Las cuentas pendientes en la alta jefatura del Frente por el crimen de Guzmán

Desde una cárcel de Brasil, Ramiro (Mauricio Hernández) dio una entrevista televisiva con la que activó una bomba de tiempo: el asesinato de Jaime Guzmán fue una decisión colectiva de la jefatura del FPMR –aseguró–, y de ella participó Enrique Villanueva. Entonces, éste fue detenido y se agilizó la extradición de Galvarino Apablaza, ex líder del FPMR, finalmente rechazada por Argentina. No es primera vez que dice algo así. Según consta en el proceso del caso, al que tuvo acceso CIPER, al ser detenido en 1993, éste declaró que “por decisión de la Dirección Nacional (del FPMR) fue ajusticiada la rata Guzmán”. El juez Mario Carroza debe desentrañar ahora una maraña de acusaciones originadas en rencillas que se arrastran desde los años en que la jefatura del grupo fue copándose de oficiales formados en Cuba sin mayor experiencia en la guerra subversiva contra Pinochet. Una trama con otros antecedentes desconocidos que aquí se relatan. Y en el telón de fondo, otra bomba: la posible infiltración del FPMR por el Ejército.

Cuando se enteraron de la noticia, los jefes máximos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) no podían darle crédito. Roberto Nordenflycht, uno de sus más queridos y experimentados comandantes a quien conocían como Aurelio o -más en confianza- Huevo, había muerto de un modo absurdo, torpe, como un aficionado. Una fría noche de agosto de 1989, junto a un pequeño grupo de apoyo, fue al Aeródromo de Tobalaba a instalar dos lanzacohetes LOW apuntando hacia helicópteros del Comando de Aviación del Ejército. Hasta ahí podía ser excusable. Pero como el sistema de relojería que detonaría los lanzacohetes falló, la noche siguiente volvió al mismo lugar y una vez dentro se encontró con un teniente de Ejército y un conscripto. Entonces hubo un enfrentamiento a tiros y dos oficiales muertos, uno por cada bando.

Lo absurdo estuvo en el objetivo de la acción, pero principalmente en su origen: quien la autorizó fue el comandante Eduardo, alias de Conrado Francisco Enrique Villanueva Molina, quien en esos días estaba a cargo de la jefatura máxima del FPMR. Hoy Villanueva está en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el asesinato del senador Jaime Guzmán, ocurrido dos años más tarde, en abril de 1991.

Que Villanueva haya liderado en ese periodo el FPMR habla de su jerarquía. Pero esa situación era pasajera y obedecía a un motivo casual. El resto de la Comandancia, con Galvarino Apablaza Guerra a la cabeza, había partido a la conmemoración de los diez años del triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua. Luego de ello, según confidencia hoy un ex oficial del FPMR, la Comandancia siguió viaje por diversos países del Medio Oriente en busca de apoyo político y financiero ante el nuevo escenario que se abría en Chile por el retorno de la democracia. En eso ocurrió la muerte de Nordenflycht, hijastro de Volodia Teitelboim y uno de los primeros oficiales formados en Cuba que retornó a Chile para enfrentar a la dictadura por las armas.

La muerte de Nordenflycht tuvo consecuencias que repercuten hasta hoy. Como Villanueva visó el fallido atentado a los helicópteros, y además tomó parte de esa acción, prestando una cobertura que a todas luces resultó ineficaz -y para algunos sospechosa-, fue sacado de la Comandancia y de otras tareas asignadas hasta entonces. Una de ellas tenía que ver con la vocería. Sin embargo, pese a ser degradado, siguió formando parte de la Dirección Nacional.

La distinción está explicitada a fojas 2413 del proceso judicial de caso Guzmán, correspondiente a la declaración que en julio de 1997 prestó el ex frentista Rodolfo Maturana, quien conoció de cerca ese proceso.

Al ser citado por el juez Hugo Dolmestch, quien entonces conducía esa investigación, Maturana dijo que desde 1989 ó 1990 el comandante Eduardo, alias de Villanueva, “tenía ingerencia en la Dirección Nacional pero no en la Comandancia, que era el órgano superior y que en la práctica disponía de las acciones concretas a realizar, pues ya era disidente de las políticas operativas”.

En estos días, Rodolfo Maturana refrendó sus dichos ante el ministro en visita Mario Carroza, quien reactivó la causa de Jaime Guzmán a raíz de la entrevista concedida a Chilevisión por Mauricio Hernández Norambuena. El comandante Ramiro, como es conocido este último, dijo que el asesinato de Guzmán fue una decisión colectiva de la Dirección Nacional y que de ella tomó parte Villanueva. Una tesis contraria a la sostenida por este último, quien plantea que esa acción obedeció a una decisión inconsulta de Ramiro para romper con un proceso de discusión en que el FPMR se debatía en esos días entre una línea política y otra militar.

