Crisis en la ex Colonia Dignidad desata pugna por la fortuna que ocultó Schäfer
24.03.2009
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24.03.2009
La nueva generación de líderes de Villa Baviera administra un tigre de papel: empresas con millones de dólares en patrimonio, pero ahogadas por deudas y sin crédito porque sus bienes están embargados en un juicio con el Estado. Ya le cortaron el suministro eléctrico a su fundo de Parral y están en riesgo de quiebra. En ese escenario, los nuevos dirigentes anuncian acciones judiciales contra los aliados de Paul Schäfer que saben dónde está el dinero que el antiguo jerarca sacó del país y calculan que unos US$ 3 millones pueden ser repatriados. Además, ofrecieron al gobierno pagar las indemnizaciones a las víctimas de abusos a menores cometidas por Schäfer (con un fondo superior a $ 1.400 millones) y de violaciones de derechos humanos ocurridas en la colonia. A cambio, piden que se levanten las medidas judiciales precautorias que paralizan sus empresas.
Este martes 24 de marzo fue uno de los días más negros para los 184 ex colonos que aún permanecen en la Villa Baviera. Poco después de las 11:00, a la ex Colonia Dignidad le cortaron la electricidad por no pago. El pánico cundió entre los residentes. Para muchos fue la señal de que ya no queda otra salida que abandonar el lugar. La mayoría son ancianos que ya no tienen parientes en Alemania y parejas jóvenes que sólo finalizado el régimen de terror que instaló Schäfer pudieron formar las primeras familias que viven como tales: sin pedir permiso para dormir juntos y con sus hijos bajo el mismo techo. Son estos últimos los que han tratado de mantener a flote el holding de empresas que administra el fundo de 14.000 mil hectáreas en Parral, la venta de áridos en Bulnes y los restaurantes que han dado fama a los productos alimenticios premium que se comercializan en el Jumbo y Lider bajo la marca Villa Baviera, entre otras actividades.
El holding cuenta con un patrimonio cuantificado judicialmente en millones de dólares, pero paulatinamente se fue convirtiendo en un tigre de papel, cada vez más asfixiado por las deudas. Primero, porque Schäfer y su círculo íntimo sacaron ilegalmente del país gran parte del capital. Y luego, porque el Estado logró -desde 1996- el embargo de todos sus bienes, por lo que las empresas de Villa Baviera no pueden acceder a créditos para renegociar sus deudas, renovar maquinarias y financiar nuevos negocios.
A mediados de marzo los colonos se enteraron de que sólo era cuestión de días para tocar fondo. La alarma la encendió la compañía Luzparral al negarse a renegociar por tercera vez una deuda de $ 28 millones. El consumo mensual del enclave va de $ 8 millones en verano a $14 millones en invierno, y eso que poseen una turbina que abastece el 50% de la energía que requieren. El martes 24, la compañía bajó el switch y paralizó la fábrica de cecinas, la panadería y pastelería, la cocina industrial, la lechería, el nuevo restaurante Zippelhaus y, lo más grave para la comunidad, el antiguo hospital (hoy convertido en posta). Las peores consecuencias fueron para los más ancianos que reciben atención médica permanente, en una vecindad donde la población pasiva (97 personas) supera a la activa (87).
Lo irónico es que uno de los nuevos negocios que tienen en carpeta y no han podido financiar por los embargos, es la construcción de tres centrales hidroeléctricas de pasada en el río Perquilauquén.
La crisis ya había provocado que los directorios de las principales compañías del holding –Cerro Florido y Abratec– buscaran urgentes fórmulas para asegurar la continuidad de giro. Una de ellas es intentar recuperar al menos parte del capital que Schäfer se llevó al extranjero. A los contactos informales con quienes aparecen como partícipes del secreto mejor guardado por el ex líder del enclave alemán, ha seguido la notificación de que se procederá judicialmente contra ellos si no cooperan.
