CIPER RECONSTRUYÓ TODAS LAS ALERTAS IGNORADAS POR LAS AUTORIDADES
La muerte de 31 ancianos en hogar del Senama sigue sin sanción
12.10.2017
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CIPER RECONSTRUYÓ TODAS LAS ALERTAS IGNORADAS POR LAS AUTORIDADES
12.10.2017
La primera alerta llegó en agosto de 2015, apenas un mes después de que la Fundación Amsca (Agrupación Médica y Social Chile Ayuda) se hiciera cargo de uno de los hogares para adultos mayores más grandes del país. El informe de supervisión del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) advirtió que algo andaba mal en el Centro Cordillera (en Puente Alto, con más de 80 residentes): “Falta de insumos como, por ejemplo, medicamentos, pañales, materiales de enfermería”. Desde entonces, mes a mes las alertas se repitieron y cada vez más duras. A pesar de ello, solo un año después el Senama puso fin a su relación con Amsca. Pero, para entonces ya habían muerto 31 ancianos.
El Senama solo actuó en febrero de 2016, cuando el marco de una puerta del hogar cayó sobre la cabeza de Margarita Lobos (83 años), provocándole la muerte. Tres meses más tarde, en mayo, el servicio puso fin al convenio y estampó una denuncia ante la Fiscalía de Puente Alto por la muerte de cinco ancianos durante la administración de Amsca. Uno de ellos presentaba una desnutrición severa: habría estado nueve días sin comer.
Un reportaje de El Mostrador denunció en junio de 2016 las precarias condiciones en que vivían los adultos mayores, a quienes además Amsca no pagaba sus pensiones. En febrero de este año un informe de la Contraloría General de la República constató las irregularidades cometidas por esa fundación en los casi 12 meses que estuvo a cargo del hogar, el mismo lapso en que murieron los 31 ancianos (vea ese informe).
CIPER reconstruyó la ruta de las advertencias que tuvo en sus manos la cúpula del Senama. Recogió testimonios y documentos que evidencian que, a pesar de la gravedad de las alertas, la Dirección Nacional de ese servicio no solo no ordenó una respuesta inmediata, sino que le bajó el perfil a la situación. La investigación de CIPER determinó que tanto el jefe de la División de Gestión y Coordinación Territorial –de la que dependen los hogares que tiene Senama, a través de la Coordinación Regional-, Rubén Valenzuela, como la entonces directora nacional, la socióloga Rayen Inglés (ambos militantes democratacristianos), estaban informados desde el principio de las peligrosas falencias en la administración de la fundación. Aun así, mantuvieron una actitud pasiva.
CIPER tuvo acceso a una voluminosa documentación que demuestra las fallas y carencias (citada en el informe de la Contraloría) y, aunque hay un sumario en curso en el Senama y una investigación de la Fiscalía por las causas del fallecimiento de siete adultos mayores, aún no hay sanciones en el servicio.
Por el contrario, Rubén Valenzuela, el sociólogo que entonces estaba a cargo del departamento que lleva la relación con el hogar Cordillera, fue nombrado director nacional del Senama en reemplazo de Rayen Inglés, quien hoy es candidata a diputada por el Distrito 22 (Región de la Araucanía) en un cupo de la DC.
Las autoridades del Senama hasta ahora han sido incapaces de responder por qué esperaron casi un año y la muerte de una treintena de ancianos para cortar el contrato con Amsca, por el cual le transfirieron $517,4 millones a esa fundación.
En entrevista con CIPER, Rubén Valenzuela deslindó responsabilidades respecto de lo ocurrido en el centro Cordillera. Afirmó que, a diferencia del resto de las entidades que administran hogares para el Senama, la Fundación Amsca se entendía directamente con la ex directora nacional, Rayen Inglés. También sostuvo que fue Inglés quien le bajó el perfil a los alarmantes informes que se recibían desde la residencia y que los funcionarios que la supervisaban se inhibieron de actuar por temor a entrar en conflicto con la fundación y así poner en peligro su estabilidad laboral.
