Los millones en gastos de oficina que los senadores ahora deberán acreditar

Un monto de $ 2 mil 800 millones fue destinado este año para que los 38 senadores financien el arriendo de sus sedes, personal de apoyo y materiales de oficina. El sistema les permite a los representantes de regiones gastar hasta $6.119.589 mensuales en este ítem, mientras que para los de la Región Metropolitana el monto se eleva a $6.430.089. Parte de esos pagos son hechos por los senadores y luego reembolsados por la corporación. Para saber cómo y en qué se gasta ese dinero, CIPER invocó la Ley de Transparencia y pidió al Senado las rendiciones de los gastos de oficina de los parlamentarios. Sorpresa: la Corporación no guarda recibos, pues hasta julio de este año no exigía la entrega de comprobantes. Para obtener su reembolso, bastaba con que el senador llenara una planilla informando cuánto había ocupado.

En total, cada senador dispone al año de más de $70 millones para pagar los gastos en el rubro oficina. Por ello, el control sobre cómo se utilizan esos dineros es lo que interesa. Si se analizan los datos disponibles en la página web del Senado, entre marzo y julio de este año poco más de $800 millones del total fue cancelado directamente por el Departamento de Finanzas del Senado a los destinatarios que cada senador identificó previamente. El resto, más de $300 millones, fueron reembolsados a los parlamentarios sin exigir comprobantes.

Los desembolsos hechos por la Corporación se refieren mayoritariamente a arriendos y sueldos del personal. En cuanto al dinero reembolsado directamente a los senadores, no se sabe con certeza a qué corresponde.

Según se desprende de entrevistas sostenidas con senadores de todos los sectores, al menos una parte de ese dinero es ocupado en donaciones a particulares u organizaciones de sus circunscripciones. Pero el sistema cambió el 12 de agosto pasado, cuando se anunciaron modificaciones a las asignaciones parlamentarias (VER RECUADRO). Lo que se hizo, entre otras cosas, fue regularizar este tipo de gastos estableciendo un fondo especial de “apoyo a organizaciones sociales”, el que deberá acreditarse con un comprobante o recibo.

Así se formalizó algo que, en palabras del senador socialista Jaime Gazmuri, “son prácticas muy consuetudinarias que estaban establecidas como posibles”. Pero en los hechos, esas donaciones no tienen ninguna relación con el funcionamiento de oficinas parlamentarias, ítem desde donde obtenían los fondos.

Las modificaciones a las asignaciones parlamentarias se iniciaron inmediatamente después del polémico capítulo de Informe Especial de TVN que reveló irregularidades en las sedes de distintos diputados y que tiene a varios de ellos bajo la mira de la Fiscalía de Valparaíso. El programa se emitió el 6 de junio pasado y 11 días más tarde la Comisión de Régimen Interior del Senado decidía los primeros cambios al sistema de fiscalización de los gastos de los parlamentarios.

-Por acuerdo unánime de la Comisión de Régimen Interior, adoptado en sesión de 17 de junio de 2009, las rendiciones de gastos de los señores senadores se deben enviar al Departamento de Finanzas, desde agosto de este año, acompañadas de los respectivos comprobantes, salvo un monto mínimo destinado a gastos menores. Hasta esa fecha, los comprobantes quedaban en poder de los señores senadores, pero a disposición, para ser revisados si se estimaba conveniente- explicó la subjefe de informaciones del Senado, María Eliana Peña, en su respuesta a la solicitud de información pública hecha por CIPER.

El Senado no especificó cuántas veces se había revisado los comprobantes de los pagos, pero en una ronda de consultas con diversos parlamentarios, ninguno reconoció haber sido requerido por ese motivo. Sólo el senador Jaime Naranjo (PS) dijo que creía recordar que alguna vez le habían pedido los contratos de arriendo de sus sedes porque había habido un cambio de dirección, pero no estaba seguro. En la práctica, hasta julio, el sistema se basaba en la confianza y buena fe de los senadores.