«Peter Schmidt cree que todos los que seguimos viviendo en Villa Baviera somos traidores». Martin Matthusen Gerlach pronuncia la frase después de un breve silencio, como queriendo marcar distancia entre él y Schmidt, uno de los hombres que Paul Schäfer preparó para que algún día encabezara la conducción y el control que el anciano predicador pederasta mantuvo durante casi cuatro décadas en la ex Colonia Dignidad. De hecho, Schmidt encabezó el grupo que lo protegió en su fuga a Argentina.
Matthusen es uno de los líderes de la llamada «segunda generación» de los colonos asentados en la precordillera de Parral y que hace sólo dos años tomó el timón de las sociedades y empresas que conforman el imperio económico que fundó Schäfer. Una camada de cuarentones que finalmente desplazó del poder a los viejos jerarcas del círculo íntimo de Schäfer, lo que incluyó «invitar» al conocido doctor Harmut Hopp a irse de Villa Baviera a mediados de 2008.
Que Matthusen (40 años) hable de Schmidt (55) es una escena cargada de simbolismo. El ungido que no llegó al trono, en boca de aquel que animó la rebelión. Y Matthusen no pronuncia ante CIPER los nombres de Schmidt y Schäfer en vano, sino para clavar una estaca en el corazón económico del antiguo régimen, destinada a sofocar cualquier posibilidad de resurrección del patriarcado, rescatar los millones de dólares que el fundador de Colonia Dignidad ocultó, reparar a sus víctimas y asegurar la continuidad de las empresas de Villa Baviera.
Matthusen, actual presidente de Cerro Florido, anuncia que los directorios del holding han decidido exigir legalmente la devolución de los millones de dólares -cuyo monto será imposible de determinar, según fuentes judiciales- que Schäfer sacó del país. Por lo mismo instruyeron a su abogado -el penquista Enrique Monasterio- para que actúe en consecuencia si al cabo de 60 días los sospechosos de conocer el paradero de los dólares no se allanan a restituirlo. Entre los hombres que serían blanco de estas acciones se cuenta a Schmidt y a Hopp, además de los empresarios agrícolas José Miguel Stegmeier y Edgardo Neumann, dos de los pocos chilenos del círculo íntimo de Schäfer.
La operación recuperación va acompañada de otro hecho simbólico. Cerro Florido y Abratec, ofrecieron al gobierno garantizar el pago de las indemnizaciones que dictaminen los tribunales para reparar a las víctimas de abusos a menores cometidos por Schäfer. A $ 1.400 millones alcanzan las indemnizaciones a las 11 víctimas que arrojó la condena de primera instancia y que deben pagar Schäfer y otros 22 acusados de facilitar sus agresiones sexuales a niños. Y los colonos están dispuestos a garantizar un pozo superior ante el evento de que aparezcan nuevas víctimas de abusos sexuales o de violaciones a los derechos humanos que se cometieron en Villa Baviera en dictadura. Así lo informaron a CIPER partícipes del actual diálogo con un representante de La Moneda.
Este «gesto de reconciliación con Chile», como insisten en llamarlo los líderes de la «segunda generación», se resume en la oferta que reservadamente han lanzado al gobierno los directorios del holding: indemnizar a las víctimas de Schäfer a cambio de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se desista de las medidas judiciales precautorias que mantienen paralizado su patrimonio.
El holding de Villa Baviera está compuesto por Inmobiliaria e Inversiones Cerro Florido Limitada (agrícola, forestal y propietaria de todos los inmuebles de la ex colonia); Abratec S.A. (extracción de áridos, transportes y restaurantes); Productora y Distribuidora de Alimentos Prodal Limitada (elaboración y distribución de productos de panadería, pastelería, rotisería y quesos); Transportes Powertur Limitada (movimiento de carga en carretera) y Sociedad El Quilén Colectiva Civil. Todas ellas pertenecen a tres sociedades madres: Agripalma S.A. , Bardana S.A. y Cinoglosa S.A. , las que coloquialmente -con esa obsesión por el orden tan alemana- son llamadas ABC por los ex colonos.
