WALDO ROJAS ENFRENTA UNA QUERELLA DEL CDE
Coimas en la Usach: Las huellas del tío de Natalia Compagnon acusado de soborno
06.10.2016
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WALDO ROJAS ENFRENTA UNA QUERELLA DEL CDE
06.10.2016
“Nunca firma nada y no tiene casi nada a su nombre. El tipo sabe cómo moverse”. Así define a Waldo Iván Rojas Soto quien fuera su socio en uno de los varios negocios que este operador político, activo lobista y empresario ha impulsado en los últimos 25 años. La sucinta descripción de su ex compañero de negocios podría explicar por qué, por ejemplo, pese a arrastrar un pesado historial de querellas por giro doloso de cheques, estafa reiterada y asociación ilícita, Waldo Rojas –quien solo registra a su nombre un departamento en San Alfonso del Mar y una moto– ha logrado salir casi siempre indemne.
Pese a sus líos judiciales, Rojas también había logrado guardar su anonimato, hasta que en febrero de 2015 estalló el caso CAVAL, protagonizado por su sobrina Natalia Compagnon, la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet. Entonces se conoció la cercanía entre Rojas y Compagnon, quien incluso vivió en la casa de su tío. Fue él también quien le presentó a Mauricio Valero, con quien se unió para formar CAVAL (ver recuadro).
Ahora es Rojas el que está en el centro de un nuevo problema judicial: el 20 de junio, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en su contra por soborno reiterado y el Ministerio Público estaría preparando su formalización (ver querella). “Es difícil que se libre de esta”, señala una fuente cercana al caso.
Los hechos que originaron la querella fueron dados a conocer por CIPER en abril de 2015, en un reportaje que destapó el lobby de la multinacional española Isolux-Corsán ante autoridades públicas para obtener licitaciones y las coimas que la empresa pagó al ex director de Administración y Finanzas de la Universidad de Santiago (Usach), Mauricio Carrasco Torres, para amañar un contrato para la construcción de un edificio docente por casi $9.500 millones (ver reportaje).
Mauricio Carrasco comenzó a trabajar para la Usach en junio de 2012. Según la querella presentada por el CDE, la investigación de la Fiscalía logró establecer que fue el propio Waldo Rojas quien promovió su ingreso al plantel de educación superior. En poco más de tres meses Carrasco pasó de tener un cargo marginal como funcionario a honorarios a dirigir el departamento de Administración y Finanzas, cargo de confianza del rector Juan Manuel Zolezzi. Interrogante clave y aún no resuelta en este capítulo es quién o quiénes eran los contactos de Waldo Rojas al interior del plantel de educación que facilitaron el ingreso de Carrasco y posibilitaron su explosivo ascenso.
Mauricio Carrasco está confeso. El 23 de septiembre pasado, el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago lo condenó a presidio efectivo por cohecho reiterado y por el delito frustrado de fraude al Fisco (ver sentencia). Carrasco, quien apeló a la condena, reconoció que recibió coimas que hasta ahora ascienden a casi $50 millones. Buena parte de esos dineros, según reconoció Carrasco, se lo entregó el propio Waldo Rojas en efectivo y en bolsos negros, en distintos puntos de la capital. Posteriormente la ex autoridad de la Usach depositó por goteo las platas en sus cuentas de los bancos Estado y de Chile.
La ruta de los pagos ilícitos recibidos por quien llegó en tiempo récord a ser el custodio de las platas de la Usach, no solo conduce a Isolux. Hay otras tres empresas actualmente investigadas por soborno y que también se adjudicaron millonarias obras en esa universidad. Una de ellas es la filial chilena de la coreana LG Electronics. Waldo Rojas también le pagó coimas a Carrasco para que la empresa obtuviera un contrato en la Usach.
