A fines de octubre y principios de noviembre de 2009, el entonces embajador de Estados Unidos (EE.UU.) en Chile, Paul Simons, hizo llegar una carta a varios destinatarios del gobierno. La había escrito Gary Locke, el secretario de Comercio de su país, y le urgía que las principales autoridades chilenas la leyeran. Al primero que se la entregó fue a Marcos Robledo, asesor internacional de la presidenta Michelle Bachelet. De acuerdo a un cable enviado a Washington por la embajada y filtrado por Wikileaks, el funcionario le dijo que se la haría llegar a la brevedad y le hizo saber que el gobierno estaba consciente del problema y, “comprometido a encontrar una solución”. En los días siguientes, la misiva llegaría hasta los escritorios de los ministros de Interior, Economía y Energía.

Para entonces ya habían pasado cinco meses desde que la Corte Suprema invalidara la aprobación ambiental de la central termoeléctrica Campiche, un proyecto que se encontraba en construcción en la comuna de Puchuncaví, en la V Región, y que pertenecía a la compañía eléctrica AES Gener, la segunda empresa más grande del rubro en el país y filial en Chile de la norteamericana AES. La decisión judicial no cayó nada de bien ni en EE.UU. ni en el gobierno de Bachelet.

El fallo unánime de la Suprema determinaba que la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) había incurrido en una ilegalidad al aprobar en mayo de 2008 el permiso ambiental a la termoeléctrica y permitir su construcción sin antes considerar el tipo de uso de suelo. Con eso, se paralizaba una inversión de US$ 500 millones para generar 270 MW de potencia a base de carbón, lo que equivalía al 10% de la capacidad de generación en construcción en ese momento y al 3% de la capacidad ya instalada de la matriz eléctrica en Chile.

-La eliminación ilegal de un uso de suelo para áreas verdes en una localidad afectada por la alta emisión de contaminantes provoca un menoscabo evidente al entorno en que viven los recurrentes, vulnerando su derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación –decía la sentencia de junio de 2009.

Un día después del fallo, el diario La Tercera publicó un artículo donde el gerente general de AES Gener, Felipe Cerón, decía que la empresa confiaba “en que institucionalmente se encontrará una solución que le permita mantener su plan de inversiones”.

El plan siguiente consistiría en recurrir a la embajada de EE.UU. y convertir el problema de una empresa privada en un asunto diplomático. Entonces habría reuniones. Luego vendría la carta desde Washington a las autoridades chilenas y su respuesta: que el gobierno haría todo lo posible para solucionarle el problema a AES Gener.

Los primeros pasos del lobby

Un mes después del fallo, el 23 de julio de 2009, Cerón llegó junto al presidente de AES, Andrés Gluski, a una reunión con el embajador Simons. Lo que pasó allí aparece detallado en el cable Nº 221.119. Según el documento, Gluski le hizo saber al diplomático norteamericano que si pasaba más de un año de retraso, Campiche debería cancelarse por el alto costo que significaba la paralización, que estimaba entre los cuatro y los ocho millones de dólares mensuales. Y que las pérdidas no sólo serían para ellos, sino que también para sus proveedores, “principalmente en Corea (contratista general) e Italia (turbinas)”. También le recalcó que la prohibición no se debía a un tema ambiental, sino que era por el uso de suelo. Le dijo además, que el fallo ponía en duda las bases legales de otras plantas de energía. Para él, la sentencia judicial era “una señal activista de la Corte Suprema al gobierno de que no aprueba los procesos de permisos ambientales”.

Gluski le pidió a Simons que elevara la preocupación de AES sobre los costos a las autoridades chilenas y les hiciera notar la importancia de hacer un rápido seguimiento a los cambios en el uso de suelo en la zona donde la central se estaba instalando. Días después, el embajador lo hizo y encontró nada más que apoyo absoluto por parte del gobierno.

El 4 de agosto, Simons se reunió con el entonces ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma. El jefe de gabinete de Bachelet le dijo al diplomático que el gobierno entendía la gravedad del problema: que no sólo implicaba las inversiones de AES, sino que a todo el ambiente de inversión extranjera en el país, principalmente en el área energética. Le aseguró también que pondría a uno de sus asesores más experimentados a trabajar en la materia. Luego Simons lo hablaría con Marcelo Tokman, titular de Energía, quien le “prometió todo su apoyo”.

