Los silencios y omisiones que comprometen a la cúpula eclesial en el caso Karadima

En 2003, el cardenal Francisco Javier Errázuriz recibió el primer testimonio de un denunciante que afirmaba, con nombre y en detalle, haber sido acosado sexualmente por el padre Fernando Karadima. Dos años después, el entonces obispo auxiliar de Santiago y actual arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, recibió antecedentes similares. Aunque para entonces las normas del Vaticano obligaban a abrir inmediatamente una investigación, no lo hicieron, y ésta se inició por otros canales, tras la aparición de un nuevo denunciante. En este artículo, los autores del libro Legionarios de Cristo en Chile. Dios, Dinero y Poder, describen las fallas y dilaciones en que incurrió el Arzobispado de Santiago en la tardía canalización de tales denuncias al interior de la Iglesia. Las mismas denuncias que ahora están en manos de la justicia ordinaria y que amenazan con transformarse en una de las peores crisis en la historia de la Iglesia chilena.

Una sustancial omisión cometió el cardenal Francisco Javier Errázuriz en la carta pastoral que publicitó el pasado domingo 25 de abril, para referirse al caso Karadima. En la misiva, la cabeza visible de la Iglesia Católica chilena asegura que las tres primeras denuncias formales contra el cuestionado sacerdote comenzaron a llegar al Arzobispado de Santiago a partir de mayo de 2005.

Dos años antes, sin embargo, el propio cardenal Errázuriz recibió en sus manos la primera denuncia contra el ex párroco de El Bosque, a través de una carta firmada por el ex novicio jesuita Juan Andrés Murillo. En el programa Informe Especial, transmitido el lunes 26, el denunciante afirma que fue víctima de acoso e intentos de abuso sexual por parte de Fernando Karadima, entre 1994 y 1996, cuando el acusador tenía entre 18 y 20 años.

En los años en que Murillo se integró a su círculo, Karadima era uno de los párrocos con más influencia en la elite económica y social santiaguina. Dueño de un innegable carisma, en El Bosque había logrado articular un cerrado núcleo de jóvenes, en su gran mayoría provenientes de familias tradicionales, reunidos bajo el movimiento “Acción Católica”. Cerca de 50 actuales sacerdotes descubrieron su vocación bajo su guía, entre ellos cinco obispos hoy en funciones.

Errázuriz recibió la misiva de Murillo a través del entonces vicario para la Educación, el jesuita Juan Díaz, quien le había aconsejado a Murillo formalizar su acusación a través de ese canal.

-Recibí la denuncia y se la entregué al señor cardenal, quien se mostró interesado en su contenido -asegura Díaz a Ciper.

Según el Código de Derecho Canónico, las normas especiales dictadas por El Vaticano en 2001 y el procedimiento que fijó la Conferencia Episcopal Chilena en 2003 –el mismo año en que Errázuriz recibió las denuncias de Murillo-, lo que procedía era abrir, sin dilaciones y obligatoriamente, lo que se denomina en términos canónicos una “investigación previa”. Se trata del primer paso establecido por la Iglesia, un sumario rápido que busca establecer si la denuncia es “plausible”, antes de derivarla a la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), el poderoso dicasterio vaticano que tiene potestad para afrontar los abusos sexuales cometidos por sacerdotes.

¿Por qué el cardenal no inició la investigación previa en ese momento y lo hizo en 2005, es decir, dos años después? Es la pregunta que se hacen ahora muchos sacerdotes, fieles y entendidos en el tema.

No son pocos en la Iglesia los que creen que el mandato de Errázuriz quedará marcado por la serie de errores, omisiones y titubeos que han mostrado él y algunos de sus obispos auxiliares desde que las primeras denuncias se canalizaron al interior de la Iglesia, hasta que la justicia ordinaria abrió una investigación por el caso, el miércoles 21 de abril pasado.

A ojos de algunos eclesiásticos consultados, a Errázuriz le ha jugado en contra su estilo prudente, ya que desde que comenzaron a circular las primeras versiones que inculpaban a Karadima, hace ya siete años, ha tenido que enfrentar el enconado lobby de los defensores del ex párroco de El Bosque, entre los cuales se cuentan cinco obispos. Uno de ellos es Andrés Arteaga, obispo auxiliar de Santiago desde 2001 y, por ende, colaborador directo de Errázuriz.

“El cardenal se ha visto sobrepasado por esta crisis”, se lamenta un sacerdote ligado al Arzobispado capitalino. “Está muy solo”, piensa otro miembro del clero, quien ha hablado con él en estos días.