Aunque fundamental, Carrasco era solo una pieza del tablero en el que Rojas jugó su partida. El lobista operó con un séquito de colaboradores, quienes facilitaron facturas que se presume son ideológicamente falsas y que sirvieron para blanquear los pagos ilícitos provenientes de Isolux-Corsán y LG. En esa red de boleteros aparece el conocido operador político Alexis Yáñez Alvarado –funcionario de los gobiernos de la Concertación y con redes transversales en el mundo político– y el prestamista Fernando Cassorla Albagli, quien años atrás se convirtió en uno de los hombres más poderosos del fútbol. A través de su empresa de factoring, Cassorla llegó prácticamente a controlar los ingresos del club Colo-Colo justo antes de su quiebra en 2002.
Según la indagación de CIPER, las labores de Waldo Rojas Soto en representación de Isolux no se concentraron solo en la Usach. El 10 de septiembre de 2012 Rojas firmó un contrato con la trasnacional española para la “prestación de servicios en consultorías” en el que se pactaron honorarios para el lobista calculados en base a un porcentaje variable sobre el monto total de los contratos que la compañía obtuviera en Chile. Entre los proyectos de interés que se mencionan en el acuerdo se encuentran: los puentes Maule (Séptima Región) y Bicentenario (Región del Biobío); el Túnel de Agua Negra (corredor bioceánico que une el Atlántico con el Pacífico, Región de Coquimbo); el proyecto Valle de los Vientos (Región de Antofagasta); y la termoeléctrica de Concón (un proyecto de Enap en la Quinta Región).
Entre 2012 y 2014, Isolux obtuvo en Chile siete millonarias licitaciones de entidades públicas por más de $140 mil millones (ver reportaje). Entre los proyectos adjudicados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a Isolux en esos años y que se mencionan en el contrato de prestación de servicios de Waldo Rojas están los puentes Maule y Bicentenario. CIPER obtuvo un correo electrónico fechado el 27 de agosto de 2013 en el que altos directivos de Isolux-Corsán comentan entre sí cómo gracias a un insistente lobby pudieron “salvar” algunas licitaciones en las que habían quedado marginados.
“Como te habrás enterado en los puentes Biobío y Maule se escribió el dictamen que nos dejaba fuera por las sanciones dispuestas en contra de Copasa (compañía con la que se asoció Isolux para algunos proyectos) y el lobby me llevó a sentarme con el presidente de la comisión de adjudicación de Obras Públicas, del Congreso, el director de Vialidad y con el ministro de Obras Públicas, y por ello se salvó el contrato”, escribió el presidente de Isolux para América Latina, Juan Carlos de Goycoechea, quien operaba desde Buenos aires (ver correo electrónico).
Quien encabezaba el MOP cuando se le otorgaron a Isolux esos contratos era el ex precandidato presidencial de la UDI, Laurence Golborne. El entonces jefe de gabinete del área jurídica de ese ministerio era Francisco Toyos Jofré, quien también se había desempeñado como asesor del mismo Golborne cuando éste estuvo a la cabeza de la cartera de Energía. Un dato que no deja de ser llamativo es que el 19 de julio pasado, Toyos creó la sociedad Consultora San Pancracio en sociedad con Diego Mizón Espinoza. En la querella que presentó el CDE, Mizón Espinoza es identificado como la “persona de confianza de Waldo Rojas” que retiraba desde las oficinas de Isolux los cheques de las facturas truchas facilitadas por el círculo del lobista y empresario (ver N.de la R.).
El polémico historial de Waldo Rojas ya arrastraba varios capítulos, como el que se escribió de la mano del proceso de disolución de la isapre Promepart, de la que fue gerente comercial y, más tarde, representante legal. A los directivos de Promepart –que se acogieron a un convenio judicial preventivo de quiebra en 2005–, se les acusó de oscuros manejos administrativos y de ejecutar operaciones ficticias con empresas relacionadas, causando millonarios perjuicios a un centenar de socios, accionistas y trabajadores.
La sombra de Promepart ha seguido a Waldo Rojas por varios años y en su calidad de representante legal de la comisión liquidadora de la empresa ha debido enfrentar en los últimos años juicios de cobranza. En 2008, durante un viaje de negocios a Bogotá, vivió un embarazoso episodio. Una persona cercana a Rojas recuerda que una tarde en la que éste se encontraba de compras en un centro comercial de la capital colombiana, debió irse intempestivamente del lugar. En ese mismo mall, a esa misma hora, también se encontraba ahí una inversionista colombiana a la que años antes Rojas había invitado a participar de Promepart. Según el relato, la mujer habría alcanzado a increparlo.
