El polémico acuerdo legal que firmó en 2007 el asesor clave del caso Kodama

El abogado Álvaro Baeza es uno de los protagonistas clave del cuestionado pago por $17 mil millones que hizo el Ministerio de Vivienda a la empresa constructora Kodama. Un pago detenido mientras dura la investigación de la Contraloría, a la que ahora se sumó otra indagatoria del Ministerio Público. Así se desprende de la entrevista que le concedió a CIPER el director del Serviu Metropolitano, Antonio Llompart, quien aseguró que la cancelación de esa cifra fue fruto de una negociación que partió en agosto del año pasado y que en ella siempre participó, en representación de la ministra de la Vivienda Magdalena Matte, el abogado Baeza Guiñez.

Por lo mismo, Llompart asegura que la ministra debió estar al tanto de los detalles del conflicto con Kodama y que probablemente por esa razón firmó sin expresar inconveniente alguno el decreto Nº 8 de este año, en que ordenó el pago, equivalente a unos US$ 34 millones.

Magdalena Matte, en entrevista concedida a El Mostrador el miércoles 6, confirmó que Baeza era de su entera confianza, pues el abogado trabajaba para su empresa privada (Dimar) y ella le pidió que la asesorara en el ministerio. Y una de las tareas que le encomendó fue hacerse cargo del problema con Kodama.

Llompart aseguró a CIPER que Baeza se integró al equipo que analizó las reclamaciones de Kodama. La empresa había construido el corredor del Transantiago de Pedro Aguirre Cerda, contrato que se adjudicó por licitación en 2006. Los trabajos debían durar 300 días y Kodama cobraría cerca de $25.567 millones. No obstante, la obra se extendió por más de mil días, según Llompart, por mala administración del Serviu, entidad que no entregó a tiempo terrenos que se debían expropiar. A ello se agregó que el puente de ferrocarril que incluía la obra debió diseñarse de nuevo, sobre la marcha, porque la Empresa de Ferrocarriles del Estado rechazó el proyecto original. Kodama exigió el pagó por mayores gastos generales, debido al extenso retraso, y cifró su reclamación en $ 17.000 millones, basada en un informe que solicitó al Dictuc de la Universidad Católica.

El informe del Dictuc, dice Llompart, fue conocido por Baeza. Al mismo tiempo, el director del Serviu encargó un informe al subdirector de Pavimentación y Obras Viales del Serviu, Franz Greve, y al subdirector jurídico del mismo servicio, Rafael Marambio. El cálculo de ambos, dice Llompart, se aproximó a los mismos $17.000 millones.

En diciembre, Kodama interpuso una demanda contra el Serviu exigiendo ahora el pago de $41.000 millones. Serviu la rechazó en todos sus términos. Llompart asegura que se hizo de esa manera porque los abogados del Serviu, encabezados por Marambio, le dijeron que si aceptaba una parte de la demanda, la sentencia podía terminar obligándolos a pagar más de los $17.000 millones. La negociación continuó, dice Llompart, y sus abogados estimaron conveniente firmar el acuerdo extrajudicial que terminó decretando el polémico pago de los $17.000 millones, visado por la ministra Matte.

Hasta aquí, la explicación de Llompart suena atendible. Pero el miércoles 13, el diario La Tercera publicó una información que choca con la versión del director metropolitano del Serviu. Según la nota de La Tercera, el subdirector jurídico del servicio, Rafael Marambio, declaró ante la fiscalía que fue presionado por el asesor de la ministra, Álvaro Baeza, para que firmara el acuerdo con Kodama.

Baeza renunció a su cargo de asesor a honorarios -servicios por los que cobraba $2,5 millones mensuales, según la sección de Transparencia de la web del ministerio- el martes 12 de abril, un día antes de que La Tercera revelara los dichos de Marambio que apuntan en su contra.

Las sociedades de Baeza

Hasta hoy de Álvaro Baeza sólo se sabía, por la revelación de la propia Magdalena Matte, que durante años había sido abogado en la empresa de la ministra. Pero la columna que publicó en CIPER el periodista Nicolás Candel Pozo, abrió una desconocida arista de la carrera del abogado.

