La detención de Pinochet en Londres y la democracia semi-soberana

A 20 años de la detención de Pinochet en Londres, los efectos sobre nuestra democracia que provocó la férrea actitud que asumió el gobierno de Frei Ruiz-Tagle para traer al dictador de vuelta a Chile y evitar que fuera juzgado en España, son analizados por el cientista político Carlos Huneeus. Aquí repasa las provocaciones políticas de Pinochet desde 1990 hasta octubre de 1998, aceptadas por las autoridades al igual que una Constitución que consagra la democracia semi-soberana. Pinochet consolidó su poder político, lo que fue incomprensible para una parte de la ciudadanía. Uno de los pilares de esta democracia a medias –dice Huneeus- fue la decisión de continuar con el modelo económico de la dictadura.

La detención del general Augusto Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998 y su privación de libertad durante 503 días, por orden de la justicia de España por su responsabilidad en crímenes de ciudadanos de ese país, fue la hora de la verdad de la democracia chilena. Fue un acontecimiento de alcance mundial, pues Pinochet recibía el unánime rechazo internacional. Simbolizaba lo peor de lo gobiernos contemporáneos por la represión y actos de violencia que incluyeron crímenes en las capitales de Argentina, Italia y Estados Unidos.

Ningún político de derecha, de Europa, Estados Unidos o América Latina, levantó su voz de solidaridad o apoyo al recién operado general. La única excepción fue Margaret Thatcher, ex primera ministra de Gran Bretaña (1979-1990), que le agradeció el apoyo del gobierno chileno a las tropas británicas en la guerra de Las Malvinas.

Veinte años después debemos recordar las singularidades de la democratización y la actuación del gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en ese capítulo, con decisiones que dejaron huellas en la opinión pública.

La principal singularidad de la transición democrática fue la continuidad de Pinochet como comandante en jefe del Ejército durante ocho años. En ese periodo Pinochet desarrolló una constante actividad política. El 11 de marzo de 1998 asumió como senador vitalicio. La presencia del dictador en la arena política había sido asumida como un hecho natural hasta por personalidades que habían sido sus opositores.

La segunda singularidad fue la continuidad de la Constitución de 1980, que había sido hecha a su medida según una “democracia protegida y autoritaria”, como la calificó Pinochet en esos años. Ella incluyó recursos institucionales contrarios a una democracia propiamente tal, como los  senadores designados y las supra mayorías en el Congreso que limitaban la soberanía popular.

Ambas singularidades institucionales explican que Chile tuviera una democracia semi-soberana, pues limitaban la soberanía popular y la autoridad civil sobre el poder militar.

IRRESPONSABILIDAD DE PINOCHET Y DEL EJÉRCITO

Una irresponsable decisión de Pinochet de viajar a Londres a operarse, llevó a su detención. El gobierno y los partidos de la Concertación, especialmente los de izquierda, improvisaron ante una emergencia que debieron prever. Tomaron decisiones y dieron explicaciones para lograr su regreso al país, evitando que fuera enviado a España. Veinte años después, todo aquello aparece como una expresión subjetiva de la democracia semi-soberana, como cuando se afirmó que la transición estaba en peligro por la detención de Pinochet.

Este escenario estaba la latente en los pasillos de La Moneda y del Ministerio de Relaciones Exteriores desde varios años antes. Algunos de los ministros que tuvo Pinochet durante los 17 años de dictadura no podían viajar al exterior por temor a la acción de la justicia de España, pues ciudadanos españoles estaban entre las víctimas de la represión. Es más, poco tiempo antes de su arresto, Pinochet debió abandonar Londres cuando fue advertido por el embajador chileno, a través del agregado militar, de una posible orden de detención. Y aun así, regresó a Londres.

El gobierno chileno y los entonces precandidatos presidenciales de la Concertación -Ricardo Lagos (PS/PPD/PRSD) y Andrés Zaldívar (PDC)- pedían de los gobiernos de Gran Bretaña y España “comprensión” con el proceso político, algo que para los propios chilenos se había hecho difícil de comprender con la presencia de Pinochet en la arena política.