“Estamos rezando por usted”

El lunes 26 de esta semana, horas antes de la emisión del programa Informe Especial, la madre del denunciante Juan Andrés Murillo hizo circular un sentido correo electrónico entre sus amistades, en el que explicó qué motivó a su hijo a denunciar al ex párroco de El Bosque. “Él consideró que Karadima estaba haciendo un tremendo daño a otros muchachos de la comunidad con sus desvíos sexuales, y siendo estos muchachos de familias bien constituidas, familias tradicionales, de colegios tradicionales, todos cercanos a la iglesia, no eran capaces de hacer denuncia alguna. Por lo tanto, decidió hacer él la denuncia, acercándose al arzobispado”.

A mediados de los 90, Murillo se integró a la parroquia de El Bosque cuando estudiaba Filosofía y se sentía atraído por la carrera sacerdotal. Según el testimonio que entregó a TVN, en 1996, a los 20 años, Karadima intentó masturbarlo y él se negó. Luego de confrontarlo, abandonó la parroquia para siempre.

Posteriormente, Murillo ingresó al noviciado de la Compañía de Jesús, donde permaneció dos años, hasta que descubrió que el sacerdocio no era lo suyo. Gracias a que mantuvo buenos contactos con los jesuitas, a principios de 2000 le contó su traumática experiencia con Karadima a un miembro de esa orden, quien a su vez lo derivó al vicario Juan Díaz. Entonces Murillo escribió la carta que Díaz le entregó en sus manos a Errázuriz y que, según la madre del denunciante, “la iglesia guardó en un cajón”.

Dos años después, Murillo volvió a la carga. En 2005 le hizo llegar al cardenal Errázuriz una declaración notarial, efectuada en París, el 25 de mayo de ese año. Ahí relata su versión de los hechos. Pero, adicionalmente, le envió una nueva misiva al entonces obispo auxiliar de Santiago, Ricardo Ezzati. En la actualidad, Ezzati encabeza la arquidiócesis de Concepción, e integra la terna de candidatos para suceder a Errázuriz a la cabeza de la iglesia chilena. Algunos pronósticos lo ubican como el que tiene más probabilidades de ser nombrado, pues pertenece a la orden de los Salesianos, la misma del secretario de Estado vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone. De hecho, en 2009 fue escogido como uno de los cinco visitadores vaticanos para investigar a los Legionarios de Cristo, tras el reconocimiento de la doble vida de su fundador, Marcial Maciel.

Hasta ahora, el caso Karadima no lo ha salpicado.

En su carta de 2005 a Ezzati, Murillo se lamenta por no haber obtenido ninguna respuesta acerca de la denuncia que dos años antes le envió a Errázuriz, a pesar de que puso a disposición todos sus datos para reunirse personalmente con él. Y agrega que sólo le dijeron “estamos rezando por usted”.

En la misiva, de una página y media, el denunciante también relata que mientras permaneció en la parroquia de El Bosque, comentó el acoso que sufría de parte de Karadima a uno de los sacerdotes más cercanos al párroco. Se trataba de Andrés Arteaga, a quien Murillo consideraba una figura muy respetada e inteligente. En la carta a Ezzati, el joven afirma que Arteaga desdeñó su revelación: le respondió que en vez de estudiar filosofía debía dedicarse a escribir obras de teatro, y que había cosas de la iglesia que él no entendía.

Tal como ocurrió con la misiva que le envió al cardenal, Murillo tampoco obtuvo ninguna respuesta de Ezzati acerca de su denuncia. El pasado martes 25, no obstante, el arzobispo Ezzati dijo a Canal 13 que no ha habido demora en hacer justicia y que “el tema es si después las personas se han quedado un poco o no han sido suficientemente cuidadosas para llevar los casos”.

Retrasos “bajo ninguna circunstancia”

Al momento de recibir el testimonio del ex novicio Murillo, tanto Errázuriz como Ezzati tenían que haber iniciado la investigación de una denuncia de esa naturaleza, tal como lo dispusieron las modificaciones al Código de Derecho Canónico, efectuadas el 30 de abril de 2001, a través de una ley especial comunicada por medio del motu propio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela”, del Papa Juan Pablo II.

El sacerdote jesuita y experto en Derecho Canónico, Marcelo Gidi, explica que este cambio “restringe la discrecionalidad de la autoridad eclesiástica local. Ahora el obispo tiene que investigar, el superior religioso tiene que investigar. Una vez que recibe la acusación, lo que dice la Congregación para la Doctrina de la Fe, es que toda denuncia debe ser investigada, siempre y cuando no sea anónima”.

