Opinión

Cuando los poderosos pagan por su libertad

24.04.2018

Por Claudio Fuentes S.

En tres temas que afectan radicalmente la calidad de la democracia –colusión de mercados, financiamiento de campañas y pago de impuestos–, la forma en que se persiguen los delitos sigue un mismo patrón: autoridades administrativas son las únicas que pueden presentar querellas, limitando el accionar del Ministerio Público. Así, señala el autor de esta columna, “se establece un control político directo o indirecto sobre la activación de las investigaciones judiciales”, porque la persecución del ilícito depende de una autoridad administrativa –nombrada por el Presidente o el Senado– y no de un fiscal. “Las definiciones de las normas usualmente son escritas por aquellos que detentan el poder (…) Entonces, es esperable -aunque no deseable- que las leyes afecten de modo muy distinto a una persona que roba una gallina, respecto de aquellos que se coluden o defraudan al fisco”.

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