28.10.2016

Crece la lista de niños muertos del Sename

El miércoles pasado Canal 13 informó que el fiscal Marcos Emilfork , a cargo de investigar las muertes ocurridas en centros del Sename en la última década, había abierto una nueve línea indagatoria. El fiscal aceptó un caso que no figuraba en la lista oficial de decesos entregada por el Sename: el de Yancarla Muñoz Díaz fallecida a los 16 años, el 30 de junio de 2012, ocho días después de dejar el Centro de Diagnóstico y Tránsito de Pudahuel. Se argumentaba en la nota de Canal 13 que, pese a no haber muerto dentro del Sename, la revisión de su historial mostraba que la mala experiencia vivida por ella en esa institución se vinculaba con su muerte. En efecto, los antecedentes públicos disponibles que se detallan más abajo muestran que desde los 11 a los 16 años Yancarla deambuló en el Sename, de centro en centro, sin recibir jamás atención adecuada. Refiriéndose a Yancarla, el fiscal dijo a Canal 13: “Se requiere responder si existe algún tipo de responsabilidad, penal o no, asociada a su fallecimiento”.

El mismo miércoles el ex director del Sename, Francisco Estrada, entregó al fiscal otro caso que tampoco figuraba entre los que este estaba investigando. Se trata del niño Benjamín Morales,  de tres años, quien murió el 20 de julio del 2009, tres días después de que su madre lo golpeara hasta fracturarle el cráneo.  La muerte de Benjamín se vincula a los problemas de la red Sename, pues fue una institución dependiente de esta entidad pública la que estimó que Benjamín, que había sido separado de su familia por malos tratos, podía volver con su madre. Esta institución además, debía visitar y ayudar a la madre a adquirir las habilidades necesarias para cuidarlo, además de visitar al niño para asegurase de que estaba bien.

La aparición de estos dos casos abre un espacio de incertidumbre respecto de las cifras de casos fatales informadas por el Sename, pues si bien estas muertes no ocurrieron físicamente en recintos de la institución, puede argumentarse que ocurrieron debido a malas decisiones o malos tratamientos brindados por el organismo o entidades de su dependencia. En ese sentido, la inclusión de estos casos podría implicar que la fiscalía no sólo buscará responsabilidades directas en las muertes (por ejemplo, funcionarios específicos), sino las responsabilidades que caben al Estado, quien en última instancia es el que falló en su obligación de cuidar a estos niños y niñas muertos.

La incapacidad del Estado en esta materia ha quedado en evidencia a través de muchos casos terribles, conocidos  en los últimos años, pero también se ilustra por todo lo que le ha costado al Sename y a los tribunales saber cuántos niños están bajo protección actualmente y cuántos han muerto. La información  oficial del Sename, luego de un par de enmiendas, es que en los último 11 años han muerto 1.313 personas, cifra que incluye adultos (los cuales son atendidos, por ejemplo en el Pequeño Cottolengo) y jóvenes en programas ambulatorios (un grupo bastante amplio, donde se incluyen menores que pueden haber muerto en un accidente de tránsito).  Dentro de esa cifra global, la Fiscalía parece estar enfocada sobre todo en 240 niños que estaban internados en centros de Sename al morir (de los cuales 210 estaban en el sistema de protección y 33 vinculados al sistema de justicia civil).

Yancarla, confirmó a CIPER el propio Sename, no está entre los 1.313 muertos, pues figura como egresada del sistema y el requerimiento de la investigación de la Fiscalía era la cifra de menores que al momento de fallecer estaban en centros de atención, justicia juvenil o programas ambulatorios. Por el mismo motivo, según explicó Francisco Estrada,  Benjamín tampoco aparece en esa lista. Pero, aunque había egresado,  “aún estaba vigente que se debía trabajar con su familia para ayudarlos  a adquirir las habilidades para cuidar al niño”, señaló Estrada.

