Abuso de la prisión preventiva y su impacto: empobrece a los pobres

La probabilidad de que un inocente termine preso en Chile creció. En los últimos 10 años aumentó en un 90% el número de personas sometidas a prisión preventiva y luego absueltas. Una experiencia que impacta en muchos niveles. Los investigadores Nicolás Grau y Jorge Rivera midieron cómo afecta en la vida laboral. Una vez libres el salario de quienes pasaron por prisión preventiva se redujo en torno al 10% y cayó en 6% su posibilidad de obtener un empleo con contrato. Este es un llamado a revisar el uso intensivo de la prisión preventiva que, entre otras cosas, está volviendo más pobre a un grupo de por sí pobre.

Un sistema penal no solo debe ser eficiente en juzgar y condenar a los culpables de ciertos ilícitos, sino que –incluso más importante en nuestra opinión– no debe condenar a personas inocentes, especialmente cuando la sanción penal es la privación de libertad. Encarcelar erróneamente a una persona representa una doble falla del Estado: aumenta el daño social al penalizar a un inocente y ello implica la impunidad del verdadero culpable. Esto último a pesar de generar la sensación de estar haciendo todo lo contrario: el peor de los mundos.

El riesgo de encarcelar a personas inocentes está presente en todos los sistemas penales y cuando se evidencia, genera sorpresa y molestia en la ciudadanía. Un ejemplo de ello es el revuelo que ha causado en la opinión pública estadounidense el documental de Netflix “Making a murderer” (“Fabricando a un asesino”), el cual describe el increíble caso real de un estadounidense que estuvo casi dos décadas preso por una violación que no cometió (su inocencia fue comprobada con pruebas de ADN). Poco tiempo después de haber sido liberado, fue acusado de un asesinato, nuevamente sin pruebas razonables, siendo encarcelado por segunda vez.

Aunque no tenemos datos comprehensivos para saber cuán grave es el fenómeno de encarcelamiento de inocentes en Chile, sí conocemos lo que ha sucedido a este respecto con la aplicación de la prisión preventiva.

Tal como han enfatizado investigadores del Proyecto Inocente de la Defensoría Penal Pública (DPP), entre 2007 y 2017 la aplicación de la prisión preventiva aumentó un 40,7%, pasando de 63,1 a 88,8 personas con prisión preventiva por cada 100.000 habitantes. A su vez, esta medida cautelar incrementó su relevancia dentro del sistema penal, pasando de representar un 21,9% del total de personas privadas de libertad en 2007, al 36% en 2017 (ver columna de Mauricio Duce, “Retrocesos en materia de prisión preventiva en Chile”).

Como era esperable, este incremento en el número y en importancia relativa de las prisiones preventivas, que ha significado un retroceso respecto del positivo impulso que significó la Reforma Procesal Penal en la materia, ha tenido como consecuencia un importante incremento en la probabilidad de que nuestro sistema penal encarcele “preventivamente” a personas que finalmente fueron absueltas.

Al respecto, las cifras son preocupantes. Según datos de la DPP, el número total de personas que tuvieron una prisión preventiva y que finalmente resultaron absueltas, aumentó de 1.500 a 2.800 entre los años 2006 y 2016. Un aumento de casi 90%. Y con tiempos de presidio no necesariamente acotados. En efecto, de las 2.800 personas injustamente encarceladas en el año 2016, un 27% estuvo menos de 10 días en prisión, un 53% estuvo entre 10 días y 6 meses, y un 20% estuvo más de 6 meses en una prisión.

Es difícil exagerar el impacto que debe tener el encarcelamiento en la vida de las personas y en la de sus familias. El estigma social, el tiempo perdido, la merma económica e incluso el impacto en el aprendizaje escolar de sus hijos, son algunos de los elementos que deberían estar presentes en una evaluación que estudiara seriamente el daño que el Estado está propinando a estos ciudadanos.

Para sumar evidencia a este debate, actualmente estamos investigando empíricamente el efecto de esta medida cautelar en la vida laboral de las personas. Para ello, usando convenios de cooperación científica entre la Universidad de Chile (Facultad de Economía y Negocios), la DPP y el Ministerio del Trabajo, pudimos unir la información a nivel individual de los procedimientos penales con los salarios y empleos formales de las personas (vía seguro de cesantía), sin descuidar la privacidad de los datos (sólo disponemos de registros innominados de las personas).

Esta unión de fuentes de información nos permite comparar los salarios y la probabilidad de tener un trabajo formal de todas las personas que, siendo finalmente absueltas en su causa penal, algunas de ellas tuvieron prisión preventiva (“Tratados”) y otras no (“Controles”).