En un email con fecha 23 de marzo de 2009 al que tuvo acceso CIPER y que fue enviado a una de las víctimas chilenas de la desaparecida isapre, la hija de la colombiana afectada por la supuesta estafa de Rojas explica el episodio: “Mi mamá invirtió en una empresa Promepart allá en Chile, donde Waldo Rojas y sus secuaces le vendieron supuestamente una cartera de esa empresa, después le ofrecieron esta vida y la otra, pero todo fue mentira”.
CIPER se contactó por correo electrónico con la mujer que escribió el email. La respuesta, por la misma vía, fue la siguiente: “Sí, fuimos víctimas de un engaño por los señores en mención (refiriéndose a Waldo Rojas y otros directivos de Promepart)”.
A esas alturas Waldo Rojas ya estaba embarcado en un nuevo emprendimiento: Alta Dental. En una entrevista al diario La Tercera de abril de 2008, Rojas se refirió a la por entonces exitosa iniciativa respaldada por Corfo y la incubadora de negocios Octantis de la Universidad Adolfo Ibáñez: “Resolvemos los problemas odontológicos de la población más vulnerable, a precios bajos, con especialistas de excelencia y con insumos de alta calidad”.
En mayo de 2010, Rojas y su socio en Alta Dental fueron formalizados por el delito de estafa. Centenares de pacientes en Santiago, Valdivia y Concepción habían pagado por adelantado costosos tratamientos que quedaron inconclusos. El 19 de abril de 2013, Waldo Rojas, quien además era gerente general de la empresa, fue sobreseído luego de llegar a un acuerdo de suspensión condicional del procedimiento. Según El Mostrador, como salida alternativa Rojas propuso a la Fiscalía pagar un 25% de las deudas.
A principios de junio de 2012, Mauricio Carrasco Torres fue contratado a honorarios por la Universidad de Santiago (Usach) para elaborar propuestas de implementación y seguimiento en la asignación de beneficios estudiantiles. Sus honorarios ascendían a poco más de $1,5 millones.
Pocos meses después, en octubre de 2012, Carrasco fue nombrado director de Administración y Finanzas, un puesto de alta jerarquía entre las autoridades del plantel y de absoluta confianza del rector. En seis meses el sueldo de Carrasco se triplicó ($4,5 millones).
En la querella del CDE contra Waldo Rojas, se cita como antecedente que la investigación del Ministerio Público logró establecer que Carrasco entró a trabajar en la Usach con “apoyo de su amigo Waldo Rojas Soto, a quien había conocido años antes cuando trabajaba en el Ministerio de Educación”. Lo que sugiere esa línea de investigación es que los casi $50 millones en coimas recibidas por Carrasco serían parte de una operación cuidadosamente diseñada por Rojas para extraer recursos –vía licitaciones truchas– desde el plantel estatal de educación superior.
Consultado respecto de la llegada de Carrasco a la Usach, el rector de plantel, Juan Manuel Zolezzi, entregó en abril del año pasado a CIPER una versión distinta a la acuñada por la Fiscalía:
–Él era el encargado de la parte de la asignación de becas y créditos en el Ministerio de Educación. Me tocó conocerlo porque a esta universidad se le quitó recursos de becas y créditos durante 2008 y 2010. Cuando salió del ministerio, le dije ándate a la universidad para ver el tema de la asignación de becas. Y aceptó. Él tenía cierta habilidad en términos de administración y se le pidió después que se hiciera cargo de la dirección de Administración y Finanzas –dijo Zolezzi, quien negó conocer a Waldo Rojas (ver entrevista).
