LA FAMILIA ORTÚZAR DEJA EL PLANTEL CON UNA DEUDA QUE PUEDE SUMAR $5 MIL MILLONES
El entramado de los negocios que desangraron a la Universidad del Pacífico
29.11.2018
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LA FAMILIA ORTÚZAR DEJA EL PLANTEL CON UNA DEUDA QUE PUEDE SUMAR $5 MIL MILLONES
29.11.2018
La crisis de la Universidad del Pacífico sorprendió a sus estudiantes y sus familias, pero no a las autoridades. Ya en 2014 la Comisión Nacional de Acreditación recibió las pruebas que demostraban la precaria situación financiera del plantel y el desangramiento de sus recursos. CIPER revela el entramado de los negocios que asfixiaron a esa casa de estudios. Sólo en 2013, se pagaron $1.504 millones en sueldos a directivos, los que incluían a cinco hijos y un yerno del controlador Julio Ortúzar. Entre 2009 y 2013 salieron $6.751 millones en arriendos relacionados con una fundación de la familia.
La crisis es total. En la base de datos del Poder Judicial, la Universidad del Pacífico (UP) registra una avalancha de demandas civiles que comenzó a mediados de 2017. Carga en su mochila con millonarios montos impagos que reclaman empresas de servicios, publicidad y de medios de comunicación, como El Mercurio y Publimetro. Su boletín comercial registra cheques protestados y deudas con el Fondo de Seguro de Cesantía, con todas las AFP del mercado, con el Instituto de Previsión Social (IPS) y con dos Isapre. La precaria situación que anuncia el fin de la UP es casi un emblema de la crisis global que afecta a universidades que pusieron el negocio por sobre los fines educativos. Después de la caída de las universidades Del Mar, Arcis e Iberoamericana, la UP se anota en una nómina que promete seguir creciendo.
La Universidad del Pacífico enfrenta una crisis financiera que acumula pérdidas al menos desde hace dos años, según sus estados financieros publicados por el Ministerio de Educación (Mineduc). Sumadas a la merma proyectada para 2018, la cifra podría llegar a los $5 mil millones. Hace pocos días sus directivos se comprometieron ante el Mineduc a no abrir matrículas para 2019. Los sueldos de sus trabajadores se están pagando por goteras. Esta semana les cancelaron el 24% del salario de octubre, y antes habían abonado otro 35% correspondiente a ese mismo mes. Los profesores ya advirtieron que si no reciben su sueldo íntegro, no cerrarán el semestre, y los estudiantes se tomaron la casa central en Las Condes. La incertidumbre reina.
La UP fue fundada en 1990 y desde un inicio ha sido controlada por la familia Ortúzar Muñoz. El patriarca del clan, Julio Ortúzar Prado (publicista y escritor) ha estado también al frente de la Fundación Julio Ortúzar Rojas, ligada estrechamente a la gestión de la casa de estudios. Entre la universidad y esa fundación familiar permanentemente ha habido un millonario cruce de dinero.
Ya en 2014 la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) advirtió la precaria situación de la UP. El 22 de octubre de ese año, la CNA le comunicó a los directivos del plantel que no certificaría a la institución. La decisión encendió todas las alarmas en la familia Ortúzar. Ser despojados del sello oficial de la CNA no sólo significaba perder prestigio, sino también perder millones por los alumnos que desistirían de matricularse en 2015 al no acceder al Crédito con Aval del Estado (CAE). Sin acreditación, no hay CAE.
Pero ese informe de octubre de 2014 de la CNA contenía una amenaza aún peor. Los evaluadores concluyeron que la Universidad del Pacífico evidenciaba en su estructura situaciones irregulares: arriendos de propiedades a empresas relacionadas, conflictos de interés entre el directorio y la estructura administrativa de la institución, niveles de liquidez financiera mínimos, deudas de “dudosa recuperación” y “ninguna explicación válida” para justificar los distintos convenios económicos entre la UP y la Fundación Julio Ortúzar Rojas.