A Roberto Muñoz Barra (ex PPD) nunca le han pedido acreditar nada, pero dice andar “más o menos con una bolsa para guardar las boletas”. Como integrante de la comisión de Régimen Interior, justifica así los cambios adoptados:

-El cambio lo acordamos en junio y fue por los casos que se conocieron públicamente en que algunos miembros de la Cámara de Diputados arrendaban como oficinas inmuebles que no cumplían con un criterio de transparencia, como casas particulares u oficinas donde funcionaban abogados. Con la modificación, a partir de agosto, esto se regula mejor, porque hay que especificar bien en el contrato la ubicación física del inmueble que se arrienda y su uso exclusivo como oficina del parlamentario. Ahora hay una rigurosidad más estricta para evitar interpretaciones que permitan gastos en que no hay claridad.

Su compañero de comisión, Jaime Naranjo, lo desmiente. Asegura que la decisión nada tuvo que ver con la polémica de la Cámara de Diputados y que la única motivación fue la puesta en marcha de la Ley de Transparencia en abril pasado. “Ahora los datos deben hacerse públicos todos los meses, entonces es mejor para el sistema entregarlos antes y centralizarlos”, dice.

Efectos inmediatos

Una revisión detallada de la información divulgada por el Senado en su página web, muestra que en los últimos dos meses –después del cambio en la fiscalización anunciado en junio e implementado a partir de agosto-, algunos parlamentarios disminuyeron sus gastos a rendir y aumentaron aquellos pagados directamente por la Corporación.

Por ejemplo, el senador Jorge Pizarro (DC) utilizó el fondo a rendir entre marzo y junio por montos que oscilaban entre $2,7 millones y $3 millones. En julio, en cambio, sólo usó $652 mil; y en agosto $702 mil. Ahora aumentó los pagos hechos por el Senado, pero en la suma y resta mantuvo su gasto global. “Es por el cambio y por un cierto ordenamiento nuevo en las oficinas que me permita ir rindiendo todos los gastos. A la gente que trabaja en las cuatro oficinas que tengo en la región le ha costado acostumbrarse al sistema, el que cambió completamente”, admite Pizarro.

Otro senador que redistribuyó sus pagos en el ítem oficina, es Sergio Romero (RN), quien atribuyó el traspaso desde gastos a rendir a pago directo “a un asunto de orden interno”.

Muy distinta es la situación del senador Jorge Arancibia (UDI), quien no contestó los llamados de CIPER. Entre marzo y julio pidió reembolsos por $2.500.000 mensuales. La cifra es redonda e idéntica cada mes. Algo que no ocurre con ninguno de sus colegas, pues se trata de gastos variables. Sin embargo, en agosto sólo pidió al Departamento de Finanzas del Senado que le devolvieran una décima parte de lo habitual. Simplemente sus gastos bajaron en más de $2 millones tras la exigencia de entregar comprobantes.

El parlamentario con la mayor proporción de gastos reembolsables es Hosain Sabag (DC). Cada mes, utiliza más de $5,5 millones por esa vía. La exigencia de comprobantes no parece haberlo afectado: en agosto incluso aumentó sus pagos.

El segundo lugar en ese ranking, lo ocupa el senador Eduardo Frei (DC), cuyos gastos a rendir oscilaron entre $3,4 millones y $4,1 millones entre marzo y julio. Sus gastos de oficina no bajaron pese a que ha disminuido su actividad parlamentaria por la campaña presidencial. En el programa Tolerancia Cero reconoció que ya no asiste a comisiones y sólo participa del trabajo de sala, donde tiene el 75% de asistencia. “Soy candidato presidencial y tengo que hacer el trabajo, no puedo estar en el Senado y también ser candidato”, dijo ante las pantallas de Chilevisión. Sin embargo, su gasto total en oficinas –incluyendo lo que desembolsa directamente el Senado- se ha mantenido entre los $5 millones y $6 millones. Sólo sus gastos reembolsables cayeron a la mitad en agosto, pero se compensaron por la otra vía.