Sumergirse en los archivos del Diario Oficial y de los conservadores de bienes raíces para conocer todas las propiedades y sociedades conformadas por los ex colonos desde1988 -cuando crearon la primera- es complejo. En esos registros oficiales CIPER detectó 45 inmuebles y 30 sociedades comerciales vinculadas a residentes y ex residentes de Villa Baviera. Además de las nueve sociedades que integran el holding, hay otras 21 de los más diversos rubros que tienen como socios a residentes y ex residentes de la ex Colonia Dignidad. Y las fronteras son difusas, porque varias de ellas han prestado servicios o arrendado bienes al holding.
Algunas fueron creadas por consejo de los abogados y asesores tributarios contratados en la época de Schäfer, como una herramienta que permitiera evitar nuevos embargos. Pero otras sociedades son obra de la iniciativa personal de ex colonos que buscaban nuevas formas de subsistencia. Y ello porque desde fines de los años 90 y hasta 2005, cuando se sucedían los allanamientos y los bienes fueron afectados por las precautorias judiciales, muchos se fueron convenciendo de que las empresas del holding sucumbirían y finalmente el Estado se quedaría con su patrimonio.
A pesar del oscuro panorama, salvo los jerarcas que traspasaron acciones a sus hijos cuando se vieron envueltos en diversos juicios por ilícitos de la era Schäfer, prácticamente todos los accionistas han mantenido sus títulos en ABC. Todos los ex colonos -incluidos los que se han ido de Villa Baviera- saben que si se levantan los embargos esas tres letras serán la llave para un futuro construido sobre millones de dólares en propiedades y negocios.
En octubre pasado, el recién llegado embajador de Alemania -Michael Glotzbach- se reunió con la Presidenta Michelle Bachelet. El diplomático le manifestó la preocupación de su gobierno por la situación que afecta a los ciudadanos de su país que han decidido quedarse a vivir en Villa Baviera. De los 304 colonos bajo el control de Paul Schäfer en 1990, hoy sólo quedan 184 residentes: 120 abandonaron el lugar (82 de ellos partieron a Alemania, uno a Austria y 37 a otras zonas de Chile).
En 1990 prácticamente toda la población era activa y no había menores de 12 años, porque el jerarca había prohibido nuevos matrimonios. Hoy en Villa Baviera sólo 87 personas trabajan (64 lo hace para el holding y 23 en el exterior). La población pasiva está compuesta por 97 residentes: 31 menores (sólo tres en edad escolar), 54 pensionados, 2 con pensión en trámite, 4 minusválidos, una persona postrada, un enfermo crónico, 2 universitarios y 2 dueñas de casa.
Si la carga para mantener a la población pasiva es demasiado alta para el grupo activo, hay un problema mayor: la explosión de matrimonios y nacimientos tras la caída de Schäfer ha generado hacinamiento. Los antiguos dormitorios colectivos que separaban a hombres de mujeres, han sido adaptados por las nuevas familias como departamentos. Las cortinas fijan las separaciones interiores, no tienen cocina y usan un baño común. La estrechez los ha llevado -orientados por el fallecido delegado especial del gobierno, Hermann Schwember- a formar un comité habitacional para pedir acceso a subsidios.
Prosperidad es una palabra ajena a la Villa Baviera. Su población ha vivido un proceso de empobrecimiento relativo que no dice relación con el patrimonio acumulado por Schäfer y que los ex colonos reclaman. Por eso, el embajador alemán manifestó a la Presidenta la preocupación de su gobierno por la situación crítica en que viven sus ciudadanos -especialmente los ancianos- y ella se comprometió a buscar una solución. La mandataria nombró al abogado Luciano Fouillioux, asesor del Ministerio del Interior y ex subsecretario de Carabineros, para buscar una fórmula. Pero no una cualquiera.
La meta de la Presidenta es asegurar el pago de las indemnizaciones a las víctimas de abusos. Fouillioux ha avanzado en la materia. La idea es que Cerro Florido ceda en garantía de pago varios terrenos, los que ya fueron tasados por un organismo aceptado por el representante de la mandataria. Esos terrenos debiesen ser administrados por un tercero que asegure el pago de las reparaciones cuando los tribunales cierren los procesos.