La siguiente gestión de los diplomáticos estadounidenses fue reunirse con Álvaro Sapag, quien dirigía la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Sapag le dijo a un representante de la embajada que ya se había reunido con los ejecutivos de AES en seis ocasiones a discutir los pasos a seguir para conseguir un nuevo permiso ambiental después de que se solucionara el tema del uso de suelo, ya que no estaba claro si debían partir de cero ni qué partes del antiguo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) podrían ser usadas de nuevo.

En el cable, fechado el 17 de agosto de 2009, el embajador aseguraba que la ministra de Vivienda, Patricia Poblete, era la responsable de las directrices generales de zonificación y que ya se le había pedido que desarrollara nuevas guías que se acomodaran al fallo de la Suprema. Según la empresa, Poblete estaba dispuesta a solucionar el problema de las zonas industriales, pero no de las zonas de “alto riesgo”. Unos meses después llegaría la carta firmada por el secretario de Comercio norteamericano Gary Locke en la que se refería al problema de AES, y Simons la haría llegar a los escritorios de la presidenta y los titulares de Interior, Economía y Energía. Entonces, el embajador confirmaría la disposición de Poblete y los demás ministros de Bachelet para apurar la reapertura de la termoeléctrica en Puchuncaví.

La promesa de la ministra Poblete

Todo lo relativo a la carta aparece en el documento que salió el 20 de noviembre de ese mismo año desde la embajada de EE.UU. rumbo a Washington, el cable Nº 235.975. El texto de Locke reconocía los esfuerzos del gobierno chileno para solucionar la situación de AES y solicitaba “medidas oportunas para desarrollar una salida positiva para la compañía y sus inversiones”. Luego de haberla despachado, Simons habló con cada uno de los ministros de las tres carteras destinatarias. Todos le dijeron lo mismo: que estaban al tanto de la situación, que al gobierno le urgía resolver el tema para evitar un impacto negativo en el clima de inversiones en Chile y que quien podría hacer algo era la ministra Poblete. Pérez Yoma también aprovechó de indicarle que “la compañía (AES Gener) no ha hecho lo suficiente para pulir su imagen pública o construir relaciones con la comunidad colindante al proyecto Campiche”.

El 9 de noviembre Poblete recibió a Simons, quien le llevaba una copia de la misiva. Lo primero que dice el cable sobre aquella reunión es que la ministra de Vivienda le señaló “que ha recibido muchas peticiones para encontrar una vía para que AES Gener pueda reanudar el trabajo en la planta”. Poblete le dijo al diplomático que entre éstas estaban una carta enviada por el gobierno de Corea del Sur e incluso una llamada de la presidenta Bachelet. Además, le aseguró que “para ella y el gobierno chileno es la principal prioridad apuntar a resolver el tema antes de fin de año (2009)”.

Durante la conversación, la ministra mencionó que bajo el Plan Regulador Regional de Valparaíso, que comprende la zona donde se estaba instalando la termoeléctrica, hay limitaciones claras y estrictas para proyectos industriales. Agregó también que AES Gener nunca tuvo el permiso para construir en Campiche y que “la empresa debería haberse acercado a su ministerio mucho antes de empezar a trabajar en el proyecto”.

–Ella se lamentó –dice el informe de Simons– de que en vez de recurrir directamente a ella, la compañía perdiera tiempo tratando de trabajar en una solución con el Ministerio de Energía y afirmó que en esta etapa la solución es enmendar el Plan (Regulador) para acomodar el proyecto Campiche.

Poblete le habría explicado al diplomático norteamericano que el equipo del Ministerio de Vivienda (Minvu) ya había presentado una propuesta de cambios al Plan Regulador a través de la Corema y que la Contraloría lo había devuelto con 66 observaciones. Según el cable, la ministra se veía confiada. Le dijo también que hacía poco su cartera había completado las respuestas a las dudas y cambios solicitados por la Contraloría y que “usó canales internos de comunicación con la oficina del contralor (Ramiro Mendoza) para asegurarse de que las respuestas sean aceptables”. Que sólo faltaba que el documento fuera formalmente reenviado desde la Corema hacia la Contraloría. Que al día siguiente se juntaría con Pérez Yoma, Tokman y el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, –también llegaría a esa reunión Ana Lya Uriarte, ministra del Medio Ambiente– para idear una estrategia que resolviera el tema. Que “el gobierno solucionaría la situación, recurriendo a un decreto ejecutivo de ser necesario”.

