La guerra contra el femicidio

La fiesta estalló en el mismo minuto en que Michelle Bachelet se puso la banda presidencial. La imagen que a través de las pantallas llegó hasta las 856 viviendas sociales de la Villa San Gabriel, enclavada en La Pintana, desató una marejada de gritos y risas entre decenas de mujeres que miraban incrédulas lo que ocurría en el Congreso de Valparaíso. En ese suburbio de Santiago un pequeño carnaval se inició al ritmo de un cántico que todas recordarían pocos días más tarde: “¡Ahora nosotras la llevamos en el país!”.

Dos semanas después, la Villa San Gabriel vivió otro día agitado, pero esta vez fue la furia la que levantó el polvo. Paola Cordero, ex dirigenta de los deudores hipotecarios de la villa y jefa de una guardería infantil para las trabajadoras de su barrio, recuerda:
-Teníamos una vecina a la que su marido maltrataba. Pero nadie lo sabía. Como muchas otras mujeres, lo ocultaba. Hasta que no aguantó más y le contó a una vecina. Y le pidió que por favor la ayudara si su marido le pegaba de nuevo.
Ese día, como a las diez de la noche, Paola escuchó a su vecina gritar: “¡Le están pegando a la señora Rosita!”:
-En pocos segundos todas gritábamos. Cuando bajé por las escaleras ya había otras dos vecinas que corrían hacia la casa de Rosita. Se fueron agregando mujeres, pero ningún hombre bajó. Ya éramos más de 30 mujeres gritando frente al departamento con palos, fierros, con lo que pillamos. Y como el marido de Rosita no nos quería abrir la puerta, ¡la echamos abajo! Le pegamos, lo pateamos… queríamos matarlo. Llamamos a Carabineros a pesar de que no creíamos mucho en que hicieran algo. Una vez, cuando yo era niña, vi a un hombre que casi mató a una mujer y los carabineros dijeron que no se metían porque eran “problemas de familia”. Por eso decidimos sacar nosotras de la casa al compadre y darle duro. Pero Carabineros llegó. Y se lo llevaron.

Desde ese día, dice Paola, ya no hay mujeres golpeadas por sus maridos en la Villa San Gabriel. Pero en el resto del país sí las hay y con un agregado dramático: al mismo tiempo que han crecido las denuncias policiales por violencia intrafamiliar (VIF), se han multiplicado los femicidios. Hasta el 4 de diciembre de este año ya iban 58.

Urgente: cómo evitar asesinatos

Las estadísticas de Carabineros indican que en 2005 se registraron 82.596 denuncias por VIF contra mujeres. En 2006, el primer año del gobierno de Bachelet, se elevaron a 94.160. Datos de mayo del Ministerio del Interior revelaron que en el primer trimestre de 2007, la tasa de crecimiento de las denuncias por violencia intrafamiliar (5,5%), superó al aumento –3,2%- del total de los delitos de mayor gravedad (robo con violencia, robo con intimidación, robo con fuerza, hurto, lesiones, homicidio, violación) que el mismo período del año pasado.

La nota curiosa: el récord de violencia contra la mujer lo exhibe Tocopilla, una de las ciudades mas devastadas por el último terremoto de noviembre que asoló a la Segunda Región. Las mujeres del viejo puerto fueron doblemente golpeadas este año.
Una campaña de información permanente y la seguidilla estremecedora de asesinatos brutales de mujeres a manos de sus parejas han logrado situar esa violencia en un lugar relevante de los medios masivos y en la agenda política.

Ya era tiempo. Porque el problema no es nuevo. Ya en julio de 2001 un estudio del Ministerio de la Mujer (Sernam), daba cuenta de que el 50,3% de las mujeres chilenas había sufrido algún tipo de violencia por parte de sus parejas. Aun así, en junio de 2005, si bien finalmente se aprobó la Ley sobre Violencia Intrafamiliar, 38 senadores -por unanimidad- despacharon un documento que echó por tierra la tipificación del “maltrato habitual a la pareja” como delito. Ello significó que en los tribunales se siguiera castigando la violencia reiterada contra la mujer con multas… Si se creaba ese delito, se debía modificar el Código de Procesamiento Penal, pero los senadores optaron por elevar el grado de las penas y enviar los casos de violencia sicológica a los Tribunales de Familia y los hechos de agresión al Ministerio Público.