Es sabido que Waldo Rojas tiene llegada en el mundo radical y masón. En ese círculo aparece un hombre clave: Luis Horacio Rojas Mansilla, su primo y hombre cercano al ministro de Defensa, José Antonio Gómez (PR). Rojas Mansilla fue jefe de gabinete de Gómez cuando éste se desempeñó como ministro de Justicia entre 2000 y 2003. En agosto de 2007, José Antonio Gómez y Luis Horacio Rojas, junto a un tercer socio, crearon la Inmobiliaria GKD Limitada. No era la primera aventura empresarial de Rojas Mansilla: en 1989 había constituido junto a su primo, Waldo Rojas, la sociedad Transportes y Comunicaciones Congreso y en 1992 la consultora SGE Limitada.
En los últimos meses del primer gobierno de Michelle Bachelet, Rojas Mansilla, quien también fue miembro de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) entre 2007 y 2010, volvió a aparecer por la cartera de Justicia como asesor del entonces ministro Carlos Maldonado, también de las filas del Partido Radical.
No hay niguna evidencia que vincule a Rojas Mansilla con las gestiones de su primo para favorecer a Isolux. Versiones recogidas por CIPER, sin embargo, indican que en al menos una oportunidad gestionó una reunión entre Waldo Rojas y José Antonio Gómez. La cita habría ocurrido en agosto de 2007 –cuando Gómez era senador por la Región de Antofagasta– y en ella Waldo Rojas le habría pedido ayuda para que le tendiera puentes con el Ministerio de Justicia con el fin de ofrecer los servicios de Alta Dental a Gendarmería y al Registro Civil. No hay registro de que Gómez haya realizado gestiones. Contactado por CIPER, el ministro no quiso referirse al tema, mientras que Rojas Mansilla no estuvo ubicable.
Con quien también Waldo Rojas habría labrado vínculos de cercanía –que a la larga resultarían clave– fue con el ex senador de la DC y luego líder del PRI, Adolfo Zaldívar (falleció en 2013). El puente habría sido un viejo conocido de Rojas: Juan Carlos Osega Narea, histórico hombre de confianza de Zaldívar y su jefe de gabinete cuando se desempeñó como embajador en Argentina. Además de amigos, Rojas y Osega se convirtieron en socios: en enero de 2013 crearon la sociedad Sortis SpA para ofrecer consultorías en grandes proyectos de infraestructura.
El periodo en que Zaldívar y Osega se desempeñaron en la representación diplomática en Argentina coincide con el momento en que Waldo Rojas estrechó vínculos con los máximos directivos de Isolux-Corsán, que desde Buenos Aires manejaban todas las operaciones de la compañía para el Cono Sur.
En septiembre de 2012, Rojas firmaría un contrato con Isolux-Corsán de “prestación de servicios en consultoría”, cuyos honorarios corresponderían a un porcentaje del valor total de las obras que la compañía lograra obtener con su gestión. Se trataba de un contrato “subrogable a filiales”, por lo tanto aplicable a la agencia que Isolux tiene en Chile desde 2004 (Isolux Agencia Chile).
El contrato formalizó las labores que Rojas ya venía realizando para la multinacional. Los puentes Maule y Bicentenario habían sido adjudicados por el MOP a Isolux en marzo y abril de 2012, y allí las gestiones de Waldo Rojas habían resultado decisivas. De acuerdo al diario electrónico El Mostrador, en aquella reunión en la que el presidente de Isolux para América Latina, Juan Carlos de Goycoechea, asegura haberse sentado con el ex ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, para revertir la decisión que los dejaba fuera de la licitación de dos puentes, Waldo Rojas estuvo presente.
CIPER pudo comprobar que el lobista recibió cuantiosos pagos por su intervención en esos dos proyectos. El 29 de agosto de 2013 Rojas entregó a Isolux una factura –que se presume es ideológicamente falsa– por $61 millones perteneciente a la sociedad Inversiones Río Claro Limitada. En el documento (factura N°93) se señala “Movimiento de tierra y áridos de obras denominadas Puente de Maule y Puente Centenario”.
Tras esas gestiones, la energía del lobista de Isolux se concentró en la Usach.
