Los pobres que la encuesta Casen se niega a contar

Maribel tiene 22 años y dos niños: Krishna (2) y Tomás (1). Si le hubiesen aplicado la encuesta Casen hace un año, no habría sido considerada pobre. Si la hubiese contestado hace sólo seis meses, habría calificado como tal. Y si le tocara responderla ahora, ya habría salido de la pobreza. Se podría pensar que en el último año Maribel ha sido protagonista de cambios dramáticos en su calidad vida, montada en una suerte de carrusel económico. Pero en todo este tiempo las condiciones de vida de esta dueña de casa (o más bien “dueña de pieza”, porque vive con sus enseres amontonados en un cuarto y compartiendo baño con otras 17 personas), no han variado mayormente.

Una cazuela en la mesa de Maribel es una fiesta. Siempre ha vivido de trabajos precarios. Pero aún así se las ha arreglado para destinar, sagradamente, cinco mil pesos para la compra de verduras en la feria: “Antes, con las cinco lucas traía de todo”. Pero en el último año cada vez vuelve con las bolsas más escuálidas. El 80% de sus ingresos se va en comida, pañales y leche para sus hijos. ¿Gastos extras? Una tarjeta con lo mínimo en el celular, “para algún llamado de emergencia”.

El relato de Maribel resulta emblemático para demostrar que la medición de la pobreza en Chile es un ejercicio retórico. La última encuesta Casen indicó que la pobreza había subido de 13,7% a 15,1% desde la anterior aplicación del sondeo, en 2006. El pasado martes 13 de julio, el Presidente Sebastián Piñera reunió a la prensa en La Moneda para entregar los resultados de la encuesta. Con tono sombrío anunció que en el último trienio se sumaron más de 355 mil nuevos pobres. En total, de acuerdo a las estadísticas de Casen, en el país habría más de 2.600.000 pobres. El Presidente aprovechó la tribuna para fustigar al gobierno anterior:

-Desgraciadamente, muchas veces (los recursos) no llegan a quienes realmente los necesitan, porque quedan entrampados en la burocracia o porque se despilfarran en gastos innecesarios o sencillamente porque se quedan en las garras de la corrupción.

Más allá de la guerrilla entre oficialismo y oposición que desató la Casen, lo cierto es que la cifra que provocó el lamento presidencial no apunta, ni de cerca, al verdadero número de chilenos que no logra satisfacer sus necesidades. En Chile hay cientos de miles de personas que, como Maribel, no califican como pobres a ojos de la Casen, pero que viven con menos de lo justo. Los expertos en pobreza -incluyendo a los que aplicaron la encuesta- saben y reconocen que la cifra que arroja el sondeo oficial enmascara una realidad mucho más dura.

Canasta desfondada

La Casen determina la línea bajo la cual una persona es considerada pobre a partir del costo de una canasta de alimentos que fue fijada en 1987. Y los especialistas indican que, 23 años después, ya no refleja el consumo de la población. Para la Casen 2009, la cifra que determinó la línea de pobreza fue $64 mil para las zonas urbanas y $47 mil para las rurales. Si usted cuenta con menos de eso al mes, es oficialmente pobre.

Pese al revuelo que causó en el gobierno la entrega de los últimos resultados, hace sólo dos años el actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín, escribió un artículo en El Mercurio que virtualmente arrojó la Casen del 2006 al basurero, cuestionando su canasta, y sostuvo que a esa fecha los pobres correspondían en verdad al 29% de los chilenos -unos cuatro millones- y no al 13,7% del sondeo oficial.

En sintonía con las cuentas que sacó Larraín, las encuestas Panel, que analizaron los resultados de las Casen desde 1996 a 2006, determinaron que en esos diez años el 34,1% de los chilenos, más de un tercio de la población, calificó como pobre por lo menos una vez.

Los cálculos de Larraín -apoyados en trabajos del Departamento de Nutrición de la U. de Chile, el INE y la Fundación Superación de la Pobreza- y las encuestas Panel demostraron que el combate a la pobreza no puede remitirse al 15,1% “oficialmente” pobre, sino a la población “vulnerable”. Es decir, ese tercio de compatriotas que viven como “equilibristas” a punto de caer al foso. Se trata de grupos familiares que naufragan ante cualquier evento catastrófico (pérdida de empleo, alzas de alimentos o de servicios básicos, enfermedad o accidente) e, incluso, ante un nacimiento o el ingreso de un hijo a la educación superior.

Puente: Diez “lucas” salvadoras

CIPER salió en busca de esta población de “equilibristas” y durante 15 días desplegó un trabajo de campo en seis comunas (Conchalí, Independencia, Huechuraba, San Ramón, San Bernardo y Puente Alto). Profesionales que operan en terreno, asistentes sociales de los municipios, funcionarios de las direcciones de Desarrollo Comunitario, familias que postulan a programas sociales y otras que ya egresaron, ayudaron a trazar el perfil de los chilenos que cayeron “oficialmente” en la pobreza en el último trienio y de aquellos que viven en ella aunque las estadísticas no lo reconozcan.

