En los 14 días que lleva al mando del país, la agenda de eficiencia y rapidez que pretendía imponer el nuevo Mandatario fue rápidamente devorada por varios frentes de conflicto que se abrieron sucesivamente: demora en nombramientos, gruesos errores en algunos de los que ya se habían anunciado, el obvio choque con la UDI por haberla ignorado en el proceso, confusión por órdenes duplicadas, el afán del Presidente por estar encima de casi todas las decisiones y su aún no zanjado conflicto de interés con LAN, Chilevisión y sus constructoras. El cuadro ya provoca enfrentamientos dentro de La Moneda, donde el liderazgo político parece descansar más en la Segpres que en el vapuleado Ministerio del Interior.

“Tenemos Presidente, pero no tenemos gobierno”, decía hace pocos días uno de los nuevos habitantes de La Moneda que ha presenciado de cerca varios de los episodios críticos que han marcado el complicadísimo debut del nuevo oficialismo, del cual ya no se puede responsabilizar al terremoto. La frase resume un diagnóstico claro: mientras el Mandatario entrante es bastante reacio a delegar decisiones clave y acapara el protagonismo de su gestión, el resto de la pirámide del nuevo poder no sólo está a medio completar, sino que inmersa en una cadena de conflictos que ya rivaliza con la prioridad de la reconstrucción.

Lo más delicado, subrayan en el gobierno, es que hasta ahora la emergencia política no ha podido ser sofocada por el tempranero triunfo legislativo del “bono marzo” y menos por las críticas al gobierno anterior por el gasto presupuestario. Tampoco por los anuncios de medidas de reconstrucción o por el notable punto que se anotaron los cerebros estratégicos de Palacio al recibir el apoyo de la Democracia Cristiana a la condena contra Cuba. Éste se tradujo en costos para la Concertación, pero en nulo beneficio para el gobierno.

Al otro lado de la balanza se amontona la excesiva demora en designar cargos claves (los más autocomplacientes hablan de mil y de aproximadamente 400 ya nombrados); sonoros errores en algunos de ellos (el Cónsul en Bolivia y el gobernador de Bío Bío); evidentes falencias comunicacionales (que debilitan a la vocera Ena Von Baer); rivalidades internas (Hacienda versus Economía, Segegob versus Interior y Segegob versus Segundo Piso); confusión en la cadena de mando (ministerios y autoridades han recibido órdenes duplicadas); notorias fallas producto del apresuramiento (las cifras de víctimas del terremoto), y el predecible pero precoz choque con la UDI (que puso sus 40 diputados sobre la mesa).

A la lista se suma el único flanco que estaba abierto desde mucho antes: el conflicto de intereses que afecta al Presidente Piñera producto del retraso en la venta del 11,3% de LAN que aún es de su propiedad, de la totalidad de Chilevisión y de las inmobiliarias a las que está vinculado. Si al día siguiente del cambio de mando el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, señalaba a Radio Bío Bío que tratar el tema de la aerolínea –el único que se reconocía entonces- era “de bastante mal gusto”, hoy las críticas al no cumplimiento del compromiso contraído por el Presidente y los beneficios que obtendría por el retraso en la venta de sus acciones, son transversales.

En La Moneda advierten que el cuadro generado en los últimos días muestra que gran parte de los flancos abiertos no sólo se han acumulado, sino que han convergido, con lo que ya no se les puede tratar por separado. Así lo demostraron editoriales de La Segunda, La Tercera, y los reclamos de la UDI. Su secretario general, Víctor Pérez –molesto primero por la marginación en las gobernaciones y luego indignado por el caso Stegmeier, propuesto por él-, llegó a sostener que no creía que el delicado y molesto asunto se debiera sólo al terremoto.

El análisis interno indica que lo más urgente es evitar que se propaguen los problemas en la propia coalición gobernante y prescindir, cuando se pueda, de culpar al gobierno anterior. Todo esto, además, en un contexto donde aún no está claro si Piñera se resignará a que la emergencia le impida dejar la herencia que se había propuesto. En un extremo, sus colaboradores más autocomplacientes repiten que “su legado será la reconstrucción”. Los menos obsecuentes subrayan que “no puede quedarse en eso ya que él siempre pone la vara más alta, y no basta sólo con ser como Sodimac”.