CIPER se contactó con la ex directora, quien dejó el cargo en marzo del año pasado. Rayen Inglés afirmó que supo lo que ocurría en el hogar recién en diciembre de 2015, negó tajantemente que le haya brindado un trato preferente a la fundación y sostuvo que no tiene vínculos personales con directivos de Amsca. Agregó que apenas se enteró de la situación, ordenó que se visitara la residencia y dijo que no pudo hacer más porque un mes después presentó su renuncia.
–No hubo antes de diciembre de 2015 un informe directo que me advirtiera de esa situación. De hecho, si usted le pide a Rubén Valenzuela un correo electrónico o algún memorándum donde él me informara de la situación, no hay– dijo a CIPER la ahora candidata a diputada.
La versión entregada a CIPER por Rayen Inglés difiere completamente de la de Rubén Valenzuela. Para intentar aclarar quiénes estuvieron informados de las falencias detectadas en el hogar y qué medidas adoptaron, CIPER solicitó al Senama los oficios o correos electrónicos relacionados con el centro Cordillera. El servicio envió una larga carta en la que detalla lo que, mes a mes, hicieron (vea ese documento).
Según esa carta, fuera de las supervisiones de rutina –que estaban obligados a hacer por convenio–, la primera acción concreta que toma el Senama para “corregir las irregularidades detectadas en el primer informe” fue una reunión entre los funcionarios de Senama y los de Amsca el 11 de noviembre de 2015.
El acta de esa reunión –que el servicio adjuntó en su respuesta a CIPER como respaldo– tiene cinco páginas, está escrita a mano y, aunque no incluye la nómina de los asistentes, sí están sus firmas. Entre los temas tratados están: “revisión del primer reporte técnico correspondiente a los meses de julio y agosto 2015”, “subsanación de las observaciones”, “organigrama no cumple con lo presentado en el plan de costo”, “solicitud de contratos, curriculums y certificados de título tanto para el equipo técnico y administrativo” (vea ese documento).
Todo indica que la Fundación Amsca se fundó con el objetivo de administrar el hogar Cordillera: obtuvo su personalidad jurídica en diciembre de 2014, apenas dos días antes del segundo llamado a licitación que hizo el Senama para conseguir una institución que administrara el centro.
El director de la fundación -con oficinas en Rancagua- es Antonio Fernando Lepe Valenzuela. Según publicó El Mostrador, cuando en febrero de 2016 más de la mitad de los funcionarios del hogar renunciaron porque no tenían las condiciones mínimas para trabajar, Lepe puso en su reemplazo a familiares. Su papá, Antonio Lepe Alegría, asumió como director administrativo; su hermana, Catherine Lepe, como encargada de recursos humanos; su cuñado, Óscar Argomedo –quien, según la misma publicación, era funcionario en la Intendencia de la Región de O’Higgins–, como responsable de los convenios. Para entonces, la crisis en el hogar estaba desatada: ya había 24 ancianos muertos.
Cuando estalló la noticia y se supo del abandono en que vivían los adultos mayores a cargo de la Fundación Amsca, Valenzuela salió al paso con una declaración pública. En ella, intentó liberarse de toda responsabilidad, diciendo que las fallas se debieron a que el Senama estuvo más de dos meses sin entregarles los recursos que les correspondían. Según su versión, fue «la Agrupación (Amsca) y su presidente, junto a sus cercanos, quien debió pagar más de $100 millones, todo ello para costear las necesidades de los mayores».
CIPER se comunicó con Antonio Lepe, para obtener su versión sobre lo ocurrido en el hogar Cordillera. La historia que cuenta el director de la Fundación Amsca es muy distinta a las de Inglés y Valenzuela. En ella, el responsable de la muerte de los 31 ancianos es el Senama:
–Las condiciones en que recibimos el hogar eran deplorables, recibimos unos 80 adultos mayores y la mitad estaba en pésimas condiciones. Doce de ellos escarados, 26 estaban postrados… Un hogar como el que administrábamos nosotros no tiene -por definición- la capacidad de hacerse cargo de postrados que requieren grados de hospitalización. El ingreso de adultos mayores lo hace el servicio, e ingresaban al hogar Cordillera a personas que tenían problemas de salud que no eran tratables por nosotros–, dijo a CIPER el director de Amsca.
