«La pregunta del millón es: ¿en qué momento nos comenzamos a transformar en México?”

–La pregunta del millón es esta: ¿en qué momento nos comenzamos a transformar en México, a partir de qué punto todo empieza a irse a la mierda? Ese es el miedo que tenemos todos. Y no es algo sencillo de determinar– reflexiona el politólogo argentino Matías Dewey, investigador senior del Instituto Max Planck para el estudio de la sociedad.

Dewey lleva tiempo estudiando cómo lo ilegal se expande en la sociedad, cómo se apropia de las instituciones y deja de ser algo que ocurre sólo en los márgenes; y sobre todo, cómo se vincula con la violencia y hace que nuestras democracias se encojan de miedo.

Sus reflexiones están plasmadas en el libro “El orden clandestino: Política, fuerzas de seguridad y mercados ilegales en la Argentina” (Katz Editores, 2015); en el volumen “Arquitectura de los mercados ilegales” (Oxford University Press, 2017) que co-editó junto a Jens Beckert, y en media docena de papers académicos.

Las lecciones e intuiciones que extrae Dewey sobre lo que pasa en el continente y particularmente en su país, pueden servir para iluminar lo que ocurre en el nuestro, donde la academia ha investigado poco estos temas y donde, aunque el nivel de violencia parece estar lejos del que padecen nuestros vecinos, se observan preocupantes y estrechos nexos entre narcotráfico y política, como lo muestran los reportajes de TVN y CIPER sobre el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera.

Los hallazgos de las investigaciones de Dewey contradicen algunas ideas que tenemos sobre la expansión de los mercados ilegales. Por ejemplo, solemos creer que el dominio narco surge cuando el Estado se retira de los barrios. Sin estado (sin policías, autoridades locales, servicios públicos, etc.), se asume que la violencia crece y estalla. En consecuencia, tendemos a pensar que la solución pasa por tener más policías y autoridades fuertes, (“con pantalones” se dice en las elecciones), pues el enemigo natural de la delincuencia debería ser el carabinero.

El problema de muchos países es que los agentes del Estado no son fieles al estado, son fieles a otros intereses”.

La realidad no siempre es así. Dewey sostiene uno de los problemas de Latinoamérica es que los mercados ilegales se alían con los agentes del Estado para expandirse. Es decir, el Estado siempre está; y eso vuelve más potente al mercado ilegal. Esa es la característica del caso argentino.

–Cuando hablas con las personas que viven en las zonas más violentas de Buenos Aires, te dicen: “Acá la policía es terrible, la policía roba, es corrupta”. Las personas tienen una experiencia brutal con el Estado. La policía usa arrestos para mostrar resultados administrativos o mata gente con la que trabaja, cuando percibe que otros organismos están investigándola. Las personas intuyen que el Estado con el que se relacionan día a día está “arreglado” con las bandas que venden droga– describe el investigador.

Si se quiere trazar la ruta que va desde los niveles de violencia chilenos hasta la pesadilla mexicana, el camino pasa necesariamente por la fase argentina. En esa fase “el Estado regentea los negocios ilícitos”, dice Dewey. Ese Estado mantiene un enorme poder y los mercados ilegales no pueden enfrentarlo. Sus agentes, explica el investigador, tienen más información, más fuerza y una ventaja clave: “Controlan la burocracia y pueden hacer que las cosas queden registradas de una forma distinta a como ocurrieron”.

¿Qué tan cerca estamos de esa fase? Hace justo un año el capellán del Hogar de Cristo, Pablo Walker, denunció la existencia de un “estado de sitio narco” que en las poblaciones coarta el acceso al Estado de Derecho a casi un millón de personas. Su denuncia ni llamó la atención ni fue desmentida. Si la damos por cierta, al menos en esos territorios podemos estar bastante más cerca de lo que creemos de la fase argentina.