En 2007, según el relato de Candel, Baeza también se vio envuelto en una polémica por un acuerdo legal que afecto entonces al patrimonio de un grupo de sencillos trabajadores de las canteras de Colina.

Ese año, la Asociación de Canteros de Colina vio peligrar sus pertenencias mineras en Chicureo, un sector rural en el que habían desarrollado la extracción artesanal de piedras durante décadas y que con la expansión urbana de Santiago se convirtió en uno de los más exclusivos sectores residenciales de Santiago, un trofeo en disputa para poderosas empresas inmobiliarias.

Efectivamente, la inmobiliaria La Reserva Limitada entró en conflicto con los artesanos. La Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina requirió en ese momento y con urgencia asistencia legal para preservar sus pertenencias mineras en el subsuelo de 300 hectáreas de Chicureo. Se la ofreció la empresa Canteras Quintay S.A., cuyo único interés aparente en la disputa era adquirir a los canteros la roca molida.

Fue el representante de Canteras Quintay, Sebastián Fernández Riesco, quien presentó al abogado Baeza a los directivos de la asociación gremial. El profesional representó a Canteras Quintay y a los canteros de Colina en el conflicto con Inmobiliaria La Reserva. Y la solución que recomendó a sus defendidos quedó plasmada en un “Acuerdo Marco” firmado por todas las partes el 15 de mayo de 2007. El acuerdo terminó despojando a los canteros de 210 de las 300 hectáreas que tenían. Las cedieron, mediante ese escrito, a Inmobiliaria La Reserva, que pagó 40 mil UF ($800 millones). Los canteros no vieron ese dinero, porque La Reserva lo entregó directamente a Baeza, como “contraprestación” por su asesoría a los trabajadores.

Lo que los canteros no sabían, era que el abogado Baeza Guíñez, al momento de asumir su representación, ya era socio de Sebastián Fernández Riesco en Canteras Quintay y tenía interés económico en el negocio que se estaba gestando.

En efecto, el 11 de octubre de 2006, siete meses antes de que se firmara el “Acuerdo Marco”, Baeza Guiñez y Fernandez Riesco, formaron la sociedad Canteras Santiago Limitada. Baeza la integró en representación de Inmobiliaria, Asesoría e Inversiones Los Pellines Limitada, de la que era socio junto a Catalina Valdés Tocornal, y que opera bajo el nombre de fantasía Inversiones Los Pellines Limitada. Una sociedad que se formó en 1997 con un capital de un millón de pesos.

El 10 de mayo de 2007, cinco días antes de que se firmara el “Acuerdo Marco”, la sociedad Canteras Santiago Limitada cambio su razón social transformándose en una sociedad anónima cerrada denominada Canteras Quintay S.A. Baeza siguió integrando esa sociedad.

Un reportaje del programa de TV En boca de todos, de Canal 13, emitido en diciembre de 2007 reveló que la extracción de piedras en la zona que explotaban artesanalmente los canteros, ahora estaba en manos de Canteras Quintay. Lo que nadie supo en ese momento era que esa sociedad pertenecía a Baeza y Fernández Riesco. La versión del espacio televisivo indica que durante 20 años los canteros sostuvieron un litigio con la Inmobiliaria Harseim, propietaria del condominio La Reserva: “El conflicto fue ganado en dos instancias por los mineros, pero al llegar a la Suprema quedaron sin abogados y ahí entra Áridos Quintay proponiéndoles asesoría legal a cambio del retiro de los desmontes de las canteras”.

El reportaje continúa indicando que los canteros ganaron en la Corte Suprema, que reconoció sus derechos mineros, pero debían obtener permiso de la inmobiliaria para acceder a los cerros, por lo que se vieron obligados a firmar un acuerdo: “Según el documento, los canteros deberán arrendar durante 50 años el cerro a Canteras Quintay para que retire y haga suyos todos los minerales que ahí encuentren. Además, el abogado de Áridos Quintay se queda con la indemnización por 40 mil UF que Harseim otorga a los canteros”, remata la nota periodística.

El 23 septiembre de 2009, Inversiones Los Pellines tuvo una nueva transformación societaria. Ingresó a ella Inversiones Georgett S.A., pero Álvaro Baeza mantuvo bajo su exclusivo control la administración y representación legal.