Las dos cartas de Murillo iban consignadas con su nombre y datos. En el caso de la primera misiva, que recibió Errázuriz, iba además respaldada por un religioso.

A raíz de esta nueva política vaticana, en 2003 la Conferencia Episcopal Chilena estableció su propio procedimiento. El documento “Sobre la actitud de la Iglesia Católica en Chile ante los abusos contra menores cometidos por un clérigo o un religioso”, señala en su letra c que “las denuncias podrán hacerse a través de la estructura normal de la iglesia presente en todo Chile, es decir, párrocos, vicarios y decanos episcopales, quienes la harán llegar a la autoridad eclesiástica competente (…) sin retrasar bajo ninguna circunstancia la comunicación de las mismas”.

A pesar de esto, recién en 2005 se abrió la investigación previa sobre el caso Karadima, no gracias a los esfuerzos de Juan Andrés Murillo, sino que a raíz de la aparición de un nuevo denunciante: el cirujano digestivo James Hamilton, ex presidente de “Acción Católica” de la parroquia de El Bosque.

La causa queda “en suspenso”

En el Arzobispado de Santiago afirman que en mayo de 2005, Verónica Miranda, esposa de James Hamilton y también ex miembro de Acción Católica, se acercó al obispo auxiliar Cristián Contreras, a quien le relató que su marido le había confesado que Karadima abusó sexualmente de él por 20 años. El obispo Contreras le señaló, entonces, que él no tenía facultades para iniciar una investigación, pero que si ella consideraba que los antecedentes lo ameritaban, correspondía prestar testimonio ante el promotor de justicia, como se llama al fiscal eclesiástico a cargo de recibir e investigar este tipo de acusaciones en cada diócesis, según las nuevas normas vaticanas para hacer frente a los abusos sexuales.

Adicionalmente, Contreras ofreció reunirse con Hamilton para escuchar su versión.

El cirujano Hamilton visitó al prelado en una casa parroquial de Américo Vespucio, en la Reina. A raíz de este encuentro, Contreras contactó a Hamilton y su señora con el sacerdote Eliseo Escudero, quien había sido designado promotor de justicia de la Arquidiócesis de Santiago.

Tiempo después, Hamilton y su esposa prestaron declaración ante Escudero y un notario eclesiástico del Opus Dei. Lo hicieron por separado y en días distintos, en la parroquia Veracruz, ubicada en calle Lastarria, a pasos de la casa central de la Universidad Católica. En lo medular, Hamilton dijo haber sido abusado durante dos décadas, a partir de los 17 años, por Karadima, cuando el párroco era su guía espiritual y confesor.

Ambos testimonios habrían marcado el inicio formal de la investigación previa que realizó la Iglesia para conocer los antecedentes contra Karadima, según se desprende de la carta pastoral del cardenal Errázuriz.

Sobre lo que vino en adelante las versiones son imprecisas. Según una fuente de la Iglesia Católica que prefirió guardar reserva de su nombre, una vez iniciada la investigación, el cardenal Errázuriz se habría contactado con los cinco obispos que Karadima había formado: el obispo auxiliar de Santiago, Andrés Arteaga; el obispo castrense Juan Barros; Horacio Valenzuela (Talca); Tomislav Koljatic (Linares) y Felipe Bacarezza (entonces obispo auxiliar de Concepción, hoy titular de Los Ángeles). El propósito del cardenal habría sido preguntarles si sabían de hechos como los que denunciaba Hamilton. Según la misma versión, esto habría provocado una fuerte reacción en favor del párroco de El Bosque.

Quizás a esto se refiere Errázuriz en un pasaje de su carta pastoral del domingo 25 de abril pasado, cuando afirma que, una vez iniciada la investigación, “existían innumerables y contundentes testimonios a favor del padre Fernando Karadima”. Y a reglón seguido, explica que “dejé en suspenso la causa, esperando nuevos antecedentes”.

Los escuderos de Karadima

Lo paradójico es que cuando la investigación se encontraba “en suspenso”, en septiembre de 2006, Errázuriz apartó al padre Fernando Karadima de la cabeza de la parroquia de El Bosque, luego de 23 años de labor. La despedida fue en grande. Estuvieron cuatro de los cinco obispos formados por él: Horacio Valenzuela, Juan Barros, Tomislav Koljatic y Andrés Arteaga, quien concelebró la misa de despedida. A nombre de los laicos lo homenajeó el presidente del consejo parroquial, Juan Pablo Bulnes, quien en marzo pasado asumió su defensa como abogado ante la justicia eclesiástica.