Lo que no precisó Ramiro es el momento exacto en que la jefatura habría decidido la muerte de Guzmán. Habla de una lista que se elaboró a comienzos de los noventa en la que se sugirieron nombres de posibles víctimas. Y también de que “se informaba (a la Dirección) hace dos meses del seguimiento a Guzmán”, lo que suponía “una aprobación tácita”. Pero hay otro antecedente.

Ya en 1989, la Comandancia de la que entonces participaba Villanueva había aprobado una política de ejecuciones masivas llamada No a la Impunidad, que proponía la muerte de diversos colaboradores de la dictadura. Hubo incluso una lista pública de 50 posibles víctimas: el primero era Augusto Pinochet; el último, Jaime Guzmán. La campaña debutó con Roberto Fuentes Morrison, ex agente del Comando Conjunto conocido como el Wally, quien cayó bajo fuego del FPMR en junio de 1989.

“LA RATA GUZMÁN”

No ha sido fácil para la justicia precisar responsabilidades en el asesinato de Jaime Guzmán. Menos tratándose de un grupo subversivo que a principios de los noventa vivía una aguda descomposición, con pugnas internas y desconfianzas que se arrastran hasta estos días entre protagonistas que están en la mira del ministro Carroza. Pese a esas dificultades, durante casi 20 años el expediente ha acumulado más de 5 mil fojas con testimonios que dan luces importantes de lo que antecedió al crimen del senador de la UDI.

Cuando Ramiro cayó detenido, en agosto de 1993, prestó una larga declaración a la Policía de Investigaciones. En ella recorrió su trayectoria subversiva y dio cuenta de los fundamentos de la lucha armada y del proceso vivido por el FPMR desde fines de los ochenta.

“Debido a mi trayectoria como rodriguista, es que paso a ser miembro de la Dirección Nacional del FPMR en calidad de ‘Comandante encargado operativo’ y asumo y tomo conocimiento, con toda responsabilidad, (de) la totalidad de las directrices político-militares diseñadas y ejecutadas hasta el momento de mi detención”, se lee en la declaración, que quedó adjunta al proceso judicial del caso Guzmán.

Lo anterior sirve de preámbulo para lo que sigue:

“En el año 1991, y por decisión de la Dirección Nacional, fue ajusticiada la rata Guzmán. En dicha acción, y como jefe operativo, me correspondió supervisar y evaluar el desarrollo de ésta (…) Yo pienso que al pueblo más le hubiese gustado que este desgraciado pagara siendo colgado y dejado en pelotas en medio de una población, debido a que fue uno de los más connotados colaboradores de la violación a los derechos humanos”.

Al decir luego que, “esta acción, en la Dirección Nacional nadie la plantea como un problema terminal”, da a entender de paso que se trató de un plan concertado y discutido por la jefatura: “Este mismo análisis se realizó con el ajusticiamiento de Fontaine (coronel de Carabineros Luis Fontaine), ya que ambos tienen como denominador común la violación a los derechos humanos, el primero en forma ideológica y el otro en forma directa”.

De acuerdo con este relato, la decisión de secuestrar a Cristián Edwards, en septiembre de 1991, respondió a una dinámica similar:

“A fines de 1990 participo en una reunión con integrantes de la Dirección Nacional o Colectivo del FPMR donde procedemos a analizar la situación general de nuestra organización, y debido a que se necesitaban recursos para su funcionamiento, para la mantención de las estructuras y cuadros, se decide realizar una operación de envergadura (…) En esta ocasión, se toma la decisión de realizar el secuestro de una persona, encomendándome la Dirección Nacional esta misión”.

Aunque no firmó este testimonio, y por tanto carece de validez legal, unos días después de su detención, desde la cárcel de San Miguel, Ramiro prestó una primera declaración judicial en la que se refiere a la muerte de Guzmán en los siguientes términos:

“Yo formaba parte de la dirección del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, como miembro de la Dirección (Nacional), y como tal se tomaban decisiones de tipo político, las cuales eran cumplidas por las instancias que corresponden”.

Para entonces las palabras de Ramiro no parecían apuntar a ningún dirigente en particular. Diecisiete años después, desde una cárcel de Brasil, las palabras de Ramiro tienen nombre y apellido.