Frente a las dudas del gobierno -razonables si se toma en cuenta que durante casi tres décadas Villa Baviera entorpeció la acción policial y ocultó evidencias-, la embajada alemana encargó al abogado y síndico de quiebras Hermann Chadwick Larraín que elaborara un informe sobre la situación financiera de las empresas del holding. Un estado de situación que diera garantías al gobierno sobre la veracidad de la crisis que acusan los ex colonos. Chadwick ya había intervenido las empresas de la villa en agosto de 2005, cuando una jueza de Parral le asignó esa tarea tras aceptar una solicitud del CDE. Pero el ministro en visita Jorge Zepeda -que desde entonces tiene exclusividad para llevar los procesos de la ex colonia, salvo aquellos por abusos a menores- anuló esa orden y Chadwick debió dejar la tarea a los 21 días.
Chadwick puso fin a su fugaz intervención, pero uno de sus auditores se quedó a trabajar con los alemanes. Se trata de Patricio Reyes Rojas, el mismo contador procesado en el caso Inverlink y que Chadwick integró a su equipo cuando asumió como síndico de una de las quiebras relacionadas con ese grupo económico. Reyes Rojas fue gerente de Finanzas de Cerro Florido hasta septiembre del año pasado, cuando Chadwick recibió el encargo de la embajada alemana. Entonces el síndico volvió a llevarlo a su corral para que trabajara en el informe. Aunque hay miembros del directorio de Cerro Florido que dicen que Reyes les indicó que había sido absuelto en el proceso por Inverlink, fuentes judiciales confirmaron que sólo salió ileso de los cargos por ilícitos tributarios, pero que sigue procesado en el «cuaderno principal» por estafa e infracción al artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores. El nombre de Reyes fue recordado con insistencia en la noche del martes 24, la primera que Villa Baviera pasaría en penumbras, porque él renegoció con Luzparral la deuda por el consumo eléctrico.
Reyes Rojas fue clave en la elaboración del Informe Chadwick. Aportó los flujos de caja de las empresas proyectados hasta diciembre de 2009, concluyendo que acumularán un déficit negativo superior a los $ 1.300 millones si no obtienen recursos frescos para reprogramar sus deudas y financiar inversiones. El informe de Chadwick es categórico: «Urge alzarlos (los embargos) mediante la implementación de un acuerdo reparatorio (…) esto debe hacerse con extrema urgencia».
El primer movimiento de la operación para repatriar los dineros que Schäfer ocultó en el extranjero, apuntó a Peter Schmidt Spinti. A través de personas que dan confianza a ambas partes, le han pedido que les ayude a repatriar un monto que debiese bordear el millón de dólares, con el que Schmidt compró propiedades en Argentina donde se refugió Schäfer para escapar de la justicia chilena. Con estos dineros, asegura Matthusen, Schmidt adquirió a su nombre una finca en Chivilcoy (Buenos Aires).
-En una primera instancia agotaremos todos los medios extraoficiales. Primero conversaremos, y si eso no da ningún gesto positivo en 60 días, haremos las denuncias para recuperar esto judicialmente -explica Matthusen.
La operación recuperación incluye al doctor Hopp. El médico confesó ante el ministro Zepeda su participación en maniobras orquestadas por Schäfer para sacar dinero del país, hacer millonarias inversiones en el exterior y conseguir pasaportes.
Las declaraciones de Hopp fueron incorporadas por el ministro Zepeda en su sentencia por el juicio por fabricación de armas en Villa Baviera. En ellas, el médico indicó que con dinero de los ex colonos (resultante de su trabajo no remunerado durante más de tres décadas) y que supuestamente conformaba un «pozo para emergencias», se abrieron cuentas en Centroamérica, Canadá, Uruguay y en las Islas Saint Kitts. A estas últimas –dijo al juez- viajó personalmente en procura de un pasaporte para Schäfer, operación que requirió comprar un inmueble en ese lugar avaluado en unos US$ 250 mil.