Si bien el sacerdote había cumplido 75 años, los párrocos no tienen la obligación de presentar su renuncia a esa edad, como sí ocurre con los obispos. Por lo mismo, la decisión constituyó un golpe para la comunidad, al punto que en el clero de Santiago circula la versión de que, luego, un grupo de seminaristas discípulos del retirado padre se negó ser ordenados sacerdotes por el cardenal.

“El arzobispo (Errázuriz) está con un cuarto del clero de Santiago en contra, por lo que ha tenido que moverse con extraordinario tacto. Pero ha ido dando pasos”, señala un sacerdote ligado al Arzobispado capitalino.

Lo concreto es que Karadima tuvo el privilegio de elegir como sucesor a un sacerdote de su círculo, el padre Juan Esteban Morales. Además, siguió viviendo en la parroquia, donde continuó celebrando misas y encabezando los retiros espirituales de Semana Santa, los más importantes del calendario litúrgico anual.

A esas alturas, en el clero de Santiago ya circulaba con fuerza el rumor de una investigación previa contra el ex párroco. Por lo mismo, las regalías que mantuvo Karadima tras su retiro fueron interpretadas por otros sacerdotes como que las indagaciones habían sido frenadas.

La negativa del obispo Arteaga

Otros indicios reafirman que la investigación previa había quedado efectivamente “suspendida”, tal como lo reconoce el cardenal Errázuriz. Un año después de prestar testimonio ante el promotor Escudero, el denunciante James Hamilton se comunicó con él para conocer los avances de la investigación. El sacerdote le habría dicho que no podía referirse al contenido de las indagaciones, pero que seguían su curso. Lo mismo le habría señalado el obispo auxiliar Cristián Contreras.

En cuanto al otro denunciante, el ex seminarista Juan Andrés Murillo, nunca fue llamado a declarar ante el promotor de justicia. “Él me transmitió que se le cerraban las puertas”, señaló el jesuita Antonio Delfau a Informe Especial en el programa del lunes 26 de abril.

No obstante eso, hubo hombres de iglesia que siguieron consultando sobre el tema. Hace un par de años, uno de ellos le preguntó al obispo auxiliar Andrés Arteaga sobre si había una investigación en curso contra el ex párroco de El Bosque. La negativa fue rotunda.

Así las cosas, parecía que el caso Karadima había quedado enterrado, lo que contravenía la nueva política vaticana de proceder con diligencia.

-No hay plazo establecido por la ley para realizar la investigación previa, pero la Congregación para la Doctrina de la Fe solicita celeridad, rapidez. La investigación previa no debería durar más de siete meses, porque no es un proceso propiamente tal -explica el sacerdote y experto en Derecho Canónico Marcelo Gidi.

El caso no prescribe

En marzo de 2009 el denunciante James Hamilton y su cónyuge, Verónica Miranda, iniciaron un proceso para anular su matrimonio religioso, ante el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de Santiago. Como suele solicitarse en este tipo de procesos, a Hamilton se le pidió escribir una biografía sobre su vida. En ella incluyó los abusos que dice haber sufrido de parte de Karadima.

Aunque el proceso de nulidad matrimonial está regido por el secreto eclesial, el contenido de su testimonio se filtró: llegó a manos del obispo Arteaga y del párroco sucesor de Karadima en El Bosque, Juan Esteban Morales. Este último se contactó entonces con Hamilton y lo visitó en la consulta que el médico tenía entonces en el Centro Médico San Cristóbal, en Vitacura.

Sobre ese encuentro hay dos versiones. Hamilton aseguró en Informe Especial que el padre Morales le dijo que le creía, pero que le pidió “por misericordia” que no hiciera público su testimonio. En La Segunda del miércoles 28 de abril, el padre Morales reconoció que efectivamente lo visitó, aunque sostuvo que “jamás” le pidió que se desistiera de sus cargos. “Tuvimos una conversación y le dije que estaba en su derecho de hacer una denuncia, pero no a divulgarla mientras se investigara formalmente”, aseguró el párroco al vespertino.

En el invierno de 2009, el Tribunal Eclesiástico de Santiago acogió a trámite la causa de nulidad matrimonial del doctor Hamilton. Por el mismo período, el cardenal Errázuriz ordenó reactivar la investigación previa sobre el caso Karadima, relevando al promotor de Justicia Eliseo Escudero y reemplazándolo por el sacerdote Fermín Donoso.