El 2006 los femicidios se dispararon a 46 (un promedio de 3,8 mensuales). Y en 2007, con 58 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, las alarmas en todos los niveles se encendieron.

Bachelet también hizo lo suyo. El 24 de octubre lanzó una campaña nacional destinada a provocar la reacción ciudadana y poner fin a la indiferencia frente a la violencia que se ejerce públicamente contra las mujeres. En uno de los spot que se transmiten diariamente y en varias tandas por los medios, se escucha a una mujer que desconsolada le confidencia a su madre que su marido la golpea y la insulta frente a sus hijos. La respuesta es “Y qué habrás hecho tú, ¿no lo habrás provocado con tu carácter…? Qué vas a hacer si él asegura la comida y casa de tus hijos…”

Si hasta ese momento las denuncias al número 149 -que conecta con un sitio especial en Carabineros- sumaban 1.243, veinte días después llegaron a 2.194.

El mismo día que se dio inicio a la campaña, se envió al Congreso un proyecto de ley que endurece las condenas para los agresores de mujeres y amplía las herramientas legales para enfrentar una violencia antes asfixiada.
-Quiero que el castigo sea ejemplar y efectivo para quien cometa la cobardía de agredir a una mujer –afirmó Bachelet.

El proyecto aumenta las penas para el homicidio calificado cometido por esposo, conviviente, novio, pololo o ex pareja; caracteriza como delito la VIF que provoca lesiones físicas (leves o graves) y el maltrato sicológico permanente; agrava el delito de incendio de la vivienda de la víctima y penaliza los daños o inutilización de los bienes de la agredida. El slogan de otro spot es: “Aquí había 20 personas y nadie hizo nada. Imagínese cuando ella está sola”.

En 2006, el Ministerio Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) destinó $1.045.255.000 (US$ 1.964.765) a la implementación del Programa Nacional de Prevención de VIF contra mujeres. Para este año, Bachelet aumentó ese presupuesto a $2.420.600.000 (US$ 4.550.000). Con estos recursos se financian 30 Centros de la Mujer que en 2006 atendieron a 6.482 mujeres.

-Hicimos una ley de VIF, pero con ella abrimos una puerta para que se mostrara realmente cómo golpean brutalmente a las mujeres. No es que hayamos detenido el fenómeno, lo que pasa es que ahora se ve. Y ahora yo me hago responsable, porque durante 15 años le hemos dicho a la mujer “denuncia”. Ella lo hace ¡y la terminan matando! Entonces, estamos tratando de crear los mecanismos de protección para que no las maten. Pero aún son insuficientes, porque todavía cuando llaman a Carabineros, muchos de ellos, aunque no todos, les dicen “señora, mejor péguele usted, porque la verdad es que no tenemos cómo resolverle el problema” -reconoce con angustia la ministra del Sernam, Laura Albornoz.

La actitud de Carabineros ante la agresión de que es objeto una mujer –y que describe al inicio de este reportaje Paola Cordero- tuvo el 25 de noviembre otro desenlace. Tres carabineros fueron dados de baja luego de que un video los mostrara en la noche del 5 de octubre, manos en los bolsillos, mientras un hombre golpeaba a una mujer brutalmente frente a su unidad policial.

La instrucción de Bachelet ha sido priorizar los mecanismos de protección para los casos más graves, por lo que se ordenó levantar 16 Casas de Acogida, con capacidad para proteger a 900 mujeres y sus hijos (1.800 menores) por año. El programa tiene un costo de $1.193.400.000 (US$ 2.243.233). Pero las mujeres no pueden permanecer más de tres meses bajo ese alero y sólo son atendidas las mayores de 18 años, lo que deja fuera a gran parte de las madres adolescentes (según el Censo de 2002, 4,5% de las jóvenes entre 15 y 19 años tiene hijos).

La Casa de Acogida número 16 fue inaugurada el 20 de noviembre pasado y es la primera destinada a la mujer rural, la más discriminada y desprotegida de todo el espectro.