Una dificultad para la realización de este análisis es que, como era esperable, los datos indican que estos dos grupos son muy distintos entre sí, incluso antes del juicio y de la potencial prisión preventiva. En particular, los “Controles” (absueltos sin prisión preventiva) tienen – antes del comienzo del juicio – mayores salarios y mayor probabilidad de tener un contrato formal que los “Tratados” (absueltos con prisión preventiva).

Esta diferencia puede deberse a distintas razones, entre ellas, discriminación social o bien que las personas de menores ingresos cometen delitos que por su naturaleza tiene una mayor probabilidad de conducir a una prisión preventiva. Sin embargo, en el estado actual de nuestra investigación, no podemos inclinarnos seriamente por alguna hipótesis específica.

Más allá de sus razones, esta diferencia intrínseca entre ambos grupos debe ser considerada cuando se busque estimar el efecto causal de la prisión preventiva sobre el empleo y los salarios, esto para no confundir dicho impacto con la diferencia intrínseca entre los grupos. Afortunadamente, dado que en los datos observamos salarios y empleo pre y post sentencia de cada persona “Tratada” y “Control”, podemos entonces restar a la diferencia de los salarios y empleo post prisión preventiva, la diferencia en empleo y salario que estos grupos tenían antes de comenzar el juicio penal. La metodología estadística que permite hacer esta resta (denominada “estimación de diferencias en diferencias”), fue usada en nuestra investigación (los supuestos y detalles técnicos de esta metodología serán publicados prontamente en un artículo académico).

Nuestra investigación encontró que la prisión preventiva implica una reducción de en torno al 10% del salario mensual de las personas, y una caída de 6% en su probabilidad de obtener un empleo formal (con contrato). Este efecto es calculado utilizando datos de los 12 meses posteriores al fin del juicio, y no desaparece si se utiliza un rango de tiempo más amplio (tres años habiéndose acabado el juicio).

Nuestros resultados preliminares informan también que estos efectos son más grandes a medida que el tiempo en prisión haya sido más extenso. Es decir, mientras mayor tiempo un inocente está en la cárcel, el efecto negativo que se genera en su salario y empleo resulta más perjudicial.

Los gráficos 1 y 2 muestran con más detalle los efectos descritos. En el gráfico 1, se observa la evolución de la diferencia promedio de salarios (ajustados por IPC) entre quienes pasaron por la prisión preventiva y fueron absueltos (“Tratados”) y quienes fueron absueltos sin prisión preventiva (“Controles”). Dado que lo que se busca es comparar la situación laboral de las personas antes y después de la prisión preventiva, el eje horizontal representa, en números negativos, los meses antes del juicio penal, y en números positivos los meses posteriores al término del juicio penal. Como los juicios pueden durar meses, incluso más de un año, entre el mes -1 y +1 puede pasar bastante tiempo, y es en este período en el cual las personas pueden enfrentar eventualmente una prisión preventiva.

En el eje vertical se muestra la diferencia promedio de salarios entre quienes pasaron por la prisión preventiva (“Tratados”) y quienes no lo hicieron (“Controles”). Como se puede ver, todos los valores son negativos. Es decir, tanto antes como luego del juicio, los “Controles” tienen un salario mayor. Sin embargo, la diferencia entre estos dos grupos aumenta luego de que los “Tratados” tuvieran una prisión preventiva, lo que explica los resultados de la “estimación de diferencias en diferencias” descritos más arriba. Como se observa, tal diferencia es más importante en los meses inmediatamente posteriores al juicio, pero no desaparece con el tiempo.

Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DPP y del seguro de cesantía.

El gráfico 2 presenta un ejercicio muy similar, pero en vez de comparar los salarios, comparamos la probabilidad de estar empleado en el sector formal, mostrando para cada mes la diferencia entre estos dos promedios (“Tratados” versus “Controles”). Consistente con el gráfico anterior, también se observa que los “Controles” siempre tienen una mayor probabilidad de tener un empleo formal, pero que tal diferencia se acrecienta post juicio (posterior a la prisión preventiva de los “Tratados”).

Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DPP y del seguro de cesantía.

En síntesis, aún cuando los resultados preliminares de nuestro estudio sólo dan cuenta de una de las dimensiones del impacto negativo de la prisión preventiva (en este caso de inocentes), creemos que estos resultados pueden ayudar a darle un mayor sentido de urgencia a la necesidad de revisar esta preocupante dinámica de aumento de la prisión preventiva como medida cautelar y el consecuente encarcelamiento de personas finalmente absueltas.

Con todo, lo que no se debe olvidar cuando discutimos las características de nuestro sistema penal, es que en el afán de querer mostrar resultados, el descuido de los derechos de los procesados puede ser un remedio mucho peor que la enfermedad.