Lepe también hace una acusación grave: “Todo lo que pusieron en las fichas de supervisión es falso. Hay plazos para entregarlas, para que uno corrija si está haciendo algo mal, y en todo el 2015 no nos mandaron ni una sola”.
El director de Amsca alega, además, que Senama no cumplió con su parte del contrato: «Se demoraron dos meses en entregarnos los recursos. Prometieron capacitarnos y no lo hicieron. No nos entregaron las fichas clínicas de los residentes, no sabíamos nada de ellos. Tuvimos que empezar de cero, y recién en febrero de 2016 nos entregaron los computadores, pero sin Windows. ¿Cómo podíamos cumplir nosotros si ellos no nos estaban dando las condiciones mínimas?».
Además de su rol como director en Amsca, Antonio Lepe aparece como Presidente de la Federación Estudiantil Chile Internacional (FECHI), creada, según el mismo Lepe indicó a CIPER, para “mejorar el desarrollo cultural de la comunidad juvenil chilena residente en Argentina”. También es el director ejecutivo de Ala Sedi, una empresa en la que participa junto a su padre, Antonio Lepe Alegría, y que, según su sitio web, ofrece servicios que van desde los de una agencia de viajes, pasando por la producción de publicidad, servicios domésticos y hasta consultoría financiera, legal y comercial. Según el Linkedin de Lepe Valenzuela, también presta servicios a la empresa como médico.
Desde que la Fundación Amsca se hizo cargo de la administración del hogar Cordillera, en julio de 2015, empezaron los problemas. Al finalizar ese mismo mes de julio, las fallas -según la Fundación Amsca- se debieron a dos demoras: en el traspaso de información desde el Hogar de Cristo, que administraba el hogar hasta entonces, y en la entrega de recursos desde el Senama. Así consta en la ficha de supervisión de julio, realizada por funcionarios del Senama y que se hacen cada mes para controlar el funcionamiento de las residencias.
A partir de agosto de 2015, las actas donde se registra la supervisión mensual por parte del Senama van mostrando cómo se fue gestando progresivamente una falla multisistémica: faltaban profesionales para darle atención adecuada y oportuna a los adultos mayores, no se registraban las atenciones de salud, escaseaban los medicamentos y, según indicaron los propios ancianos a los inspectores del Senama, también la comida.
Después de cada fiscalización, el acta respectiva debía seguir un camino bien delimitado:
-Una copia se queda en el hogar, como una forma de hacer presente a la organización a cargo de administrar la residencia las deficiencias que se pueden haber detectado, para que las resuelva. Obviamente nos quedamos nosotros con una copia también -dijo Rubén Valenzuela a CIPER.
Esa segunda copia debía pasar a los encargados de programa a nivel regional, luego al encargado nacional del programa, al jefe de Gestión y Coordinación Territorial (entonces el propio Valenzuela) y de ahí a la Dirección Nacional. Es decir, cuando en octubre de 2015 la ficha de supervisión del hogar Cordillera (correspondiente a septiembre) alertó de la falta de personal, de la falta de registro en las actas clínicas y de la disminución de la comida que les daban a los ancianos, toda esa cadena debió enterarse ese mismo mes.
En esa acta de septiembre –revisada por CIPER– consta otro de los graves reclamos: los responsables de la Fundación Amsca no les entregaban a los ancianos el 15% de sus pensiones, como correspondía. Y ello desde julio, el mismo mes en que se hicieron cargo del hogar.
La inspección siguiente fue lapidaria. En los cuatro meses que habían transcurrido desde que la Fundación Amsca empezó a administrar el hogar Cordillera (julio) y la supervisión realizada entre el 2 y el 6 de noviembre de 2015, ya habían fallecido 14 ancianos. La sola cifra de los muertos debió encender las alarmas. No fue así. Y ello, a pesar de que en el mismo periodo, según la nómina publicada en el sitio del servicio, en la residencia del Senama en Puerto Montt –de condiciones similares al hogar Cordillera– habían muerto cuatro ancianos.