En noviembre de 2013, la universidad le adjudicó a Isolux-Corsán una licitación por $9.500 millones para la construcción de un edificio docente de ocho pisos. Entre los miembros de la comisión que evaluó esa licitación estaba Mauricio Carrasco, quien también participó del diseño y redacción de las bases. Según un correo electrónico al que CIPER tuvo acceso, dos meses antes de que la comisión resolviera la adjudicación, Isolux ya tenía indicios de que sería favorecida con la licitación: “Un dictamen de la comisión que obra en mi poder aconseja la adjudicación a (Isolux) Corsán”, escribió el 27 de agosto de 2013 Goycoechea a sus superiores en España.
Tras la adjudicación, los problemas no tardaron en llegar. A mediados de 2014 la obra llevaba varios meses de atraso, sin embargo la Usach le había cursado a Isolux anticipos que no correspondían por más de $1.400 millones. Fue en junio de 2014, tal como reveló CIPER (ver reportaje), cuando Mauricio Carrasco, el encargado de autorizar los pagos, aceptó de Isolux los tickets aéreos, la estadía y las entradas para asistir junto a su cónyuge al partido por octavos de final del Mundial de Fútbol entre Chile y Brasil en Belo Horizonte.
Pero esa no fue la única “gratificación” que recibió Carrasco a cambio de favorecer a Isolux. De acuerdo a su propia confesión ante los fiscales, a fines de marzo de 2014 Waldo Rojas le había entregado $15 millones en efectivo en un bolso negro. La operación se llevó a cabo en un café de calle Huérfanos, en el centro de Santiago. A principios de junio la maniobra se repitió. Fue el mismo monto, pero está vez el lugar escogido por Rojas fue un café de avenida Apoquindo, en Las Condes.
La millonaria adjudicación en la Usach le había significado a Rojas firmar un acuerdo específico con Isolux –anexo al contrato comisionable de septiembre de 2012–, para financiar la operación y retribuirle por sus gestiones. Se pactaron $300 millones y quien aparece como contraparte de la compañía española en ese contrato, firmado los primeros días de enero de 2013, es la sociedad Tangerine S.A., propiedad del conocido prestamista Fernando Cassorla Albagli. Ese año Tangerine prestó también servicios de propaganda electoral a varias figuras políticas en época de campaña: Guido Girardi (PPD), Daniel Farcas (PPD) y Carlos Montes (PS), aparecen entre sus clientes, según la base de datos del Servicio Electoral (Servel).
El contubernio entre Waldo Rojas y Mauricio Carrasco no se limitó únicamente a la construcción del edificio docente adjudicado a Isolux. La intervención del prestamista Fernando Cassorla, también propietario de la empresa Factoring de Chile, tampoco.
A mediados de 2012, Waldo Rojas se acercó a Carrasco –quien ya era funcionario de la Usach– para ofrecerle la instalación de luminarias LED en varios recintos de la universidad. En esos momentos, además de Isolux-Corsán, el lobista Rojas tenía un acuerdo de representación con la empresa LG Electronics Inc. Chile. A principios de enero de 2013 LG obtuvo un contrato por trato directo con la Usach –autorizado por Carrasco– por $117,5 millones. Carrasco fue nuevamente premiado por Rojas: a principios de 2014, recibió de manos del lobista $8 millones en efectivo.
De acuerdo a lo que ha podido establecer el Ministerio Público, los dineros que habría recibido Rojas de parte de LG por su exitosa gestión fueron triangulados a través de la empresa Tangerine de Fernando Cassorla. El 6 de enero de 2014, Tangerine –al igual como lo hizo con Isolux– suscribió un acuerdo con la filial chilena de la multinacional coreana por asesorías. Para entonces, la sociedad de Cassorla ya le había facturado en dos oportunidades a LG por “concepto de asesoría y soporte del levantamiento técnico condiciones propuesta iluminación LED”. Los montos de ambas facturas, también bajo sospecha de ser ideológicamente falsas, suman poco más de $23 millones.