Por supuesto, no tenemos todavía los estallidos de violencia que sacuden cada tanto a las favelas de Río de Janeiro ni somos víctimas de las matanzas que se desatan en México. Pero esa menor violencia puede ser un indicador engañoso. La ausencia de estallidos no necesariamente muestra la ausencia de poderes ilegales. Contra lo que se cree, dice Dewey, cuando hay un importante nivel de acuerdo entre Estado y delincuencia los reventones son ocasionales, pues el control de los agentes del Estado sobre los negocios, evita que la violencia se dispare.

En una reciente investigación (“La fuerza de la colusión: un marco conceptual para interpretar órdenes sociales híbridos”, 2017) Dewey, junto a otros académicos, bautizó a estos acuerdos entre Estado y mercados ilegales como clúster de orden. A diferencia de los clásicos clúster económicos (unidades económicas especializadas que se organizan para mejorar la producción), estos “clúster de orden” producen una serie de bienes que el Estado “legal” ya no produce ni garantiza: empleos, servicios y… autoridad.

Sí, leyó bien: autoridad y orden. Pues en los lugares donde la policía deja al narco “trabajar”, este se vuelve frecuentemente el que ayuda al vecino que no puede pagar cuentas, dona para las festividades y, en general, produce “certidumbre donde las vidas están amenazadas por altos niveles de contingencia”, escribe Dewey.

Por supuesto, esa certidumbre y ese orden son sólo para los que están dentro del clúster, no para los que estamos afuera. Usted y yo somos ganado; y nuestros barrios, coto de caza.

En este punto la pregunta es: ¿cuánto se mantiene esta connivencia antes de evolucionar a una siguiente y más violenta fase? “Esa es la pregunta que todos nos hacemos y no tenemos respuesta”, reflexiona Dewey.

Sin embargo, hay unas pistas sobre los factores que desencadenan la pesadilla. Por ejemplo, cuando los acuerdos policía-delincuentes salen a la luz pública “los poderes tienen que reacomodarse y eso genera muertos”, explica Dewey.

Como la hidra, esa bestia mitológica a la que, si se le corta la cabeza, le salen dos, descabezar a estos clúster no necesariamente pone fin a la historia, pues puede ocurrir que muchos pequeños grupos traten de tomar el control y la violencia estalle.

Eso parece haber ocurrido en la ciudad de Rosario, Argentina, donde había una cooperación muy fluida entre narcos y policía. “Incluso los policías les pasaban a los narcos información de cuando un juez iba a ordenar un allanamiento”, explica el politólogo. Cuando la convivencia fue detectada y expuesta, todo cambió. “Después de la detención del jefe de policía hubo una ola de violencia feroz. Como la policía depende o está vinculada al poder político, cuando esta vio que había una reacción pública y judicial, intentó retener el control encuadrándose en el nuevo escenario”. La policía persiguió a sus antiguos socios y se inició una encarnizada lucha por el control de la ciudad que la llevó a transformarse en una de las más violentas de América Latina. La violencia se ha reducido, pero continúa.

Dewey piensa que Chile está todavía lejos de ese punto. “No hay nadie que desafíe a los carabineros, porque los carabineros te pueden aplastar”.

Sin embargo, a la luz de las investigaciones que hay sobre Carabineros (desde el mega frade de $26 mil millones a las pruebas aportadas en el caso Huracán), es urgente preguntarse e investigar si ese poder tan grande está en condiciones de resistir y enfrentar al narco-estado del que habla el sacerdote Walker y que se observa en el caso de San Ramón.

EL CORAZÓN ILEGAL DE LA ECONOMÍA

Los factores que hacen que las policías o autoridades entren en vínculos con distintos tipos de actores ilegales, no están del todo claros. Puede ser, por ejemplo, que estos acuerdos se vean como no tan malos o, incluso, lógicos, cuando se extiende la idea de que todos en Chile somos corruptos. Cuando por ejemplo, la elite económica, que disfruta de la mejor posición de la sociedad, se colude en los precios de los productos o elude impuestos, eso da una señal hacia abajo. “Los actos venales de una elite pueden generar incentivos para que otros hagan lo mismo y comience a extenderse una moral según la cual tengo que hacer lo mismo que los otros para salvarme. Ya que todos están robando, robar está legitimado”, dice Dewey.