FILOSOFÍA ARISTOTÉLICA TOMISTA

Ramiro era uno de los jefes más cercanos a Nordenflycht. El primero no se había formado en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba ni había combatido en Nicaragua como el segundo. Ambos, sin embargo, eran hombres de acción. Probados en combate urbano en los años más duros de la dictadura.

Por eso fue natural que tras la muerte de Nordenflycht, Ramiro tomara transitoriamente su lugar al mando de las Fuerzas Especiales del FPMR, un grupo de elite encargado de operaciones de mayor envergadura. La cercanía entre ambos también llevó a que Ramiro pidiera duras sanciones contra Villanueva por su responsabilidad en la muerte de Nordenflycht. Pero no era el único motivo de discordia.

El comandante Eduardo, alias de Villanueva, había tenido un fuerte enfrentamiento con Ramiro al momento de finalizar el secuestro del coronel Carlos Carreño, liberado en Brasil en diciembre de 1987, tras 92 días de cautiverio. El primero, que era comandante y encargado de relaciones internacionales del FPMR, tenía mayor jerarquía que el segundo y esa jerarquía se la hizo sentir a la hora de discutir el modo de liberar al coronel de Famae. Un ex oficial del FPMR dice que debatieron violentamente y que incluso ambos se amenazaron con sus armas de fuego. Más tarde, por este hecho, Eduardo lograría una sanción para Ramiro.

Desde entonces la relación entre ambos estuvo lejos de ser armónica. Así lo corroboró Villanueva en su reciente declaración al juez Carroza, justificando en parte por qué Ramiro lo involucró en la muerte de Guzmán, a la vez que lo sindicó como informante de la Dirección de Seguridad Pública, la Oficina, que a comienzos de los noventa desarticuló los grupos armados mediante un proceso de infiltración.

Antipatía había. Eso es seguro. Pero también menosprecio de uno hacia el otro. Ramiro era un hombre operativo. De combate en terreno. En cambio Villanueva se debía más a la academia.

Villanueva era un cabo de la FACH que fue torturado y sometido a Consejo de Guerra junto al grupo constitucionalista de Alberto Bachelet, el padre de la ex Presidenta, antes de ser condenado y salir al exilio rumbo a Inglaterra. Después de licenciarse en Economía en la Universidad de Londres, partió a Cuba, colaboró en la formación de la Fuerza Aérea Sandinista y para 1987 oficiaba de vocero y encargado de las relaciones internacionales del FPMR. Su perfil era más cercano al de un intelectual que al de guerrillero.

En 1997, cuando su identidad y supuesta vinculación a la Oficina quedaron al descubierto por obra de sus propios ex compañeros de armas, el historiador Luis Oro Tapia, con el que dos años antes había coincidido en un postgrado en Ciencias Políticas la Universidad de Chile, dijo ante el juez Dolmestch sentirse muy sorprendido de la vida oculta de Villanueva Molina, el verdadero nombre de Eduardo:

“Efectivamente existió con él una relación de amistad y camaradería intelectual. Me interesaba que me colaborara en la parte de traducción del idioma porque yo no hablo inglés y muchos textos estaban en esa lengua. (Yo) le colaboraba sobre mis conocimientos de filosofía aristotélica tomista, indispensable para aprobar uno de los cursos”, declaró el historiador.

COSAS DE NIÑOS

De acuerdo con varios testimonios, Villanueva había tenido un rol eminentemente político. Uno de esos testimonios corresponde al del ex frentista Rodolfo Maturana, quien en su declaración judicial de 1997 lo definió como “una persona muy inteligente y muy preparada intelectualmente. Su discurso y actuación fue siempre política y, que yo sepa, jamás fue operativo. Esto es, nunca participó de acciones armadas”.

Esta es la razon principal por la cual Ramiro lo menospreciaba. Y también por qué Nordenflycht, el hijastro de Volodia Teitelboim, habría empujado a Villanueva a acompañarlo a la frustrada acción del Aeródromo de Tobalaba donde el primero perdió la vida. “Lo desafió, poniéndolo a prueba, aprovechando que los otros comandantes estaban fuera de Chile”, dice un ex oficial del FPMR.

Ese reto también pudo haber traslucido una pizca de resentimiento, dice un cercano a la organización armada. A comienzos de 1989, cuando llegó la hora de elegir al sucesor de Raúl Pellegrin, los candidatos eran Salvador y Aurelio. Vale decir, Galvarino Apablaza y Roberto Nordenflycht. El elegido fue Salvador y Aurelio debió resignarse a ocupar el tercer puesto en el FPMR, detrás de Eduardo, como se hacía llamar Villanueva. “Tal vez Aurelio pensaba que él merecía ser el segundo y por eso actuó como actuó. Una cosa muy de niños”, sostiene esta fuente.