La trastienda dentro y fuera de La Moneda revela que la conducción del nuevo gobierno enfrenta retos que poco tienen que envidiarle al enorme desafío que implica la agenda de reconstrucción, la que el Mandatario y sus ministros –cuya falta de horas de sueño es preocupante- se esfuerzan por mantener a paso firme.

Reclutamiento cuesta arriba

La misma noche del cambio de mando, muy tarde, al equipo de prensa presidencial no le quedó otra opción que recluirse por momentos en una buhardilla ubicada en el cuarto piso del ala sur de La Moneda. Y ello porque en sus despachos todavía estaba parte del equipo que venía de las eras Lagos y Bachelet, que sigue en labores hasta hoy. El equipo de comunicaciones de Interior, en tanto, también convive con funcionarios que trabajaban para el ex ministro Edmundo Pérez Yoma, “hasta que sepamos qué dice el Presidente”, explican.

En el Conace, su secretaria ejecutiva, María Teresa Chadwick Piñera –prima del Presidente- finalmente dejó su despacho el viernes pasado, tras varios días de esperar infructuosamente la designación de su reemplazante.

En la Subsecretaría de Desarrollo Regional –uno de los cargos más codiciados- precisan que el titular Miguel Flores (ex director de la Fundación Jaime Guzmán) hasta ahora sólo ha traído a su jefe de gabinete, dos asesores jurídicos y tres jefes de división. El resto del equipo es el mismo de antes del 11 de marzo, al punto que Flores sostuvo el pasado martes 16 que había hecho cambios mínimos, pues “me encontré con una subsecretaría altamente profesionalizada (…) lo importante es que son de excelencia”. Entre quienes han tomado contacto con él desde la UDI hay algunos que se declaran asombrados tras constatar que “aún figuran trabajando reconocidos operadores de Francisco Vidal”.

Como se sabe, el creciente cuestionamiento en la designación de cargos no sólo se refiere al personal de confianza de Palacio. Desde su llegada al poder, la nueva administración se ha enfrentado día tras día a la interrogante de cuántos cargos faltan. Hasta comienzos de esta semana, altas fuentes del Ejecutivo calculaban en 400 las nominaciones ya concretadas, y apuntan que si se toman las estimaciones hechas con anticipación, deberían faltar cerca de mil.

Entre las cruciales plazas pendientes figuran los seremis regionales y sobre todo aquellos de las áreas clave para la reconstrucción en las zonas devastadas por el terremoto y maremoto además de las cabezas y aparatos operativos de varias empresas estatales (sin perjuicio de que algunas dependen de plazos prefijados y juntas de accionistas para renovar sus directorios). En relación a los cargos sujetos al sistema de Alta Dirección Pública, el Presidente ya habría decidido que permanezcan en sus cargos en vez de llamar a un nuevo concurso.

También quedan pendientes algunas superintendencias y organismos como el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (Conace), dependiente de Interior. Su secretaria ejecutiva, María Teresa Chadwick Piñera –prima del Presidente- finalmente dejó su despacho el viernes pasado, tras días de esperar infructuosamente la designación de su reemplazante. Aunque siempre es el subsecretario del Interior quien supervisa y firma las decisiones más importantes, en la práctica “la planificación y todo lo que no sea meramente administrativo está paralizado”, explican allí.

Otro caso sensible es el del subsecretario de Defensa, cargo para el cual Piñera eligió hace mucho rato al ex comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta Ferrer. La razón es muy sencilla: el general recién pasó a retiro el pasado 9 de marzo, y se quiere evitar abrir un nuevo flanco de críticas que exponga a Izurieta y se compare su situación a la del ex senador (UDI) y ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia.

Un cercano al Mandatario sostiene que el nexo con Izurieta se gatilló a partir de un polémico episodio registrado el 2007, cuando el entonces jefe castrense le facilitó a Piñera un helicóptero militar para trasladar a sus invitados a la inauguración del Parque Tantauco, en Chiloé, en plena campaña presidencial.

El servicio exterior es otro punto crítico. Tras semanas de pasar prácticamente inadvertido para la opinión pública, el canciller Alfredo Moreno ya tiene encima la presión de no tener nombres designados para misiones clave como Estados Unidos, China, Argentina, y otros. Para las dos primeras, ya declinaron sendos ofrecimientos el abogado Jorge Carey y el empresario Andrónico Luksic.