En el informe respectivo se lee: “Constantes denuncias recibidas (…) las cuales informan sobre malas prácticas en la atención de residentes, falta de personal sobre todo de equipo de trato directo, las que afectan en la entrega del servicio comprometido para las personas mayores”.
CIPER le preguntó a Rubén Valenzuela por qué la dirección del servicio no actuó con carácter de urgencia tras conocer la situación. Su respuesta fue concisa: porque el contrato suscrito con Fundación Amsca no lo permitía. Valenzuela dijo que, para finiquitar el convenio antes del plazo de término, el Senama requería que sus supervisores rechazaran dos de los informes que la fundación enviaba al servicio cada dos meses informando de su gestión.
Para corroborar los dichos de Rubén Valenzuela, CIPER buscó el contrato suscrito con Fundación Amsca. Y allí se lee que el Senama podía darle fin anticipado al menos por dos razones que, en este caso, ya se habían constatado. La primera, si se producía un “incumplimiento de alguna de las obligaciones derivadas del presente convenio por parte de la Entidad Operadora, según calificación fundada”; y la segunda: “Por dos informes de supervisión seguidos, realizados por el Servicio durante la vigencia del convenio, que den cuenta del cumplimiento deficiente de las actividades realizadas y en que no se verifiquen acciones tendientes a las mejoras sugeridas” (revise aquí ese documento).
Es decir, a diferencia de lo que afirmó Rubén Valenzuela, con la evidencia que emerge del acta de la supervisión de octubre, el Senama pudo haber puesto fin al convenio con Fundación Amsca.
Así, a pesar de las graves falencias que registran las actas de supervisión de los funcionarios del Senama, el hogar Cordillera siguió funcionando con sus más de 80 ancianos bajo la administración de la Fundación Amsca.
Deberían pasar cinco meses y registrarse otros diez decesos de ancianos para que recién la autoridad del Senama reaccionara. Eso ocurrió en marzo de 2016, tras la muerte de Margarita Lobos por el golpe que recibió al caer el marco de una puerta, cuando el Senama rechazó el informe bimensual de gestión (noviembre y diciembre) enviado por la Fundación Amsca. Antes de eso no hubo ningún cambio que diera cuenta de una modificación radical en la gestión del hogar Cordillera.
Para entonces, Amsca ya llevaba operando en el hogar nueve meses y contaba 24 ancianos muertos, casi cinco veces el promedio de los fallecidos (cinco decesos) en las otras 11 residencias del Senama en el país en ese mismo periodo,según las cifras que publica el mismo servicio en su sitio web.
En diciembre de 2015 la coordinadora regional Metropolitana del Senama, Natalia Zúñiga, encendió una bengala difícil de ignorar. Cumpliendo las formalidades administrativas le envió a la directora nacional un oficio informándole de las graves falencias e irregularidades en el funcionamiento del hogar Cordillera. Allí se habla de problemas en la cantidad y calidad de la alimentación; incorrecta implementación de ésta; falta de personal, tanto de trato directo como de profesionales, y la permanente rotación de los que sí tenían disponibles; contrataciones que no correspondían a las solicitadas en las bases y falta de protocolos, entre otras anomalías. En síntesis, la Fundación Amsca no estaba cumpliendo el contrato por el cual Senama le transfirió $517,4 millones por la gestión de un año.
“Nunca se había enfrentado una situación como esa y, por lo tanto, había mucha inexperiencia sobre cómo enfrentar ese tipo de problemas”, dijo Rubén Valenzuela a CIPER. Esto, según el director del servicio, empeoraba por un segundo factor: “Todo indicaba que en vez de creerle a los propios funcionarios de la institución, más bien se tendía a pensar que había una persecución encubierta a Amsca”.