LAS PROVOCACIONES DE PINOCHET

El ex dictador reunía un amplísimo rechazo en Chile, porque durante los ocho años de gobiernos democráticos no escondió su postura de rechazo a la autoridad civil, especialmente a Patricio Aylwin, el primer presidente democrático de la transición, a través de numerosas provocaciones. Recordemos algunas de ellas:

(i) Declaraciones contra el Ejército de Alemania en septiembre de 1990, afirmando que estaba dominado por “marihuaneros, drogadictos, melenudos, homosexuales y sindicalistas”.

(ii) En la primera parada militar de la democracia (septiembre 1990), el general de la Guarnición de Santiago no le pidió permiso al presidente Aylwin para iniciar el desfile, un acto de indisciplina grave que no fue sancionado por Pinochet, aunque sí por el gobierno.

(iii) El “Ejercicio de enlace” de diciembre de 1990, con el desplazamiento de militares en tenida de combate a escasos metros de La Moneda, protestando por una decisión de la Justicia de investigar los beneficios económicos irregulares recibidos por uno de sus hijos (Caso Valmoval).

(iv) Declaraciones inaceptables contra las víctimas de Derechos Humanos en dictadura, como aquella vez en 1991 cuando se abrieron sepulturas en el Patio 29 del Cementerio General, descubriéndose varios cadáveres en una de ellas, y Pinochet declaró: “¡Pero qué economía más grande!”.

(v) El “Boinazo” de mayo-junio de 1993, con el desplazamiento de soldados en tenida de combate cerca de La Moneda, cuando el Presidente de la República estaba fuera del país, protestando nuevamente por las decisiones de la justicia respecto de su hijo.

(vi) La continuidad de prácticas represivas en democracia: el asesinato del coronel Gerardo Huber, vinculado a un tráfico ilegal de armas del Ejército de Chile a Croacia; y la eliminación del químico y colaborador de la DINA Eugenio Berríos en Uruguay, quien fue sacado de Chile clandestinamente por un comando del Ejército (BIE).

Si en octubre de 1998 Pinochet no era más comandante en jefe del Ejército, desapareciendo el principal pilar de la democracia semi-soberana, él y el Ejército debieron haber asumido la responsabilidad de su decisión de viajar a Londres y ¡la falta de previsión de la institución castrense!

DEMÓCRATAS A LA DEFENSIVA

¿Era necesario que el gobierno se empeñara en el regreso de Pinochet en la forma que lo hizo, argumentando incluso que tenía “inmunidad diplomática”? ¿Por qué el presidente Frei Ruiz-Tagle tuvo una alta visibilidad en las iniciativas del gobierno para impedir que Pinochet fuera enviado a España? El mandatario había declarado el fin de la transición y el comienzo de “la modernización” del país cuando entró a La Moneda en marzo de 1994, una declaración que se mostró errónea con el episodio en Londres. Había dejado en un segundo plano la preocupación por el tratamiento a las violaciones a los Derechos Humanos, con gestos que lo distanciaban de su antecesor, el presidente Aylwin, como fue su decisión de no recibir en La Moneda a la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

En esos complejos momentos de la diplomacia chilena ministros y políticos manifestaban su “preocupación” sin aclarar qué significaba aquello. ¿Qué se temía harían los militares si el gobierno no se empeñaba en el regreso de Pinochet? ¿Darían un Golpe de Estado y se constituiría, nuevamente, una Junta Militar, como el 11 de septiembre de 1973 y 1924? Antes de abandonar La Moneda en marzo de 1990 Pinochet había amenazado que “no se toca a ninguno de mis hombres”. Sin embargo, esta amenaza no se concretó cuando se cumplió la sentencia de la Corte Suprema que condenó a la cárcel a Manuel Contreras, el jefe de su principal organismo secreto, la DINA. El gobierno no se intimidó por las presiones del Ejército y la Marina para que Contreras  no entrara a la cárcel.

¿Era necesario que un socialista ministro de Relaciones Exteriores -José Miguel Insulza primero y Juan Gabriel Valdés después, ambos ex Mapu- encabezara esas gestiones en beneficio de Pinochet? ¿No se consideró los costos que ello causaría en los votantes del PS y de la izquierda que fuera esa autoridad la que apareciera más públicamente buscando su regreso a Chile y evitara ser juzgado en España? ¿Por qué no fue un diplomático de carrera?