Moreno sí reconfirmó a 26 embajadores que estaban al menos desde el gobierno pasado, entre ellos al ex Director de Protocolo de Bachelet, Luis Fernando Ayala (en Portugal), y nombró a un pequeño grupo de nuevos embajadores. Pero la misma decisión provocó otro impasse, al recordarse que el nuevo Cónsul en La Paz, Jorge Canelas Ugalde (descendiente de bolivianos), sostuvo el 2000 que “el mejor estado de nuestras relaciones con Bolivia es no tener relaciones”.

El retraso en designaciones a todo nivel tiene varias razones. Y aunque en RN y la UDI hay testimonios de personeros a los que no les convenía económicamente las destinaciones ofrecidas, los motivos al parecer son otros.

En La Moneda reconocen que uno de ellos es el estilo del Mandatario, que desde un comienzo –y mucho antes del triunfo- quiso visar en detalle cada uno de los nombramientos tras oír varias opiniones paralelas. El único cambio tras su llegada al poder fue dejar descansar parte del proceso en el Ministerio del Interior, dada la extrema confianza que lo une con su titular, Rodrigo Hinzpeter.

Un segundo motivo, apuntan las mismas fuentes, habría que buscarlo en el altamente selectivo proceso previo que encabezó el llamado “equipo de instalación” del nuevo gobierno. Al insistir una y otra vez en criterios de excelencia y trayectoria, agregan, “el filtro dejó fuera a muchísimas opciones que, por lo que vemos ahora, calificarían”.

En la UDI entregan otros argumentos. Más allá de sentirse excluidos del gobierno por el cual olvidaron sus históricas peleas con Piñera, en el gremialismo químicamente puro anotan dos fases. La primera fue el escepticismo que provocó en algunos el perfil empresarial que tomaba el gobierno en un inicio, cuestión que se optó por soslayar. Pero después de los primeros días, el balance es que “no sentimos una mística que nos llame a integrar el gobierno” y que la “extrema dedicación y urgencia que se le quiere imprimir a todo te condiciona la agenda y te dificulta armar equipos sólidos”.

En ese sector aclaran que no se trata de falta de espíritu de sacrificio, sino que el nuevo marco y los sucesivos problemas han agudizado las condiciones de tiempo y disponibilidad que se exigen. “No estamos dispuestos a sentir una enorme presión que termine convirtiendo a nuestra gente en fusibles” , aclara un líder gremialista.

Lecciones en alemán

Cuando el equipo de Interior que chequeaba los nombres de los gobernadores llegó al de Stegmeier, reparó en que era vicepresidente de la SNA, “y sencillamente eso se tomó como una garantía para no ahondar más en él”, cuentan en La Moneda.

Si hasta hace pocos días las críticas apuntaban a que la agenda de reconstrucción mal podría ejecutarse sin nombrar gobernadores y seremis –que a fin de cuentas son los que aterrizan y ejecutan las decisiones de los ministerios en cada zona-, lo que vino después fue un durísimo traspié: el caso del efímero gobernador del Bío Bío vinculado a Colonia Dignidad, José Miguel Stegmeier.

Tanto en el ministerio como en la subsecretaría de Interior literalmente se desayunaron esa mañana con la nota de El Mostrador. Pese a ello, resolver el asunto tomó prácticamente todo el día. La razón oficial es que primero “había que escucharlo”. Pero a lo largo de la jornada funcionarios de gobierno expresaron que “había dudas” sobre el nexo de Stegmeier con Paul Schâfer. En paralelo, desde Interior se comentaba que la culpa era del secretario general de la UDI, Víctor Pérez, por haberlo propuesto. Pero éste no se hizo problemas en defenderlo.

Lo verdaderamente delicado fue otra cosa.

Como ya se ha dicho públicamente, a la lista se le aplicó el filtro de la base de datos Dicom y de los registros del Poder Judicial (y muy probablemente sólo su website). Pero en Palacio confiesan otro detalle: cuando el equipo a cargo de Interior llegó al nombre de Stegmeier, reparó en que era vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, “y sencillamente eso se tomó como una garantía para no ahondar más en él y seguir adelante. Nadie se imaginó lo que vino después”.