Camino abierto para Campiche

Para fines de 2009, cuando la embajada envió el cable, AES Gener ya había dejado el tema judicial en manos del estudio Bofill, Mir & Álvarez, Hinzpeter, Jana Abogados, del cual era socio el actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. También se había enfrentado al municipio de Puchuncaví, que le exigía demoler lo que ya habían edificado en Campiche por haber construido sin permisos de edificación, lo que correspondía al 40% de la obra total. A la empresa le urgía acelerar el proceso del cambio de suelo. Por eso, sólo unos días después de que Patricia Poblete recibiera al embajador Simons, llegó hasta el Minvu el gerente general de la compañía, Felipe Cerón.

Según consta en el mismo cable, Cerón le contó a funcionarios de la embajada que la ministra le explicó que la enmienda del Plan Regulador podría tomar más tiempo que lo esperado y que recién en febrero de 2010 el trámite podría estar listo. Sólo entonces la compañía estaría en condiciones de reanudar las obras. Él creía que para lograrlo antes del cambio de mando, el gobierno de Bachelet lo cambiaría por decreto. Eso fue lo que ocurrió.

El 31 de diciembre de 2009, el Diario Oficial publicó el Decreto Supremo Nº 68. La norma se refiere a los terrenos afectos a dos o más usos de suelo distintos y estableció que si “al menos el 30% de su superficie permite los usos de suelo de actividades productivas y/o infraestructura, se admitirá en todo el terreno dicho uso de suelo”. El documento también indicó que en los casos donde se permita la actividad industrial, “estará siempre admitido el emplazamiento de las instalaciones o edificaciones destinadas a infraestructura”. Todo beneficiaba a Campiche: según AES Gener el decreto dejaba superadas las razones por las que la Suprema detuvo el proyecto. La empresa aseguró que el 33% del terreno donde se emplazaba la termoeléctrica era de uso industrial, por lo que la nueva normativa le permitía extender esa utilización al resto de su proyecto.

A esas alturas, las modificaciones causaban revuelo público. Una nota del diario electrónico El Mostrador denunciaba que el gobierno había hecho un traje a la medida de Campiche y apuntaba principalmente a la ministra Poblete, pero también a sus colegas Pérez Yoma y Tokman. “No hemos hecho nada especial para que Campiche se pueda resolver”, se defendía al día siguiente la ministra de Vivienda.

Pero el escenario era claramente favorable para AES Gener. Cerón solicitó entonces un informe a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo de la V Región que incorporara las modificaciones en la ordenanza y ratificara que el terreno de Campiche cumplía con las exigencias municipales. También le pidió a la Corema la inclusión de los cambios en el proceso de calificación ambiental y que el proyecto pasara a ser sometido para la aprobación definitiva. Pero aún no estaba el camino llano. En relación a la extensión del uso de suelo industrial, el decreto agrega que “el instrumento de planificación territorial que corresponda podrá prohibir la aplicación de este inciso dentro de su territorio”.

Los días previos al terremoto del año pasado fueron movidos para AES Gener y su proyecto. El 18 de febrero de 2010, el Concejo Municipal de Puchuncaví rechazó por unanimidad el decreto del Minvu. Un artículo de La Tercera señala que el alcalde de Puchuncaví, Agustín Valencia, dijo que “se rechaza el cambio y vamos a pedir congelar esa área para que no se pueda construir”. Menos de una semana después, la Corema de Valparaíso aprobó la calificación ambiental de Campiche. Aunque el municipio anunció que recurriría a la justicia, el proyecto podía reanudarse apenas la empresa lo estimara conveniente. Pero para eso faltaba la seguridad de que el proyecto no se detendría nuevamente.

La certeza que AES Gener necesitaba llegó recién en julio de 2010. Durante ese mes, luego de varias semanas de negociación, el municipio de Puchuncaví desistió de cualquier acción judicial que trabara la reapertura de las obras. A cambio, la empresa se comprometió a invertir unos US$ 4.000.000 en aportes sociales a la comunidad, otros US$ 80 millones en mejoras de las tecnologías usadas en las cuatro plantas termoeléctricas de la zona y a no construir ninguna otra central eléctrica en el sector. El 10 de agosto de 2010, la dirección de obras de Puchuncaví le otorgó a AES Gener los permisos de construcción que hacían falta. Campiche empezará a operar en 2012.