Leslie Delva trabaja en el recientemente creado Centro de la Mujer de San Bernardo que atiende a cinco comunas de la zona sur metropolitana. Ella se capacitó como monitora comunitaria de VIF a través de la Corporación Domos, una ONG de asistencia a la mujer agredida:
-En el Centro de la Mujer se nos pide que tratemos con mujeres mayores de 18 años y tenemos que darles una entrevista de 15 minutos. Algo que yo no hacía cuando estaba en Domos, porque cuando una mujer llegaba yo le daba todo el tiempo que ella necesitaba. Ahora, después de esos 15 minutos, a la mujer se le da una hora de atención. Y de repente no concuerdo con mi equipo de trabajo, porque si una mujer viene desbordada, hay que atenderla.

Autonomía económica

Carolina Peyrin, directora ejecutiva de Domos, dice que las denuncias se duplicaron entre 2000 y 2005 (de 40 mil a más de 82 mil). Pero ella pone el acento en que “de todas las denuncias efectuadas, la tasa de aprehensión es bajísima: 3,5%”. Y lo que más le preocupa, es que el 48% de las causas ingresadas a los Tribunales de Familia son por VIF contra la mujer, pero sólo el 15% de ellas termina en una sentencia. Muchas mujeres se desisten.

“No lo perdono, pero lo quiero y deseo ayudarlo”, dijo Graciela Serey cuando se desistió en el tribunal de la denuncia que hizo contra su esposo, quien la agredió con un punzón en la madrugada del 14 de octubre pasado en su casa en Peñalolén.
Graciela en definitiva lo perdonó a pesar de que sólo un error de calculo de su marido la salvó de ser el rostro del femicidio número 51 de este año. Y si antes de la campaña iniciada por Bachelet el marido habría quedado libre con la sola retractación de la esposa, esta vez el juez dictaminó encarcelarlo por parricidio frustrado en virtud de la denuncia que interpuso el Sernam.

La encarcelación del marido de Graciela marcó un cambio. Uno que parece destinado a dejar huella. Porque lo mismo le ocurrió a Héctor Sepúlveda, el hombre que hizo noticia luego de quemarle los genitales a su mujer con un alicate caliente. Héctor fue condenado a 3 años de presidio a pesar de que su mujer insistía en decir: “Él está arrepentido y no merece estar en la cárcel”.

Entre octubre de 2005 y junio de 2007, ingresaron a las fiscalías de Chile 70 mil causas por violencia intrafamiliar. De ellas, el 60% terminó con retractación de la denunciante.

“La autonomía económica de las mujeres es clave para romper el círculo del abuso”, afirma Carolina Peyrin, directora ejecutiva de Domos, corporación que con el apoyo de Fundación AVINA ha desarrollada una inédita acción de capacitación, apoyada por empresas, para mujeres que buscan romper ese círculo.

Todos los estudios indican que un factor importante para que la denuncia de agresión termine en nada es el miedo. Y de dos clases. Miedo a que el conviviente o marido la golpee a ella y a sus hijos al no quedar preso y volver a casa, y temor a que quede preso y ella y sus hijos pierdan el único sustento que les brinda el “macho proveedor”. Hay dependencia emocional y económica de la pareja.

La capitana de Carabineros Alejandra Jaramillo, de la 48° Comisaría “Asuntos de la Familia”, lo corrobora:
-Muchas veces las mujeres agredidas se desisten porque no tienen cómo vivir. Vienen a dejar la denuncia y dicen “voy a dejar a los niños acá, porque no los puedo tener”, pues el agresor las mantiene económicamente y si ellas terminan esa relación no tienen qué comer.

Leslie Delva cuenta que prácticamente todas las víctimas que piden ayuda al Centro de la Mujer de San Bernardo terminan sus entrevistas con la misma pregunta: “Señorita, ¿qué oportunidades de trabajo hay?”.

A juicio de Carolina Peyrin este es el punto realmente clave de la “ruta crítica”, porque se puede tolerar que las denuncias no terminen en sanciones, que los tribunales sean lentos o que la atención de salud sea deficitaria, pero lo único en que no se puede fallar es en separar efectivamente a la víctima del agresor:
-Tenemos una iniciativa para involucrar al sector empresarial. Y hemos invitado al Sernam a apoyarla, vinculando el tema de la autonomía económica con la reparación. Porque puedes tener una mujer que denuncia y le va bien, pero si no tiene autonomía económica muchas veces está condenada a volver con el agresor.

