22.02.2017

Condenan a militares (r) por homicidios con armas químicas durante la dictadura

En diciembre de 1981 siete internos fueron envenenados en una galería de la Cárcel Pública de Santiago. Dos murieron y los cinco restantes quedaron con secuelas. Después de más de diez años de investigación, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones, Alejandro Madrid, logró determinar que las víctimas fueron envenenadas con toxina botulínica por agentes del Estado.

En su edición de este martes 21 de febrero, El Mercurio informó que el juez Madrid dictó condena contra cinco ex miembros del Ejército por estos hechos: el médico Eduardo Arriagada Rehren, el veterinario Sergio Rosende Ollarzú, el coronel (r) Joaquín Larraín Gana, el teniente coronel (r) Jaime Fuenzalida Bravo y el ex alcaide de la cárcel pública, Ronald Bennett Ramírez. Los dos primeros fueron condenados a 20 años de presidio en calidad de autores y los restantes a 10 años de presidio como cómplices.

La información fue complementada por Radio Biobio, la que indicó que una “sustancia bacteriológica” (toxina botulínica) fue ingresada a Chile desde Brasil para luego ser puesta en la comida de las siete personas que fueron envenenadas. De ellas, cinco eran militantes o simpatizantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR (Guillermo Rodríguez, Adalberto Muñoz, Rafael Garrido, y los hermanos Ricardo y Elizardo Aguilera),  y otros dos reos comunes, Víctor Hugo Corvalán y Héctor Pacheco Díaz. Estos últimos compartían galería con los miristas y fueron asesinados por la acción de los agentes del Estado.

Luego del envenenamiento los afectados no recibieron la atención adecuada, ya que luego de ser trasladados a un recinto asistencial se les indicó que sufrían de “gastritis aguda”, lo que agravó las consecuencias.

El fallo señaló que luego que la toxina ingresara al país a través de una valija diplomática, fue recepcionada por un laboratorio clandestino de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), que estaba ubicado en calle Carmen Nº 339, en el centro de Santiago.  Una nota publicada por El Desconcierto cita las declaraciones que en 2012 emitió la ex directora del Instituto de Salud Pública (ISP), Ingrid Heitmann, quien relató como en 2008, por casualidad, se descubrieron en el subterráneo del recinto cajas con armas químicas: “Eran dos cajas llenas de ampollas (…) Se podía matar a muchísimos, pero no sé cuántos (…) Había gran cantidad de material, incluidas toxinas botulínicas”, señaló la profesional.

Esta indagatoria del ministro Alejandro Madrid formó parte de una investigación mayor que busca esclarecer las causas de la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva (vea el reportaje de CIPER “Las huellas que dejó el magnicidio de Eduardo Frei Montalva”). La historia de las armas químicas fabricadas y utilizadas por la dictadura militar –como el gas sarín y la toxina botulínica- fue ampliamente documentada por un reportaje de investigación publicado por CIPER en agosto de 2013 (vea ese reportaje)

Guillermo Rodríguez, uno de los afectados por la acción de los agentes de la dictadura, publicó en su perfil de Facebook: “Aún quedan instancias legales a las cuales pueden acudir los sentenciados, entre ellos médicos, veterinarios y el alcaide del Penal.  Decirles a ustedes que es un pequeño triunfo de un largo trabajo de años realizado por abogados, la investigación del Juez Madrid y muchas compañeras y compañeros que se presentaron a declarar en esta causa.  Se aceptaron las demandas civiles por daños y perjuicios de todos quienes concurrimos a querellarnos”.

El fallo del juez Madrid ordenó al Estado a indemnizar a las familias de las víctimas con una suma de $950 millones.

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