Pero también puede ser (y esta hipótesis le gusta más a Dewey) que estos actos corruptos e ilegales tiendan a expandirse con fuerza simplemente “porque la corrupción existe en la sociedad misma y hay altos niveles de tolerancia a ese tipo de comportamientos”.

Lo que es claro es que los mercados ilegales no se ubican en los márgenes de la sociedad, como se sostenía hace algunas décadas, sino que están integrados a la parte central de la economía. Una estimación de Economist de 2013 fijó en más de US$600 mil millones el monto de los intercambios que violan la ley, cifra que incluye desde venta de drogas a arte robado, pasando por fraude financiero y elusión tributaria.

En el prólogo del libro “La arquitectura de los mercados ilegales” (2017), Dewey y Beckert explican que la integración entre lo ilegal y lo legal es frecuente porque en realidad los mercados ilícitos contravienen la ley solo en algunos aspectos, los cuales pueden ser adoptados y resueltos por instituciones perfectamente legales. Por ejemplo, si una empresa fabrica zapatillas usando niños, solo esa parte tiene que permanecer oculta. El resto del negocio (transporte, marketing, distribución, etc.) es perfectamente legal.

No puede ser que un joven se transforme en policía después de un curso de dos meses. Creo que al contrario, ingresar al Estado tiene que es muy difícil”.

Un buen ejemplo de esa integración y de los difícil que es romperla, es La Salada, una descomunal explanada de producción y venta de prendas de vestir ubicada en la zonas sur oriente de Buenos Aires. Antiguamente, dice Dewey era parte de una pujante industria textil argentina que fue diezmada por las políticas neoliberales de la era Menem. Miles de empleos desaparecieron a causa de esas políticas, pero los trabajadores no. Expulsados del mercado “se reconvirtieron de manera ilegal” para continuar haciendo lo que sabían hacer: textiles. Solo que ahora eran falsificados. Hoy la Salada es uno de los íconos de la industria de lo falso y aunque sufre periódicos allanamientos y Estados Unidos exige el cierre de ese mercado, no se clausura porque hay muchos empleos involucrados y provee de productos que las clases medias y bajas no pueden tener de otra manera.

–La informalidad y la ilegalidad son fenómenos muy importantes en la economía de América Latina y los gobiernos tienen que reaccionar frente a este tipo de fenómenos. Pero no siempre la represión es la primera respuesta, porque no es sostenible.

Tampoco es solución, al menos en el corto plazo, legalizar ese mercado. En una reciente columna Dewey explica que legalizar La Salada obligaría a las textiles a adoptar las regulaciones para la seguridad física y social de los trabajadores (en La Salada se produce con horarios de explotación); obligaría a solucionar el problema de las marcas que son falsificadas y a que los comerciantes y fabricantes pagaran impuestos. “Todo eso elevaría los precios de la ropa y anularía el efecto positivo de ese mercado, que es la verdadera razón por la cual es aceptable”.

Sin poder prohibir ni legalizar, lo que queda es convivir con lo ilegal.

En un reciente libro “Tolerancia como forma de distribución” (Forbearance as Redistribution: The Politics of Informal Welfare in Latin America, 2017), la investigadora norteamericana Alisha Holland aborda las razones de la vista gorda de la autoridad en Latinoamérica. Se pregunta: ¿por qué la exigencia de cumplimiento legal es estable y uniforme en algunos contextos y volátiles en otros? En el caso chileno, pregunta, por qué podemos cobrar impuestos a la elite, pero se permite a vendedores callejeros operar en algunas áreas, mientras que en otras son perseguidos vigorosamente.

Holland sostiene que los políticos eligen NO hacer cumplir la ley cuando eso va en su beneficio electoral. Enfocándose en las leyes que son violadas por los pobres, Holland argumenta que el incentivo de los políticos depende de dos factores: 1) si los programas sociales ofrecen una alternativa a la violación de la ley, y 2) si los políticos dependen de los votos de los pobres para ganar una elección. Políticas sociales insuficientes y necesidades electorales alimentan la vista gorda de la autoridades.

