Documentos y correos desmienten a gobernadora de Cachapoal sobre contrato de abogado Óscar Lantadilla
19.04.2018
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19.04.2018
Tras la publicación de un reportaje de CIPER el 16 de abril pasado en el que se informó sobre las millonarias deudas y conflicto de interés de la nueva gobernadora de Cachapoal (Sexta Región), Ivonne Mangelsdorff,la autoridad regional ha entregado declaraciones a dos medios de comunicación de la región (El Tipógrafo y El Rancagüino). En ellas, Mangelsdorff desconoce y contradice parte de la información contenida en el reportaje de CIPER, principalmente respecto de su vínculo con el abogado Óscar Lantadilla Tapia, quien fuera formalizado por fraude en el “Caso Basura”.
A continuación se presentan extractos de una de esas publicaciones de prensa con las versiones entregadas por la nueva gobernadora Ivonne Mangelsdorff y, luego, la respuesta de CIPER.
“Yo tengo deudas con los bancos que tienen que ver con créditos hipotecarios y de las cuales me he estado haciendo cargo porque las estoy regularizando (…) desde el nivel central siempre lo supieron porque es de público conocimiento, yo lo declaré en mi campaña de diputada donde se hace una revisión exhaustiva de todos los antecedentes y esto es algo personal que tiene que ver con compromisos hipotecarios.
Otro de los puntos consignados por la investigación publicada por CIPER, recoge la presunta relación de trabajo que mantendrían Óscar Lantadilla (formalizado por fraude al Fisco reiterado en el “Caso Basura”) y Marcelo Brunet como asesores de la Gobernadora de Cachapoal.
‘Lo que menciona el reportaje no tiene ninguna relación con la realidad, no tengo una relación laboral con ellos en la oficina mencionada en la investigación, no soy socia y he trabajado como abogada litigante de manera particular antes de asumir la Gobernación’, afirmó la jurista. Pese a lo anterior, Mangelsdorff añadió que ‘en algún momento pensé en contratarlos pero eso no se ha concretado y ellos no forman parte ni son funcionarios de la Gobernación y tampoco lo harán’” (ver artículo completo de El Rancagüino).
El lunes 16 de abril, CIPER publicó un reportaje en el que dio a conocer las millonarias deudas de la nueva gobernadora de la Provincia de Cachapoal (Sexta Región), Ivonne Mangelsdorff Galeb, y el conflicto de interés y probidad que acarreaba la designación como asesor jurídico en esa repartición del abogado Óscar Lantadilla, formalizado por fraude al Fisco reiterado en el “Caso Basura” (ver reportaje).
En los ilícitos cometidos por un grupo transversal de autoridades y funcionarios municipales para favorecer a la empresa KDM en los contratos de recolección de basura, el abogado Lantadilla, quien era asesor jurídico de la Municipalidad de Cerro Navia, no fue declarado inocente. El 10 de diciembre de 2017, fue beneficiado con una salida alternativa (suspensión condicional de procedimiento) y su castigo fue el pago de $3 millones y la realización de trabajos comunitarios.
Respecto del conflicto de interés de la gobernadora al contratar al mismo Lantadilla como asesor jurídico de la Gobernación, el reportaje de CIPER expuso su anterior relación laboral con el estudio del abogado. Al menos en noviembre y diciembre del año pasado, la abogada Mangelsdorff litigó en causas de cobranza judicial para el estudio BLO Consultores, propiedad de Lantadilla y de Marcelo Brunet Bruce, miembro de la Comisión Política de Renovación Nacional. Cuando después de asumir su cargo en marzo pasado la gobernadora presentó su Declaración de Interés y Patrimonio, omitió esos trabajos.
En conversación telefónica con CIPER, Mangelsdorff justificó esa omisión señalando que había sido un trabajo no remunerado y que, por eso, no lo incluyó. La ley, sin embargo, es clara en exigir que los funcionarios públicos incluyan en su declaración de intereses trabajos remunerados o norealizados en los últimos 12 meses. Mangelsdorff no lo hizo y con ello los trabajos que realizó para el estudio de Lantadilla, quien hoy trabaja como asesor jurídico de la Gobernación, quedaron ocultos.
En la entrevista que concedió Mangelsdorff a El Rancagüino tras la publicación de CIPER, la gobernadora afirmó: “Lo que menciona el reportaje no tiene ninguna relación con la realidad, no tengo una relación laboral con ellos en la oficina mencionada en la investigación (BLO), no soy socia y he trabajado como abogada litigante de manera particular antes de asumir la Gobernación”.
Sin embargo, cuando CIPER la entrevistó por teléfono el lunes 16 de abril (18.00 hrs) y le consultó si las acciones judiciales que emprendió hasta diciembre del año pasado las había hecho al alero de algún estudio de abogados, Mangelsdorff contestó: “BLO Consultores”.
Lo grave de las declaraciones que Mangelsdorff vertió en medios de la Sexta Región, es que respecto de la contratación del abogado Óscar Lantadilla, la nueva gobernadora señaló: “En algún momento pensé en contratarlos (a Lantadilla y Marcelo Brunet, dueños de BLO Consultores), pero eso no se ha concretado y ellos no forman parte ni son funcionarios de la Gobernación y tampoco lo harán”.
Numerosas evidencias obtenidas por CIPER desmienten a la nueva gobernadora de Cachapoal:
Tras la publicación del reportaje de CIPER, Mangelsdorff ha recibido un apoyo cerrado de parlamentarios de Chile Vamos por la zona. El senador Alejandro García Huidobro (UDI), también en declaraciones al diario El Rancagüino, “negó tajantemente una eventual contratación o nexo laboral de ambos abogados (Óscar Lantadilla y Marcelo Brunet) con la oficina provincial”.
En la entrevista que le dio Ivonne Mangelsdorff a El Tipógrafo, la gobernadora insistió en que sus deudas eran conocidas por el gobierno central antes de ser designada en su cargo, señalando que solo reconoce dos deudas por $180 millones. Sobre el resto de las deudas que dieron origen a una serie de demandas en su contra, y que fueron consignadas en el reportaje de CIPER, la gobernadora afirmó: “no tenía conocimiento”.
Su desconocimiento resulta al menos extraño. Y ello, porque la indagación de CIPER arroja que desde 2013 Mangelsdorff ha recibido diez demandas por deudas de distintas entidades (bancos y centros de salud) que le han exigido el pago de $250 millones (en total). El respaldo de cada uno de esas once acciones judiciales en contra de la gobernadora –con la fecha, la institución demandante y el ROL de la causa en tribunales– puede ser obtenido en documento adjunto (descargar aquí).
Mónica González
Directora de CIPER