Era el momento en que un hecho provocado por Pinochet se hubiera canalizado por una vía diplomática, con sus ritos y sus tiempos. Fue ese el camino que utilizó el gobierno del presidente Aylwin cuando Erich Honecker, el dictador de la República Democrática de Alemania (RDA), se asiló en la embajada de Chile en Moscú en 1991 y Alemania exigió su salida para comparecer ante la justicia por los crímenes siendo jefe de Estado de la entonces desaparecida RDA.

Fue la primera diferencia diplomática del gobierno democrático con dos importantes países europeos. Porque eligiendo una vía opuesta, el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle optó por un camino político para la detención de Pinochet en Londres. Una decisión que tuvo altos costos para la democracia, mostrando a sus gobernantes empeñados en lograr el regreso del dictador a Chile. También los tuvo para la Concertación, la coalición gobernante.

CONSECUENCIAS DE LA IMPROVISACIÓN

El gobierno, sus parlamentarios y los partidos de la Concertación, no tuvieron una política decidida hacia la presencia de Pinochet en la arena política, ni siquiera después de sus primeras provocaciones. Peor aún, algunos dieron señales que reforzaron la decisión del general de perseverar en sus provocaciones:

i) Se abandonó la naturaleza de la dictadura, que era un Estado dual: uno represivo, que canceló la libertad; y otro, basado en la libertad económica, e impulsó una transformación económica de neoliberalismo radical, que no fue neutral políticamente. Se condenó el Estado represivo, pero se valoró el otro al optar más por la continuidad que por la reforma del sistema económico (“el modelo”). Fue una decisión basada en consideraciones económicas, es decir, tecnocráticas: sí, reprimió, pero en “su gobierno comenzó la modernización económica de Chile”. Abandonaron las críticas que formularon cuando estaban en la oposición, entre otras, el bajo crecimiento, la concentración económica y las privatizaciones.

ii) Hubo actos simbólicos que favorecieron a Pinochet, como el homenaje de las autoridades del Congreso a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, con un almuerzo en abril 1990, “valorando” su contribución a la transición. No había nada que agradecer, porque cumplieron la Constitución. Fue aún más lamentable la conducta de algunos diputados que se precipitaron a tomarse una foto con el dictador.

iii) Las concesiones del ministro que negoció con los militares durante el “Boinazo”, aceptando cada una de las exigencias planteadas por Pinochet a través del general Jorge Ballerino.

iv) Reconocimiento de la izquierda al poder de veto de los militares y de Pinochet cuando se reunieron con uniformados en el seminario en El Escorial, una localidad en las cercanías de Madrid, autorizado por Pinochet y sin informar a la opinión pública. Ese acto constituyó un retroceso en las relaciones cívico-militares y en la consolidación de la izquierda como un conglomerado que podía aspirar a llegar a La Moneda. Se admitía que la democracia no estaba todavía consolidada y que la izquierda necesitaba superar la desconfianza militar.

Pinochet fue consolidando su poder y ampliando su espacio de acción, haciéndose aceptar como un actor legitimado en el proceso político, incomprensible para los chilenos que fueron sus adversarios y, especialmente, para las víctimas y sus familiares.

APOYO DE LA UDI, RN Y GREMIOS DE EMPRESARIOS

Pinochet recibió el apoyo de políticos de la UDI y RN. Sus directivas viajaron a Londres para expresarle solidaridad, y también lo hicieron seis de los nueve senadores de la UDI, cuatro de los siete de RN y el candidato presidencial del sector, Joaquín Lavín. Había una adhesión plena de la entonces oposición al dictador, pues todos los senadores elegidos en 1989, con excepción de Sebastián Piñera, habían ocupado cargos en la dictadura o en las comisiones legislativas de la Junta de Gobierno; todos los senadores y diputados de ambos partidos elegidos ese año habían votado por el SI en el plebiscito de 1988, con la excepción, nuevamente, de Piñera. Todos los diputados elegidos entre 1989 y 2018 votaron por el SI en el plebiscito de 1988, con la excepción de uno que no pertenece a la UDI o RN, sino a Evópoli, otro partido de Chile Vamos.