Al igual que Dewey, Holland detecta que en Latinoamérica la política convive con lo ilegal, lo administra.

Eventualmente, en ese juego –en parte forzado por las necesidades sociales–, el delito puede escapar de control.

–Si uno se pone en los zapatos de los políticos– dijo Dewey a CIPER –los tipos quieren gobernar, quieren tener paz social, llevar a cabo sus proyectos políticos, no quieren conflictos. Entonces, toleran ciertos mercados, sobre todo si son muy legitimados en la sociedad. Por ejemplo, lo que son los mercados persas en Chile, donde muchas cosas son robadas o falsificadas. Ahí la tolerancia forma parte del intento por mantener la estabilidad y reproducir la paz social.

ADMINISTRAR EL ESTADO DE DERECHO

Si algunos agentes del Estado establecen fluidas relaciones con lo ilegal, es claro que el Estado no desaparece del territorio. Pero lo que sí desaparece es el Estado de Derecho. Dewey explica que eso es lo que los agentes le ofrecen a las bandas de narcos, a los comerciantes ilegales y a todos a quienes se les toleran sus ilegalidades: la supresión, durante un tiempo y en determinadas zonas, del Estado de Derecho.

Dewey llegó a esta idea mientras entrevistaba a un ex auditor de la policía de Buenos Aires, famosa por su brutalidad:

–El auditor me contó que el libro de entradas (donde se anota todo lo que ocurre en el cuartel, quien entra, quien sale, que denuncias se hacen, etc.) está desfasado una hora. Es decir, si alguien entró a las 10 a hacer una denuncia, lo anotan como que llegó a las 11. ¿Por qué? Porque se reservan una hora para lidiar con cualquier imprevisto, cualquier cosa que se les salga de las manos y que eventualmente necesiten encubrir. El auditor me dijo que todos los diarios de la policía están atrasados una hora. Entonces, se me ocurrió algo bastante obvio; que aquellas personas que tiene el poder de confeccionar documentos oficiales, pueden escribir lo que se les dé la gana y hacerlos valer como válidos.

Los actos venales de una elite pueden generar incentivos para que otros hagan lo mismo y comience a extenderse una moral según la cual tengo que hacer lo mismo que los otros para salvarme”.

Y así es como algunos agentes del Estado administran la ley. A veces la anulan, a veces la hacen exigible. Vuelven productivo el poder Estado de Derecho. “Yo puedo perfectamente como inspector no solo falsificar documentos, sino más sutilmente, interpretar y aplicar normas para un lado o para otro. Ahí hay un espacio que pueden administrar los representantes de la ley”, explica Dewey.

Ese espacio de supresión del Estado de Derecho no lo aprovechan solo los comerciantes ilegales de marcas truchas o droga. También es un espacio que se ofrece a las encumbradas elites cuando, por ejemplo, se les acepta saltarse la ley tributaria eludiendo con ingenio la norma.

La expansión de estos comportamientos, escribe Dewey, se ve potenciada por múltiples factores, entre los que ubica la expansión del neoliberalismo en los negocios y en la ética (la economía en general piensa que la justicia es una bobada, decía el último premio Nobel, Richard Thaler); y la expansión de sectores muy precarios surgidos de la descomposición del aparato productivo y que el sociólogo Loïc Wacquant llamó “marginalidad avanzada”.

La solución, por tanto, es difícil de pensar. Pero la intuición de Dewey es que siempre será clave contar con funcionarios públicos bien formados en todos los niveles.

-Siempre he creído que lo importante es tratar de formar buenos representantes del Estado, gente a la que se le den todos los beneficios para que sea fiel al ordenamiento jurídico. El problema de muchos países es que los agentes del Estado no son fieles al Estado, son fieles a otros intereses. No puede ser que un joven se transforme en policía después de un curso de dos meses. Creo que al contrario, ingresar al Estado tiene que ser muy difícil. La construcción de instituciones que elijan bien quién entra y quién no, debería ser el primer objetivo de los gobiernos. Lo que pasa es que es mucho más tentador tener fuerzas policiales y de seguridad que están al servicio del gobierno de turno- concluye Dewey.