En su reciente carta pastoral, el cardenal Errázuriz explicó que la tardanza en la reapertura se debió a que en un principio “sobre los presuntos hechos echaba su sombra la prescripción que establece el Derecho Canónico”. Esta expresión revela un desconocimiento de los procedimientos de la Iglesia, ya que desde hace ocho años cualquier obispo puede solicitar a la CDF la imprescriptibilidad de un caso específico. Así lo aclaró en una entrevista de marzo de 2010 el padre Charles Scicluna, promotor de justicia de ese dicasterio, hombre de la absoluta confianza de Benedicto XVI y quien fue nada menos que el encargado de investigar a Marcial Maciel antes de que fuera sancionado. “El 7 de noviembre de 2002, el venerable siervo de Dios Juan Pablo II concedió a este dicasterio la facultad de derogar la prescripción caso por caso ante una petición motivada por parte del obispo, y la derogación normalmente se concede”, dijo.

Con la causa reactivada, a fines de 2009 Hamilton insistió con sus denuncias contra Karadima. Esta vez, entregó su testimonio ante el canciller del Arzobispado de Santiago, el sacerdote Hans Kast. Ambos se conocían desde hacía décadas, cuando coincidieron en la parroquia de El Bosque. Kast y su familia tenían una estrecha relación con Karadima, al punto de que este último solía veranear en un terreno de la familia en Puerto Varas. Pero hace algunos años el canciller del Arzobispado se alejó de la parroquia.

Aunque prestó testimonio en dos ocasiones, en 2005 ante Eliseo Escudero y el 2009 ante Kast, Hamilton no ha declarado hasta ahora ante el nuevo promotor, Fermín Donoso. Quizás por eso, hace pocas semanas le pidió a Kast reunirse con el cardenal Errázuriz. La misma petición le hizo al obispo auxiliar Cristián Contreras. Hasta ahora, el encuentro no se ha concretado.

Acompañando en el dolor

A pesar de las dilaciones y falta de respuesta, tanto Hamilton como Murillo insistían en canalizar sus antecedentes por la vía eclesiástica. Lo mismo hizo un tercer denunciante, el ex seminarista diocesano Juan Carlos Cruz, actualmente radicado en Estados Unidos, también ex miembro de la comunidad de la parroquia El Bosque y quien entregó un testimonio de cerca de 20 páginas al Arzobispado. Cruz acusaba a Karadima de besarlo y practicarle tocaciones durante la confesión, cuando era un adolescente en los ‘80.

Hace sólo algunas semanas, un cuarto denunciante se presentó ante el canciller del Arzobispado Hans Kast. Se trata del abogado Fernando Batlle, ex seminarista de Schoensttat. Al igual que Juan Andrés Murillo, Batlle estudió en el Verbo Divino y coincidió con él en la parroquia de El Bosque. Cuando se reencontraron en 2009, los dos se confesaron que había sufrido tocaciones y acoso por parte de Karadima.

Alentado por Murillo, en abril Batlle se presentó ante el padre Kast en el Arzobispado, donde entregó un testimonio que coincidía con el de Murillo, aunque con una diferencia: exigió que Karadima fuera suspendido de sus funciones y alejado inmediatamente del contacto con niños y adolescentes, y que esa medida le fuera notificada. Advirtió de manera explícita que si no recibía respuesta en una semana de parte de la Iglesia, recurriría a otros mecanismos para hacer justicia.

Además, en cuestión de días Batlle le escribió un correo electrónico al cardenal Errázuriz, de entre tres y cuatro carillas, donde se extendió en los detalles de su testimonio.

En los días posteriores, recibió llamados de Kast y el nuevo promotor de justicia Fermín Donoso, para que prestara declaración ante este último. Batlle, sin embargo, se negó a concurrir nuevamente a las dependencias de Erasmo Escala, pues consideró que ya había dicho lo que tenía que decir y estaba siendo sometido a una burocracia innecesaria.

La única respuesta que obtuvo de su misiva a Errázuriz, fue un correo electrónico de Kast. Este le señalaba que lo acompañaba en su dolor, pero que no entendía cómo después de 15 años de silencio, pedía soluciones con plazos y exigencias perentorias.

Esa respuesta motivó a Batlle para tomar contacto con el abogado penalista Juan Pablo Hermosilla. El mismo que también representa ahora a Murillo, Hamilton y Cruz. Con su presentación ante la justicia ordinaria, el miércoles 21 de abril, el grupo abrió una de las peores crisis en la iglesia chilena durante los últimos años.