La jefa de Comunicaciones del Sename, Ariella Olivares, envió una nota a CIPER en la que, a diferencia de lo expuesto por Estrada, aseguró que Benjamín sí estaba en la nómina: “Aunque él no estaba en un centro (residencial), si estaba en un programa ambulatorio, por lo tanto está incluido en el informe entregado al Ministerio Público. El egreso de un niño de una residencia o de un programa ambulatorio siempre es decisión de un tribunal de Familia y no es atribución de Sename ni de sus organismos colaboradores”. No obstante, Ariella Olivares dijo a CIPER que no puede entregar documentos que acrediten que Benjamín estaba en esa lista, pues esos antecedentes están bajo reserva.

DIOS LO QUIZO: LA HISTORIA DE YANCARLA

La historia de Yancarla fue difundida por primera vez por CIPER en 2010 (identificada solo con la inicial G) cuando la niña aún estaba viva. En esos momentos sus necesidades de tratamiento (le hicieron tres trasplantes del hígado y padecía una profunda depresión) ya habían desbordado las posibilidades de atención del Sename. La nota describía: “G. ha ingerido hasta veneno para ratas. También se ha cortado las venas. Y cada vez que puede huye de los hogares donde ha sido internada. Ya en la calle, tiene sexo con desconocidos y se droga. La jueza que ha seguido su historia desde que llegó al tribunal a sus 11 años, dice que G. tiene los ojos más tristes que haya visto en una niña.  A esa magistrada, G. le ha dicho una y otra vez que no quiere vivir más”.

Sobre la falta de atención adecuada para Yancarla, el reportaje consignaba: “La jueza y todos los especialistas por los que ha pasado en estos años G., saben que lo que ella requiere, y con urgencia, es un centro psiquiátrico donde pueda, además de curar su depresión, recibir atención para su hígado. Pero algo así no existe en el sistema público. G. seguirá deambulando sin rumbo mientras su hígado y sus intentos suicidas le van acortando los minutos”.

La parte final de esta historia fue publicada en otro reportaje de CIPER en 2013, casi un año después de la muerte de Yancarla. Allí se constató que la falta de acceso a tratamiento adecuado continuó hasta el final de sus días: “Las juezas debían ‘mendigar’ un cupo en hogares que, a medida que ella caía más hondo, eran más incapaces de contenerla (…) Yancarla pasó por una veintena de magistrados, los cuales dictaron un sinfín de medidas sin llegar a nada concreto. No es que no se supiera qué necesitaba, se sabía desde el primer momento: ‘Recluirla en una clínica psiquiátrica por largo tiempo y con psicoterapia cuatro veces por semana’, según escribió un facultativo al tribunal”.

El reportaje daba cuenta también que esta historia fue puesta en conocimiento del entonces ministro de Justicia, Felipe Bulnes, junto con otra veintena de casos de niños en muy malas condiciones cuyas necesidades excedían los recursos con que contaban las instituciones a las que iban a parar. Bulnes se interesó en el problema, generó reuniones. “Pero del Ministerio de Justicia el tema pasó a Educación y Salud y todo quedó en nada”.

La nota describía: “A medida que pasaban los años Yancarla se volvía mas incontrolable, algunos operadores opinaban que solo cuando muriera, el sistema reaccionaría y cambiaría en algo. Yancarla murió el 30 de junio de 2012, en Purén. Tenía 16 años. Y por supuesto nunca vio ni un solo cambio en su situación. Entre los operadores del sistema de protección, para quienes Yancarla era tan conocida como el niño apodado Cisarro (otro menor que no ha encontrado solución en el sistema de protección), circuló un email que afirmaba ‘Dios quiso llevársela joven’. La frase, por supuesto, es una mentira y una crueldad”.