Hopp sitúa en 1997 la fecha en que Schäfer dio la última cuenta de ese pozo, cuando dijo que bordeaba los US$ 10 mil por colono. En la época, los residentes de Villa Baviera superaban las 300 personas, por lo que el pozo podría empinarse sobre los US$ 3 millones. En su declaración, Hopp afirmó que parte de ese dinero fue administrado por José Miguel Stegmeier, Edgardo Neumann y Enrique Veloso, los que habrían comprado un campo en Los Ángeles -denominado «Tierra Negra»- por «un valor de US$ 1 millón». Y los registros del Diario Oficial indican que en mayo de 1998 los tres crearon la sociedad Agrícola Tierra Negra Limitada.
Stegmeier ya es objeto de acciones judiciales interpuestas por el abogado Hernán Fernández, defensor de los menores abusados por Schäfer y uno de los artífices de la captura del predicador. Fernández señaló que espera que la justicia aclare si el empresario jugó algún rol en la administración del dinero que usó Schäfer para ocultarse. En 2005 se filtró a la prensa que informes policiales indicaban que Neumann viajó una vez al mes a Buenos Aires entre 1997 y 2004, el mismo periodo en que Schäfer se ocultó en Argentina, y que en ocasiones lo acompañaron Veloso y Stegmeier. Una de esas salidas coincide con la fecha en que fue comprado el terreno en Chivilcoy.
-Algunas conversaciones (para recuperar los dineros en el exterior) ya están iniciadas. Con Peter Schmidt hay buenos avances…, más no quiero detallar -indica Martin Matthusen.
Un punto que puede enturbiar la posibilidad de que el gobierno cierre un acuerdo con los ex colonos es que las investigaciones que aún lleva el ministro Zepeda demuestren que parte del dinero que Schäfer sacó del país -y que también podría estar en el origen del patrimonio de las actuales empresas de Villa Baviera- proviene del tráfico internacional de armas.
Aunque Zepeda condenó a cuatro personas (Hopp, Schaffer, Kurt Schnellemkamp y Karl Van Der Berg) por fabricar armamento, hasta el momento de dictar esa sentencia no había encontrado evidencias de que la Colonia vendiera armas. Sí encontró pruebas de que Gerhard Mertins, uno de los más reconocidos traficantes a nivel mundial, fue un asiduo visitante de Dignidad. Así lo confesó el propio Schäfer a Zepeda.
Mertins conoció a Schäfer porque fue compañero en la fuerza área nazi del segundo hombre de Colonia Dignidad: Hermann Schmidt Georgi (padre de Peter Schmidt). De hecho, un equipo de Dignidad viajó a una mina de oro de Mertins en Durango (México), que curiosamente se llamaba «Parral», para instalar antenas de radiocomunicación y sistemas electrónicos de vigilancia. Manuel Contreras, el ex jefe de los aparatos represivos de Augusto Pinochet y también asiduo visitante de Schäfer, reconoció al mismo Zepeda que Mertins, con quien viajó a Europa, fue proveedor de armas del gobierno militar y que la colonia «regaló» helicópteros a Carabineros.
Martin Matthusen rechaza que el dinero que está en el exterior y los bienes de Villa Baviera provengan del tráfico de armas
-Todo es fruto del trabajo de nosotros y de nuestros papás. Yo, y muchos conmigo, queremos construir nuestro futuro acá. Tenemos hijos chicos. Queremos que ellos no sufran esa mochila de la Colonia Dignidad de abusos a menores, violaciones de derechos humanos y todas las atrocidades que nosotros, aunque inocentes, estamos pagando ahora. Nosotros condenamos, repudiamos y no tenemos responsabilidad mínima en todo eso. Para terminar con esto, debe hacerse a satisfacción de los que sufrieron alguna consecuencia negativa de parte de integrantes de Villa Baviera. Pero todos los de mi edad, hombres o mujeres, también fuimos víctimas. Sufrimos castigos físicos, abuso, arresto domiciliario, trabajo duro no remunerado. No recibíamos nada más que comida y una pieza donde dormir. Fue un sufrimiento, en mi caso, de 28 años, porque a esa edad por primera vez salí solo de la Villa Baviera.