Domos ha logrado que la minera Phelps Dodge, forestal Masisa y la clínica dental Prevedent, abran puestos de trabajo para mujeres que han sufrido VIF. La idea es ampliar la iniciativa a otras empresas, para lo cual cuentan con un programa financiado por la Fundación Avina por dos años. Pero Sernam no ha dado muestras de avalar la idea:
-El año pasado encontramos una respuesta insólita: “No nos corresponde convocar a los empresarios para un trabajo que va a hacer una ONG”. ¿De qué alianza público-privado estamos hablando entonces? –afirma Carolina.

Remeciendo a la justicia

No sólo la dependencia económica y emocional y la falta de protección influyen para que la mujer se desista de la denuncia y siga sometida a la violencia que ejerce su pareja. También juega un rol importante la lentitud con que funciona en este ámbito la justicia. La capitana Jaramillo lo grafica:
-Una persona que viene en enero y hace una denuncia por VIF, queda en espera de citación para seis meses más. Y llegamos a marzo con amenazas de muerte y a abril con que el agresor ingresó a su domicilio y la dejó moreteada. En ese tiempo que transcurre entre la denuncia y la citación del juzgado o la fiscalía puede pasar cualquier cosa. Los fiscales nos pueden decir “démosle diez días de rondas periódicas”. ¿Y en los seis meses quién la protege?

La oficial explica la rutina que sigue a cada denuncia:
-Cuando no hay lesiones, el caso va al Tribunal de Familia. Cuando existen lesiones, obligatoriamente tiene que ir a la fiscalía. Nosotros tomamos la denuncia, hacemos el parte policial y solicitamos una medida cautelar: que el agresor salga del domicilio, que no se acerque al domicilio, que no se acerque al trabajo de la víctima. Muchas personas desisten pues se aburren porque no llega nunca la citación, porque se arreglan con la pareja, porque se van a otro lugar y dejan la situación como está sin ir a la citación.

La “ruta crítica”

La lenta respuesta de la justicia y la falta de protección para los casos más graves, llevó a Domos a desarrollar el estudio “La ruta crítica de las denuncias en el sistema institucional”, informe pedido por Sernam. De hecho, la ministra Albornoz y la Presidenta Bachelet participaron el 21 de julio de 2006 en la presentación de un proyecto piloto, desarrollado por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, para superar el problema de que más del 50% de las denunciantes se retractan.

Rita Bórquez, investigadora a cargo del estudio de Domos, sostiene que “la penalización de la VIF como delito, competencia del Ministerio Público, ha puesto a los fiscales como actores centrales. Pero los fiscales deben cumplir una serie de metas de eficiencia (porcentajes de casos exitosos). Y una mujer que denuncia una agresión de su pareja, que muchas veces termina retractándose, que se demora en decidir si va a dar su testimonio, que se pone a llorar en su oficina, para los fiscales es igual a pérdida de sus indicadores de gestión”.

La jueza del Tercer Tribunal de Familia de Santiago, Gloria Negroni, concuerda con esa crítica:
-Con el tema de las fiscalías hemos tenidos varios problemas porque ellos no tienen una política de persecución penal de esos delitos. Entonces, en la mayoría de los casos que les remitimos por maltrato sicológico habitual, la causa queda ahí. No investigan porque dentro sus metas seguramente no está ver estos temas. Hace un tiempo se creó la figura de un fiscal especializado que coordinara todos estos casos, pero yo no sé si, desde la perspectiva del fiscal nacional y de los fiscales regionales, hay un lineamiento claro respecto a una especialización.

La jueza Negroni critica también el enfoque que el Sernam da a la VIF, pues lo considera reduccionista. A su juicio, el maltrato no es sólo un problema de género y la mujer no es la única víctima, sino que es un problema familiar:
-También hay VIF contra los hombres. Muchas veces es una violencia cruzada que no sólo se ejerce contra la mujer.

Muchas denunciantes, explica la jueza, acusan a sus parejas de VIF cuando en realidad lo que buscan es una pensión de alimentos:
-A veces la mujer es mal aconsejada y cuando quiere alimentos su abogado le dice “denuncie por violencia porque le va a salir más rápido”. Frente a esto uno desarrolla mucho la percepción en las audiencias. Es muy distinto leer un escrito que resume el caso, como era en el sistema judicial antiguo, que estar con las dos personas al frente. Hay un lenguaje gestual, no verbal, muy determinante.