También viajaron a Londres el entonces presidente de la Sofofa y ex director del Servicio de Impuestos Internos en dictadura (1978-1984), Felipe Lamarca, y el de la CPC, Walter Riesco, que integró una de las comisiones legislativas de la Junta de Gobierno. Le llevaban la adhesión de sus respectivas organizaciones, cuyos afiliados admiraban a Pinochet y valoraban el régimen que encabezó.

La detención de Pinochet en Londres tendría efectos muy positivos para la verdad y justicia por los atropellos a las violaciones a los Derechos Humanos en Chile, que conducirían a su desafuero y condena. También lo fue para la justicia transicional en el mundo. A partir de ese momento, los dictadores no gozarían de impunidad por los crímenes cometidos.

Sin embargo, las acciones y declaraciones de algunos políticos no fueron favorables al desarrollo democrático y a la cultura cívica de los chilenos, confirmando que Chile era un país dividido por la dictadura. Los chilenos, en general, daban un apoyo mediocre a la democracia, mientras que las instituciones y elites políticas tenían una baja confianza en la ciudadanía.

Su detención en Londres no debilitó su imagen ante la opinión pública y Pinochet mantuvo el 25% de respaldo que tenía en una parte de la población, que lo consideraba como el mejor gobernante del siglo XX y rechazaba que lo calificaran como dictador. La caída de su prestigio en esa parte de la ciudadanía y de la élite se produciría con el Caso Riggs, cuando en junio de 2004 el Senado de Estados Unidos dio a conocer las millonarias cuentas secretas que Pinochet tenía en el Banco Riggs de ese país. Ese descubrimiento fue provocado por el otro 11 de septiembre -el de 2001 con el ataque terrorista en Nueva York- cuando se ordenó una investigación exhaustiva a las vías de financiamiento del terrorismo internacional. Sus cuentas secretas debilitaron la imagen del dictador, más que decisiones de sus antiguos opositores en la izquierda y en el PDC.

La candidatura presidencial de la UDI y RN no fue perjudicada por la defensa que hicieron de Pinochet, pues su abanderado, Joaquín Lavín, estuvo a un paso de ganar en las elecciones de diciembre de 1999. Le faltaron apenas 31.141 votos.

COSTO DE LAS DECISIONES DEL GOBIERNO Y LA CONCERTACIÓN

Frente a la detención de Pinochet en Londres el gobierno, los parlamentarios y los partidos de la Concertación, tenían distintas alternativas de acción, no solo las decisiones que adoptaron y que hemos analizado críticamente. Estas últimas tuvieron altos costos para la democracia y para las colectividades de gobierno. El desplome de la participación electoral, el debilitamiento y fragmentación de los partidos (15 con representación parlamentaria), los altos grados de cinismo político que caracterizan la cultura cívica de los chilenos, como también el mediocre apoyo a la democracia, no se pueden explicar sin considerar las decisiones de los actores políticos en momentos estelares de la democratización. Uno de ellos fue la detención de Pinochet en Londres.

Se confirmó el carácter semi-soberano de la democracia chilena a pesar de que uno de sus pilares institucionales había desaparecido, pero subjetivamente sus gobernantes, desde el Presidente de la República y personalidades del PS, PPD y PDC la siguieron considerando así.

El tercer pilar de la democracia semi-soberana no fue impuesto por la dictadura, sino que se construyó a partir de la decisión estratégica del equipo económico del gobierno de Aylwin de optar más por la continuidad, que por la reforma del sistema económico de la dictadura. Este había sido construido siguiendo un neoliberalismo radical formulado por los “Chicago boys”, que no fue neutral políticamente. Se propuso redefinir las bases del Estado y la sociedad para favorecer a los grupos que apoyaban al régimen, desmantelando el Estado empresario con privatizaciones que permitieron a los mismos altos ejecutivos que administraron esas empresas en dictadura hacerse de su propiedad. Esta política económica fue exitosa para reducir la pobreza, pero no consideró la concentración económica y las enormes desigualdades, que se acentuaron con ella.