El informe de 2014 de la CNA señala:
“(La universidad) es fiadora y codeudora solidaria de créditos otorgados por los bancos a la Fundación (Julio Ortúzar Rojas) por los edificios de las sedes Las Condes y Melipilla. Estos inmuebles son arrendados por la universidad y han sido tasados en una relación de 1,8 veces el valor de los bienes raíces a los créditos respectivos. Todo lo anterior configura una situación en que la universidad paga arriendos a la fundación, que obtiene plusvalías por las propiedades que no benefician a la universidad, y además la universidad garantiza el pago de las obligaciones de la Fundación a la banca, sin razón aparente (…). No hay una explicación válida respecto a los motivos de dichas fianzas –que además son a título gratuito (…)”.
Así, el lucro que estaba desangrando a la UP quedo advertido ya en 2014, pero nadie hizo nada. Cuatro años después, la universidad está prácticamente en el suelo y sus alumnos a la deriva. El probable cierre de la institución dejará en el aire a los 2.600 estudiantes que están matriculados allí. Su futuro es una incógnita, toda vez que desde el Ministerio de Educación no se ha generado un programa tipo para atender los derrumbes de universidades, que se han sucedido uno tras otro durante los últimos años.
Solo con el cierre de la Universidad del Mar el Estado gastó $46 mil millones. El jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Juan Eduardo Vargas, señaló a CIPER que respecto de los cierres de las universidades Arcis e Iberoamericana, “hasta el momento no se han efectuado gastos. Y en el caso de CFT e IP (que han cerrado) los costos los han asumido las propias instituciones”.
Ante la negativa de la CNA de acreditarla en 2014, la universidad apeló al Consejo Nacional de Educación (CNED). A pesar de todos las evidencias de su precaria situación, el CNED accedió a acreditarla, pero solo por dos años. Fue un pequeño tanque de oxígeno en medio de la crisis que ya se manifestaba. Fuentes del CNED indicaron a CIPER que esa acreditación fue entregada por la confianza que les daba que el rector fuera Eugenio Cáceres, que a la vez era un reconocido par evaluador de la CNA.
La universidad se comprometió a resolver algunos de los problemas que le habían impedido inicialmente acreditarse: la presencia de miembros de la familia controladora en la administración del plantel y los arriendos que se pagaban a la Fundación Julio Ortúzar Rojas. De esta forma, dos hijos del patriarca debían dejar sus cargos: la entonces secretaria general de la UP, Elena Ortúzar Muñoz, y el vicerrector de Planificación y Desarrollo, Pablo Ortúzar Muñoz. Ambos renunciaron el 28 de febrero de 2015. Y sobre los arriendos con sociedades relacionadas, se informó que la universidad pretendía comprar los inmuebles de sus sedes en avenida Las Condes 11.121 y en avenida José Massoud 533 (Melipilla).
Dos semanas después de obtener la acreditación, la universidad despidió al rector Cáceres. Fuentes de la UP señalaron a CIPER que Eugenio Cáceres intentó alejar a la familia controladora de la administración de la universidad, tal como lo habían solicitado la CNA y el CNED. Pero ese intento resultó fallido y a la postre gatilló su salida.
El ex rector Cáceres confirmó a CIPER que su plan de trabajo incluía terminar con los arriendos relacionados y separar a la familia Ortúzar de la gestión administrativa:
-En la universidad se dice que a usted lo despidieron porque intentó alejar a la familia Ortúzar de la administración. ¿Eso es cierto?
En el plan de desarrollo que se formuló en mi estadía una de las medidas que se proponía era la que usted señala. Entiendo que mi salida generó que ese plan no se ejecutara. La razón que se me dio para pedirme la renuncia, la fórmula que se usó, fue que mis condiciones de rectoría eran solo académicas y que en ese momento la universidad necesitaba una persona con habilidades más vinculadas al manejo financiero. Yo acepté esa razón y fui desvinculado. Una de las cuestiones que iba ligada al hecho de que la familia y la fundación se separaran del manejo de la universidad, tenía que ver con los arriendos.
Los arriendos pagados por la universidad a la fundación de la familia Ortúzar fueron durante años un costo abultado que afectó los resultados financieros del plantel. En 2013 significaron un pago de $1.578 millones, en 2012 habían llegado a $1.400 millones. Entre 2009 y 2013 sumaron $6.751 millones. Esas cifras aparecen en la ficha institucional ingresada por la universidad en la CNA durante el proceso de acreditación de 2014.