Por estas razones, la jueza estima que la mayoría de los casos de VIF que llegan a los Tribunal de Familia -que no son considerados delitos, pues no hay lesiones ni maltrato sicológico habitual- no se solucionan con una sentencia y que el Estado, así como apoya a las mujeres a través del Sernam, también debe crear instituciones de respaldo a la familia. Y no sólo para las más pobres:
-Los casos más graves son los del nivel social alto. En ese grupo está la mayor cifra negra. Una mujer de población no tiene mayor empacho en ir a los tribunales y decir “este hombre me pega”. La mujer ABC1 tiene más temor, porque desde su infancia vivió protegida y cuando se enfrenta a un personaje que la maltrata, no sabe qué hacer. Además, para una mujer de clase media-alta, asumir que el marido le pega o que sufre violencia sicológica grave es un tema cruzado por las variables de subsistencia, status y vergüenza –acota Negroni.

Educación y Salud

Otro nudo de la “ruta crítica” institucional es el sector de Educación. Carolina Peyrin asegura que se deben incorporar contenidos de prevención en los colegios, pero alerta: “Éste no es un tema de currículo del Ministerio de Educación”:
-Preparamos un estudio al que Sernam le sacó cero punta. Entrevistamos a jóvenes de distintos grupos socioeconómicos y la conclusión más lamentable es que todo esto que aparece a nivel simbólico -que la mujer está incorporada al trabajo y que es más autónoma-, no tiene anclaje en lo cotidiano de los jóvenes. Sobre todo en los sectores bajos y medios. Siguen presentes en los jóvenes todos los estereotipos sexuales básicos de la violencia. Los hombres consideran que la mujer “debe ser…”, “debe hacer…”, porque piensan que aún cuando “puede” trabajar, tiene un rol protagónico en la crianza. Y en las mujeres también, respecto de ver al hombre como “proveedor” y “protector”.

En el sector Salud, la investigadora Rita Bórquez cree que las cosas han avanzado mejor, porque se han homologado todos los protocolos de atención, lo que facilita el registro estadístico, el seguimiento del caso y la atención médica especializada. No obstante, considera que en esta área persiste un problema clave:
-El ir a constatar lesiones es un nudo de la “ruta crítica”. El impulso para seguir o no con el proceso de denuncia, depende mucho del señor que va a mirar los moretones. El rango de discernimiento del funcionario todavía está muy suelto a su criterio. Aún no hay control y tampoco una educación funcionaria, y no es parte de la cultura organizacional tener una línea para atender estos casos.

En otro frente, Domos capacitó a 70 monitoras comunitarias para prevenir VIF y acompañar por la “ruta crítica” a las denunciantes. Ellas operaron en San Bernardo y Conchalí, con un sueldo pagado con recursos del Ministerio del Trabajo a través del Fondo Nacional para la Superación de la Pobreza. En sólo tres meses -noviembre a diciembre de 2006- atendieron más de 200 casos.

-Esta debiera ser una experiencia a replicar si se evalúa desde el costo-beneficio. Las monitoras hacen la primera acogida, que es la evaluación del riesgo que vive la mujer, y la acompañan. Descongestionan los Centros de la Mujer, los centros de salud y los tribunales, porque la víctima llega a esos lugares mucho más clara en lo que tiene que hacer. La cantidad de casos que atendieron en tres meses es de alta rentabilidad, si se compara con el rendimiento de los Centros de la Mujer.

En enero, las 70 monitoras se reunieron con la ministra Albornoz y solicitaron que se busquen mecanismos y fondos para dar continuidad a su trabajo. La espera continúa.

Mientras en Chile aumentan día a día las mujeres asesinadas o golpeadas por sus parejas, una red de herramientas legales, estatales y sociales se ha ido tejiendo a una velocidad inédita. Un circuito destinado a que en cada rincón del país haya un actor que ayude a que otras mujeres venzan el miedo, la vergüenza y el pudor y le pongan fin al circuito de la impunidad.

“El proyecto que dio origen a este trabajo fue el ganador de las Becas AVINA de Investigación Periodística . La Fundación AVINA no es responsable por los conceptos, opiniones y otros aspectos de su contenido.”