Aunque el ministro de Mideplan, Felipe Kast, apuntó a fallas en los programas sociales por el aumento de la pobreza -por desfocalización, excesivos gastos administrativos y falta de evaluación-, en los municipios discrepan. De hecho, fue un influyente alcalde oficialista el primero en criticar la postura de Kast. Manuel José Ossandón (RN), edil de Puente Alto, golpeó la mesa el 20 de julio a través de La Tercera:

-Me preocupa la visión economicista de Kast sobre la pobreza. Mucho tecnicismo, mucho número (…). La definición de pobreza es mucho más integral. No implica ganar 60 y tantos mil pesos ni tampoco se supera con el ingreso ético. Hay que conocer la realidad de la gente. La superación de este problema no viene desde el Olimpo.

Las críticas a los programas sociales que han hecho las autoridades de gobierno generan incertidumbre entre los beneficiarios, que temen que se vengan cambios que los perjudiquen.

“La gente nos pregunta y está preocupada, porque durante la campaña electoral los dirigentes de la Concertación les decían que si llegaba Piñera iba a terminar con los subsidios y las pensiones que entregó Bachelet”, indica un profesional de un municipio manejado por la UDI.

En las municipalidades aseguran que el origen del masivo empobrecimiento no está en la desfocalización y los gastos administrativos de los programas de protección social, sino en las consecuencias de la crisis económica que vivió el país. Y zanjan el debate con su mejor barómetro: las razones que esgrimen las personas que en el último año llegaron hasta los escritorios de sus asistentes sociales a pedir ayuda.

Magdalena Veloso, a cargo del Departamento Social de San Bernardo, no lo piensa dos veces cuando responde qué factores han empujado a la pobreza a familias de su comuna: “El desempleo y los alimentos más caros. En segundo lugar el empleo inestable, que al mezclarse con situaciones como nacimientos, accidentes o enfermedades, hacen que la gente llegue a la municipalidad a pedir ayuda”.

Mary Díaz, asistente social de San Ramón, complementa:

-Recibimos diariamente 20 a 30 personas. La mayoría de hogares donde alguien quedó cesante. Pero también hay un número importante que, teniendo empleo, ya no les alcanza, porque los alimentos han subido, porque un hijo entró a la universidad, porque les llega un allegado o una hija se separa y vuelve con los nietos. Poner una línea y decir “de aquí para abajo son pobres” es una ilusión, porque en estas comunas la gente está permanentemente cruzándola por las razones más diversas.

Es el caso de Maribel. Ella ocupaba la pieza que da a la calle en la casona familiar heredada de sus abuelos, en Independencia. Allí, por la ventana, se amanecía vendiendo cigarrillos, completos y sopaipillas. Juntaba lo suficiente como para, a ojos de las estadísticas, no calificar como pobre. Pero un tío -otro chileno empobrecido en el último trienio- pidió vivir en la propiedad. Le dieron la pieza de adelante y el negocio de Maribel capotó. Decidió hacer chocolates. Los vendía a la salida de los colegios, mientras cargaba a Tomás en un morral. Si hubiese respondido la Casen en ese momento, fijo que quedaba como pobre. Fue entonces cuando se acercó a la municipalidad. Le aplicaron la Ficha de Protección Social (FPS), que otorga puntaje para optar a los planes asistenciales, y fue enrolada en el Programa Puente.

Ahora volvió a juntarse con su marido, quien recién encontró trabajo como guardia. Con su sueldo de $260 mil la familia pasará raspando la medida de la Casen -le sobran unos tres mil pesos- y ya no calificaría como pobre en esa encuesta. A pesar de eso, Maribel sigue en el Programa Puente.

El Puente es la estrella del sistema de protección social. Creado en 2002 por el gobierno de Ricardo Lagos, se trata de un plan de acompañamiento a la familia. Un profesional visita el hogar durante dos años. En ese lapso fortalece dos aspectos: el psicosocial (autoestima, convivencia armónica y competencias para obtener ingresos) y vincula a la familia con redes de asistencia (para que sean atendidas de manera prioritaria en los consultorios y obtengan beneficios tales como cupos en jardines infantiles, una tercera ración alimenticia en las escuelas, becas, subsidios y pensiones, entre otros).

Pero a Maribel lo que la entusiasma no son los aspectos psicosociales ni que la atiendan prioritariamente. A ella la seduce el bono mensual de $10 mil que se otorga a las familias Puente: “Nos cayeron del cielo”.