De acuerdo a correos electrónicos incautados por la Fiscalía, en ocasiones era el propio prestamista el que escribía a Isolux para apurar el pago de las facturas. Uno de esos mensajes data de fines de 2013 y en él Cassorla le escribe al contador de la multinacional española en los siguientes términos: “Consulta por facturas pendientes, entre ellas las de Waldo”.
Tal como reveló CIPER en un reportaje publicado en agosto del año pasado, el representante legal de LG en esa época era José Miguel Lira López, quien está siendo investigado por el Ministerio Público por falsificación y uso malicioso de documento privado y está acusado de haber defraudado a LG por más de $2.200 millones. Además, lo acusan de pagar cerca de $1.200 millones a asesores externos y a funcionarios municipales para ganar de forma irregular licitaciones de luminarias LED en distintos municipios del país, servicios que no están acreditados en la contabilidad de la compañía (ver reportaje).
En la investigación sobre CAVAL existe un testimonio que liga a la empresa de Natalia Compagnon y su socio Mauricio Valero con LG en la misma época en que Waldo Rojas operaba para la firma coreana. Según declaró Patricio Cordero, formalizado en la causa, Valero tenía un acuerdo con LG para comercializar luces LED.
A ese dato se suma un email con fecha 16 de octubre de 2013, enviado por Valero al gerente de proyectos de CAVAL, Sebastián Dávalos Bachelet, en el que ambos se coordinan para enviarle información de LG a un contacto en la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) del municipio de Peñalolén.
“Seba: la info está solicitada a LG, debiéramos esta semana enviar todo a Pablo”, le escribió Valero a Dávalos. “Ok, boss”, le respondió. No hay registro de que esas negociaciones hayan prosperado.
Un tercer caso, también fraguado en los pasillos de la Usach, pesa sobre la fecunda dupla Rojas-Carrasco. A mediados de 2014, la Usach le adjudicó a la empresa Comercial e Industrial Keller Limitada una licitación por $419 millones para reparar y reforzar uno de los edificios del establecimiento. A varios meses de iniciada la obra, Carrasco autorizó pagos y omitió cobros de multas, pese al evidente atraso del contratista. A mediados de 2014, Mauricio Carrasco recibió $5 millones en efectivo de manos de uno de los socios de la empresa, Víctor Cornejo Moreno, hoy también querellado por el CDE por soborno (ver querella).
De acuerdo a la confesión de Carrasco ante los fiscales, luego de recibir el soborno de Cornejo, Waldo Rojas lo llamó por teléfono pidiéndole apurar un pago para Keller.
Una cuarta empresa está siendo investigada por la Fiscalía. Se trata de la sociedad Panco Eirl, de propiedad del constructor civil Fernando Barroilhet Díez. Ello luego de que se detectara en la cuenta vista del Banco de Chile de Carrasco el rastro de un pago por $4 millones realizado por Barroilhet. En febrero de 2014, Carrasco le había adjudicado a Panco una obra de construcción en la casa central de la universidad por $74 millones (ver querella).
Entre las facturas que están siendo examinadas con lupa por los fiscales aparecen algunas relacionadas a dos empresas vinculadas al conocido lobista y ex operador político de la Concertación Alexis Yáñez Alvarado (ver reportaje de CIPER). Se trata de Constructora Santa Sofía de los Ángeles y de Praxis Limitada.
CIPER tuvo acceso a tres facturas emitidas por estas sociedades a Isolux-Corsán entre marzo y mayo de 2014, por un total de $190 millones. Dos de ellas detallan supuestos servicios prestados por la constructora para el proyecto de la Usach y una tercera, la de Praxis, fue emitida a la filial de la compañía española en Chile por concepto de “Asesoría profesional en el desarrollo de proyectos de construcción” (ver facturas).
Al menos en dos oportunidades los cheques emitidos por Isolux a nombre de la Constructora Santa Sofía de los Ángeles, fueron retirados por quien es sindicado en la querella del CDE como uno de los recolectores de los dineros pagados por la compañía española a Rojas. Se trata de Diego Mizón Espinoza –actual socio de Francisco Toyos, ex asesor jurídico del MOP y de Energía– quien firmó y retiró cheques por $71 millones y por $20 millones desde las oficinas de Isolux en la comuna de Providencia. Hay constancia además de que Mizón recogió un tercer cheque por $98 millones pagado contra una factura entregada por una sociedad de nombre Comercializadora Díaz Hermanos, también bajo investigación. CIPER intentó sin éxito contactarse con Mizón.