Ante la consulta de CIPER, Valenzuela evitó señalar explícitamente si era la entonces directora nacional, Rayen Inglés, la que “no le creía a los funcionarios”. Solo se limitó a indicar:
–Cada vez que pude subrogar, yo actué de acuerdo a lo que pensé era lo mejor para asegurar el buen funcionamiento de la residencia Cordillera.
Respecto de si informó a su entonces jefa, Rayen Inglés, de lo que ocurría en el hogar, Valenzuela también respondió con evasivas y pidió que nos remitiéramos a lo que él declaró ante la Contraloría. En el informe de ese organismo fiscalizador se puede leer su intervención:
“Desde el inicio de la operación de Amsca, la ex directora nacional del Senama, señora Rayen Inglés Hueche, apoyó el modelo de trabajo que tenía dicha entidad operadora, cuestionando los hallazgos encontrados por los profesionales de la División de Coordinación Territorial”.
El mismo documento indica que el 5 de septiembre de 2015, Rayen Inglés envió un correo a Valenzuela en que le bajaba el perfil a lo que ocurría en el hogar:
“Se trata de un caso aislado, que requiere una conversación con el equipo (tuya), nuestra partida fue con dificultades, este es el motivo, sumado a actitudes negativas del profesional del equipo (del Senama) y mi compromiso a respaldar la gestión conjunta y apoyar la instalación socio sanitaria con énfasis comunitario que la Fundación (Amsca) quiere entregar”.
Inglés no considera que eso haya sido minimizar el problema. En conversación con CIPER, dijo: “Nunca le he bajado el perfil a lo que pasaba en el hogar, todo lo contrario. Inmediatamente tomé acción. Yo durante mi gestión supe muy poquito, porque esa información se generó en diciembre y yo en enero presenté mi renuncia”.
La ex directora dijo que cuando la coordinadora regional le envió su informe, inició las acciones:
–Inmediatamente, envié a todo el equipo a terreno, con los asesores, el jefe de gabinete, a revisar, a visitar. Hubo una reunión entre Amsca y todos los jefes de división. Yo también asistí a una reunión y se acordó en ese momento gestionar las mejoras correspondientes a lo que significaba la manutención de las personas mayores.
Una ex trabajadora de Amsca en el hogar Cordillera dijo a CIPER que recuerda solo una visita de la ex directora que no haya sido por alguna celebración: una reunión que tuvo lugar aproximadamente dos meses después de que la fundación se hiciera cargo de la residencia, cuando le dijeron a Inglés que había días en que no contaban con insumos médicos y que a todas luces la administración hacía una mala planificación de los recursos.
– (Rayen Inglés) nos dijo que era cosa de tiempo, que iban a mejorar las cosas, pero eso no pasó –dijo a CIPER la ex empleada de Amsca.
En enero de 2016, un mes después de la alerta de la coordinadora regional, la directora nacional solicitó una supervisión a la residencia. Sin embargo, según la Contraloría “dicho informe sólo constató irregularidades subsanables”.
El documento de la Contraloría indica que se ordenó, también en enero, una “supervisión de emergencia debido a reclamos recibidos en el servicio, donde se presentaban fotografías de tres residentes con lesiones”. Según el informe, el resultado de esa inspección fue sugerirle a Amsca, “entre otros aspectos, mejorar el registro y ordenamiento de las fichas de los residentes actuales y adultos mayores fallecidos, incorporar los certificados de defunción y remitirlos al servicio y definir con mayor claridad el rol y responsabilidades del enfermero y directora técnica en asuntos médico legales”.
Ese mismo mes, Rayen Inglés presentó su renuncia ante el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza (PC). Ésta se hizo efectiva en marzo, luego de que la entonces directora tomara sus vacaciones en febrero.
Valenzuela dice que adoptó medidas correctivas apenas tuvo las atribuciones para hacerlo: primero cuando le correspondió subrogar a Rayen Inglés y luego cuando se convirtió en director nacional. Antes, aseguró, no podía:
–Es que había una forma de proceder que no se ajustaba al resto de las instituciones con que tenemos programas. Ellos (Amsca) se vinculaban directamente con la Dirección Nacional.
