses después la fiscalía de Colina propuso a los involucrados en el caso Tottus.

LOS AUTOS DE NABIL

En su segunda y última declaración a fiscalía, ocurrida el 24 de abril de 2009, Mario Olavarría desconoció que el agente inmobiliario Nabil Mansour haya actuado en representación del municipio. Lo desconoció no obstante que Mansour portaba una carta con sello municipal que acreditaba su condición de representante de la alcaldía. La fiscalía también reunió correos electrónicos que corroboraban lo propio.

Lo que Olavarría no pudo negar, ante una consulta puntual, fue que la camioneta Hyundai Santa Fe que entonces usaba en calidad de alcalde haya pertenecido a una de las empresas de Nabil Mansour, que la ofrecía en arriendo al municipio junto a varios otros vehículos de su propiedad utilizados por funcionarios de Colina.

El alcalde también admitió que Domingo Soto participó en calidad de “asesor” de las reuniones en que se decidió el arriendo de los terrenos municipales para la construcción del Tottus. Mientras tanto, el mismo asesor prestaba servicios a la alcaldía por medio de sus empresas, a la vez que pagaba millonarias sumas por supuestas asesorías legales prestadas por el alcalde.

Más allá de lo impresentable que resulte esta figura, en los alegatos ante la Corte de Apelaciones la abogada Alma Sánchez, en representación del Consejo de Defensa del Estado (CDE), puso el acento en las cuentas del alcalde. Junto con recalcar que entre 2006 y 2007 las cuentas corrientes del jefe comunal reportaron depósitos por más de $120 millones que no decían relación con sus ingresos legales, puso en duda que éste haya tenido la necesidad de requerir millonarios préstamos de su ex jefe de gabinete.

Para ello citó su declaración de intereses de 2006 publicada por CIPER, donde el propio Olavarría consigna que en esa época de supuestos apremios económicos mantenía en el Banco de Chile un depósito a plazo por $26 millones. Además, la abogada destacó que en 2005 el alcalde había adquirido una propiedad en Colina por un valor fiscal de casi $27 millones y tenía otra en la misma comuna por un valor comercial aproximado de $150 millones. Frente a estos datos, la abogada Sánchez se preguntó cómo era posible que una persona con esa cantidad de bienes y capitales tenga necesidad de solicitar préstamos a un subalterno para pagar la pensión alimenticia.

SANCIÓN SIMBÓLICA

La resolución de la segunda sala de la Corte de Apelaciones no sólo significó un duro revés para el alcalde, su ex jefe de gabinete y el agente inmobiliario. También acusó una derrota para el Ministerio Público, que ha sido criticado por ofrecer suspensiones condicionales en casos como el de Colina y la diputada Claudia Nogueira (UDI) por usufructúo de fondos destinados a pagar asesorías parlamentarias, bajo el argumento de que los involucrados arriesgan bajas penas.

De prosperar la investigación, y resultar condenado por cohecho y soborno, Olavarría arriesga una pena que no lo llevaría a la cárcel pero sí le impediría ejercer cargos públicos. Una sanción simbólica, más aún considerando que desde fines de marzo ocupa la presidencia de la Asociación Chilena de Municipalidades. Un influyente organismo que reúne a los alcaldes del país y opera como interlocutor del gobierno en la aplicación de programas y políticas sociales. La presidencia dura dos años y es fruto de un acuerdo político en que Alianza y Concertación se turnan para ejercerla.

Para Víctor Maldonado, ex director ejecutivo del organismo, la acusación contra Mario Olavarría resiente el prestigio de la asociación de alcaldes. “Al permanecer en el cargo no sólo le está causando un enorme daño a la asociación, sino también a su propio partido, del cual es vicepresidente por ser el jefe de los alcaldes de la UDI”, dice Maldonado.