Fallo judicial desnuda a Carabineros y al Consejo para la Transparencia

A los 10 años una persona ya existe, tiene cierta consciencia del mundo que lo rodea, de algunos de sus deberes y de lo bueno y lo malo hasta cierto punto.  Porque aún es menor de edad.

Ésa es la cantidad de años que cumple la Ley de Transparencia en Chile. Una herramienta que ha sido un tremendo aporte para fiscalizar a las autoridades y en la lucha contra la corrupción. Como sostuvo el presidente del Consejo para la Transparencia: “cada solicitud es una rendición de cuentas para las autoridades”.

Las cifras y los hechos le dan la razón: cerca de 500 mil solicitudes de datos – cifra que crece en un 20% anual– o algunos de los casos de corrupción descubiertos por esta vía, son ejemplos de su importancia. Cema Chile, concejales viajeros, pagos irregulares de horas extras en municipios y un contundente etcétera.

El problema es que quienes deben someterse a esta norma desde hace una década, actúan como el niño de 10 años del ejemplo inicial: con conciencia limitada de sus deberes y de la importancia de cumplirlos.

Y este jueves 26 de julio hubo una noticia que prueba lo anterior y que pasó inadvertida, lo que muestra la falta de madurez no solo de la Ley de Transparencia, sino de la actitud de quienes deben regirse por ella.

Se trata del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió la reclamación de la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad Diego Portales contra –sí contra–, el Consejo Para la Transparencia. Retrocedamos un poco.

Los abogados Mauricio Duce y Ricardo Lillo solicitaron información a Carabineros –vía Ley de Transparencia– sobre las detenciones hechas mediante el Control de Identidad Preventivo, desagregadas por comuna, edad, sexo y otros datos de las personas controladas. La solicitud fue denegada por la policía uniformada. Solo tenemos la cifra gruesa, fue la respuesta. Duce, Lillo y el abogado Cristián Riego recurrieron entonces ante el Consejo de la Transparencia. Y para su sorpresa, el 18 de enero el consejo le dio la razón a Carabineros.

Que el organismo que debe velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia emita esa resolución, parece insólito. Porque las razones de la policía son absurdas: “no tenemos los datos de esa forma”. Y, sobre todo, porque no es el organismo fiscalizado el que debe definir cuál es la magnitud del control al que se someterá.

Además, la actitud de Carabineros y su validación por parte ni más ni menos que del Consejo para la Transparencia, es gravísima. Y ello, porque vulnera una segunda ley: la 20.931 que dio vida al Control de Identidad Preventivo, pero estableciendo la obligación de entregar trimestralmente datos sobre cómo se ejercía esta nueva facultad para vigilar, que no se discriminara por edad, vestimenta, situación económica o cualquier razón.

Así lo destaca la Corte de Apelaciones en su fallo:

Desde que se aprobó la Ley del Control de Identidad Preventivo estamos a ciegas: la entrega de datos ha sido lenta e incompleta. No solo respecto de si hay discriminación a ciertos grupos, sino respecto de la efectividad de esta nueva facultad policial.

¿Son ésas las razones de tanta opacidad? Los datos iniciales que sí conocimos el año pasado, revelaron que se necesitaba el doble de controles de identidad de este tipo, versus los que se aplicaban basados en el artículo 85 del Código Procesal Penal (cuando hay indicio de delito), para encontrar a una persona con orden de detención pendiente.

Por fortuna, con su fallo, la Corte de Apelaciones ha puesto las cosas en su lugar y obliga a Carabineros a entregar los datos solicitados. Y es que los magistrados no le creyeron a la policía uniformada que no los tuvieran.  Y lo dicen muy claramente:

Carabineros no quiere ser controlado: grave. Carabineros se niega a cumplir la ley. En rigor, a cumplir dos leyes: la de Transparencia y la del Control de Identidad Preventivo. Y el Consejo para la Transparencia lo valida, más grave aún. Un hecho tanto más grave si se considera que una conclusión clave de la Mesa de Seguridad que impulsó el gobierno de Sebastián Piñera, es que las policías estén bajo estricta supervisión de la Autoridad Civil, entendiéndose por esa autoridad no solo al Ejecutivo sino a la ciudadanía.

Cuando se cumplen 10 años de la Ley de Transparencia es especialmente relevante reflexionar sobre lo sucedido. Porque esto trasciende el caso analizado. Como afirmó el abogado Duce, “es grave que quien debe ser controlado pretenda establecer el límite de ese control a través de definir él mismo la información que dice producir”.

Y cuando a los ciudadanos no se nos entrega información, el problema se hace crítico. Lo tiene claro la Corte de Apelaciones que en su fallo del 26 de julio le advierte a Carabineros:

Mucho más allá del ámbito de la Ley de Transparencia, la democracia misma tiene como uno de sus pilares el control ciudadano. Las autoridades y todo funcionario público deben entender que es su obligación –no su elección– ser sujetos de escrutinio público. Ni Carabineros puede incumplir las leyes ni el Consejo para la Transparencia puede hacer la vista gorda.

Es bueno mirar hacia atrás para darnos cuenta de lo que hemos avanzado, pero también es necesario mirar el presente y el futuro para constatar lo mucho que falta.

Porque es evidente que no solo basta con crear leyes, muchas veces a regañadientes, cuando es imposible resistir la presión de un justo clamor ciudadano, y luego perfeccionarlas. Lo primero es cumplirlas y no escudarse en burdas excusas o en la fértil burocracia.

Como un día señaló Norberto Bobbio: “la democracia se puede definir de muchas maneras, pero no hay definición que pueda excluir la transparencia del Poder”. Lo que está en juego es demasiado importante. Lo que está en juego es la democracia.