BENJAMIN ESTÁ BIEN

El crimen de Benjamín Morales fue reporteado por CIPER en 2010. Tenía 3 años y la mayor parte de ellos los pasó en el Sename. Fue una institución colaboradora de ese servicio la que avaló, con un informe, que el pequeño regresara a casa. Había sido abusado por la pareja de su abuela y abandonado en el Sename junto a sus hermanos por su madre. Su padre estaba preso por robo. En 2008 el padre recuperó la libertad y junto a la madre comenzaron a visitar a sus hijos que estaban internados en la Fundación Koinomadelfia. Pero en la fundación opinaron que no estaban aptos para recibir a los niños y por ello el juez de familia puso como condición que los padres entraran a un programa de fortalecimiento parental: debían recibir educación y asesoría para, fundamentalmente, aprender a cuidar a sus hijos.

La institución a cargo de ese proceso fue la Corporación Chasqui. Y el resultado lo registra un informe de Koinomadelfia entregado al tribunal: “Chasqui trabajó en especial con la madre a fin de potenciar las habilidades maternales necesarias para revertir la causa de ingreso de los niños”. Y como los especialistas de Koinomadelfia “no observaban una vinculación estrecha entre la madre y los hijos”, no aceptaron el regreso de los niños con la mujer.

Lo que ninguna de las dos instituciones detectó fue la violencia a la que era sometido Benjamín. Una agresión tan extrema que la doctora que lo recibió en el servicio de urgencia lo graficó así: “Es como si al niño le hubiera pasado un camión por encima. Tenía muchas lesiones internas, atribuibles a ese momento. Pero también tiene gran cantidad de lesiones externas que son antiguas”.

Ese informe, la autopsia y los testimonios recogidos entre los familiares por la Brigada de Homicidios de la PDI, muestran que Benjamín fue torturado durante sus últimos tres meses de vida, exactamente el tiempo que vivió con su madre luego de salir del hogar de menores.

En esta muerte una gran responsabilidad cabe a los profesionales de Chasqui, los que según los informes, visitaban a la familia y debían enseñarle a Andrea “habilidades parentales”. En ese momento Estrada explicó a CIPER que la investigación que se hizo en el Sename dejó en evidencia “que la persona encargada de evaluar y trabajar con la familia de Benjamín, no tenía los conocimientos necesarios. Por ejemplo, hablaba de ‘apego’ sin saber qué era eso ni cómo se fortalecía. Ahora, el problema es este: el Sename le paga a organismos como Chasqui, alrededor de $40 mil mensuales por niño atendido en este tipo de programas. Con esa plata, las instituciones no pueden tener gente calificada, con post título, sino recién egresados. Por ello, no me parece justo crucificar los programas, porque el problema también pasa por cuánto pagamos y cuánta capacitación ofrecemos”.

Según una minuta del caso que Estrada facilitó a CIPER, y que fue elaborada a partir del análisis que se hizo en el servicio en cuanto se supo del homicidio de Benjamín, se consignan los errores más graves que permitieron la muerte del niño. Entre ellos se destaca que ninguna de las instituciones que participó estudió rigurosamente las causales iniciales de ingreso del menor (maltrato, negligencia y abuso sexual) para saber si los hechos ocurrieron, quién los cometió y qué tipo de tratamiento necesitaba Benjamín; tampoco se examinó detenidamente la historia de vida de la madre, por qué abandonó a sus hijos y qué la llevó a recuperarlos. Y más grave aún, la minuta señala que “no queda claro quién sugirió al tribunal el egreso del niño con la familia y menos la profundidad técnica con que se tomó la decisión.  (…) Ningún equipo profesional asumió la responsabilidad de las decisiones, las que siempre desplazaron a otro”.

La minuta consigna también la participación en esta tragedia de otra institución, la Corporación Opción. Sus profesionales, sostiene el documento, evaluaron “las competencias parentales de la madre de Benjamín” y “dicho centro declaró que no existían indicadores de riesgo para los niños y, más aún, que ésta contaba con las habilidades parentales para hacerse cargo de sus hijos”.

Nota de la redacción: Este artículo fue actualizado a las 17:55 del viernes 28 de octubre.

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