Frente a estos gestos de la «segunda generación» de Villa Baviera, el gobierno alberga dos grandes dudas respecto de avalar la fórmula de «indemnizaciones por embargos”. La primera dice relación con asumir un acuerdo que termine beneficiando a autores de abusos o ilícitos económicos. Y ello porque en las nóminas de accionistas de ABC hay personas acusadas como cómplices de Schäfer -tanto en su fuga como en sus ataques sexuales a menores-, las que se beneficiarían con el levantamiento de las medidas precautorias. De hecho, Peter Schmidt es uno de los ex colonos que concentra más acciones (4,24% en Bardana y 3,16 % en Cinoglosa).
La otra interrogante es que no está claro cuánto del patrimonio de las empresas de Villa Baviera se originó con dineros que fueron defraudados al fisco por exenciones tributarias y franquicias aduaneras que Schäfer usó para capitalizar los negocios y no para la beneficencia. Precisamente, esto originó que en 1990 el gobierno de Patricio Aylwin iniciara el proceso para cancelar la personalidad jurídica de la entonces Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad -lo que recién se concretó en 1996-, cuando se demostró que sólo el 9,8% de los ingresos de sus negocios se destinaban al hospital y la escuela.
Respecto del primer punto, los líderes de Villa Baviera reconocen que hay personas acusadas junto a Schäfer que son accionistas del holding, pero afirman que la justicia tiene las herramientas para obligarlas a responder con su patrimonio personal para reparar los daños a las víctimas.
-El punto es que la suma de los bienes individuales de los procesados no permite pagar los montos fijados en la condena de primera instancia por abusos a menores. De hecho, Schäfer no figura como dueño de nada y debe pagar $770 millones. Entonces, esos $1.400 millones de indemnización no son más que un monto nominal incobrable si las empresas de Villa Baviera no garantizan completar el total –explica un asesor de los colonos.
La segunda duda es la más delicada desde el prisma político. Avalar un arreglo de esta naturaleza podría interpretarse como el reconocimiento por parte del gobierno de que todos los bienes de Villa Baviera fueron obtenidos de manera legítima. Durante años, el CDE ha intentado demostrar que gran parte de esos bienes fueron adquiridos con dinero proveniente de negocios que montó la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad (SBED), gracias a que compraba e internaba maquinaria libre de impuestos, no declaraba renta y por casi 40 años no pagó remuneraciones ni leyes sociales a sus integrantes.
La defensa de las empresas de Villa Baviera insiste en que los bienes que dieron origen a ABC -los inmuebles que hoy están en manos de Cerro Florido- siempre pertenecieron a personas naturales, socios de la SBED, que los entregaron en usufructo a esa corporación de beneficencia. Y estiman que entre 1988 y 1991 -cuando se formaron las sociedades matrices del holding- lo que se hizo fue restituir el usufructo de las tierras a sus legítimos dueños. El CDE disiente e intenta probar que se trató de contratos simulados, orquestados con el fin de traspasar irregularmente los bienes para evitar que fuesen entregados a otra entidad de beneficencia -y que se restituyera el perjuicio al fisco- cuando se canceló la personería a la SBED.
Las previsiones del gobierno apuntan a que es altamente probable que el CDE pierda el juicio -el Consejo apeló al sobreseimiento- y que los embargos sean levantados. Por eso se decidió explorar la posibilidad de garantizar las indemnizaciones. La reparación a las víctimas mitigaría una derrota judicial después de 19 años de diversos litigios con la ex Colonia Dignidad. A favor de materializar el millonario acuerdo corre el apuro de los alemanes que enfrentan el riesgo cierto de la quiebra. Pero en La Moneda también saben que no se puede estirar mucho la cuerda, porque si se produce la quiebra no estará dentro de las prioridades de los acreedores saldar la deuda moral con los menores abusados.