–¿Por qué pasaba eso?
-–No le puedo decir por qué, yo no era el director nacional.
Rayen Inglés niega terminantemente que eso fuera así:
–Eso es absolutamente falso. El servicio tiene un procedimiento formal y ese fue el que siempre se utilizó. Los informes le llegan al encargado del programa de establecimientos de larga estadía, él los hace llegar al jefe de la División Territorial, que entonces era Rubén Valenzuela, quien mantiene una relación constante y permanente con el director.
Ahí, según la ex directora, la comunicación se cortó: “Él (Valenzuela) no me informó, yo me enteré por la Dirección Regional”.
Lo cierto es que luego de que Rayen Inglés dejara el cargo, Rubén Valenzuela asumió como director nacional. Entonces solicitó una fiscalización de la Seremi de Salud para que constatara lo que desde hacía meses advertían las fichas de supervisión. Según el informe de la Contraloría de febrero de este año, la seremi encontró en su visita del 28 de abril de 2016 problemas graves, que no habían sido señalados en los informes levantados por funcionarios del Senama.
Los principales hallazgos fueron minutas no actualizadas y que no coincidían con el estado nutricional de los pacientes; la constatación de que un anciano presentaba un evidente estado de desnutrición y que no contaba con las sondas que necesitaba para consumir alimentos, medicamentos e hidratarse; no existía registro de estos hechos en la ficha clínica del paciente; había balones de oxígeno sin fijar; los baños y sectores de duchas estaban en deficiente estado de aseo y mantención, entre otras deficiencias.
Tuvieron que pasar diez meses –lapso en que los ancianos del hogar fallecidos aumentaron a 29– para que se hiciera la fiscalización de la Seremi de Salud. No quedan claras las razones que justifican esa tardanza. Valenzuela dijo a CIPER que esa inspección podría haber sido en cualquier fecha del año, y que si no se hizo antes fue porque no estaba “entre los procedimientos que teníamos establecidos”.
CIPER le preguntó al director nacional cómo es posible que pedir una fiscalización de la Seremi de Salud no se considere un “procedimiento establecido”, si entre las atribuciones de esa seremi está la inspección de los hogares del Senama. Valenzuela respondió que “la Seremi podría haber ido por iniciativa propia”.
–Y ustedes podrían habérselo pedido, también.
–Sí, y podríamos no habérselo pedido.
–De hecho no lo hicieron hasta marzo, y para cuando fueron, en abril, ya habían muerto 29 ancianos, ¿por qué no llamaron a la seremi antes?
–Porque tomamos la decisión en marzo. Y ¿por qué no antes? Porque no lo hicimos. No está dentro de los procedimientos.
Según el informe de la Contraloría, el mismo día de la inspección de la Seremi de Salud, el hogar Cordillera contó a su muerto número 29. En su artículo de junio de 2016, El Mostrador narró que mientras los examinadores visitaban el hogar falleció uno de los residentes, Raúl González (84 años), y que los funcionarios de Amsca lo envolvieron y lo mantuvieron en una pieza hasta que los supervisores se fueron un par de horas después. El reportaje informó que el anciano falleció de una falla orgánica múltiple, insuficiencia hepática y presentaba un “evidente estado de desnutrición”, pues llevaba nueve días sin comer y sin recibir medicamentos.
La ex directora, Rayen Inglés, dijo a CIPER:
–Esto que pasó es algo que muchos sabían. El silencio con el que la gente cuida su trabajo frente al maltrato, el abuso, el abandono -y me refiero a quienes ejercen, los técnicos-, es lo que genera estas situaciones. Aquí el silencio es lo que ha permitido el maltrato a los adultos mayores.
Si en ese silencio estaba la propia directora y la cúpula del Senama, incluido su actual jefe máximo, es algo que las investigaciones internas aún no aclaran. Lo que sí pudo a acreditar CIPER, es que todos ellos estaban al tanto de lo que ocurría.