El mismo ministro Hinzpeter asumió esa tarde que su cartera era la responsable de chequear los nombres. Pero los que conocieron el asunto precisan que además de él, en el proceso también participó el subsecretario Rodrigo Ubilla y su equipo. Cuando la semana pasada CIPER le preguntó a Ubilla por su rol específico en el asunto, no contestó. Éste y otros episodios han puesto bajo la mira al equipo de Interior, como se verá más adelante.

El desenlace del episodio Stegmeier abrió nuevas dudas. Pocos minutos después que el ya destituido gobernador abandonara discretamente La Moneda por la puerta de Morandé 80, Hinzpeter zanjó el asunto “sacando la pelota del arco”, como se comentó: indicando que sólo estaba la intención de nombrarlo en el cargo, pero que el decreto no estaba firmado. En el Ejecutivo precisarían más tarde que, al menos hasta el 22 de marzo, no se había firmado el decreto de ninguno de los gobernadores, y aún así restaría la toma de razón por parte de la Contraloría. Eso dejaba a los flamantes titulares de manos atadas desde el punto de vista jurídico, pero al mismo tiempo con la urgencia de trabajar de inmediato.

Aunque Hinzpeter negó que el asunto Stegmeier fuese responsabilidad de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), persiste la duda respecto del futuro de esta delicada repartición, que aún figura al mando del abogado Gustavo Villalobos. En el gobierno precisan que una de las opciones es fichar a un ex fiscal del Ministerio Público, idea que habría conversado el Mandatario con su íntimo amigo Carlos Alberto “Choclo Délano. También ha trascendido que también se integraría al organismo el investigador del Instituto Libertad, Tomás Duval.

Las dudas sobre la ANI van mucho más allá de quién quedará a la cabeza. En las actuales circunstancias –sostiene un funcionario oficialista-, “es delicadísimo quedarse trabajando con todo el personal que venía de antes, pero tampoco se puede mandar a un servicio de inteligencia del Estado a la calle”.

La maldición de Lan

La ajetreadísima jornada del cambio de mando hizo que pasara casi inadvertida la primera situación de hecho que haría más evidente que nunca el conflicto de intereses del Mandatario por seguir manteniendo el 11,3% de la propiedad de LAN, el que recién esta semana comenzaría a venderse. Ese día, La Tercera relataba en una nota que la aerolínea reclamaba discriminación en Argentina por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) de ese país: sólo le permitía a la trasandina Aerolíneas Argentinas operar vuelos directos a Latinoamérica desde el terminal Aeroparque, ubicado en pleno Buenos Aires y por tanto mucho más asequible que el clásico Ezeiza.

La medida afectaba directamente a las empresas brasileñas Gol y TAM, pero también a LAN. En el artículo mencionado y publicado el mismo día que asumía el nuevo Mandatario, el gerente general de LAN y aún socio de Piñera, Ignacio Cueto, contaba que le había pedido ayuda el gobierno chileno. “Mandamos un documento a la JAC (Junta Aeronaútica Civil) y hablamos con el ministro de Transportes en Chile (René Cortázar)”.

El asunto planteó por sí mismo la interrogante de si el Presidente se marginará del conflicto, que claramente no se había resuelto hasta su llegada al poder. Al día siguiente, 12 de marzo, Hinzpeter -ya convertido en el jefe de gabinete- zanjó el asunto en Radio Bío Bío. En la misma entrevista en la que sostuvo que era de “mal gusto” seguir planteando que Piñera vendiera sus acciones, no dudó en anticipar que el nuevo gobierno sí intervendría en el tema, argumentando que también son accionistas de la aerolínea aquellos que cotizan en AFPs.

Un cercano a Piñera expresó su malestar por el hecho de que, en medio de la emergencia por el terremoto, el Presidente sí haya tenido tiempo la semana pasada para discutir la venta de LAN en sus históricas oficinas de Apoquindo 3000.

-Si hay que defender una empresa chilena en Argentina porque se está produciendo una situación de arbitrariedad –cuyos detalles no conozco, pero supongamos que es así-, este gobierno no se va a inhibir por que esto afecte al Presidente o él mantenga un paquete accionario. Lo va a vender en los próximos días, pero mientras tanto nosotros no vamos a dejar de proteger a los millones de otros chilenos que son accionistas de LAN”, sostuvo.