Quienes conocen los archivos contables con los que se elaboró el Informe Chadwick, dicen que el principal problema del holding fueron las pérdidas de los tres últimos años en el rubro agrícola.
– Las empresas no tienen capital -explica una fuente que analizó esos documentos- y viven de lo que generan mes a mes. ¿Dónde está el capital? Pensamos que se lo llevó Schäfer. Los resultados del área agrícola en los últimos tres años han sido muy malos y han generado un resultado global negativo. Los precios del rubro no acompañaron (la leche y el trigo bajaron, mientras los fertilizantes, la energía eléctrica y el petróleo subieron). Cerro Florido sólo tiene acceso al crédito más caro, que es el de los proveedores de fertilizantes.
Los directores de Cerro Florido, Markus Blanck (35 años, jefe del área agrícola) y Reinhard Sholz (53, jefe del área forestal) corroboran lo anterior:
-Los cultivos han dado pésimos resultados -dice Sholz- por la sequía y por la crisis económica. El precio es muy malo y los fertilizantes subieron hasta tres veces.
Markus Blanck señala que «en total tenemos 800 hectáreas de cultivo, 150 de ellas con riego, más 200 en pradera». Para esa superficie se requieren unos $ 700 millones por año para fertilizantes. A eso suma la maquinaria que no han podido renovar : «Tenemos sólo un tractor trabajando, para las mil hectáreas. La máquina cosechadora está embargada y obsoleta».
El área forestal ha mantenido en pie a Cerro Florido, pero los bosques maduros están prácticamente agotados. Sólo les quedan 14 hectáreas de pino y -lo más atractivo- 58 de raulí. «Pero es poco lo que ganaremos con la explotación del raulí, casi $ 10 millones al mes. No alcanza para rellenar los hoyos de los fertilizantes», dice Sholz.
Abratec S.A, es la «vaca lechera» del holding. Aunque su rubro de mayor fama es el gastronómico, por el restaurante de Bulnes, el negocio estrella para efectos de las utilidades del holding son los áridos. Durante dos décadas fue un verdadero monopolio que abastecía la construcción desde Los Ángeles a Talca. Era imposible competir con sus precios, por un factor tan simple como ilegal: a los alemanes no les pagaban sueldos ni leyes sociales.
A mediados de los ‘80, Abratec se consolidó en las ligas mayores de la construcción al asumir dos tareas monumentales en las obras de la represa Colbún Machicura: la perforación de un túnel y la excavación del canal que va de Machicura a Talca. Pero hoy su pozo de áridos en el río Itata (Bulnes) se agota. De hecho, está solicitando a la Conama que le apruebe una Declaración de Impacto Ambiental para explotar por varios años un pozo que está un par de kilómetros aguas arriba, aunque ya cuenta con los permisos municipales para trabajar por un año esa área:
-El 2004 fue un año muy difícil, porque Petreos, que habitualmente nos compraba, dejó de hacerlo. Buscaron otro proveedor y de un día para otro estábamos sin venta. Nos salvó la construcción de la fábrica de celulosa de Arauco en Nueva Aldea y salimos de ese hoyo. Cada año hay flujo de caja en verano, pero en invierno baja mucho. Y tenemos muchos sueldos que pagar. En Bulnes la nómina es de 163 trabajadores y en Parral son casi 80- explica Siegfried Laube (58), presidente de Abratec.
El patio de maquinarias -todas embargadas- de la empresa se fue convirtiendo en un cementerio de chatarra. Camiones y retroexcavadoras que alguna vez representaron una fortuna, hoy sólo podrían ser vendidos por kilo. «Con el embargo no podemos renovar y trabajamos con máquinas de hasta 1964», indica Laube.
En las últimas semanas la decepción imperó en Villa Baviera, porque los ex colonos estaban esperanzados en que el Informe Chadwick daría paso a la cooperación económica del gobierno alemán, por intermedio de su embajada, pero eso no ocurrió. «El informe -señala Blanck- tiene algunas sugerencias buenas, pero yo pensaba que nos ayudaría a obtener un crédito para que pasen estos tiempos difíciles. No fue así».