Costanera Center fusiona predios tres años después de iniciar obras

La Ley de Transparencia permitió conocer nuevos detalles del proyecto Costanera Center, que el empresario Horst Paulmann paralizó por la crisis económica y cuyos permisos de edificación fueron cuestionados por la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda. El pronunciamiento se originó por una denuncia de la agrupación Defendamos la Ciudad y fue derivado a la Contraloría, que actualmente instruye un sumario al director de Obras de la Municipalidad de Providencia, Sergio Ventura.

Defendamos la Ciudad ha seguido trabajando en este tema y a través de una solicitud de acceso a la información pública –invocando la Ley de Transparencia- consiguió que el alcalde Cristián Labbé respondiera sus inquietudes y entregara documentos hasta ahora desconocidos sobre la génesis del Costanera Center.

Además, la respuesta reveló que el 27 de marzo pasado, sólo 10 días después de la resolución de la Seremi, el municipio enmendó uno de los cuestionamientos hechos por la autoridad. Ese día, la Dirección de Obras aprobó la fusión de los predios donde se construye el Costanera Center. De acuerdo a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, no es posible otorgar un permiso de edificación si los terrenos en los cuales se levantará la obra no están unificados. Sin embargo, Providencia autorizó el levantamiento del edificio de Host Paulmann sin cumplir dicho requisito básico.

Las obras se iniciaron en marzo de 2006 –cuando el propio ex presidente Ricardo Lagos puso la primera piedra- pese a que el permiso de edificación se aprobó en marzo de 2007. Es por eso que en un comunicado Defendamos la Ciudad ironizó diciendo que la fusión de los predios realizada tres años después del comienzo de los trabajos “constituye un verdadero record Guinness para Chile”.

Pero de la respuesta del alcalde Labbé se desprenden otros datos interesantes. Como se sabe, el paño principal donde se emplaza el Costanera Center corresponde a antiguos terrenos de la CCU. El predio adyacente fue adquirido por Inmobiliaria Las Verbenas –propiedad de Horst Paulmann- a la propia municipalidad de Providencia a través de una licitación pública hecha en 1995. En ese lugar estaba ubicado el ex Colegio Tajamar, que fue trasladado a avenida Los Leones, a un terreno donde Las Verbenas construyó un nuevo edificio para el establecimiento educacional, el que permutó en 1997 por la antigua sede.

La transacción entre Paulmann y la Municipalidad de Providencia fue avaluada en $2.074 millones, los que se saldaron con la permuta más otros $612 millones pagados al contado. Recién 12 años más tarde, los dos predios fueron fusionados.

La tardanza fue justificada por el director de Obras Sergio Ventura en la reunión del concejo municipal del 8 de abril pasado. En la oportunidad, junto con desacreditar todos los cuestionamientos de la Seremi, Ventura explicó que la solicitud de fusión de los predios estaba detenida debido a que “el proyecto incluye la entrega de una franja de terreno hacia el Canal San Carlos para conformar la calle Tajamar y que tiene una servidumbre de paso en el subsuelo para solucionar el nuevo estudio de impacto vial, que está pendiente”. Por eso, la fusión realizada el 27 de marzo se hizo como terreno afecto a expropiación y a futuro habrá que zanjar la cesión de la franja. De todos modos, en la resolución de fusión de predios ésta aparece ingresada en 2008, es decir mucho después de la otorgación del permiso de edificación.

Está pendiente el sumario de la COntraloría. cuyo resultado puede tardar en conocerse. Si se sigue la política aplicada hasta ahora, lo más probable es que no pase de una sanción administrativa para el director de Obras. Es una incógnita lo que se resolverá respecto al cuestionamiento más grave del Ministerio de Vivienda, en cuanto a que la rasante del edificio habría sido mal calculada y la construcción debiera tener varios pisos menos que los proyectados.

¿Podría terminarse el sueño de Paulmann de construir el edificio más alto de Sudamérica? Depende de la interpretación que haga la Contraloría de las normas. Aún si le da la razón a la Seremi, hasta ahora la Contraloría ha preferido sancionar a a los funcionarios municipales confiar en la buena fe de los dueños de los proyectos cuyo permisos de edificación han sido mal otorgados, pero dado que la construcción aún no llega a su fin, no sería imposible que ordenara limitar la altura del proyecto.