La directora de Desarrollo Comunal de San Ramón, Ximena Bustos, cuenta que su comuna fue parte del piloto del programa Puente en 2002, cuando se aplicó sin el bono: “Fue cuando tuvimos el más alto nivel de cumplimiento de metas. Cuando se activó el bono, el éxito bajó, porque mucha gente viene por los $10 mil pesos y nada más”.

Jeanette Leguas, encargada de la Unidad de Protección Social de Huechuraba, postula que las familias Puente no reciban el bono sólo por incorporarse al sistema. “Por ejemplo, ahora se les pide que los hijos estén estudiando. Pero hay casos en que los matriculan y se da por cumplida la condición, pero el niño no fue más al colegio. Hay que hacer un seguimiento y después entregar el bono”.

Equilibrista de verdad

Ana Quiroz (51) es una “equilibrista” de verdad: trabajaba como trapecista en el circo de su papá. Pero cuando nació su hija debió abandonar la vida nómade de las carpas. De eso ya han pasado 22 años, lapso en el que trabajó para un abogado, como garzona en una fuente de soda y camarera en un hotel de turismo. El hotel quebró hace seis años y decidió instalar un carrito para vender empanadas en la feria. Las ventas le generaban unos $300 mil mensuales, con lo que costeaba el arriendo de un departamento al interior de una casa en San Ramón y pagaba una mensualidad de $70 mil en el Instituto Los Leones, donde su hija estudia contabilidad. Pero la crisis económica de los dos últimos años la tumbó:

-Las ventas se fueron para abajo. Empecé a sacar como $150 mil y a veces $100 mil. Pero mi hija empezó a trabajar en un local de artículos ortopédicos. Llevaba la contabilidad y era vendedora. Le pagaban $200 mil. Pero quedó cesante y tuvo que congelar el instituto. Ahora me vence el arriendo y me falta la mitad. Tenemos que irnos. Por eso fui a la municipalidad, a pedir una mediagua, porque una amiga de la otra cuadra me ofreció que la instalara en su patio y que le pagara $30 mil mensuales.

Ana Quiroz no se considera pobre, sino parte de una clase media baja, trabajadora, de barrio popular, pero digno. Le duele ir a la municipalidad a pedir ayuda: “Toda mi vida he luchado”. La asistente social de su comuna, Mary Díaz, relata que en los dos últimos años, con la crisis económica, aumentaron las personas con este perfil que solicitan asistencia. Esos son los chilenos que han caído en la pobreza.

Como Ximena (58), que la semana pasada se armó de valor y partió a la municipalidad. Tres de sus cuatro hijos tienen estudios superiores, educados con los ingresos del negocio de abarrotes que su marido levantó hace 40 años. Pero la crisis económica llevó las ventas del almacén cuesta abajo.

-Ahora nos deja como $150 mil mensuales y casi no nos queda mercadería. Nos salvamos con unas máquinas tragamonedas que dejan unos $75 mil -cuenta.

Los ingresos son insuficientes, pues el matrimonio vive con tres hijos y tres nietos. La hija mayor -que se separó y volvió a la casa con dos niños- recién quedó cesante. El jefe de hogar este año sufrió una trombosis ocular y perdió un ojo. Dos de los hijos sufren de ulceraciones en el colon y el medicamento les significa $100 mil mensuales: “Fui a la municipalidad a pedir ayuda por lo menos para los remedios, porque no nos alcanza”, dice la madre. Su esperanza es que el menor, recién titulado de ingeniero comercial, encuentre trabajo pronto.

Francisca Márquez, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado y cabeza del equipo que aplicó la encuesta Casen, asegura que los programas deben comenzar a centrarse en estas familias con hábitos laborales:

-La encuesta Panel dice que entre 1996 y 2006 hubo un 4,4% que siempre fue pobre y no pudo salir de ahí. Serán los “clientes” del Estado, a los que habrá que asistir de manera permanente y centrarse en que sus hijos rompan el círculo. Pero el Estado debe focalizar más sus programas en el resto del 34% de población vulnerable que vive dolorosamente la entrada al municipio a pedir ayuda. Los programas actuales son profundamente infantilizadores, casi para semianalfabetos, porque el Estado no sabe vincularse con esta clase media baja, o que al menos se desea clase media, que educa con esfuerzo a sus hijos y tiene experiencia de trabajo.

Municipios piden más autonomía

Los profesionales del Programa Puente en San Bernardo, indican que mucha gente miente sobre sus condiciones socioeconómicas al responder la Ficha de Protección Social (FPS). La manipulación de los datos tomó fuerza desde 2007 no sólo por el cambio de la ficha CAS a la FPS, sino porque ese año comenzó a verse más nítidamente el sistema de protección de Bachelet, con pensiones para dueñas de casa, pensiones complementarias, capacitación laboral para jefas de hogar y subsidios preferentes, entre otros beneficios. La gente veía que algunos de sus vecinos los obtenían y se pasaban el dato para responder la FPS.