Asimismo, el día anterior al cambio de mando había trascendido que la Corte de Apelaciones, en votación dividida, había ratificado la multa que la SVS aplicara el 2007 contra Juan José Cueto, otro de los socios de LAN por hacer uso de información privilegiada. Cueto, al igual que el hoy Mandatario, fue sancionado por no abstenerse de comprar acciones de la empresa antes de que se conocieran públicamente sus balances. Cueto apelaría a la Suprema, mientras que el Jefe de Estado optó en su momento por pagar la multa y evitar precisamente el escenario que hoy enfrenta su socio. Como se recordará, el caso incendió la recta final de la campaña presidencial.

Con estos y otros antecedentes a cuestas, a los pocos días de su debut el nuevo gobierno se encontró con un flanco cada vez más difícil de defender y que en combinación con el resto de los problemas –admiten en Palacio- ha terminado por acaparar la agenda política. “Es difícil soportar que la noticia son los errores, y peor que lo sean los intentos por corregirlos”, apunta una fuente de La Moneda.

El más recordado, y que más consecuencias trajo, fue el protagonizado por la vocera Ena Von Baer el pasado 17 de marzo, cuando en el programa En Boca de Todos de Canal 13 asumió lo que hasta entonces se negaba a rajatabla: “El compromiso de vender LAN no se ha cumplido, es absolutamente verdad”. Junto con eso, no sólo responsabilizó a la corredora Celfin –a cargo de la operación- de la demora, sino que recordó algo que también se había olvidado: la modificación al mandato de venta a Celfin, que fijó la fecha tope de la misma el 30 de abril, ocurrió el 3 de marzo. Es decir, después del terremoto.

Aunque en el papel el cambio de mandato establecía pasar de un “análisis de propuestas de alternativas de venta” a simplemente “venta”, en la práctica postergaba los plazos. Peor aún, el comunicado respectivo había sido enviado por Bancard, una de las sociedades de inversiones del Mandatario.

No hay una escala telúrica para medir el sismo que las palabras de Von Baer provocaron en La Moneda. En clave política, se comentaría después, el error fue por partida triple. Primero, el obvio desmentido a Piñera. Segundo, la fecha derribaba la tesis que el atraso en la venta era exclusivamente por culpa del terremoto. Tercero, los más autoflagelantes en la Alianza reparaban que era poco presentable “que hubiese tiempo para eso, cuando había una emergencia de proporciones, nombramientos y tantas otras cosas pendientes”.

Eso explica que en las horas siguientes el propio Jefe de Estado se molestara con la vocera, la que también comenzó a recibir cuestionamientos del poderoso equipo de asesores del segundo piso. Uno de ellos fue la semana pasada en la primera vez que anunció infructuosamente la promulgación del bono marzo: la orden se había dado al mismo tiempo a otra repartición. Eso abrió un cuadro de críticas cruzadas entre ambos estamentos y la creciente inquietud de la UDI, pese a no contar a Von Baer como una de las químicamente suyas. Un integrante de la comisión política del partido comenta que “no puede enredarse en explicaciones, y mirando sus falencias se hace inevitable, aunque duela, compararla con Vidal”.

Bajo estricto anonimato, un cercano a Piñera, que no cuestiona el que aún no venda sus acciones de LAN, sí expresa su malestar por el hecho de que, en medio de la emergencia por el terremoto sí haya tenido tiempo la semana pasada para discutir en sus históricas oficinas de Apoquindo 3000 la venta del paquete postergado, y de estudiar personalmente la fórmula de pagar menos impuestos por la operación.

Las dudas sobre Interior

Los personeros de Palacio que han podido observar en primera fila el debut se detienen en otro punto: los problemas que ha enfrentado Hinzpeter en asumir el liderazgo del gabinete, tal como establecía el diseño original del Presidente por ser el ministro en quien más confía.

El titular de Interior conforma una tríada de poder junto a la jefa de asesores del segundo piso, María Luisa Brahm, y al ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet. El ministro incluso alcanzó a desplegar parte de su estilo en las primeras horas del gobierno, al encabezar un masivo decomiso de droga: antes había subrayado que tomaría en sus manos la lucha contra la delincuencia, una de las varas con las que Piñera se sabe medido. Pero aún así sus allegados comentaban que él tenía claro que “primero debía terminar de conformar su equipo y cerrar los nombramientos”.