A esa nueva Comandancia también llegó Gregorio, cercano a Villanueva y con pergaminos por su paso por Nicaragua. Gregorio, cuyo verdadero nombre es Iván Figueroa, también era un suboficial de la FACH que fue sometido a Consejo de Guerra tras el Golpe de Estado y condenado a pena de extrañamiento. En el exilio siguió los pasos de Villanueva y si no volvió a Chile con él fue porque permaneció en la Fuerza Aérea Sandinista hasta fines de los ochenta.

Resulta paradójico que Gregorio haya llegado a ocupar el puesto dejado por Bigote (Luis Eduardo Arriagada). Bigote era un antiguo dirigente formado en Chile que participó del asalto al cuartel de Los Queñes -donde murieron Raúl Pellegrin y su pareja Cecilia Magni, los dos máximos referentes del FPMR- y que en marzo de 1989 fue ejecutado por sus propios compañeros y hecho desaparecer tras ser acusado de traición. Seis años después de este hecho, Gregorio correrá la misma suerte por motivos similares.

La desaparición de ambos hoy es foco de investigación del juez Carroza, cuyo propósito es desentrañar si una probable infiltración en el FPMR puede haber llevado a algunas autoridades -civiles y militares- de la época a conocer los planes para asesinar a Guzmán.

VERANO EN REÑACA

En la entrevista que dio desde la cárcel en Brasil, al analizar lo ocurrido tras la muerte de Raúl Pellegrin, Ramiro dijo que a partir de ese momento “el Frente fue otro” y a la Dirección Nacional llegó gente a la que jamás había visto en su vida. O que si alguna vez había visto, habían hecho su carrera fuera de Chile. Se refería, con un cierto desdén, a gente como Gregorio y al propio Salvador. Galvarino Apablaza, el verdadero nombre de Salvador, era un oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas, con experiencia de guerra en Nicaragua, que estuvo yendo y viniendo antes asumir la dirección. En ese sentido era desconocido para la mayoría de los combatientes formados en Chile.

Ramiro dirá además en esa entrevista, que el nuevo estilo de conducción de Salvador impondrá una Comandancia, pues “un plan de guerra requiere una comandancia”, y que a comienzos de 1990, en un ampliado de la Dirección Nacional, se definirán los nombres de colaboradores de la dictadura sujetos a ser ejecutados. Es probable que se haya referido a la reunión de Reñaca, celebrada en febrero de ese año, donde se constituyó la nueva jefatura y definieron las políticas a futuro. Esa discusión se extendió por varios meses y dio pie a la Consulta Nacional, que consistió en un proceso de discusión interna que estaba llegando a su cúlmine al momento de ocurrir el asesinato de Jaime Guzmán.

Un ex oficial del FPMR dice que a nivel de jefatura los principios de la Guerra Patriótica Nacional no estaban en discusión. Lo que se debatía era la estrategia a seguir. Al respecto había dos posturas. Más bien tres. Eduardo (Villanueva) proponía una vía política a largo plazo que favoreciera el trabajo social, sin abandonar la estrategia guerrillera. Ramiro y más tarde Gabriel o Chele, apodo de Juan Gutiérrez Fischmann, estaban por la “basificación”, lo que significaba una guerra frontal y decidida. En medio de ambos grupos permanecían Salvador (Apablaza) y Gregorio (Figueroa), intentando conciliar ambas posturas. Ese proceso de discusión se romperá de golpe con el atentado a Guzmán, generando de paso duras críticas hacia Salvador por el estilo conducción.

El mismo ex oficial del FPMR sostiene que, al menos hasta 1990, en materia de ejecuciones a colaboradores del régimen militar, no había dos lecturas. Sólo matices. De hecho –según otra versión– los ex funcionarios de la FACH fueron los más proclives a atentar contra el ex comandante en jefe de esa institución, Gustavo Leigh, contra las dudas de otros jefes.

Dos meses después de esa reunión en Reñaca, Leigh y su socio y ex jefe de Inteligencia de la Fach, general Enrique Ruiz Bunger, quien protegió el funcionamiento del Comando Conjunto, quedaron muy malheridos tras ser sorprendidos en su oficina por dos pistoleros del FPMR.