Además de Tangerine, Constructora Santa Sofía de los Ángeles, Praxis, Inversiones Río Claro y Comercializadora Díaz Hermanos, en esta red de emisores de facturas presuntamente falsas aparece una sexta empresa: Sierra Leona Construcciones.
CIPER tuvo acceso a dos facturas emitidas por Sierra Leona a Isolux en enero y febrero de 2013 por $133 millones. En el documento de la empresa dedicada a la comercialización de áridos y movimiento de tierra se detalla: “Servicio de ingeniería y preparación de oferta proyecto hospitalario Pitrufquén” (ver facturas).
El dato es relevante pues indicaría que Waldo Rojas, además de intervenir en las licitaciones de la Usach y del MOP para los puentes Biobío y Maule, también habría realizado gestiones para la obtención de esa obra, adjudicada a Isolux por el Servicio de Salud Araucanía Sur (SSAS) en diciembre de 2012 por un total de $16.700 millones.
La estrecha cercanía entre el ingeniero comercial Waldo Rojas y su sobrina política Natalia Compagnon no es un misterio. Casado con Gricela Soto Acevedo, hermana de la mamá de Natalia, la impronta de Waldo Rojas se asoma en cada uno de los hitos que definieron la vida profesional de la esposa de Sebastián Dávalos. Fuentes citadas por El Mostrador indican que Rojas se jactaba de haberle pagado la universidad a Compagnon. De acuerdo a versiones recogidas por CIPER, el ingeniero comercial al menos habría influido en la decisión de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet de congelar sus dos años de estudio de Derecho en la Universidad Central para cambiarse a Ciencias Políticas –carrera que también estudiaba Sebastián Dávalos– en el mismo plantel de educación superior. A Waldo Rojas se le ha definido como el mentor de Natalia Compagnon en los negocios. Al cumplir los 32 años, Compagnon ya había constituido cinco sociedades: de inversión, consultoras y una inmobiliaria. En enero de 2007 creó Asesorías Asia Pacific Brokers y para ello fijó domicilio en la misma dirección de Ñuñoa donde reside el matrimonio Rojas-Soto. Compagnon también vivió allí un tiempo.
Otra de las empresas creadas por Compagnon en febrero de 2012 fue CAVAL, protagonista de uno de los mayores escándalos políticos de los últimos años. En la génesis de la cuestionada empresa, Waldo Rojas también habría tenido una cuota de participación. Fue el propio lobista quien presentó a Natalia Compagnon y a Mauricio Valero Illanes, el socio de la nuera de Michelle Bachelet en ese polémico emprendimiento.
Luego de conocerse los términos de una polémica y millonaria operación inmobiliaria en Machalí, los propietarios de CAVAL se encuentran actualmente formalizados por el Ministerio Público: ambos por delitos tributarios y Valero, además, por soborno en calidad de autor (ver reportaje de CIPER).
N. de la R.: Con posterioridad a la publicación de este reportaje, CIPER recibió respuesta del abogado Francisco Toyos, a quien contactamos sin éxito durante el desarrollo de esta investigación. En su respuesta, enviada por correo electrónico, Toyos indica que conoció a Diego Mizón –quien es sindicado en la investigación como la “persona de confianza de Waldo Rojas”– el segundo semestre de 2015, luego de que éste lo contactara para que asumiera su defensa penal en la causa por sobornos y cohecho en la Usach.
Agregó que en la Consultora San Pancracio, constituida en julio pasado y en la que aparece como socio junto a Diego Mizón, participa solo nominalmente y que fue su defendido quien le pidió que apareciera en su calidad de abogado, pero “sin facultades de injerencia en su administración y toma de decisiones, bajo compromiso de posteriormente ceder mi participación en las acciones de dicha sociedad”.