Con la antigua ficha CAS, lo que pesaba en el puntaje familiar era el equipamiento del hogar. Hoy, con la FPS, aspectos como jefatura de hogar femenina o enfermedades crónicas, son más importantes.

-Antes, cuando uno iba a visitar las casas, las señoras escondían el refrigerador. Ahora esconden al marido -dice Isabel Gálvez, encargada del programa Puente en San Bernardo.

Virginia Garrigó, directora de Desarrollo Comunal de Puente Alto, cree que se podría focalizar mejor si Mideplan y Fosis dieran más autonomía a los municipios para crear planes sociales y hacer un seguimiento a las familias antes de seleccionarlas: “Conocemos mejor que nadie la realidad territorial”.

El gobierno estudia implementar cambios en la FPS, aunque el principal problema que ven los profesionales de los municipios no es la desfocalización, porque es tan amplia la franja de hogares vulnerables que son marginales los casos en que se beneficia gente que no los necesita:

– En Puente Alto tenemos dividida la comuna en seis sectores. En el sector donde están las poblaciones El Volcán, tenemos 4.600 familias que cumplen con puntaje para ingresar al Puente, pero en toda la comuna contamos con 800 cupos -explica Virginia Garrigó.

Empleo: la falla del sistema

El director ejecutivo de la Fundación Superación de la Pobreza, Leonardo Moreno, más allá de que considera anacrónica la canasta de la Casen, señala que es injusto adjudicar el aumento de la pobreza que arrojó ese sondeo a fallas en los programas sociales, al menos mientras no se analice la base de la encuesta, que recién se liberó la semana pasada:

– Si mides pobreza por ingresos, que es lo que hace la Casen, el que tengas una gran cantidad de gente desempleada por una crisis internacional claramente es un factor. En ese caso uno podría preguntarse si las medidas económicas (para evitar el desempleo) se tomaron bien, más que preguntarse por las medidas de política social.

Aunque hay políticas sociales que buscan incorporar a la gente al mundo del trabajo, los profesionales de los municipios reconocen que en general no tienen éxito porque apuntan a capacitación, pero no aseguran el acceso de la persona al empleo, y a entregar capital semilla para desarrollar microempresas, aunque la mayoría de las personas no tiene pasta para los negocios. Los programas más directos en este ámbito son los de bonificación a la contratación, pero las primeras experiencias fueron mal evaluadas por la Dirección de Presupuesto.

Jenny Miranda, asistente social del Puente en Independencia, indica que mientras el sistema apunta a que el beneficiario desarrolle un emprendimiento al egresar, la mayoría sólo quiere un empleo estable.

La señora Mireya (50) es una veterana de estos programas. Hace 11 años se separó y, con cuatro hijos, fue a la municipalidad de San Ramón a pedir ayuda. La becaron, con otras 14 mujeres, para hacer un curso de pastelería. Cuando egresaron a todas les dieron un pequeño horno a gas, equivalente a $50 mil pesos.

-La única que siguió trabajando fui yo. Las otras vendieron los hornos. Algunas los vendieron en la feria. Una me lo vino a ofrecer a mí, pero le dije que esa no era la idea. No se creyeron el cuento. Yo postulé otras tres veces a proyectos Fosis y pude comprar un horno semi-industrial, una revolvedora y una sobadora.

Hoy vende pasteles y empanadas, hace tortas por encargo y dicta clases de pastelería en juntas de vecinos y “casas particulares”. Tres de sus hijos estudian, becados, en la UC: Medicina, Ingeniería Civil y Odontología. Pero cree que el Estado debe comprender que “no toda la gente sirve para los emprendimientos, hay personas que prefieren un contrato y un trabajo, no más”.

– La gente que no ha estado contactada con el mundo laboral, es difícil que salga de la pobreza -dice la asistente social de Independencia, Jenny Miranda, quien cree que hay que privilegiar la capacitación e inserción laboral de los que ya tienen experiencia de trabajo.

En ese grupo que espera otra oportunidad laboral se encuentra Ana Quiroz, quien ya teje planes si el municipio le da su mediagua:

– Lo que ahorremos en arriendo es para partir, porque yo en septiembre, cuando empiece la temporada, vuelvo al circo. Voy a vender empanadas en la feria durante el día y en la tarde me voy al circo. Ahí me pagarían $50 mil semanales más las ventas de los cintillos luminosos.

Claro que, a su edad, ya no podrá subir al trapecio: “Tengo un número cómico que lo probé en el verano en el circo, en Pichilemu. Incluso me lo grabaron en video para mandarlo a la tele, al Kike Morandé. ¿Quiere verlo?”.