Pero la cifra total es más alta, porque los arriendos comenzaron a pagarse antes del periodo que la UP exhibió ante la CNA (2009-2013). CIPER accedió al detalle de los contratos de arrendamiento de edificios firmados por el plantel con la fundación de la familia Ortúzar. El primero se suscribió el 1 de enero de 1997 por el inmueble de Las Condes 11.121: $51 millones mensuales. El segundo se concretó el 3 de noviembre de 2008 por el edificio de Melipilla: $33,2 millones mensuales. El último se firmó el 1 de septiembre de 2009 por otro edificio, contiguo a la sede central de Las Condes: $38,6 millones al mes.
Otra vía de salida de recursos de la UP hacia la familia Ortúzar fue el pago de sueldos. Una de las hijas de Julio Ortúzar Prado, Elena (quien ejerció como secretaria general de la universidad desde 1991), y que fue desvinculada en 2015 para cumplir con las condiciones impuestas por la acreditación de 2014, recibió $329,7 millones de indemnización, a pagar en 40 cuotas mensuales de $8,2 millones.
Otro de los hijos de Julio Ortúzar, Pablo Ortúzar Muñoz, también dejó su cargo de vicerrector de Planificación y Desarrollo para responder a las exigencias del CNED, pero no abandonó la universidad, porque inmediatamente asumió como su director de Relaciones Internacionales.
Un tercer personaje que presentaba el mismo conflicto de interés no fue advertido por el CNED: Ítalo Giraudo Torres. Yerno del controlador Julio Ortúzar Prado, no sólo se mantuvo en su puesto como Director de Administración y Finanzas, sino que también se convirtió -en abril de 2015 y junto a su cuñado Pablo Ortúzar Muñoz- en representante legal de la UP. Con esto, se ubicó en dos puestos claves para custodiar el modelo que la familia ya tenía funcionando hace décadas.
Después de 23 años trabajando para su suegro en la Universidad del Pacífico, Giraudo renunció. El finiquito indica que Giraudo recibiría un total de $400,4 millones. De ese monto, $394 millones corresponderían a «Indemnización a todo evento por años de servicios». Ese pago debía hacerse en 48 cuotas de $8,3 millones. Para entonces, la universidad ya estaba «en situación de insolvencia», por lo que Giraudo tuvo que entablar una demanda para asegurar el pago.
La demanda laboral que interpuso Giraudo exigía que se le pagaran al menos $350,4 millones. Para conseguirlo, pidió al Tribunal que embargara a la universidad tres de sus cuentas corrientes, una en el Banco BCI, otra en el Santander y otra en el Banco Internacional. En los documentos disponibles en el Poder Judicial no queda claro si la Universidad saldó su deuda con el yerno de Julio Ortúzar Prado, pero la causa aparece concluida.
Casi todos los hijos de Julio Ortúzar trabajaban en la universidad: María Inés (encargada del Departamento de Cultura); Julio (director de Marketing); Ignacio (Departamento de Marketing) y María Paz (hasta 2008 al frente del Departamento de Marketing, pero ahora solo hace clases en la Escuela de Psicología). Otro de los hijos, Pablo Ortúzar (ex vicerrector de Planificación y Desarrollo y ex director de Relaciones Internacionales), actualmente es presidente del directorio y representante legal de la universidad.
Los sueldos que se pagaban eran altos. Solo en 2013 el gasto en “directivos” llegó a $1.504 millones. Fuentes de la universidad señalaron a CIPER que las remuneraciones de los hijos de Julio Ortúzar oscilaban entre los $8 y los $12 millones mensuales, más bonos.
En los últimos la universidad intentó asociarse con un inversionista colombiano para recomponer su salud financiera. El plan fracasó por la decisión de la familia Ortúzar de no ceder el control sobre la administración de la UP. También se vendió el edificio de la casa central en Las Condes.
La historia del edificio más importante de la Universidad del Pacífico (5.250 mt2) está repleta de ventas y reventas protagonizadas por la universidad, la fundación y otras sociedades de la familia Ortúzar. En febrero de 1987 la Fundación Julio Ortúzar Rojas compró esa propiedad en $44 millones a la Inmobiliaria Nueva Esperanza. Luego, en 1991 la entregó en parte de pago para tener participación en el recién creado Instituto Profesional del Pacífico (en ese momento el inmueble estaba avaluado en $125 millones). En 2006 el edificio pasó a manos de una nueva empresa de los Ortúzar: Inmobiliaria del Pacífico. En 2008 lo recompró la Fundación Julio Ortúzar Rojas en $230 mil UF ($4.546 millones al valor de la época). En 2015 fue vendido a la universidad (como parte de las exigencias del CNED para lograr su acreditación). La UP pagó 394.495 UF ($9.792 millones), más del doble de lo que la fundación había cancelado siete años antes.