Los episodios que se han sucedido después han golpeado precisamente a su cartera. Uno de los más delicados fue la serie de errores en el conteo de muertos y desaparecidos tras el terremoto, meta que –como su subsecretario Rodrigo Ubilla ya había adelantado a CIPER el pasado 16 de marzo- se debía a dudas y cuestionamientos al proceder del gobierno saliente.

Lo que vino a continuación es conocido. Contradicciones entre los números de Interior y la PDI, las cifras que Interior entregó a La Segunda y que luego no se atrevió a desmentir, y el postrer error detectado el fin de semana, cuando se descubrió que había nombres duplicados en la nómina oficial. En Interior precisan detalles. A esas alturas el equipo del subsecretario Ubilla trabajaba junto al Área de Control y Sanción de la División de Seguridad Pública, que efectivamente no usaba planillas Excel, sino que un software propio llamado Criminal 12.

El error, subrayan, se produjo cuando los funcionarios hicieron el postrer chequeo y enviaron su listado al Registro Civil. Éste lo devolvió agregando más nombres, y semejante detalle se pasó sencillamente por alto en la subsecretaría. “El error fue nuestro”, admiten en Interior.

El episodio incluso provocó críticas desde la Segegob, acaso a modo de alivio por las que su ministra ya había recibido. Pero el análisis interno y desde los partidos es que lo anterior, sumado al caso Stegmeier, configura una situación complicada para Interior. Si bien parte de la responsabilidad es del ministro Hinzpeter –que en el caso del gobernador no tuvo problemas en asumirla- quienes conocen el equipo se muestran preocupados.

Fue la impresión con la que se han quedado algunos de los numerosos parlamentarios que han visitado al Presidente por estos días. Las críticas al equipo no sólo apuntan a Ubilla, sino que al nuevo Jefe de División de Gobierno Interior (de la misma cartera) y presidente regional de RN en la IX Región, Cristián Barra Zambra, un conocido y por décadas leal operador al propio Mandatario y al senador Alberto Espina. Ya en 1992, cuando el entonces senador Piñera luchaba contra Evelyn Matthei por una candidatura presidencial, su acérrimo enemigo Sergio Onofre Jarpa le criticaba ferozmente haber contratado como gerente de marketing de Bancard a Barra, entonces presidente metropolitano del partido.

Algunos parlamentarios de la Alianza que conocen a Barra advierten como “inquietante” su llegada, atendiendo a que ha enfrentado en años recientes numerosos fracasos comerciales, que en su momento le costaron problemas con la justicia.

El resto del equipo de la subsecretaría encabezada por Ubilla también arroja sorpresas. El nuevo jefe de Administración y Finanzas es John Barra Inostroza, antes administrador municipal y brazo derecho del alcalde de Las Condes, Francisco de La Maza, y cercano a operadores UDI como Aníbal Rodríguez y otros conocedores del escándalo GMA. Además de su cargo de planta, Barra figura en la lista de personal a honorarios de la misma repartición. En tanto, la jefa de gabinete de Ubilla es María Claudia Alemparte, quien antes fue Directora Jurídica de la Municipalidad de Lo Barnechea: Ubilla –histórico operador de Andrés Allamand- fue administrador municipal y subrogante de la misma durante parte de la gestión de la ex alcaldesa Marta Ehlers.

Para los que conocen la cocina de Palacio no es ningún secreto que ante el difícil despegue de Hinzpeter, se ha posicionado con fuerza el titular de la Segpres, Cristián Larroulet. El ministro no sólo fue el primero en reaccionar durante la confusa primera hora del apagón nacional del pasado domingo 14 de marzo, sino que bajo su tutela se encuentra Marcelo Cox, secretario ejecutivo de la Comisión de Reconstrucción. “Larroulet ha hecho su pega fiel a su estilo: eficiente y en silencio”, subrayan.

Al menos la primera prueba, el bono marzo, cuenta a favor del ex jefe de Libertad y Desarrollo. Eso, pese a que se advierte que su equipo debió haber notado oportunamente que el Congreso había despachado la ley sin esperar el informe de la Corte Suprema: eso no sólo anuló por segunda vez el anuncio de la promulgación del bono marzo, sino que además amenazó con hacer fracasar la ley completa por riesgo de inconstitucionalidad.