Lo que ocurre un año después, cuando sobreviene el atentado a Jaime Guzmán, está cruzado por el proceso de debate, cuyas conclusiones habían comenzado a ser recogidas en la llamada Carta Orgánica Rodriguista. Una tarea eminentemente política a la que está abocado Villanueva, entre otras tareas vinculadas al área pública como la Juventud Patriótica y el Movimiento Patriótico Intransigente. Sus cercanos dicen que las conclusiones apuntaban a convertirse en partido político y que el proceso de discusión supuso la interrupción de la política de ejecuciones. Por eso, agregan hoy quienes trabajaron con él, Eduardo no supo responder cuando le preguntaron quiénes estaban detrás del crimen de Guzmán.

INFORME RESERVADO

Entre los argumentos esgrimidos por el gobierno argentino para negar la extradición de Galvarino Apablaza (Salvador), quien es requerido por la justicia chilena por el crimen de Jaime Guzmán, se expuso la carencia de antecedentes que liguen al ex comandante Salvador y líder del FPMR con ese hecho. Un supuesto que se cumple parcialmente.

En septiembre de 1993, a un año y medio de la muerte del senador y fundador de la UDI, la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de la Policía de Investigaciones (JIPOL), entregó al juez del caso un informe reservado de cuatro puntos que indica, entre otras cosas referentes al FPMR, que el Chele (Juan Gutiérrez Fischmann) “es el máximo responsable de la decisión política del homicidio del senador Guzmán, ya que dicha acción se ejecutó con desconocimiento del líder máximo, comandante Salvador, y de una forma de quebrar las decisiones del Congreso del FPMR en marzo de 1991”.

La información es concordante con lo señalado tres años después por el ex comisario Jorge Barraza, el policía que se llevó los principales créditos en la resolución de los casos Guzmán y Edwards. En una de sus declaraciones judiciales, el ex policía sostuvo que de acuerdo con una de sus fuentes, a la que identifica como la francesa Emmanuelle Verhoeven, el Chele (Juan Gutiérrez Fischmann) “es el verdadero responsable de la orden de ejecutar a Jaime Guzmán Errázuriz, ya que él le ordenó a Ramiro la ejecución en desconocimiento de Salvador y Gregorio”.

Sin embargo, hay antecedentes en sentido contrario. No son pocos, partiendo por la ya citada declaración policial del propio Ramiro, que responsabilizó a la totalidad de la dirección del FPMR en el crimen.

En mayo de 1996, el ex director de la Dirección de Seguridad e Informaciones, Isidro Solís, declaró lo siguiente ante la justicia:

“Nosotros teníamos conocimiento de que el asesinato del senador Guzmán fue acordado por todos los miembros de esa Dirección Nacional e incluso que originalmente habían barajado los nombres de cuatro personas pertenecientes a la oposición: Sergio Diez, Sergio Fernández, el almirante (r) Ronald MacIntyre y Jaime Guzmán, habiendo en definitiva optado por este último en atención a que era el que contaba con menos protección”.

No tenía ni qué decirlo. En octubre de ese mismo año, en la edición Nº 68 de El Rodriguista, revista oficial del FPMR, el Chele (Gutiérrez Fischmann) y Salvador (Apablaza) protagonizaron una entrevista en la que sostienen que “la acción de Guzmán formó parte de una de las líneas políticas asumidas al término de la dictadura en la perspectiva de la campaña No a la Impunidad. Esta fue una línea decidida colectivamente por la Dirección Nacional”.

En cuanto a Villanueva, cualquiera haya sido su responsabilidad en el crimen de Jaime Guzmán –del que hoy es el único detenido–, lo cierto es que ese acontecimiento determinó poco después su alejamiento definitivo de la jefatura.

No obstante eso, un par de meses después del asesinato de Jaime Guzmán, Villanueva saldrá a reivindicar públicamentre el hecho al decir que “Guzmán bien ajusticiado está”. Casi veinte años después, en una entrevista con El Mostrador, dirá que en esa oportunidad fue “sacado de contexto” y que para entonces desconocía quienes eran los verdaderos autores del crimen.

Para Ramiro, más que una línea disidente, el alejamiento de Villanueva marca el comienzo de su colaboración con la Oficina. No hay constancia de ello, sólo testimonios que se contradicen con otros y por tanto no resultan concluyentes. A ese misterio también está abocado el juez Carroza, que al dejar detenido a Conrado Francisco Enrique Villanueva Molina, el verdadero nombre de Eduardo, parte de una presunción que se refuerza por la reciente entrevista a Ramiro: Eduardo es uno de los autores del crimen de Jaimen Guzmán.