Jaime Naranjo es el único senador que todos los meses gasta exactamente el 100% del ítem para gastos de oficina. Según explica, esto se debe a que todos los meses se pasa del límite. Los pagos por ese concepto de Andrés Allamand (RN) y Juan Pablo Letelier (PS) varían todos los meses, pero la suma publicada en la página web del Senado calza exactamente con el total asignado. Antonio Horwath (RN), Alberto Espina (RN), Mariano Ruiz-Esquide (DC), Hernán Larraín (UDI), Baldo Prokurica (RN), Jaime Gazmuri (PS), Carlos Ominami (ex PS) y Guido Girardi (PPD) han gastado por sobre el límite entre marzo y agosto, pero pueden compensarlo en los meses siguientes, ya que se trata de un ítem acumulativo.

Aunque en teoría hasta julio pasado a los senadores les estaba permitido ocupar el monto total de este ítem por la vía de reembolsos, un asesor parlamentario comenta que son pocos los que tienen las espaldas financieras para sacar todo el dinero de su bolsillo mientras esperan que les sea devuelto. Por eso, la mayoría opta por que la corporación pague los gastos fijos, como arriendos y salarios. Y cuatro senadores tienen el 100% de sus gastos desembolsados directamente por el Senado. No rinden ni un peso. Ellos son Andrés Alamand (RN), José García Ruminot (RN), Alejandro Navarro (MAS) y Adolfo Zaldívar (PRI).

De gasto de oficina a donaciones particulares

En una breve conversación telefónica, la senadora Evelyn Matthei (UDI) se mostró molesta con la nueva fórmula que ahora la obligará a entregar los comprobantes para que le sea reembolsado el dinero. Sus gastos a rendir entre marzo y mayo fueron mucho menores que el promedio de sus colegas -$400 mil a mes-, pero desaparecieron en julio y agosto, después del anuncio de que se exigiría rendirlos con comprobantes.

-Lo que pasa es que yo hago muchos regalos a gente de escasos recursos que me pide porque está en problemas. A veces doy $10 mil para alguien que está enfermo, otras veces $14 mil para otra cosa similar. Y no estoy acostumbrada a estar pidiendo boletas o haciendo que esas personas, que están en un problema, me firmen un vale. Lo encuentro asqueroso, feo. Yo no lo hago. Así que como no tengo las boletas, no rindo esa plata no más. Ahora la pierdo. Al final, la pago yo -dijo Matthei.

Para todos los senadores consultados, el donar parte de las asignaciones para gastos de oficinas es algo natural. Entre los ejemplos que a juicio de los parlamentarios justifican estos desembolsos mencionaron la compra de premios para bingos de beneficencia, remedios para enfermos, mantención de instalaciones de comités de agua potable rural, arreglos de sedes sociales, pasajes y ayuda para clubes deportivos, de rodeo u organizaciones estudiantiles.

-No es que gastemos plata del presupuesto del Senado, forma parte del gasto de representación y de las oficinas que uno tiene instaladas. Me parece bien que existan las normas y transparencia, pero la exigencia de la gente respecto de los parlamentarios es muy alta. Es una mezcla de acción social. La gente entiende que uno es su representante y tiene que ayudar -argumenta Jorge Pizarro.

Un abogado experto en administración pública discrepa. Y asegura que aunque se trate de una práctica generalizada y habitual entre los parlamentarios, raya en la ilegalidad. Esto, debido a que el artículo 236 del Código Penal establece que no se pueden destinar recursos para fines diferentes a los legalmente establecidos. En este caso, gastos para oficinas que terminan como donaciones a particulares. Y precisó que el Congreso tiene autonomía presupuestaria, pero el dinero debiera destinarse a lo que los propios senadores establecieron con anterioridad.

Los cambios anunciados el 12 de agosto pasado al menos regularizan la situación, al incluir un ítem de $200 mil pesos mensuales para “apoyo a organizaciones” sociales, los que deberán justificarse mediante un documento que acredite quién lo recibió y con qué fin. Un monto similar podrá destinarse a pagos menores que no requieren de respaldo de recibos o boletas.

A juicio del senador Gazmuri, el nuevo fondo debería ser suficiente para lo que él llama “aportes específicos en situaciones de emergencia social”.

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