El último traspaso del edificio fue un intento desesperado de la UP por hacer caja. El 21 de junio de 2017 se lo vendió a la sociedad Standard SpA en 330 mil UF ($8.796 millones), mil millones menos de lo que la universidad pagó a la fundación de los Ortúzar.
A esa altura, la crisis ya estaba desatada.
En 2017 venció la acreditación por dos años que la universidad había logrado con máximo esfuerzo en 2015. Eso implicó que sus estudiantes ya no pudieran obtener los dineros del CAE, lo que redundó en una caída dramática de la matrícula: si en 2014 sus alumnos de pregrado se empinaban sobre los 5 mil, en 2017 la cifra era de 3.543. Actualmente, sus estudiantes no llegan a los 2.600.
Un episodio que golpeó duramente la reputación de la UP y que pudo haber afectado su matrícula, ocurrió en 2014. En agosto de ese año una alumna de enfermería de esa universidad, que hacía la práctica en el Hospital de Melipilla aplicó insulina en vez de heparina a un grupo de pacientes: tres fallecieron y ocho quedaron graves (vea el reportaje de CIPER “Negligencia mortal en Hospital de Melipilla devela feroz disputa de universidades por campos clínicos”).
Los menores ingresos provocados por el desplome de su matrícula, sumado al oneroso pago de arriendos y los altos sueldos para los directivos, generaron que la universidad dejara de cancelar parte de sus obligaciones. En junio de 2017, la misma fecha en que la universidad intentaba desesperadamente hacer caja con la venta de su principal edificio, comenzaron a acumularse demandas civiles por deudas impagas.
Las demandas presentadas contra la universidad desde junio de 2017 hasta la fecha involucran un total de $465 millones. Los acreedores exigen el cobro judicial de 70 facturas con plazo de pago vencido. Entre los 18 demandantes aparecen abogados, una empresa de seguridad, otra de transporte, una consultora educacional, una discográfica y medios de comunicación como El Mercurio y Publimetro.
La mochila de pagos vencidos de la UP suma también demandas laborales. Los registros del Poder Judicial indican que la empresa de seguridad contratada por la Universidad del Pacífico para resguardar sus sedes –Torres y Zúñiga Seguridad– no cumplió con los derechos sociales de sus trabajadores, por lo que la universidad se convirtió en «demandada solidaria». Cinco ex empleados de esa empresa exigen el pago de $12,7 millones.
La situación financiera de la Universidad del Pacífico también aparece desmejorada en los registros de Dicom. Según su Informe Empresarial, el plantel tiene 84 documentos impagos, con una morosidad que suma $217 millones. Sus principales acreedores son empresas: Disal Chile, Ascensores Otis, Eulen Seguridad y JC Decaux, entre otras.
Además, en los registros Dicom aparecen cuatro cheques protestados por un total de $120 millones, todos reclamados por la misma empresa: Abundancia SpA, dedicada -según el Diario Oficial- a la inversión inmobiliaria. El informe también muestra 1diez deudas previsionales por un total de $66,2 millones. La universidad no ha pagado las cotizaciones previsionales de sus trabajadores en las AFP, además de adeudar montos a la Administradora de Fondos de Cesantía, al Instituto de Previsión Social y a dos Isapre: Óptima y la de la Fundación del BancoEstado.
Una funcionaria de la universidad señaló a CIPER que las deudas previsionales se acumulan desde hace cuatro meses y que desde 2015 la UP viene pagándolas de forma desfasada. Agregó que los seguros médicos complementarios se descuentan mensualmente de las liquidaciones de sueldo, pero que la universidad no los ha cancelado, por lo que los trabajadores no pueden usar ese servicio. Finalmente, funcionarios y profesores reclaman que durante todo 2018 la universidad no ha pagado los impuestos de los sueldos, aunque los ha descontado de las liquidaciones.